El petróleo es un hidrocarburo de gran uso en la industria moderna, principalmente, en el sector del transporte y las grandes fábricas. Actualmente, su utilización es masiva y más aun con las restricciones que muchos países, como España, ponen al desarrollo de otro tipo de energías renovables y más respetuosas con el medio ambiente.
En noviembre de 2016 la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acordaba reducir la oferta del crudo con la intención de inflar los precios. La decisión del 30 de noviembre de reducir la producción diaria en 1,8 millones de barriles fue impulsada por Arabia Saudí en su intento por recuperar la ganancia en el sector, que había pasado de ingresar 114 dólares por barril a mediados de 2014 a 27 dólares en enero de 2016.
Durante los primeros meses el efecto fue notable y el petróleo aumentó su coste en un 23%. Sin embargo, diversos motivos como la mayor producción en Libia o Nigeria, la menor demanda de USA y China -entre otros- ha provocado que el precio del barril vuelva a bajar de los cincuenta dólares.
Esta caída, no obstante, tiene un efecto aliviador para economías como la española, importadora neta de energía, a pesar de la riqueza energética de nuestro país. La subida del precio del crudo implicaría, según el Gobierno, un descenso de tres décimas del PIB del año en curso y alguna más en los venideros.
Comprobamos pues como toda variable económica que no satisface los intereses de quienes gobiernan y de las grandes multinacionales puede convertirse en una amenaza para la mayoría trabajadora. Eso quiere decir que nuestra situación económica, en la sociedad actual, se encuentra ligada a las coyunturas, a bajadas y subidas de materias primas como el petróleo, a los pactos en torno a los precios que quieran imponer los magnates del sector. En última instancia, vemos como la vida de las trabajadoras y trabajadores depende del volumen de ganancias de una minoría de grandes propietarios.
Las enormes ganancias de gigantes empresariales como Cepsa o Repsol en 2016 (cerca de 600 millones la primera y 1736 millones la segunda) explican por qué no les interesa -por ahora- el desarrollo e implementación de las energías renovables y alternativas. Al mismo tiempo, se ve a qué intereses responden los esfuerzos del Gobierno, que se han centrado en reforzar la dependencia de la importación de combustibles fósiles con el objetivo de contentar a sus socios internacionales y satisfacer los intereses de los monopolios de la extracción y la energía.
Esto hace aun más necesario plantear en nuestro país un modelo energético diferente al actual, que se apoye y desarrolle la riqueza interna y no exponga ni las condiciones de vida del pueblo ni el futuro del planeta a las estrategias de los grandes propietarios mundiales.
No podemos permitir que de los «números» de las grandes multinacionales de la energía (ni de otros sectores) se deriven posibles consecuencias que repercutan de forma nociva al pueblo trabajador. Los sectores estratégicos, como es el caso del energético, tienen una relevancia para la población demasiado alta como para que su control se encuentre alejado de la mayoría trabajadora que lo mueve cada día.