Enero de 2017 ha sido el mes de la recuperación en lo relativo al sector industrial y de servicios, pero no en lo relativo a los salarios. Según el Instituto Nacional de Estadística, la cifra de negocios de la industria aumentó un 13,1% respecto a enero del año anterior (la mayor desde 2006). Aunque el dato pueda estar distorsionado por el exagerado aumento de los precios de la energía, la facturación de los diferentes sectores industriales se da al alza. También la facturación del sector servicios avanzó, un 7,7% en enero, marcando récord, la mayor desde 2008. Esto viene incentivado, sobre todo, por el pulso de la demanda externa, la cual no logra que nuestra balanza comercial tenga superávit, debido a la importancia de los hidrocarburos que importamos para producir energía en nuestro país (que nos deja en déficit, o sea, nos hace perder dinero entre lo que traemos de fuera y lo que producimos para vender en el exterior).
Sin embargo, mientras se baten récords en estos sectores, el gobierno de España sigue empeñado en instaurar el decreto de liberalización de la estiba, a pesar del NO en el Congreso y transacciona con sus socios del PSOE una subida irrisoria del salario mínimo. El descenso del paro se da a costa de instaurar un modelo de relaciones laborales precario, temporal y mal remunerado. Tenemos, además, que escuchar, que debemos ser comprensibles con el sistema de pensiones pues aseguran que no es sostenible.
Las promesas durante los peores años de la crisis, en las que nos prometieron que si renunciábamos a determinados derechos sería algo temporal, y que una vez la economía se recuperara así lo haría nuestro anterior nivel de vida han sido falsas; sin olvidar que para una buena parte de las y los trabajadores la situación pre-crisis era ya muy complicada. Han logrado instaurar condiciones de vida, antes vistas como deplorables, como norma general, y no piensan parar aquí. Ahora que la economía española “despega” en datos de producción y venta es cuando los grandes empresarios y banqueros quieren reforzar el empobrecimiento y la precariedad como norma, para poder seguir amasando enormes beneficios que no pretenden repartir con sus trabajadoras y trabajadores.
Para quien tuviera esperanzas de que con el tiempo la cosa mejoraría, ahora llega la triste realidad. Los beneficios empresariales mejoran, pero no lo hacen los salarios ni las condiciones de vida. Las grandes empresas y los políticos de los partidos a su servicio no mejorarán en un solo euro nuestras condiciones de vida si no les forzamos a hacerlo. La mejor manera para obligarles es organizarnos, reforzar las organizaciones sindicales y plataformas de trabajadores que luchan en todas las empresas del país y que establezcan una ligazón con el resto de vecinas, estudiantes y otros sectores del pueblo que también luchan por los servicios públicos y la defensa de nuestros derechos democráticos.
Pero no basta con organizarnos y luchar. Necesitamos una perspectiva para que esta lucha tenga sentido y no se limite a ser una continua protesta ante los golpes que recibimos. Para empezar, estaría bien promover un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que reduzcamos la jornada laboral semanal para repartir mejor el trabajo, junto a un ascenso del salario mínimo a una cantidad razonable para poder ejercer el derecho a vivir (y no sólo a sobrevivir). También estaría bien que repartiéramos esos grandes beneficios con un impuesto a las grandes fortunas y mediante la incautación de los bienes a los grandes defraudadores, con esto podríamos recuperar nuestros servicios públicos y asegurar nuestras pensiones.
Pero aún con todo esto necesitamos algo más. Debemos empezar a pensar en un modelo de economía y sociedad dónde no se vuelva a repetir el hostigamiento y abuso que hemos sufrido, especialmente, durante la crisis. Dónde la riqueza producida repercuta directamente en la sociedad y dónde la mejora de los datos económicos venga siempre acompañada de una mejora del nivel de vida de la población. Es el momento de empezar a pensar en el socialismo, empezar a pensar en producir para cubrir las necesidades de las personas, y no para contentar a las juntas de accionistas de las grandes sociedades.