De un tiempo a esta parte, hemos experimentado un grave retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, que, en muchas ocasiones, vulnera incluso convenios colectivos, cuando no leyes o incluso derechos fundamentales. Sin embargo, jueces y justicieros no parecen tan preocupados cuando lo que están en riesgo son la libertad sindical o las conquistas sociales que conseguimos arrancar los trabajadores a través de la lucha, como si parecen estarlo, sin ir más lejos, por la “sagrada unidad de España”.
En un país en el que el Gobierno envía más de 10000 policías para impedir un referéndum, tampoco debería extrañarnos que los empresarios ejerzan su autoridad en las empresas con total libertad para perseguir, acallar y reprimir a los trabajadores cuando nos organizamos, incluso aunque así se salten sus propias leyes, esas que con tanto ahínco exigen a otros cumplir. Esta semana, sin ir más lejos, hemos tenido los casos de los compañeros Jesús, de Iveco, y Bea, de Gémini, ambos represaliados y perseguidos por los dictadorzuelos de turno que, amparados por “el derecho inalienable de la propiedad”, pueden vulnerar todos los demás derechos sin dificultades.
Ambos compañeros, aunque sus respectivas empresas se escondan tras todo tipo de excusas, han sufrido lo que otros muchos sindicalistas combativos vienen sufriendo desde hace tiempo en mayor o menor silencio: todo tipo de «putadas», que van desde cambios repentinos de horario y turnos infernales hasta violencia física e incluso el despido, para intentar impedir algo tan básico y fundamental en toda democracia como es la organización sindical. Estos compañeros han dado un paso al frente y han denunciado estas actitudes, pero son muchísimos los casos que, a pesar de ser bien conocidos, se siguen produciendo en las mismísimas narices de las autoridades, en grandes empresas de la “Marca España” como El Corte Inglés o Mercadona, sin que a nadie parezca preocuparle.
De este modo, a pesar de que España dice ser una sociedad democrática, en los centros de trabajo, que constituyen la columna vertebral de una sociedad, hay poco o nada de democracia, y bastante de dictadura mafiosa. Debe ser que el supuesto Estado democrático de derecho del que tanto se vanaglorian unos y otros sólo es aplicable fuera de nuestra jornada laboral: como ciudadanos, el respeto de nuestros derechos, o al menos el derecho a defenderlos, si parece incuestionable. Como trabajadores, el cuento es bien distinto.