Detención de Sánchez y Cuixart: El PP alimenta el fuego con represión

La Audiencia Nacional dicta prisión sin fianza para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural respectivamente, por las concentraciones del 20 y 21 de septiembre en protesta por los registros de la Guardia Civil en instituciones clave de la Generalitat, durante las cuales los agentes estuvieron aislados y retenidos durante un tiempo.

Foto: Roser Vilallonga - 20.09.2017 Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la concentración ante la Consellería de Treball intervenida por la Guardia Civil
Foto: Roser Vilallonga - 20.09.2017 Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la concentración ante la Consellería de Treball intervenida por la Guardia Civil

Las penas a las que se enfrentan, de resultar condenados por “sedición”, serían superiores a 10 años de carcel. Sánchez y Cuixart, se convierten así en presos políticos, ni son los primeros en nuestro país, ni serán lo últimos.

Este nuevo episodio del conflicto que enfrenta a la oligarquía española con la pequeña y mediana burguesía catalana, refuerza la opción represiva por la que ha optado el estado español, con el Gobierno del PP y la judicatura como actores protagonistas.

Una vía, la represiva, que no hace más que echar leña a la hoguera de la confrontación entre el nacionalismo español y el catalán, y refuerza a los contendientes en la mayor crisis política desde el 23F. En este juego, el Partido Popular y los intereses económicos que representa están consiguiendo cohesionar a parte de las capas populares en torno a la bandera del nacionalismo español más reaccionario y agresivo, consiguiendo así que los graves problemas económicos y sociales que sufre la población trabajadora queden en segundo plano.

La misma receta represiva que se está aplicando en Cataluña, sirve de prueba de laboratorio para que se pueda aplicar en otro tipo de conflictos, como la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo, las huelgas y movilizaciones obreras duras y los intentos de “desobediencia institucional” que algunos gobierno locales o regionales puedan llevar a cabo en el futuro: como por ejemplo, las remunicipalizaciones de servicios públicos contra el criterio de la judicatura.

El delito de sedición podría haberse aplicado sin demasiadas complicaciones contra los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos, los estibadores este año, la lucha de los mineros en 2012, o cualquier movilización fuerte de las capas populares que haga peligrar el statu quo existente.

Más allá de que simpaticemos o no, con los objetivos independentistas de la pequeña y mediana burguesía catalana, debemos rechazar la vía represiva por la que está optando el nacionalismo español, porque no va a servir para resolver el problema y porque crea peligrosos precedentes para la lucha por cambiar las cosas en nuestro país.