El sistema educativo contemporáneo fue generalizado con unas funciones meridianamente claras: reclutamiento, inculcación ideológica, selección de los mejores y distribución de puestos sociales. En suma, se trata de consagrar la desigualdad social legitimándola a través de un sistema en el que todas las personas, al menos en teoría, parten en presunta igualdad de oportunidades.
La sociología de la educación demostró que el sistema educativo reproduce las clases sociales. En aquellas sociedades que se caracterizan por estar más polarizadas socialmente, la desigualdad social se traslada casi matemáticamente al campo escolar. Y ocurre lo contrario si estamos en una sociedad que tiende a la igualdad: no olvidemos el legado del bloque del este, donde se dieron casos de astronautas que eran hijos de obreros no cualificados o campesinos, algo impensable en la España en la que creció Pedro Duque.
Si pensamos en la tan traída y llevada enseñanza finlandesa los números son clarividentes: según Eurosat en el país escandinavo más del 95% del alumnado está escolarizado en centros públicos. En Francia los centros públicos escolarizan al 80% del alumnado mientras que en Portugal la cifra se acerca al 90%.
En cambio, en el estado español el peso de la escuela pública es del 68%. Lo característico -y lo dramático- de España es que las clases dominantes mantienen una correlación de fuerzas tan favorable para sus intereses que han logrado que cuarenta años después de la muerte de Franco, sigan perviviendo tres sistemas escolares para tres clases sociales.
Es precisamente en ese contexto en el que hay que analizar las declaraciones de Pedro Duque. El ministro hace un alegato de su posición de clase: de la necesidad de las clases dominantes de mantener su hegemonía cultural y sus privilegios materiales.
La izquierda no debe escandalizarse ante planteamientos como el de Pedro Duque. Todo lo contrario, sitúa en el tablero todas sus piezas bien dispuestas para que empiece la partida. La paradoja es la renuncia de la izquierda a hacer pedagogía y explicar qué es lo que está en juego y a qué intereses responden este ministro y este gobierno.
En lo concreto, sus afirmaciones son fácilmente desmontables: a pesar de que el alumnado de los colegios elitistas tiene todo a su favor puesto que sus necesidades materiales, afectivas y culturales están cubiertas, los resultados escolares en las pruebas externas no son especialmente mejores que en la enseñanza pública. El Informe Pisa de 2015 tan sólo indicaba una pequeña diferencia de 12 puntos a favor de la enseñanza privada. Una diferencia mínima si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de alumnado procedente de otros países o que precisa de apoyos está escolarizado en el sistema público de enseñanza.
No se trata de si la pública es mejor que la privada o si la privada es mejor que la pública. Simplemente son sistemas diferentes que responden a finalidades distintas. El alumnado de la escuela pública, de la concertada y de la privada no concertada es tan distinto, que un análisis de la clase social de procedencia nos permitiría situar a cada alumno o alumna en el tipo de escolarización que “ha elegido” su familia sin grandes dificultades.