“En ArcelorMittal: Futuro industrial o dividendos para los accionistas. Esa es la decisión que hay que tomar.”

Entrevista a Raúl Salazar, especialista en Economía y Empleo del PTD, sobre la situación en la siderurgia asturiana.

Raúl Salazar, especialista en Economía y Empleo del PTD
Raúl Salazar, especialista en Economía y Empleo del PTD

Raúl Salazar es especialista del partido en temas de Economía y Empleo y colaborador de La Mayoría. Es autor de varios artículos sobre la materia y en especial del informe “Hierro, Fuego y Horas Extra: la clase obrera y el sector del acero”, publicado recientemente por nosotros. Le hemos entrevistado a raíz de los problemas medioambientales y laborales en la industria asturiana.


LM: Estarás al tanto de la polémica que ha habido estas últimas semanas a raíz de un accidente medioambiental en las baterías de coque en ArcelorMittal en Avilés. La empresa dice que es un fallo técnico puntual, pero otras voces indican que hay razones más de fondo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión?

RS: Según tengo entendido han sido dos incidentes. Tenemos que ver el contexto. Las baterías de coque de AM en Avilés se encuentran ya en el final de su vida útil. Ya están dando signos de fatiga y esto aumenta el riesgo de accidentes ambientales y también laborales. Por eso esta planta se encuentra en tela de juicio.

Hay prevista una inversión de 134 M€ en Gijón para actualizar sus baterías de coque y está prevista la instalación de una planta de cogeneración para aprovechar los gases. Estas instalaciones permitirán una mayor eficiencia y cumplir la normativa medioambiental. En este año se han hecho unas 100 nuevas contrataciones entre Gijón, Avilés y Aboño, pero no ha habido incremento neto de plantilla debido a las jubilaciones.

Pero no podemos perder de vista la estrategia de AM. La multinacional se encuentra en plena estrategia de expansión y de control del mercado europeo. El intento de compra de la planta de Tarento, del grupo Ilva (que fue rescatada por el estado italiano), o el empuje en Fos-Sur-Mer (Francia) van en ese sentido. Ambas plantas producen los mismo productos que las plantas asturianas.

Es posible que Avilés no pase por la estrategia de AM y pueda acabar apartada. Parece que las inversiones se están quedando en un segundo plano, o no se van a materializar, con respecto a la estrategia principal.

LM: En la sociedad asturiana hay una discusión sobre la actitud más adecuada a la hora de confrontar a la empresa. Hay quien dice que hay que ser prudentes.

Si se presiona demasiado a la empresa para que cumpla la normativa medioambiental, realice inversiones y mejore el empleo, se corre el riesgo de que deslocalicen la producción de Asturias.

La contradicción se plantea en los siguientes términos: Medio ambiente vs. empleo. ¿Es esa la contradicción real o hay otro enfoque posible?

RS: Se está cayendo en la superficialidad y en lo aparente. No es una cuestión de decidir entre los empleos que da AM y la protección del medio ambiente. Es un error entrar en ese falso debate, puesto que existen medios técnicos y de control para que la producción industrial sea relativamente limpia. La cuestión es ¿porqué no se ponen esos medios?

Aquí lo que tenemos es un centro productivo importantísimo que influye de manera directa o indirecta en la vida de miles de personas. Hay una empresa que está decidiendo por toda la población de una zona, incluidos los trabajadores. La estrategia de una empresa condiciona las vidas de miles de vecinos y trabajadores.

La contradicción de fondo en este caso se da entre la propiedad privada de una empresa, el interés de sus accionistas y propietarios y el interés general de la sociedad. La cuestión que debemos debatir es si vamos a permitir que los intereses de los accionistas pasen por encima de los intereses sociales de lo vecinos y trabajadores de AM.

¿Vamos a dejar que los puestos de trabajo y la salud de miles de personas dependan de que unos empresarios consideren si su estrategia pasa o no por Avilés? ¿O saquen suficiente rentabilidad?

LM: ¿Y cómo propone el PTD abordar esta cuestión?

RS: Ahora mismo el debate parlamentario e institucional gira en torno a la responsabilidad o suficiencia de los mecanismos de control medioambiental. Si son suficientes, si han fallado, si hay imprudencias o negligencias. De esta manera se vuelve a plantear un falso debate.

Nosotros creemos que lo que hay poner sobre la mesa son mecanismos para que, si la empresa no cumple la normativa, si no quiere invertir en las plantas asturianas, si no establece unas condiciones de trabajo estables y razonables para su plantilla, el Estado debe intervenir en estos asuntos. Si no cumplen, lo que hay que hacer es nacionalizar, el Estado debe tomar la propiedad y el control de esta plantas y con un papel protagonista en la gestión por parte de los trabajadores. El Estado debe acometer la inversión pública necesaria para actualizar la planta de Avilés, para adaptarla a la normativa medioambiental, e incluso más, para proporcionar un futuro a los trabajadores de la región.

Los beneficios podrán reinvertirse en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y en mejorar el bienestar social de los vecinos de la zona.

Que cada cual decida dónde quiere estar. Si quiere estar al lado de los trabajadores y vecinos o al lado de los accionistas de ArcelorMittal. Empleo de calidad, futuro industrial y derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio, o dividendos para los accionistas. Esa es la decisión que hay que tomar.

Y el primer paso es obtener información real para tomar esa decisión.

Los partidos del campo popular, las organizaciones sociales y sindicales deben posicionarse sobre esta cuestión. Sobre la actitud frente al chantaje de Mittal.

LM: En esa línea el Partido ha hecho la propuesta de crear una Comisión de Investigación Parlamentaria de las ayudas y subvenciones a grandes empresas. ¿Qué se pretende conseguir con esta iniciativa?

RS: Es importante poner en marcha iniciativas en ese sentido porque hay mucha opacidad. Si conociésemos la cifra real de dinero público que va a parar a manos de estas grandes multinacionales se abriría paso a un montón de preguntas. ¿Qué podríamos haber hecho con ese dinero? ¿Se ha invertido de la mejor manera? Nos permitiría valorar la dimensión real de la “contribución” de esa empresa (y de sus inversores) a la economía. Y tomar determinaciones al respecto sobre la política industrial.

Por ahora desconocemos el monto real de las ayudas públicas en el caso de AM y muchas otras multinacionales que operan en Asturias y otras partes de España. Pero hay un dato preocupante que nos viene de Bélgica.

En la región de Lieja, ArcelorMittal contaba con una siderurgia integral muy importante. La multinacional decidió que debía cerrar esa planta que daba empleo a 10.000 personas.

Un grupo de estudios del Partido del Trabajo de Bélgica investigó la situación, les llevó meses de trabajo, porque estas empresas son muy opacas. Pero sacaron a la luz que, mientras Mittal no hacía más que hablar de pérdidas y de despidos, los impuestos reales que soportaba AM en Bélgica no llegaba a los 496 € en 2009. Y en 2010 AM pagó 0€ netos en impuestos.

LM: Repite por favor ¿496€?

RS: Sí, es la cantidad que sale después de hacer el cómputo de todos los impuestos que se pagan menos todas las ayudas que se reciben. No nos debería sorprender, pensemos que esta gente está recibiendo ayudas directas e indirectas por casi todo, exenciones fiscales, bonificaciones a la tarifa eléctrica, ayudas a la contratación, infraestructuras, seguridad social (sistema bonus-malus), etc…

La fiscalidad de las grandes multinacionales en la UE es bajísima y a esto hay que sumarle que hay una carrera competitiva entre las regiones para ver quién se queda con las inversiones, quién instala plantas y quién trae empleos. Obviamente, los grandes capitalistas se benefician de esta situación.

LM: La nacionalización suena bien, incluso hay mucha gente que simpatiza con esa idea, pero… ¿Hay posibilidades reales de hacerlo?

RS: Por pasos: lo primero que hay que poner sobre la mesa es que los problemas para este tipo de iniciativas, en la UE y en la España de hoy son muy grandes. Hay toda una burocracia construída para poner dificultades (y pongo énfasis en la palabra dificultades).

La propia Constitución española, en su artículo 38, está consagrada a la economía de mercado, es decir, a la economía basada en el libre mercado. Deberá proteger y garantizar la libertad de empresa. Este es el principio fundamental por el que se rige. Por tanto, el sector público y la inversión pública tienen un carácter subsidiario. Al menos, los liberales lo interpretan así y con el desarrollo de otras leyes van asentando un marco en el que los beneficios del sector privado se extiendan y el dinero público se destine para servir a estos fines.

En la UE es más de lo mismo. Hay que recordar el “Plan Juncker” aprobado por la Comisión Europea, poniendo a disposición de las empresas privadas 21.000 millones de €. Este dinero público lo ponen a su disposición desde el Fondo Europeo para la Inversión Estratégica dentro del Banco Europeo de Inversiones. Es un dinero a fondo perdido para proyectos privados en sectores de futuro poco rentables o con pérdidas en su arranque. Para esto sí que hay dinero público. Y lo usan para socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

Si dispusieramos de todo ese dinero público que se va en ayudas y subvenciones a las empresas privadas, planes de financiación de las inversiones privadas, etc., para invertir en una economía al servicio de la población trabajadora, ¿te imaginas todo lo que podríamos conseguir para dinamizar la economía, dar un futuro industrial a muchas regiones y desempleados y reinvertir los beneficios en mejorar el bienestar social?

¿Te imaginas que el Principado de Asturias fuese propietario de ArcelorMittal de Avilés y Gijón? Pues eso mismo.

Y en segundo lugar: Nosotros nos fijamos en otras partes de la Constitución Española de 1978. En su artículo 128 establece que todos los recursos económicos del país están subordinados al interés general y el 129 establece que se permitirá el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Osea que no estamos hablando de la Revolución de Octubre, la legislación actual ofrece un marco legal para actuar y legislar.

Si no fuese así, gobiernos como el actual no se tomarían tantas molestias en crear cortafuegos para este marco legal, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o la disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales. Intentan no dejar flecos sueltos.

Para que podamos poner la economía al servicio de la población trabajadora necesitamos que las empresas productivas y de logística sean de propiedad estatal. Y para ello necesitamos operar importantes cambios legales a todos los niveles y en la dirección contraria a la que se han dirigido las política del PSOE y del PP.

LM: Vale pero, aún así, las posibilidades son mínimas.

RS: Depende. Las posibilidades son las que construya la propia clase obrera con sus organizaciones sociales y políticas y con su lucha. Si no sabes a donde quieres llegar, no puedes ponerte en camino. Si no luchas, no podrás conseguir nada.

Lo que es seguro es que Mittal y sus secuaces en el Gobierno no van a mover un dedo si eso implica reducir su margen de beneficios y repartir menos dividendos entre los accionistas. Si lo hacen en algún momento solo lo harán bajo una presión tremenda de la sociedad y de los trabajadores.

Mal empezamos si desde los partidos del campo popular y desde los sindicatos la única respuesta que tenemos para los trabajadores es “No hay alternativa”, como decía Margaret Tatcher. En todo caso las alternativas que tenemos sobre la mesa son, o la lógica de la lucha de la clase obrera contra la clase de los patronos, es decir, la lucha de clases , o la lógica del miedo e ir perdiendo día a día más terreno. Llevamos muchos años sumidos en la lógica del miedo,… y los resultados están a la vista.

La alternativa para la plantilla de Arcelor-Mittal, de la población trabajadora de toda la región y de toda la clase obrera, en lo inmediato, es dar un salto desde la lucha sindical hacia plantearse la lucha política por las nacionalizaciones de las empresas que están siendo abandonadas por los inversores privados. Deben plantearse reivindicaciones para suprimir todas las leyes que dificultan e impiden la inversión pública y desarrollar nuevas leyes que den cobertura y faciliten la política de nacionalizaciones para poner la economía al servicio de la población trabajadora. Y esto requiere organización política de la clase obrera, es decir, partido político de la clase obrera.

En el Partido insistimos en la idea: hagamos el esfuerzo de organizarnos políticamente y coordinarnos cada vez con más solidez, establezcamos reivindicaciones justas y compartámoslas con compañeros y compañeras de otros sectores industriales. Establezcamos una plataforma de lucha política. Y pasemos a la ofensiva. Hay que salir de la fábrica porque nuestro problema no está solo en la planta, está también en las instituciones del Estado, en la propiedad privada de las empresas, en el poder económico que ejercen los accionistas y en el propio capitalismo. Demos paso a la lucha política de los trabajadores y trabajadoras.