En la mañana del 20 de abril se ha producido una segunda versión de la Masacre de Eldorado de los Carajás de 1996, cuando efectivos de la Policía Militar asesinaron y torturaron a una veintena de agricultores sin tierra.
Esta vez, a la espera de mayores verificaciones, han sido 10 las víctimas del ataque de paramilitares y colonos locales al servicio de los grandes terratenientes, contra el asentamiento de campesinos sin tierra de Taquaruçu do Norte, en Colniza, estado brasileño de Mato Grosso
Los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra los campesinos, en particular contra niños y ancianos, dejando un saldo preliminar de diez muertos, desaparecidos y heridos. Aun se está a la espera de la información definitiva.
Los habitantes de este asentamiento de campesinos sin tierra llevan una década sufriendo asesinatos, la apropiación de tierras, torturas y todo tipo de amenazas e intimidaciones, frente a la pasividad del Gobierno de Brasil y la complicidad de los propietarios de las tierras ocupadas por el asentamiento.
La sociedad brasileña tiene un fuerte carácter semicolonial y semifeudal. La economía tiene una gran dependencia de la exportación de materias primas y productos agrícolas, y esto en parte, explica la intensificación del «terror blanco» de los grandes hacendados en campo brasileño.
En el periodo 2015-2016, más de 120 dirigentes y militantes del movimiento popular rural han sido asesinados de manera atroz, con torturas ejemplificantes y ensañamientos.
Tal y como señalan desde la Unión de Reconstrucción Comunista: La economía brasileña vive una profunda recesión desde el año 2014, los precios de los principales productos de exportación – mineral de hierro, petróleo, soja, azúcar, café y carne – se han desplomado en el mercado internacional.
Ante esta situación la estrategia de las autoridades se ha basado en la intensificación de extracción de estos recursos naturales, para poder mantener la importación de productos elaborados en el extranjero: Trigo y otros alimentos, combustibles refinados, medicamentos, maquinaria y componentes industriales para el montaje. Un ejemplo de esto es que el Gobierno Temer ha aprobado una «medida provisional» que permite que empresas e individuos extranjeros la compra de hasta 100.000 hectáreas de tierra.
Esta orientación económica supone una enorme presión contra el campesinado pobre y los pueblos indígenas y ya se están viendo los resultados en el incremento de la violencia y agresividad de las oligarquías rurales.
La masacre de los campesinos de Taquaruçu do Norte, no es un echo aislado. La violencia contra el campesinado pobre y los pueblos indigenas ha sido una constante en la historia brasileña. Incluso durante los gobiernos del PT (Lula da Silva y Dilma Roussef), a pesar de las iniciativas gubernamentales y las presiones sociales por un cambio radical en la política con respecto al campo, fueron asesinados más de 500 dirigentes y militantes del movimiento rural popular. Y es que el poder de los «fazendeiros», la oligarquía terrateniente rural, es más grande incluso que el del gobierno central.
El golpe de estado del 17 de abril de 2016, el impeachment contra la presidenta Roussef y su gobierno, sitúa a los «fazendeiros» y a sus socios comerciales (las grandes corporaciones estadounidenses y europeas), en el control directo del estado. Malos tiempos para los trabajadores del campo brasileño.