Sólo en el año 2015, según datos recogidos de Endesa, se produjeron más de medio millón de cortes en el suministro de luz por impago, casi un 6% más que el año anterior. Este dato nos aporta una importante información; que el empobrecimiento, también en el consumo eléctrico, es una realidad presente entre buena parte de la sociedad.
Y sin embargo, mientras esto ocurre, los beneficios de las tres grandes empresas que operan en España (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) no paran de crecer. Solo entre 2008 y 2015 se embolsaron más de 56.624 millones de euros, suficientes como para construir y equipar totalmente unos 220 hospitales públicos.
A la vista de todas y todos está que para establecer los precios, los criterios de producción y venta de la energía eléctrica, estas empresas se guían por el criterio de rentabilidad y beneficio, nunca por el bienestar de las y los trabajadores. Es su naturaleza, la del capitalismo. El depredador se come a la presa, nosotros. Y lo conseguirán si no le ponemos freno.
El problema crece cuando comprobamos que, la propia dinámica de acumulación de capital de las empresas privadas, hace que algunas industrias también sufran facturas eléctricas elevadas. Esto trae consigo el cierre de industrias “poco rentables” a ojos del capitalismo, y los platos rotos de este lo volveremos a pagar las y los trabajadores.
Y ANTE ESTO ¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
En un modelo productivo, donde el beneficio privado se antepone a los intereses y el bienestar de la mayoría de la población, la nacionalización del sector eléctrico debe ser nuestro punto de partida. Y para poder blindar esta conquista, un modelo democrático de gestión contando con las y los trabajadores. Solo así podremos destinar este lucro privado hacia el desarrollo y la inversión social.
No se puede acabar con la pobreza energética sin acabar primero con el sistema económico que la genera.
