El anuncio de que el gigante de la automoción PSA (Peugeot) ha comprado Opel y Vauxhall, propiedad de la norteamericana GM (General Motors), ha hecho saltar todas las alarmas en los círculos sindicales.
Y no es para menos, la operación, que tiene un coste de 2.200 millones de € para PSA, permitirá al gigante francés situarse como segundo fabricante en el mercado europeo, tras Volkswagen, y controlar un 17% de la cuota de mercado.
PSA contará así con tres plantas en territorio español: Vigo (Pontevedra) y Villaverde (Madrid), son las que ya tenía PSA. La tercera, situada en la localidad de Figueruelas (Zaragoza), es la de Opel. Esta última tiene 5.500 trabajadores directos y genera 7.000 empleos indirectos a través de los proveedores.
La empresa ha indicado que la operación permitirá dar un salto adelante en economías de escala, lo que preocupa, con razón, a los trabajadores. Las economías de escala se basan en la reducción de costes unitarios en base a la ampliación de la capacidades y de las compras a proveedores. Por ejemplo comprando lotes más grandes a los proveedores, o ampliando las instalaciones. Para 2020 la operación ya será rentable y en 2026 habrán logrado ahorros de costes acumulados de 1.700 millones de euros. ¿De dónde va a salir este ahorro?
El caso es que la producción mundial de automóviles ya está muy ajustada con respecto a la demanda real, en la actualidad se producen en el mundo 91,5 millones de vehículos a motor al año, de los cuales 1 millón no encuentra comprador. La UE, que aporta 73,5 millones del vehículos a la producción mundial, tiene un exceso de producción en torno a los 2 millones de vehículos.
La saturación del mercado europeo es de 574 vehículos por cada 1000 habitantes (0,57 vehículos por habitante). Esto, en la práctica, significa la guerra soterrada entre fabricantes por colocar sus productos en el mercado. Y en esa guerra el factor fundamental es el precio, que depende del coste de fabricación.
Raro es el caso de una adquisición de una empresa por otra en el que no haya un proceso de reestructuración empresarial posterior, en mayor o menor grado. Así, PSA podría intentar reducir sus costes de producción recortando producción, empleo y condiciones laborales en las plantas de Opel. O más probablemente apretando más a los proveedores de componentes.
Este último mecanismo supone la adjudicación de contratos al proveedor que ofrezca un coste más competitivo, llegándose incluso al cambio completo de proveedor, como en el caso de Lear, que perdió el contrato para fabricar los asientos del Opel Corsa a favor de Johnson Control. “¿Cómo van a contratar? ¿En qué condiciones?”, se preguntan desde los sindicatos.
Lo que es seguro es que las economías de escala que pretende hacer PSA apuntan hacia un impacto serio en las condiciones de trabajo y el empleo de los trabajadores de la industria de componentes que suministran a Peugeot y Opel en España. La repercusión de esta operación en las plantillas de las fábricas matrices está por ver.
En todo caso es posible hacer unas recomendaciones a la hora de abordar la problemática:
El gobierno tiene muy poco poder legal real para intervenir en procesos de compra-venta, adquisición y fusiones de empresas, salvo en casos muy descarados de vulneración de la competencia. Años de aplicación de las políticas neoliberales por parte de los gobiernos del PSOE y el PP han convertido al gobierno en el gabinete de administración de las grandes empresas capitalistas.
Ninguna confianza en las promesas de la dirección de la empresa, su único trabajo y su interés está en mantener y elevar el resultado operativo del grupo. Los accionistas les han puesto ahí para eso, toda consideración al margen de ese objetivo es secundaria (empleo, condiciones laborales, seguridad, etc…). PSA ha tenido unos beneficios operativos en 2016 de 3,256 millones de €, un incremento de 502 millones con respecto a 2015.
Los ingresos por acción han pasado de 1,14€ en 2015 a 2,16€ en 2016. El dividendo que se va a pagar a los accionistas es de 0,46€ por acción. El volumen de acciones de PSA es de 848,33 millones. Esto significa que los accionistas (varios fondos de inversión franceses, ingleses y norteamericanos) se van a embolsar 407,19 millones de €. Esto es lo único que les importa1.
En el sitio web de Alken Management Group, una firma de inversores de Londres propietaria del 2,85% de las acciones de PSA, se puede leer una frase que es toda una declaración de intenciones y una síntesis de como funciona el mundo capitalista: «nuestro enfoque ha sido y continuará siendo consecuentemente maximizar los beneficios de los accionistas»2.
Esta lógica del beneficio es lo que como trabajadores tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar cualquier intento de reestructuración de la empresa… para oponernos a ella: Ningún despido, ni degradación de condiciones laborales, en empresas con beneficios.
Además, no perdamos de vista que PSA es un grupo europeo, con plantas e intereses en toda la UE, si la dirección de la empresa opera a esa escala no tiene sentido que los trabajadores sigamos pensando solo a escala de planta. También forma parte de la estrategia de la empresa la política hacia los proveedores de componentes, lo lógico sería que los trabajadores tengamos en cuenta también a esa parte de la plantilla (en este caso indirecta, subcontratada, etc…). Es decir, frente a los accionistas, pensemos como trabajadores de un mismo grupo a través de una línea de producción internacional.
En todo caso, los trabajadores de PSA, Opel, de todo el sector de automoción, incluso de todos los sectores productivos de España y la UE, tenemos un problema muy serio con el poder brutal que tienen los grandes capitalistas sobre nuestros empleos, condiciones de trabajo y por tanto sobre nuestras vidas. Es preciso que empecemos a pensar en tomar la iniciativa política para cambiar el marco regulatorio a nuestro favor. Los estibadores acaban de asestarle un duro golpe al gobierno patronal del PP, tomemos nota.
El Partido del Trabajo Democrático propone trabajar políticamente en la línea de:
- La creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos, estabilice y reparta el empleo mediante la reducción de la jornada laboral, dando también más poder a la negociación colectiva.
- La elevación general de salarios para alcanzar la media europea en todos los sectores.
- La limitación del poder empresarial mediante la introducción de mecanismos de control obrero de la producción.
- La limitación del secreto industrial mediante la introducción de mecanismos de transparencia en la información interna de las empresas.
- La revisión de los tratados internacionales con la UE y los tratados de libre comercio para recuperar la soberanía económica de nuestro país.
- La creación de un fuerte y productivo sector público mediante la nacionalización de los sectores estratégicos y la planificación económica de la gran producción. Bajo control obrero y democrático.
