Hace ya varios años que el movimiento de lucha de la clase obrera, por parar los efectos de la crisis, las políticas neoliberales y la creciente pobreza, se replegó. En esto mismo están pensando los partidos políticos al servicio de los empresarios, como el Partido Popular y Ciudadanos, e igualmente lo hacen los jueces. Esto les da la oportunidad de asestar golpes ejemplarizantes a numerosos colectivos de trabajadores y trabajadoras que osaron, con total justeza, desafiar esas políticas dirigidas a laminar sus derechos y los servicios públicos para beneficio de los empresarios.
En concreto, tenemos el actual caso de los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública Esmasa, cuyo Comité de Huelga, encabezado en aquel momento por CGT, está sufriendo las represalias de un poder judicial, que se coloca al servicio de los intereses de los grupos empresariales y de los partidos que los protegen, como así también lo hiciera, finalmente, con las y los trabajadores de Coca-Cola.
El Ayuntamiento de Alcorcón y la propia empresa municipal, gobernados por el Partido Popular, decidieron querellarse contra el Comité de Huelga por la huelga indefinida de recogida de basuras de 2014. Esta estalló como consecuencia de la privatización de la recogida de vidrios, a manos de Ecovidrio1, la cual abría la posibilidad de privatizar la recogida de otros residuos, y del deplorable estado de deterioro de los medios de trabajo, especialmente los camiones.
La lucha de este colectivo de trabajadores, justa como se ha demostrado al cabo del tiempo donde la recogida privada del vidrio es pésima y los camiones vuelven a presentar graves problemas de deterioro, se enmarcó en el período final de la lucha general de la clase obrera en España contra la crisis y sus efectos.
Ahora, la sentencia judicial, aprovechando la calma, asesta un golpe contra estos y estas trabajadoras declarando la huelga como abusiva. Y busca cargar contra el Comité de Huelga las consecuencias de la huelga, las cuales, como es natural, tienen unos efectos. Para colmo trata de criminalizarles por los hechos vandálicos de los no son responsables ni es posible demostrar que hubieran sido los y las huelguistas.
Les atribuye que hubiera basura acumulada debido a la huelga. ¡El juez ha descubierto lo que es una huelga de basuras! ¿O no? Realmente lo que está significando con ello es que las huelgas son negativas e inadmisibles. Está creando una corriente de opinión pública, con la ayuda de los medios de comunicación, desfavorable hacia el derecho a la huelga y hacia los colectivos de obreros que osan usar esta herramienta para defender sus derechos y, en concreto, la gestión pública de un servicio para la gente. Si derrotan al colectivo de trabajadores de Esmasa, entonces abren una importante brecha para seguir privatizando servicios públicos con el fin de beneficiar al colectivo empresarial en contraposición a la prestación de un servicio de calidad a la población.
Les atribuye un incumplimiento de los servicios mínimos, los cuales habitualmente son abusivos por parte de las empresas para boicotear las huelgas, porque no sacaron algunos de los camiones para recoger la basura. ¡Pero si precisamente el lamentable estado de los camiones fue uno de los motivos de la huelga! En esas condiciones los camiones no podían salir porque eran un riesgo para los propios trabajadores y para la circulación. ¿Al juez le importa eso? No, porque su objetivo es criminalizar la huelga y a los y las huelguistas.
Les atribuye la quema montañas de basuras acumuladas en los contenedores sin pruebas de que hubiera sido algún huelguista. A estas alturas de desfachatez y persecución judicial ¿para qué son necesarias las pruebas? Tan solo hay otros 170.000 habitantes en Alcorcón que pudieran haber cometido estos actos vandálicos. Este número están incluidos los miembros del Partido Popular en su afán de criminalizar a este colectivo de trabajadores y justificar la vulneración del derecho de huelga, que cometieron con la introducción de la empresa Tragsa utilizando a esquiroles para recoger la basura acumulada por la huelga.
Así pues, no se trata de tener razón o no, sino de que, en estos momentos de relativa calma social, es posible practicar la política judicial de “tierra quemada” para arrasar con victorias políticas e ideológicas de la clase obrera, como fue la paralización durante años de cualquier otra intentona de privatizar el servicio público de la recogida de basuras mediante una fundamental herramienta y derecho para la clase obrera como es la huelga.
Aprovechan los momentos de debilidad para asestar estos golpes ejemplarizantes y laminarnos ideológicamente y políticamente, para doblegar nuestra voluntad de luchar para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Tras las huelgas de 2010 y 2012 encausaron a más de 300 sindicalistas y trabajadores. De estos, la mayoría de ellos salieron absueltos por la fuerza que tiene estar organizados en un sindicato. Sin embargo, aquellos que no lo estaban fueron usados para dar un escarmiento a toda la clase obrera, para que no osemos dañar los intereses de los empresarios y banqueros cuando estos arremeten con reformas. El caso más esclarecedor es el de Alfon. Encarcelado por su participación en la huelga general de noviembre de 2012, fue condenado y sometido al régimen FIES, el más duro del régimen penitenciario español. Igualmente lo fue la condena y entrada en la cárcel de los dos miembros del 15-M que fueron detenidos en un piquete en la huelga general de marzo de 2012.
Lo primero que debemos aprender de todo esto es que es necesario estar organizado y sindicado para tener la máxima fuerza posible ante la más que probable represión que sufriremos cuando nos resistamos a las reformas y leyes que nos empobrecen.
Además, la solidaridad entre los y las trabajadoras y el mantenimiento de la tensión social, en unos niveles suficientes o con carácter amenazante, son acciones disuasorias contra estas tentativas de persecución policial, judicial y política del poder judicial y los partidos políticos de la oligarquía. En estas circunstancias no se atreverán a “echar más leña al fuego” con encarcelamientos y sentencias descaradamente injustas.
Finalmente, debemos comprender que hoy fueron las y los compañeros de Esmasa, ayer los de Coca-Cola y que mañana serán otros muchos y muchas. Que el poder judicial no es imparcial sino que aplica una Ley armada para favorecer a una parte de la sociedad, y lo hace con absoluta parcialidad incluso saltándose su propia ley. Y que el objetivo es criminalizar el derecho a huelga, acabar con este y doblegar a la clase obrera para que los empresarios y banqueros, junto con sus partidos políticos, sigan enriqueciéndose mientras nos empobrecen.