Sobre las remunicipalizaciones

La irrupción de las candidaturas de unidad popular ha causado cierto revuelo en muchos lugares y en relación a muchos temas. La propuesta de las remunicipalizaciones no dejó impasible a nadie. A los grandes empresarios y banqueros se les “hacía un nudo en el estómago” y buscaban formas de rehacerse y protegerse. Las clases intermedias se mostraron entusiasmadas. Y la clase obrera dudaba entre el entusiasmo y la preocupación de si realmente se verían colmadas sus esperanzas de cambio ante una tendencia fulgurante de precarización laboral.

Así, los trabajadores de las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos han percibido la apertura de una pequeña brecha de esperanza ante los ERTE´s, las bajadas salariales, la falta de medios, la gran intensidad de trabajo, etc. En este marco la clase obrera ha de defender sus intereses más inmediatos y futuros. Y los presupuestos municipales van a abrir el primer envite para las remunicipalizaciones donde existen diversos puntos de vista en función de la clase social a la que pertenece uno u otro individuo. Y la clase obrera tiene su propio punto de vista social, sus reivindicaciones y su acción para alcanzarlas.

¿Qué debe obtener la clase obrera de las remunicipalizaciones?

Como consecuencia primera, toda remunicipalización, en las mismas condiciones que la concesionaria, provoca un ahorro económico para las arcas públicas. Es decir, que la parte del coste del servicio que iba a parar a los bolsillos del empresario, en forma de ganancia, permanece en manos municipales.

¿Qué es posible hacer con este ahorro? Tanto la población trabajadora que reside en el municipio como los propios trabajadores de la empresa se han de beneficiar de diferentes formas. La inversión y mejora de la calidad proporcionada por los servicios públicos es un efecto positivo para la mayoría social.

¿Y para los trabajadores de la empresa concesionaria? La acción política por las remunicipalizaciones ha de contar con los intereses y necesidades inmediatas de la clase obrera, debe dirigirse hacia el progreso de las condiciones laborales. Estas acciones “nadarán a contracorriente” de la tendencia actual del mercado laboral, es decir, la tendencia a la merma salarial y a la flexibilidad laboral. En lo inmediato, la clase obrera demanda lícitamente no solo empleo sino que este le proporcione estabilidad y un salario suficiente como para poder sobrevivir desahogadamente. Es decir, vender la fuerza para trabajar a un mejor precio.

Por tanto, la clase obrera ha de beneficiarse de estas remunicipalizaciones mediante la mejora salarial, la reducción de la intensidad del trabajo mediante la ampliación de la plantilla y la mejora de los medios de trabajo, etc.

Así pues, lo primero es que las remunicipalizaciones subroguen a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras asalariados procedentes de la empresa concesionaria. No podemos admitir que los trabajadores de la concesionaria sean arrojados al desempleo por querer ser ecuánimes en el drama del paro, causado por el caos económico del régimen social de la burguesía. Que lo hagan al menos en las mismas condiciones salariales que presentaban en ese momento. Y proporcionar seguridad mediante la implantación del tipo de contratación indefinida –lo cual no significa que adquieran el status de funcionarios sino el de empleado de una empresa pública o el de personal laboral-.

Por la movilización, la lucha y la presión de los obreros y obreras, mediante sus estructuras sindicales, será posible no solo llevar a cabo estas remunicipalizaciones sino que sus características serán reflejo de los intereses inmediatos de los trabajadores y trabajadoras, en mayor o menor grado.

No puede ser de otra manera si queremos que responda a nuestros intereses como clase social. La dirección partidista de las empresas públicas propone depositar la esperanza en su voluntad política y la confianza en su incorruptibilidad, es decir, en no ponerse al servicio de los empresarios y banquero.  ¿En qué manera podemos confiar en la “divina providencia” de que uno u otro gobierno vaya a gestionar la empresa favorablemente a la mayoría social? El poder económico puede persuadir y comprar. Por ello, la clase obrera solo puede confiar en sus propias fuerzas y en su partido político, el cual ha de permitir que la clase obrera tome en su mano el control de la empresa municipal.

La clase obrera garantiza sus intereses mediante el control democrático

La historia nos ha dado numerosos ejemplos de que en apariencia las empresas nacionalizadas o municipales respondían al “interés general” de toda la sociedad, e incluso al de los obreros y obreras de esta determinada empresa. Ejemplos como Iberia, Ensidesa, SEAT, Endesa, Repsol, etc., nos llevan a conclusiones totalmente contrarias a esa idea.

Retrotrayéndonos a varias décadas atrás vemos cómo la  burguesía de aquellos tiempos aún no era capaz de invertir capitales suficientes en unos sectores excesivamente tecnológicos -o no suficientemente desarrollados- como para obtener la rentabilidad deseada. No muy diferente es el Plan Juncker[1] en nuestros días. Pretende proporcionar seguridad a las inversiones de la oligarquía europea, en sectores nacientes con alto riesgo de pérdidas iniciales o baja rentabilidad, utilizando el dinero público para “allanar el comienzo del camino”; es decir, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

¿Cómo puede ser así? La burguesía manejaba al antiguo Instituto Nacional de Industrial y maneja al actual Ministerio de Industria –gobernado por diferentes partidos políticos-. Esta emplea diferentes métodos para ejercer su poder político. El chantaje y el boicot económico, la adscripción ideológica de los representantes políticos al cargo del gobierno, la financiación legal e ilegal de determinados partidos, etc.

Los diferentes gobiernos gestionan las empresas públicas según dictan la gran burguesía. Las desarrollan cuando lo necesitan y las hacen deficitarias cuando buscan la justificación de su privatización. Así se pronunciaba el último presidente de la principal empresa pública siderúrgica: “Fue una apasionante oportunidad recibir, por parte del Gobierno, el encargo de conformar y dirigir el equipo que iba a llevar a cabo el proceso completo de privatizar la industria siderúrgica española,(…) dejase de ser un motivo de constante preocupación política, particularmente de la política económica, un lastre inasumible sobre el presupuesto empujando siempre hacia el déficit (…) La propiedad está en el mercado, en manos de quienes han decidido arriesgar su dinero comprando libremente acciones (…) Es claro que ha merecido la pena, hoy se mantiene un buen número de puestos de trabajo de calidad y con garantías, generándose riqueza en un entorno competitivo.”[2]

Al igual que “la cabra siempre tira al monte” los gobiernos siempre tienden a poner las empresas públicas al servicio de la burguesía. El régimen social implantado en España se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción de estos empresarios y banqueros. Estos emplean esta propiedad para explotar la fuerza para trabajar de la clase obrera, aquellos desposeídos de toda propiedad productiva, para la obtención de un beneficio privado. Y como tal fundamento, la empresa pública no puede ni debe competir con el sector privado. Solo puede ser útil para allanar ese camino de la rentabilidad de un determinado sector económico y, tal y como sucedió desde los años 60, y muy especialmente en los años 90, una vez alcanzado ese objetivo, proceder a su privatización.

La estructura legal que sirve a los intereses de la burguesía hace casi imposible que esto no pueda volver a suceder. El Estado no es neutral, es una herramienta para quien posea el poder económico. Y el gobierno, como parte de éste, tampoco lo es a la luz de los hechos.

Pero entretanto, la pugna entre la clase obrera y la burguesía persiste. Todo mecanismo que pueda ser establecido para hacer tender la gestión de la empresa pública –la igual que en la privada- hacia los intereses de la clase obrera será un paso positivo.

El control democrático que ha de ejercer la clase obrera sobre la empresa pública es ese mecanismo obrero y sindical que permite presionar y articular la empresa para que su gestión se dirija hacia sus intereses de clase. Es natural que los obreros y obreras de una determinada empresa pública –al igual que deben proceder en la privada- quieran y sean capaces de proponer soluciones prácticas para una mejor organización del trabajo y una gestión más efectiva, económicamente hablando. Es natural que estos obreros y obreras emprendan la defensa de esta empresa, en el sentido de que es la forma de obtener el sustento de sus familias. Y es natural que estén en condiciones de proponerlo dado que se encuentran en el centro de la producción de una determinada mercancía o de un determinado servicio, según sea. Conocen cómo funciona y saben cómo mejorar la organización del trabajo, el uso de los medios de trabajo y la contabilidad, para que la empresa pública sea viable y rentable. Cobra especial relevancia cuando los gestores nombrados por los gobiernos municipales y los gobiernos nacionales emprenden una administración de la empresa pública deficitaria y defectuosa con el objeto de justificar su privatización.

La incorporación de los representantes de los trabajadores, controlados democráticamente por la asamblea de trabajadores, es un mecanismo que permite ejercer ese control de los obreros y obreras de la empresa sobre las intenciones gestoras de sus propietarios. Las manifestaciones y concentraciones, la divulgación de los problemas, las cartas reivindicativas, los paros parciales, las huelgas, etc., son formas de presión sobre los gestores para alcanzar las reivindicaciones dirigidas a adecuar el funcionamiento de la empresa a los intereses de estos obreros y obreras.

Por la administración obrera, por el partido de la clase obrera

No obstante, esto tiene un significado más profundo. Demuestra que la clase obrera es capaz de administrar la empresa organizadamente, que es capaz de administrar la economía para ponerla al servicio de la mayoría social. Esta puede aprender aquello que no se conoce, como ya ha demostrado. Y lo hace con su partido político. Por ello la tarea fundamental es construir su partido político, es construir su independencia política. Y con ello encontrar el momento propicio para sortear el único obstáculo que le queda. Esto es la propiedad privada de los medios de producción, Ley consustancial al actual régimen social. Es necesario conquistar la democracia para la clase obrera esta Ley, es decir, arrebatarle el control del Estado a la burguesía para establecer unas nuevas relaciones entre los miembros de la sociedad, donde la propiedad social sea la que rija los designios de la sociedad. No hay otra manera, dado que no podemos pretender que aquellos interesados y beneficiarios del actual régimen social dejen de serlo por voluntad propia.