Las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Energía el 2 de julio en una entrevista en El País despejan dudas sobre las intenciones del nuevo gobierno sobre la descarbonización y el enfoque que van a adoptar en la lucha contra el cambio climático.
Ecologismo de mercado
El gobierno del PSOE hace suyo el enfoque neoliberal de las políticas de descarbonización, que viene directamente desde los despachos de los burócratas de Bruselas.
Este consiste, en resumidas cuentas, en establecer unos topes máximos de producción de CO2 vinculados a unos objetivos globales, generar un mercado de emisiones, y a partir de ahí es la propia dinámica de mercado la que se «autorregula»: las empresas y la sociedad civil son quienes tienen que arreglárselas para sobrevivir o desaparecer.
Básicamente es un mecanismo darwinista, de supervivencia del más apto, mediante el cual, a partir de un nuevo marco regulador y de unos límites establecidos, los agentes implicados en la producción deben luchar por seguir su actividad o ser expulsados.
Para los capitalistas propietarios de las empresas industriales, mineras y de la energía afectadas, esto supone que tengan que trasladar su inversión de capital a otras ramas de la producción que les den la rentabilidad que buscan. Nada que no hagan de forma habitual ante otros cambios en el mercado.
En cambio para los trabajadores de esas empresas y para los habitantes de las comarcas donde se asientan esas industrias, supone el desempleo, la pobreza y la emigración. En las comarcas mineras e industriales de toda Europa conocemos este drama. Hemos sufrido en nuestras propias carnes los efectos de pasar este tipo de políticas de los papeles de los despachos a la realidad social y económica.
Que el PSOE adopte tan a la ligera las políticas medioambientales de la UE es una muestra de su apuesta por el proyecto de construcción de un bloque imperialista europeo y de su servilismo al IBEX35.
Un problema que no se puede dejar para mañana
Junto con la emigración económica Sur-Norte, el cambio climático es uno de los mayores problemas que va a tener que afrontar la humanidad en este siglo.
La necesidad de descarbonizar la economía y luchar contra el cambio climático es un asunto fuera de discusión.
Solo una pequeñísima minoría de la comunidad científica niega o tiene dudas sobre la realidad del cambio climático. Solo un 1,6% de los autores de estudios científicos sobre el cambio climático, sometidos a revisión por pares y publicados entre 1991 y 2011, están en esta posición.
También hay una fuerte evidencia científica de que existe una correlación entre el aumento del CO2 atmosférico y la tasa de crecimiento de la economía global. Esto sugiere que la economía global está vinculada a los gases de efecto invernadero y al proceso de calentamiento global. Esto explicaría la ralentización del calentamiento global desde 1998, coincidiendo con la disminución del crecimiento económico desde entonces. Así como la brusca caída en el incremento de las emisiones previstas, ocurrido en 2009 y coincidiendo con la Gran Recesión.
Hay quien puede pensar que es posible posponer la aplicación de políticas contra el cambio climático, mirar para otro lado y pensar que no nos va a afectar directamente. Que los desastres medioambientales, o los problemas sociales y económicos relacionados con el clima, nos quedan muy lejos.
Yo invito a esas personas a unir la línea de puntos, a ver el árbol sin dejar de ver el bosque. El cambio climático ya nos está afectando, al menos de forma indirecta.
Pensemos en un fenómeno como la emigración económica Sur-Norte. Un estudio publicado en Science en diciembre de 2017, sugiere una correlación entre el calentamiento global y el aumento de solicitudes de asilo en Europa. Comparando varias series de datos los investigadores han detectado una tendencia al aumento de las solicitudes de asilo, desde países donde la temperatura media de las regiones agrícolas se eleva por encima de los 20ºC. Cuando en un año o en varios, sube la media por encima de 20º, las solicitudes de asilo aumentan correlativamente. ¿Intrigante no?
La relación entre cambio climático y migración es un asunto controvertido. Sin embargo, hay un número amplio de científicos y estudios que sugieren que hay una relación. Los más pesimistas manejan la cifra de 1 millón de migrantes al año en 2100. De momento estamos en 350.000 al año.
¿Qué efecto puede tener esto a largo plazo sobre la correlación de fuerzas en el mercado de trabajo? ¿Y sobre la capacidad de presión de la clase obrera organizada?
Otro aspecto de este mismo problema. Un estudio de la revista de la Academia de Ciencias de USA señala la gran sequía producida en la zona del creciente fértil (Siria, Irak, parte de Irán) entre 2007 y 2010, como un factor esencial que ha contribuído a la posterior crisis y la actual guerra. Entre 2007 y 2010 en esa zona se produjo la mayor sequía registrada con instrumentos científicos en los 12.000 años de historia. Esto aumentó más del doble los precios de los alimentos básicos, como el trigo o el arroz. Y el precio del pienso para ganado subió un 75%.
El gobierno sirio respondió a la crisis profundizando las reformas neoliberales (como hacen gran parte de países del mundo, incluído el nuestro) y recortando los subsidios al combustible y a la alimentación. Se estima que como resultado de esta sequía, 1,5 millones de sirios de las zonas rurales -la parte más atrasada culturalmente y la más religiosa-, emigraron a las periferias de las grandes ciudades -que ya estaban saturadas- en busca de empleo y mejores condiciones de vida.
Lo siguiente lo conocemos: un terreno abonado para la radicalización fundamentalista. Atentados como jamás habíamos visto en toda la UE, crisis de los refugiados, fascistización de la población europea, tensión entre superpotencias globales y regionales, aprobación de legislación restrictiva de los derechos civiles (como la Ley Mordaza), etc…
Que nadie se confunda, el cambio climático está aquí y ya está llamando a nuestra puerta.
¿Quién paga el coste? ¿Qué lógica se sigue en las políticas?
La cuestión a debate no es si hay que descarbonizar o no, o si hay que hacerlo a mayor o menor ritmo. El debate de fondo, el más importante para nosotros los trabajadores es ¿quién va a pagar los costes de la descarbonización?: ¿Los empresarios y banqueros? ¿O la clase trabajadora?
Uno de los países que más esfuerzo está haciendo en la lucha contra el cambio climático es la República Popular China. El medio ambiente es un serio problema para este país que concentra gran parte de su población en zonas costeras. Una subida de un metro en el nivel medio del océano puede inundar 92.000 kilómetros cuadrados de la costa china -un quinto de la superficie de España- y desplazar a una población de 67 millones de personas.
También su producción agrícola puede verse amenazada por desastres climáticos, sequías e inundaciones. Y la contaminación es un problema grave en las ciudades del país, que además supone enormes costes para el sistema sanitario.
China está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en un plan estratégico para reducir las emisiones de CO2, mejorar la tecnología y eficiencia de sus redes energéticas y de transporte. Sólo en 2009 invirtió 34.600 millones de dólares en este plan. Hasta 2020 tiene previsto gastar 360.000 millones de dólares en renovables, y además lleva invertidos 5.000 millones de dólares en ayuda a países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático.
Para hacernos una idea de lo que está haciendo China en materia de inversión en infraestructura energética baja en carbono, simplemente decir que durante 2015 se instaló una torre eólica por hora, y una superficie de paneles solares equivalente a un campo de fútbol ¡cada hora! ¡Durante todas las horas del año!
Ahora pensemos en la cantidad de puestos de trabajo que crea esto y en el desarrollo tecnológico y el dinamismo que aporta un plan así a la economía. Así, sí te puedes permitir el lujo de cerrar térmicas y minas de carbón.
En comparación con esto, USA invirtió 18.600 millones en 2008 para llegar a 21.000 millones en 2017. Con la entrada de Trump estos fondos se han reducido drásticamente. La Unión Europea dispone en la actualidad de unos 8.000 millones anuales para este menester. Hay que tener en cuenta que tanto USA como la UE distribuyen los fondos de forma descentralizada y a través de un sinfín de pequeños proyectos y agencias sometidas a la presión política de grupos de interés y regiones, y que por tanto no obedecen a un mando centralizado.
Frente a esto, la fortaleza de la estrategia China no es sólo la magnitud de la inversión, sino la forma. China dispone de una estructura de mando estatal relativamente centralizada y coordinada, así como grandes empresas estatales que pueden operar temporalmente con pérdidas si con ello consiguen un objetivo de interés general o estratégico.
Nada de eso hay en Europa, ni dinero, ni plan centralizado, ni capacidad de intervenir en las empresas, más allá de limitar los márgenes del mercado.
La estrategia de los burócratas de la UE, que tan alegremente está apoyando el PSOE y, por desgracia, también algunos sectores de la izquierda y el ecologismo, es una no-estrategia, un no-plan, que no asegura una lucha eficiente contra el cambio climático, ni una transición a una economía energéticamente más eficiente. Lo que sí asegura es que se va a llevar por delante miles de puestos de trabajo en la industria y en las comarcas industriales.
Conclusión
- En primer lugar, con lo que hay en este momento sobre la mesa, no se debería aceptar ni una coma de la Ley de Cambio Climático que se está elaborando.
- En segundo lugar, hay que exigir paralizar el proceso hasta que no haya un debate profundo y democrático sobre la lógica de fondo de la estrategia europea sobre cambio climático.
- En tercer lugar: hay que exigir una financiación adecuada, y ésta sólo se puede obtener de la montaña de dinero en la que están sentados los inversores de los grandes bancos y grandes compañías multinacionales: 3,2 BILLONES de euros de liquidez. Lo que implicaría impuestos al capital, a las grandes fortunas y beneficios y a las transacciones financieras internacionales, y no más emisión de deuda de los estados miembros.
- Esta financiación debe servir para pagar las inversiones en infraestructuras, nuevas empresas públicas, la intervención pública en los gigantes de la energía, la I+D y los programas de empleo que garanticen que, a puesto de trabajo destruído, puesto de trabajo creado con condiciones laborales similares.
- En cuarto lugar: hay que revisar la arquitectura económica de los Tratados de la UE, que imposibilitan la intervención directa del estado en las empresas, la gobernanza económica directa y la planificación económica, y la iniciativa pública en sectores estratégicos.
Los sindicatos de la industria de las comarcas afectadas están poniendo el grito en el cielo, con toda la razón del mundo. Y es que a los trabajadores y habitantes de las comarcas mineras y con industrias electrointensivas se les está poniendo contra la espada y la pared. Las políticas de lucha contra el cambio climático que vienen de la UE -y que el PP y el PSOE quieren aplicar en España sin rechistar-, ponen en el limbo el futuro de miles de puestos de trabajo y dibujan un futuro «más negro que el carbón» para regiones enteras.
El reto del cambio climático, si queremos abordarlo de una forma democrática y social, exige cambios radicales en la orientación del modelo económico capitalista. El único sector social que tiene el potencial para forzar un cambio de esta magnitud es el movimiento obrero y sindical organizado a escala europea.