El sector del acero y la clase obrera (Parte VI)

El control obrero es una pieza importante para que la empresa pública no sea objeto de sabotaje en su gestión, deteriorándola y desprestigiándola para desmantelarla y privatizarla, como ha sucedido con una gran cantidad de empresas públicas a lo largo de las últimas cuatro décadas.

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Manifestación de trabajadores de ArcelorMittal en Avilés en solidaridad con la ACB de Sestao y Zumárraga. Foto: CSI ArcelorMittal
Manifestación de trabajadores de ArcelorMittal en Avilés en solidaridad con la ACB de Sestao y Zumárraga, junio de 2016. Foto: CSI ArcelorMittal

Un programa mínimo para la clase obrera y el sector del acero: reindustrialización, nacionalizaciones y control obrero.

La competencia salvaje capitalista obliga a las grandes corporaciones acereras indoeuropeas a vender sus productos a un determinado precio, tal que sea más barato que el resto de sus competidores. La producción de su acero, por tanto, debe ser a un coste inferior. Si no obtiene la rentabilidad deseada o que necesita para poder competir no tendrá remordimientos para cerrar una determinada planta, como la de Zumárraga o Sestao de ArcelorMittal. Incluso aquí se les desvanecerán sus sentimientos nacionales, dado que ya no les son útiles para alcanzar sus objetivos como clase social. En nada importa que la empresa siga siendo viable pero con un margen de beneficios ligeramente inferior. En nada importan las y los obreros que, con sus familias, se quedan sin ingresos al perder el empleo. En nada importa que la región pueda deprimirse económicamente, incluidos pequeños comercios, como consecuencia de este cierre. El descomunal y obsceno enriquecimiento de un gran capitalista, de un puñado de grandes capitalistas a nivel mundial, prima sobre el interés de la mayoría social.

Los propietarios de las plantas pueden falsear las cuentas; pueden descapitalizarla hacia otras plantas u otras inversiones del grupo para hacerlas deficitarias y justificar así su cierre; pueden simplemente declarar que su estrategia no pasa por esta determinada planta, aunque sea puntera tecnológicamente; etc.

Los sindicatos han logrado a lo largo de la historia grandes avances en el control de las cuentas. Pero la enorme falta de transferencia que, generalmente, existe y los múltiples engaños deben obligar a la publicación completa de las cuentas y de los datos económicos de las empresas; para así conocer el estado real de la planta, el motivo que ha conducido a una determinada situación económica y las soluciones para sostenerla abierta, en su caso, etc.  La transparencia de las cuentas es una herramienta fundamental de control obrero sobre la producción que facilita su resistencia frente a las intenciones de los capitalistas y, a la par, prepara a los asalariados y asalariadas para poder gestionar una empresa que realmente es suya, que es producto de su fuerza de trabajo aplicada a lo largo de años o décadas. Es por ello que, al igual que se establece la exigencia y una legislación para la transparencia de los gobiernos, es necesario que se promueva y aprueba una Ley para la transparencia de las empresas con centros de trabajo en nuestro país, de manera que publiquen en un portal de transparencia los datos completos de sus cuentas y de la información adicional necesaria para su comprensión.

La reducción de ventas con respecto al año anterior o la reducción de la tasa de beneficio no puede ser una condición para empeorar o hundir las condiciones salariales y, en general, las laborales de la clase obrera. Es por ello que han de eliminarse las reformas laborales y leyes laborales regresivas en cuanto a los derechos de los trabajadores, así como la reducción de los modelos contractuales para unificarlos en dirección de la contratación fija.

Asimismo, la fase de crecimiento económico en la que se encuentra España y la pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera, sufrida a lo largo de la crisis económica ,hace aún más necesario que se produzca un aumento de los salarios en relación al crecimiento del PIB y al Índice de Precios al Consumo.

De esta manera, todas estas medidas, en beneficio de la clase obrera, pueden ser y han de ser asumidas y llevadas a la práctica por cualquier partido que se declare obrero o defienda a la mayoría social. Las palabras ha de demostrarse con hechos. De lo contrario, mostrará su verdadero carácter. 

Por otro lado, la enorme concentración de capitales existente a día de hoy, el nivel tecnológico alcanzado y, por tanto, el desarrollo de las fuerzas productivas han proporcionando tal capacidad productiva como dar cobertura suficiente y creciente a las necesidades de la población trabajadora, pudiendo garantizar el empleo a la totalidad de esta. Por el contrario, la competencia capitalista salvaje, la sobreproducción y la crisis económica y el aumento de la rentabilidad de los capitales invertidos exigido por las grandes grupos de capitalistas, provocan el cierre constantemente de plantas de producción de acero, de automóviles, de electrodomésticos, etc., de obras de construcción, de navieras y un largo etcétera. Expulsan a millones de obreros y obreras de sus trabajos, cayendo en la pobreza. De la misma forma, provoca que aquellos que producen la riqueza social, la clase obrera, vean reducidos sus salarios y pierdan, constantemente, poder adquisitivo para acceder a esos productos que ellos mismos crean con su fuerza de trabajo. Es contradictorio que plantas mucho más productivas, como las acerías compactas, sean cerradas como consecuencia del alto precio de la electricidad -un precio de monopolio- que nutre sus hornos eléctricos. Ante la desorganización económica que genera el capitalismo se debe extender una política de nacionalizaciones sobre los sectores estratégicos de la economía española.

La política de cierres emprendida por los grupos acereros privados, como ArcelorMittal, que ponen la “Espada de Damocles” sobre la cabeza de las y los asalariados del sector del acero en España, debe dar paso a la política de nacionalización de estas gigantescas corporaciones. Igualmente sucede con las demás compañías de la industria pesada.  La política de precios de monopolio ejercida por el cártel de la electricidad en España debe dar paso a su nacionalización para facilitar la expansión de la producción y el progreso de sus fuerzas productivas. Frente a la política de constreñimiento del crédito y de los intereses de usura que dificultan la modernización del país y expropian a las familias obreras y populares, debe nacionalizarse la banca para que pueda fluir el crédito con bajo interés y dinamizar la economía en provecho de la población. Frente al estancamiento de la industria, la inversión pública debe tomar la iniciativa para reindustrializar la economía española y dar “rienda suelta” a las capacidades de Investigación, Desarrollo e innovación. Sectores como el de las telecomunicaciones o el del transporte y las infraestructuras para el tránsito de las mercancías son fundamentales para garantizar la producción y para garantizar la distribución y el acceso de la población trabajadora a los bienes y servicios necesarios para su vida; es por ello que el control debe ser propiedad estatal.

Y de la misma forma, en lugar de la competencia contra otros países, las empresas de dimensión internacional deben realizar una estrategia económica de colaboración y respeto por las decisiones económicas del país en el que estén asentadas y por el desarrollo del mismo. Debe tenderse a la cooperación y a la planificación económica en lugar de la competencia capitalista, sobreponiéndose a los cataclismos económicos y a las destructivas tensiones comerciales y militares que causa.

Históricamente las nacionalizaciones tuvieron una función de salvaguarda de las limitaciones y dificultades que presentaba la burguesía nacional en determinados sectores económicos o de salvaguarda del interés de la burguesía nacional como colectivo. Unos sectores que en sus primeros pasos no son rentables, aunque sí fundamentales para la economía en general. En España fue necesario desarrollar la industria del acero para impulsar y afrontar los retos del crecimiento de la economía española, como lo fue, por ejemplo, el boom inmobiliario de los años 60 o el comienzo de la generalización del uso del automóvil. La instalación de una nueva planta de producción de acero exigía destinar cuantiosos recursos económicos, consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas; es decir, requería una enorme acumulación de capitales. Al existir aún una débil burguesía nacional fue el Estado, bajo la forma de gobierno de la dictadura franquista, el que se hizo cargo de esta inversión de capitales para dar a luz a ENSIDESA1.

Este Estado burgués fue el que dirigió, administró y controló estas empresas. La clase obrera no tenía ningún control sobre la producción ni sobre la empresa. Así pues, cuando llegó el momento en el que las fuerzas productivas estaban suficientemente desarrolladas, el Gobierno2 procedió a la degradación de la industria nacional para justificar su posterior privatización. La clase obrera no pudo parar este proceso de privatización, de una industria estatal que había empleado los recursos de todos y todas para crear una vital industria, para que la burguesía se enriqueciera enormemente en el momento de mayor rentabilidad. Por tanto, la inversión e instalación de empresas nacionales no tuvieron el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

No muy diferente es la reciente intervención realizada por el gobierno italiano del dimitido Mateo Renzi con respecto al rescate del grupo Ilva y su planta de Tarento. O el proyecto del Gobierno británico para con la abandonada planta británica que poseía Tata Steel, en cuyo accionariado pretende entrar dicho Gobierno para mantenerla abierta por su importancia estratégica.

Así pues, el control obrero se hace una pieza importante, de manera que la empresa pública no sea objeto de sabotaje en su gestión, deteriorándola y desprestigiándola para desmantelarla y privatizarla, como ha sucedido con una gran cantidad de empresas públicas a lo largo de las últimas 4 décadas; de esta manera la clase obrera puede y debe controlar la producción y empujar la gestión de la empresa hacia su crecimiento. Solo la consciencia socialista permitirá a la clase obrera estar prevenida de los engaños de la burguesía y de sus representantes políticos; estar prevenida de los chantajes y de las prebendas con las que la burguesía nos tratará de comprar para someternos a sus designios y encauzar las empresas nacionalizadas en la dirección de su devolución a la burguesía individual; estar prevenida de los sabotajes de aquellos y aquellas que buscan desmantelar estas empresas públicas para beneficio de la burguesía; estar prevenidos del acoso de las leyes capitalistas y de la competencia salvaje de las empresas privadas.

Porque el Estado bajo el régimen capitalista responde a los intereses de la burguesía. Porque es la que se encuentra al frente del Estado burgués colectivamente, como clase social; es el Capitalismo Monopolista de Estado: “Pero las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo que a las sociedades anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por su parte, el Estado moderno no es tampoco más que una organización creada por la sociedad burguesa para defender las condiciones exteriores generales del modo capitalista de producción contra los atentados, tanto de los obreros como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Mas, al llegar a la cúspide, se derrumba. La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, pero alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución3.

A pesar de todo lo afirmado anteriormente, la propiedad estatal de las empresas estratégicas significa la tendencia hacia la centralización y la organización de la producción de todo el país en una mano, en este caso una mano colectiva de la burguesía, es decir, se agudiza su carácter social; se hace más contradictorio con respecto a la propiedad privada de estos medios de producción. Es posible resolver las consecuencias que tiene la competencia capitalista y es bajo propiedad social, cuya forma es la propiedad estatal. No obstante, no puede ser bajo el mismo Estado, el burgués. Para culminar la resolución de la contradicción, solo es posible a condición de que el poder del Estado sea tomado por la clase obrera; de que, por tanto, el Estado sea del colectivo obrero que encabeza a todo el Pueblo para liberarlo de la asfixia del decadente y caótico capitalismo; de que este Estado obrero desmorone las relaciones de producción capitalistas y establezca las relaciones de producción socialistas.

Una vez más, y lo que es principal, solo la consciencia socialista permitirá a la clase controlar la producción y dirigirla conociendo “su acción, su tendencia y sus efectos”; “en nuestras manos está el supeditarlas cada vez más de lleno a nuestra voluntad y alcanzar por medio de ellas los fines propuestos4. La consciencia socialista permite comprender el verdadero carácter del modo de producción capitalista, proporcionando la solución para dominar las fuerzas productivas de la sociedad, es decir, poniendo en sintonía su propiedad en relación a su carácter social. Es aquí cuando será posible desatar todo el potencial de estas fuerzas productivas, sacudidas actualmente por la crisis económica y por la rentabilidad capitalista y encorsetadas por su propiedad privada, para poder extender exponencialmente su progreso tecnológico y la propia producción. Así, su fin es satisfacer las necesidades sociales para seguir ampliando la producción y satisfacer las necesidades de la clase obrera y de las demás clases populares existentes con cada vez mayores y mejores medios de vida.

Continúa en: El sector del acero y la clase obrera (Parte VII)

Notas

  1. ENSIDESA llegó a tener más de 27.000 trabajadores en 1975. Esta, a la postre, pasó a llamarse Corporación Siderúrgica Integral y, poco después, Aceralia. Fue tras su privatización cuando se denominó como Arcelor hasta su compra por Mittal Steel, formando así el mayor grupo acerero del mundo.
  2. En aquel momento bajo la forma de Estado monárquico-parlamentario fue el Gobierno del PSOE, como representante de los intereses de la burguesía, el que ejecutó numerosas privatizaciones previo deterioro de los resultados económicos, como sucedió con ENSIDESA, Altos Hornos de Vizcaya y muchos otras empresas públicas.
  3. F. Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico.
  4. F. Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico.