La reciente condena del rapero Valtonyc, sumada a la declaración del también rapero Pablo Hásel en la Audiencia Nacional, o el caso de Cassandra Vera – que afortunadamente ha terminado con su absolución por parte del Tribunal Supremo – ponen de manifiesto la triste realidad de una represión cada vez más normalizada en España. La Ley Mordaza de 2015 convirtió nuevamente este tema en objeto de denuncia y reivindicación, pero la persecución activa de militantes obreros y democráticos viene de una larga tradición, iniciada por la dictadura y continuada por la famosa “Ley de la Patada en la Puerta” del gobierno Felipe González, antecesora directa de la Ley Mordaza.
Sin embargo, las noticias de persecución y represión sindical no copan portadas, ni son objeto de acalorado debate en programas de televisión, ni causan apenas denuncias públicas: la lista de organizaciones obreras y democráticas comprometidas activamente en la defensa de los derechos civiles se reduce, por desgracia, cuando se trata de defender la libertad sindical. A muchos les escandaliza y preocupa – con razón, eso es innegable – que por motivos políticos se retire una obra de arte de una exposición o se secuestre un libro, pero apenas dedican un momento para escandalizarse, preocuparse y denunciar la represión sindical que se practica de forma sistemática en nuestro país.
Lo que si está claro es que la defensa de la libertad sindical debe ser una línea roja y una cuestión prioritaria. En una sociedad vertebrada por la contradicción entre una mayoría social trabajadora que está viendo aumentar la explotación y perdiendo calidad de vida., y una minoría parasitaria enriquecida a costa de esos mismos factores, las organizaciones sindicales son la primera línea de defensa de nuestros derechos. Si insistimos en abandonarles y hacer oídos sordos a la grave situación de la libertad sindical en nuestro país, el futuro que nos espera es muy negro.
Y es que toda oleada represiva, toda amenaza contra los derechos civiles, empieza por atacar y minar los derechos sindicales, intentando dificultar o imposibilitar la organización inmediata, básica y fundamental de la clase trabajadora: la actual oleada represiva dio sus primeros pasos con la persecución de activistas obreros, como los 8 de Airbus o Carmen y Carlos, perseguidos por participar en la huelga general de 2010. Mucho antes de la Ley Mordaza, antes de Valtonyc y de Cassandra Vera, e incluso antes de Pablo Hásel, fueron perseguidos los sindicalistas. Antes de que se restringieran o reprimieran los derechos civiles, fueron restringidos y reprimidos los derechos sindicales: la reforma laboral de 2014 legalizó y legitimó la represión sindical antes de que la Ley Mordaza extendiera esa represión al conjunto de la sociedad en 2015.
Es normal que así sea. El primer y más evidente punto de fricción en esta sociedad es el que se produce en cada centro de trabajo entre empresarios y trabajadores, entre representantes de la minoría social parásita y representantes de la mayoría social productora, y es ahí donde se producen las primeras agresiones, las primeras “bajas”. Por tanto, es fundamental que sea ahí donde establezcamos nuestra primera línea de defensa, donde respondamos a las agresiones y mantengamos el terreno, a la espera de reunir fuerzas suficientes como para empezar a presionar nosotros.
Es urgente que situemos la defensa de la libertad sindical entre nuestras prioridades, que denunciemos su vulneración e impidamos que continúe la persecución, abierta o encubierta, de sindicalistas. El caso del compañero Juan Carlos Asenjo, de Coca Cola en Lucha, es quizás uno de los más conocidos, pero por desgracia hay otros muchos: Mercadona, Iveco, Carrefour, Gemini, Telyco… Las empresas actúan abiertamente cuando pueden, amparadas por la legalidad que las protege, y cuando ésta se les queda corta encuentran las formas de forzar los límites mediante el juego sucio para intentar librarse de aquellos que se niegan a aceptar sus abusos, que se organizan para frenar sus ataques y que protegen los intereses económicos básicos de la clase obreras. Montrasa o Coca Cola, son ejemplos claros de ingeniería jurídica contra los derechos de los trabajadores. El caso de la compañera Raquel Agüeros, frente a Hotusa (Hotel Reconquista) pone los pelos de punta.
Ante estas actuaciones tenemos que enfrentar, en primer lugar, nuestra unidad. La unidad, primero, sindical: cuando un compañero o compañera se ve perseguido y amenazado por defender a los trabajadores, las siglas o afinidades personales deben quedar a un lado. Quien mira a otra parte cuando sucede esto o bien lo hace a conciencia, situándose junto a los empresarios frente a los trabajadores, o bien actúa cobardemente, escondiendo la cabeza sin aceptar que él puede ser el siguiente. La unidad, en segundo lugar, de toda la clase: sobre la unidad de sindicatos y trabajadores de una misma empresa debemos construir la unidad de todas las organizaciones obreras, ya que la represión sindical se produce en prácticamente todas las empresas por igual. Y la unidad, en tercer lugar, de toda la sociedad progresista: si queremos evitar la persecución de raperos o cómicos, la retirada de obras de arte o el secuestro de libros, debemos empezar por evitar la represión sindical.
Cuando leamos la próxima noticia sobre un tuitero, titiritero, rapero, artista, escritor… al que alcanza la represión, pensemos en todos los sindicalistas que han sufrido antes persecución y despido por parte de las empresas, con la connivencia directa o indirecta del Estado. Denunciemos esa persecución, defendamos a los sindicalistas, fortalezcamos nuestra primera línea de defensa en los centros de trabajo, y veremos como se reducen hasta desaparecer los tuiteros, titiriteros, raperos, artistas o escritores a los que termina alcanzando la represión.