El IBEX-35 y Montoro hacen y deshacen a su antojo frente a las municipalizaciones

La lucha por reformas legales no debe hacernos olvidar que jugamos en un campo de juego en el que somos los visitantes, y con las reglas de juego del adversario. La problemática de las municipalizaciones es buena muestra de ello.

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El presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, y el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.El presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, y el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
El presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, y el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

En estos días el debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 capta la atención de todos y todas. El debate parlamentario se centra sobre las inversiones, los recursos económicos para las políticas sociales, etc. Pero los medios de comunicación han dejado oculto un elemento muy importante de este proyecto de PGE, aunque entre las Candidaturas de Unidad Popular a nivel municipal sí que ha causado alarma. Se trata de una medida que el Gobierno central del Partido Popular ha colado, por la puerta trasera, en forma de disposición adicional, en el proyecto de PGE. La Disposición Adicional 27 es una maniobra que podría calificarse como rastrera, pero es inteligente para satisfacer los intereses de las empresas privadas concesionarias y gestoras de servicios públicos. Hemos de recordar que los servicios públicos han sido usados, ampliamente, como refugio para los capitales privados y sus beneficios desde que estalló la crisis económica.

Pues bien, lo primero que se observa es una maniobra contra la política de las Candidaturas de Unidad Popular de municipalizar servicios púbicos. Es decir, la gestión directa de estos servicios por parte de los ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, lo cual permite un gasto menor proporcionando un servicio mejor. Esta disposición, orquestada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dispone un chantaje de la siguiente manera: “no podrán considerar como empleados públicos…, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público: a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos… b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público… Dos. …el personal referido en el apartado anterior sea incorporado a sociedad mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición1 de efectivos quedando sujeto a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Prohíbe taxativamente a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, ministerios y empresas públicas la subrogación de las y los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios públicos en el caso de municipalizarlo o nacionalizarlo.

Esto significa que los partidos obreros y las Candidaturas de Unidad Popular, o bien tienen que renunciar a la subrogación de las y los trabajadores de las empresas concesionarias, con la consecuente oposición y lucha de estos frente a las políticas de municipalizaciones y la pérdida de parte de su masa votante; o bien tienen que renunciar a la política de municipalizaciones, traicionando su programa electoral. El Partido Popular, representante de la oligarquía española, utiliza como rehenes y escudos humanos a los y las trabajadores del sector para alcanzar sus objetivos. En particular para parar las tentativas de municipalizaciones, que tanto daño causan a los intereses de la burguesía al perder un buen nicho de negocio.

No es una medida, hecha ley, aislada. La sucesión de leyes aprobadas e implantadas a lo largo de los últimos años, tanto por el Gobierno central del Partido Popular como por el del PSOE anteriormente, es ejemplo de que están desarrollando el marco legal para adelgazar el peso de lo público en lo económico y lo social para que las empresas privadas acaparen el negocio de los servicios públicos.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es un claro ejemplo de ello. En su preámbulo no se cortan al decir abiertamente que uno de los objetivos de esta Ley es “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. No se esconden para actuar en favor de las empresas privadas y de sus intereses económicos. Aquí pasamos de observar lo que parece una simple acción aislada, rastrera e injusta de Montoro a constatar la esencia del régimen capitalista español.

Desde que implantaron la Constitución de 1978 han ido reformando las sucesivas leyes que la desarrollan con el fin de ir cerrando el paso a la gestión e inversión públicas y al control público de importantes sectores económicos, los cuales tienen un carácter estratégico. Esto ha tenido su repercusión en privatizaciones irreversibles de la industria nacionalizada y en la expansión de los capitales privados en la gestión de servicios públicos como la educación, la sanidad, la recogida de basuras, la limpieza urbana, etc. Ahora, siguen resolviendo los flecos de una legislación imperfecta que han permanecido hasta día de hoy, y lo hacen como reacción a toda la acción municipalizadora que han empezado a desplegar los partidos del campo popular. Desde los ayuntamientos están obrando para rescatar una parte de los servicios privatizados; sin embargo, Montoro, como buen representante de los intereses de la oligarquía, ha salido al paso rápidamente introduciendo, sin justificación alguna, esta disposición adicional para obstruir la municipalización. Lo hace mediante la prohibición de la subrogación. Con la inteligencia de los oligarcas, bien conocedores de sus reglas del juego, han encontrado un posible punto débil en esta política municipalizadora. Veremos la respuesta que adoptan todas las Candidaturas de Unidad Popular existentes en los miles de municipios del Reino de España.

Los montoros y demás buscan que estas empresas privadas acaparen la gestión y negocio de los servicios públicos. Les garantizan la estabilidad y sostenibilidad financiera por Ley, es decir, que las Administraciones Públicas les paguen. Así, los liberales entran en un bucle contradictorio con respecto a lo que propugnan. Quieren un mercado libre pero, eso sí, sostenido con fondos públicos. Ponen al Estado y a las Administraciones Públicas, incluido todo el dinero público, al servicio y beneficio de las empresas privadas.

No se trata de un caso aislado sino de una generalidad. No podemos olvidar que los partidos obreros y las Candidaturas de Unidad Popular jugamos en campo del contrario, es decir, en su arena parlamentaria. Que jugamos con unas reglas de juego escritas por el contrario y que le favorecen. Y jugamos con un árbitro y linieres que aplican esas reglas que nos son ajenas y que, además, en su interpretación favorecen al contrario porque han sido formados y educados por este.

Las multinacionales españolas e internacionales, integradas en el IBEX-35, son poseedoras de unos enormes capitales en la economía española, lo que les proporciona un enorme poder económico. Poseen enormes centros de trabajo diseminados por todo el territorio, vehículos y todo tipo de medios de trabajo, etc. Extraen multimillonarios beneficios de la explotación de la clase obrera. Usan el aparato ideológico y académico del Estado para formar a sus dirigentes políticos, que después se incorporan a sus partidos políticos (PP, PSOE y C´s) para gobernar y desarrollar un compendio de leyes en todos los ámbitos para favorecer sus intereses como empresarios y banqueros. Usan sus consejos de administración para completar esa formación o para estrechar los lazos con esos dirigentes políticos, protegiéndoles económicamente cuando caen en desagracia o finalizan la carrera política (las famosas puertas giratorias). Usan el monopolio de sus medios de comunicación para desacreditar y desgastar a los oponentes políticos que dañan sus intereses como burgueses. Usan el aparato coercitivo del Estado (policía, jueces y fiscales) para apartar a aquellos dirigentes políticos que defienden a las clases trabajadoras, y contra los que no pueden sus medios de comunicación. Usan ese mismo aparato coercitivo para impedir que fuerzas políticas del campo popular puedan implantar políticas económicas, sociales y democráticas a favor de la mayoría social, declarándolas, por ejemplo, inconstitucionales. Etc.

Los lobbies empresariales, como el Club Bilderberg, el de las grandes constructoras o el de los 30 empresarios de Zapatero (todos ellos pertenecientes al IBEX-35), siempre están detrás de cada diputado y detrás de cada gobierno del Reino de España para articular una burocracia legal orientada a defender el interés de la iniciativa económica privada. Más descarado es en la Unión Europea, donde “el Parlamento Europeo cuenta con 15.000 lobbistas en el barrio europeo de Bruselas o en los alrededores”2.

Empleando la fuerza de su poder económico pueden ejercer el poder político dando una apariencia democrática a lo que es una estructura social y de Estado construida para proteger y promocionar sus intereses económicos y sociales. En la Constitución Española prevalece por encima de todo el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, contenidos en los artículos 33 y 38. Esto caracteriza el tipo de sociedad en la que vivimos. Prevalece la propiedad privada para la producción y el beneficio. Y una sucesión de leyes protege la iniciativa económica privada, como ya hemos visto. Por tanto, es la sociedad burguesa: para y por la burguesía. Es aquí cuando la falacia del gobierno de y para todos desaparece.

¿Qué podemos hacer?

Podemos plantear acciones como el voto en contra del proyecto de PGE para 2017 en el Congreso de los Diputados, en este caso por parte de Unidos Podemos y las demás fuerzas del campo popular que actualmente tienen representación en esta cámara. Se trata de una actitud defensiva.

En el mismo sentido, podemos plantear el inicio de acciones legales en el Tribunal Constitucional contra esta disposición adicional por vulneración de los derechos de subrogación, recogido en el Estatuto de los trabajadores, y de la autonomía de los municipios. Tengamos en cuenta que siguen existiendo resquicios en la burocracia legal para defender los derechos de la mayoría social, al menos de momento. No obstante, como ya hemos visto, a cada acción de la clase obrera y del movimiento popular rápidamente hay una reacción de las fuerzas de la burguesía mediante reformas y nuevas leyes, cerrando las posibilidades de las políticas progresistas.

Indudablemente, la movilización en la calle de todas las fuerzas sindicales, de los colectivos obreros, especialmente los pertenecientes a las empresas concesionarias de servicios públicos, y del movimiento popular de los barrios, debe permitir la presión contra las fuerzas políticas dubitativas y contras las de la oligarquía, temerosas de la ruptura de la paz social que tanto les beneficia. Cuanto menos, permite neutralizarlas obligándolas a ejercer un voto en abstención. Asimismo, la presión en la calle da cobertura para desafiar, desde los municipios, la legalidad impuesta, enfrentándose al Gobierno central con la desobediencia civil. El interés general de la mayoría social está y debe estar por encima del interés privado de una minoría social. Con la presión es posible, por tanto, aplicar todo tipo de iniciativas con el fin de municipalizar los servicios públicos subrogando a las y los trabajadores y de emprender la iniciativa económica pública para crear empleo y obtener beneficios orientados a mejorar los municipios, etc. Lo cual es extensible a la lucha por la política de nacionalizaciones de las grandes empresas pertenecientes a sectores estratégicos de la economía en virtud al interés general de la clase obrera y de las demás clases trabajadoras.

Sin embargo, más importante que alcanzar todas estas victorias inmediatas y parciales, aunque pueda parecer lo contrario, es comprender que el sistema democrático en el que vivimos está estructurado para y por la burguesía. Que en apariencia es democrático, pero que en realidad lo es sólo para los que poseen el poder económico y resulta impuesto y, por tanto, dictatorial para la clase obrera y para las restantes clases trabajadoras. De ahí debemos llegar a la conclusión de que no basta con reformarlo o con intentar desafiarlo permanentemente, sino que debemos estructurar todo un nuevo compendio de leyes y derechos para la mayoría social. Es decir, estructurar un sistema democrático en el que, por ejemplo, podamos decidir que determinados servicios públicos deben ser gestionados públicamente sin que existan todo tipo de impedimentos legales. Un sistema democrático para desarrollar y garantizar los intereses de la clase obrera, junto con los de las demás clases trabajadoras, así como su bienestar social. Un sistema democrático protegido de las tentativas de la burguesía de volver a imponer su sistema político en beneficio de los empresarios y los banqueros. Ello implica, además, sustituir los actuales aparatos administrativos y coercitivos, al servicio de los empresarios y banqueros, por otros al servicio de las y los trabajadores. A fin de cuentas, necesitamos conquistar y construir la democracia para y por la clase obrera.

Notas

  1. Las empresas públicas no tienen tasa de reposición. Esto será así hasta el momento en el que se apruebe en el Congreso de los Diputados el PGE para 2017.
  2. Peter Mertens. La clase obrera en la era de las multinacionales. Editorial Asociación Jaime Lago.