Salimos del pozo de la crisis para entrar en el de la precariedad

A principios de año el presidente de la Comisión de Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, decía que para reducir el desempleo galopante existente en España había que crear "empleo de baja calidad". Realmente no era necesario que lo dijera porque el Gobierno del Partido Popular ya estaba aplicando esta receta de precariedad.

Huelga de técnicos de Telefónica Movistar en abril de 2015, en Madrid, España. Contra la precariedad en el sector. Foto: Carlos Delgado.
Huelga de técnicos de Telefónica Movistar en abril de 2015, en Madrid, España. Foto: Carlos Delgado.

La recuperación ha llegado muy entrecomillas o se ha magnificado gracias a los voceros que tiene el Partido Popular en diferentes medios pagados por los interesados en esta salida de la crisis. Tan solo debemos remitirnos a los datos que facilita la Encuesta de Población Activa. Esta muestra que, tras tocar fondo en 2012, las y los trabajadores sometidos a la contratación temporal han aumentado en 1,2 millones. Y, además, hay casi 400.000 trabajadores y trabajadoras más a tiempo parcial. La recuperación económica y del empleo se fundamenta en la precariedad laboral.

Esta trae consigo no solo la inestabilidad laboral, sino que conlleva la creación de trabajadores y trabajadoras pobres que, a pesar de estar en activo, no pueden obtener unos ingresos suficientes para sus familias y hogares. La precariedad laboral es sinónimo de peores condiciones económicas. Un trabajador que tuviera un contrato indefinido antes de la crisis y, tras perderlo, recuperara su condición de activo con un contrato temporal ha sufrido una pérdida salarial del 65%, según las estadísticas sindicales. Por otro lado, las y los trabajadores a tiempo completo tienen un coste salarial medio de 15,20 € por hora, mientras que los contratados a tiempo parcial perciben de media 10,20 € por hora. Esta es una de las claves de la precarización del empleo; ha reportado suculentos beneficios al tejido empresarial en nuestro país. Así, el número de ricos ha aumentado y las grandes fortunas atesoran mayores riquezas, mientras que una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras han sido empujados al barro de la pobreza. He aquí los que realmente han salido de la crisis económica y los que viven en una crisis permanente.

Esta pobreza ha quedado representada en que 3 de cada 10 personas está en riesgo de exclusión social, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el cual está libre de cualquier sospecha de simpatizar con ideas comunistas. Pero los números tienen tras de sí a personas de carne y hueso, personas con sentimientos y sufrimientos; así, muchos de nosotros y nosotras, cualquiera que viva en un barrio obrero, tiene a familiares o a amigos y vecinas que sufren carestía de vida; podemos encontrar a, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras de Alcampo, propiedad de la multinacional francesa Auchan, obligadas a acudir a Cáritas o a los bancos de alimentos para poder suplir la falta de ingresos y cubrir necesidades tan básicas como la alimentación. ¡Esto está sucediendo en pleno siglo XXI!

Esta es la cruda realidad de las familias trabajadoras, con nombres y apellidos, escondida tras el tupido velo de las toscas estadísticas sobre la creación de empleo. Estos son los vacíos números que Mariano Rajoy y Fátima Báñez utilizan como argumento de autoridad para encandilarnos con la recuperación económica y su “buen” gobierno.

Tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE han contribuido a la extensión de la temporalidad entre los y las trabajadoras, especialmente entre estas últimas. Esa dualidad contractual que tanto llaman a eliminar, fue creada por ellos a instancias de la patronal. Ahora claman hipócritamente contra este problema. ¡Claro que quieren resolver y resuelven la dualidad contractual! Eso no se les puede negar. Pero lo hacen del lado de la temporalidad. Como muestra está el acuerdo político de Gobierno alcanzado entre Ciudadanos y PSOE, que abarataba el despido, incluso más que la última reforma laboral del PP, dando otro paso más en la dirección de transformar los indefinidos en temporales. También cabría preguntar al PSOE por qué no deroga su reforma laboral de 2010, la cual extendió el modelo contractual indefinido con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado.

Estos partidos anteponen los intereses y criterios de las empresas antes que el de la mayoría de la población, la trabajadora. Anteponen la competitividad de las empresas para la obtención de mayores beneficios a las condiciones de vida de las y los trabajadores. Resulta de ello una paradoja: dicen favorecer a las y los trabajadores favoreciendo a las empresas. Pero el resultado es la precarización de las vidas de los primeros y el aumento de las riquezas en manos de los segundos.

Quienes realmente se preocupan por las condiciones laborales y económicas de la población trabajadora no adoptan la dirección de la precariedad laboral. La derogación de las reformas laborales del PSOE y del PP es un declaración de intenciones de lo que debemos hacer. Pero la elaboración de una nueva legislación laboral es el verdadero paso que debemos dar para salir del pozo de la precariedad y lograr la ansiada estabilidad laboral y de vida que necesitamos. Que no nos lleven a engaño, es posible. Hay margen en los superbeneficios de la mayoría de las empresas, especialmente en las grandes, para que el progreso económico y productivo de nuestro país, alcanzado a lo largo de estas últimas décadas, revierta en beneficio de las y los trabajadores.

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