¿Por qué nos quieren quitar Correos?

La actualidad de Correos es, sin duda, una de las más convulsas del panorama laboral de este país. El nombre de la empresa lleva semanas repicando en los medios de comunicación por diversos escándalos que no han podido sujetar desde la dirección debido a su entidad. Asimismo, el nuevo recorte aprobado en los Presupuestos Generales del Estado ha dejado una partida de 120 millones cuando la cifra que se estima necesaria para garantizar el servicio postal en España orbitaría un mínimo de 230 millones.

Diversas filtraciones en los últimos días han abierto «la caja de los truenos» al revelar, por un lado, que la empresa está buscando la manera más rentable de seguir destruyendo puestos de trabajo indefinidos y suplirlos por más contratación eventual, y, por otro, que la consultora ATKearney entregó en 2017 un informe a Correos en el cual recomendaba su privatización.

Las protestas y movilizaciones¹ que la plantilla ha impulsado estos meses fruto del malestar laboral apuntaron al ya ex-presidente de Correos, Javier Cuesta Nuín y a la Junta Directiva, como máximos responsables de la degradación de las condiciones laborales y de la calidad del servicio prestado. En medio de este «polvorín», finalmente, el nuevo Gobierno del PSOE ha cesado al señalado Cuesta Nuín colocando al frente de la mayor empresa pública del país (y con más de 300 años de historia) a Juanma Serrano, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez.

Correos S.A. y la SEPI: Una lógica de mercado

Correos S.A. es el gran operador postal español con la tarea de garantizar el Servicio Postal Universal (SPU), es decir, ha de encargarse de que, tal y como estipula la ley, de lunes a viernes toda la ciudadanía reciba su correspondencia. Por tanto, Correos presta un servicio público que responde a una necesidad social. Cuando este carácter público ha predominado en las relaciones laborales las condiciones de la plantilla han sido mejores y la calidad del servicio superior.

Sin embargo, en España los servicios postales se liberalizaron de manera definitiva en 2008. La aprobación de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, fue un hito en el proceso de reforma postal en la Unión Europea, y un paso para la liberalización total en 2011, al poner las bases definitivas para la plena apertura del sector. El Grupo Correos se conforma por cuatro empresas: Correos (como matriz) y Correos Express, Nexea y Telecom (como filiales).

Correos, a pesar de tener una financiación 100% pública, es una Sociedad Anónima integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «cuyo principal objetivo es obtener la mayor rentabilidad de sus acciones y participaciones». No parece un enunciado relacionado con la satisfacción de las necesidades de la gente sino con el aumento de los beneficios empresariales. Y es que la SEPI tiene un papel destacado para el capitalismo español. Grandes empresas públicas como Telefónica o Endesa (entre otras) también formaron parte de dicha Sociedad Estatal y cuando llegaron a ser lo suficientemente lucrativas fueron vendidas y puestas en manos del capital privado. Eso quiere decir que entrar en la SEPI no es hecho accidental, sino que responde a un proceso donde la maximización de los beneficios prima sobre la cobertura de las necesidades sociales. Esto supone un cambio completo de paradigma.

Los servicios públicos, por definición, son bienes al servicio de la comunidad en un determinado momento del desarrollo de una sociedad. Sirven para la sostenibilidad de esa sociedad y la seguridad de la población. Sanidad, educación, servicios para la dependencia, y también el servicio postal forman parte de dichos servicios públicos. Debido a esto, el sector privado mira con deseo al ámbito público pues pretende convertir las necesidades de todos en el lucro de unos pocos. Sobre todo durante los largos años de crisis, hemos visto como la privatización ha devorado lo público, proceso para el cual ha sido necesario que partidos como el PSOE primero y el PP después, representantes de empresarios y banqueros, lo posibilitaran con políticas a favor de esta minoría social.

En mayor o menor medida, la privatización ha tenido unos efectos que se pueden resumir en:

1. Adelgazamiento de las coberturas y derechos sociales de la mayoría.
2. Empeoramiento de las condiciones laborales.
3. Degradación de los servicios prestados.

Poner en manos privadas los servicios que requiere el conjunto de la población es supeditar las necesidades de todos a los intereses privados de unos pocos.

Dicho esto, por lo general, privatizar un servicio público es un acto impopular, en otras palabras, de entrada no es visto con buenos ojos. Ello requiere preparar el terreno, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, generando una imagen de degradación y urgencia de grandes transformaciones.

En las ciudades, barrios y pueblos, se percibe una creciente devaluación de la calidad del servicio de Correos: intermitencia en el reparto de la correspondencia, incumplimientos de los plazos de entrega, subida de tarifas, saturación de las oficinas y largas esperas, cierre de un gran número de unidades, sobre todo en el mundo rural, etc. En definitiva, insatisfacción e ineficiencia.

Al mismo tiempo, lo que la población encuentra en los medios de comunicación primordialmente son noticias sobre Correos relacionadas con sus pérdidas, con la supuesta caída en picado del tráfico postal tradicional²…información negativa que convive con otra relacionada con la obtención de premios por políticas de innovación y  «adaptación a los retos del futuro». Es decir, se viene generando una imagen de que Correos es un agujero negro para el Estado y tiene que apostar por diversificar sus posibilidades empresariales si quiere salir adelante. Esto va acompañado de grandes inversiones en publicidad y marketing desplegadas en los medios de comunicación y en lugares concurridos de las grandes ciudades del país.

Y así se cierra el círculo: las impresiones negativas de la gente encuentran respuesta en la información vertida desde el gobierno y la jefatura de la empresa a través de los medios de comunicación. Sin embargo, quienes trabajamos en Correos sabemos que la realidad dista mucho de ser como nos la quieren contar.

Algunas claves para entender el clima de inestabilidad laboral

La dirección de Correos ha llevado a cabo en los últimos meses algunas acciones enormemente lesivas para los trabajadores. Entre ellas, destacan:

• La ejecución de cinco despidos simultáneos en el mes de mayo, de trabajadores con bajas médicas justificadas aplicando la Reforma Laboral de 2012, la cual modificó el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores. Esto supone una agresiva acción contra la plantilla, sembrando el miedo a coger bajas a pesar de que la gran mayoría provienen de enfermedades derivadas del trabajo.
• La entrada en vigor de las de las nuevas bolsas de empleo temporal que han supuesto la exclusión de miles de trabajadoras y trabajadores eventuales bajo el prisma de la renovación de la plantilla que ha estado impulsando la dirección de Correos S.A. estos últimos años³. Así, ha quedado fuera gente que conoce sobradamente su trabajo, que lleva una vida dedicada a la empresa. Teniendo en cuenta que en Correos no puedes acceder al cuerpo de funcionarios del Estado desde 1998, todo este entramado de méritos parece excesivamente enrevesado para lograr ser personal laboral indefinido.

El perfil del damnificado ha sido el siguiente: Trabajador (más trabajadoras en este caso) con mucha antigüedad (mérito que ha sido brutalmente recortado contando tan solo el tiempo trabajado desde el 1 de mayo de 2012), sin estudios superiores y sin los cursos puntuables al poderse acceder a ellos únicamente estando en activo o pagando a algunos sindicatos para su impartición. Unos cursos, por otra parte, de dudosa validez para el desempeño del trabajo diario y con una carga ideológica más que cuestionable⁴, introduciendo elementos pro-capitalistas con el mayor de los descaros y con una jerga dominada por términos como «productividad, cliente, competencias o eficiencia» en detrimento de «servicio público», «usuarios», etc.

A su vez, han disminuido el número de plazas totales en dichas bolsas y han aumentado los puestos de trabajo a tiempo parcial y por días⁵. Podemos hablar de «estructuralización» de este tipo de contratos en detrimento de la jornada completa.

Para colmo, a los Servicios Médicos de Correos se les otorga una enorme potestad, tal y como recoge el apartado 5.2 de las bases:  “El candidato deberá poseer la capacidad psicofísica necesaria para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar en los puestos de trabajo de las Bolsas de Empleo solicitadas (….) Serán los Servicios Médicos de Correos los que, a la vista del certificado aportado por el aspirante, determinen el cumplimiento del requisito de aptitud psicofísica, y en su caso, podrán realizar con carácter previo los reconocimientos y pruebas que estimen oportunos. Estos reconocimientos médicos y pruebas serán obligatorios”. Trabajadores que no enfermen y a los que poder contratar cuando la Jefatura decida. Es difícil pensar en mayores medidas de flexibilidad laboral.

Una muestra más de la necesidad que tiene la Jefatura de someter en todos los ámbitos a la plantilla y ponerla en consonancia con la nueva realidad empresarial.

Asimismo, las filtraciones citadas más arriba han venido a corroborar este plan de reconversión de Correos. La empresa se está rompiendo los sesos por encontrar la forma de «librarse» del personal funcionario que aún queda en plantilla así como de la parte más veterana del personal laboral fijo. Baraja un plan de salidas incentivadas de este personal al cual sustituiría por más eventuales. Es decir, que en Correos, a pesar del volumen creciente de trabajo, no sólo se destruye empleo en términos absolutos sino también trabajo con derechos generando mayor precariedad. Y para ello, además, incurre en la contratación en fraude de ley al cubrir puestos de trabajo estructurales mediante contratos eventuales, hecho que ya ha sido dictaminado por los tribunales.

Esta primera filtración cuadra con la referente a la recomendación dada por la consultora  ATKearney de privatizar la empresa⁶. No es que esta proposición sea el origen del proceso ya que, como hemos visto, la dirección de Correos y los gobiernos de PP y PSOE han emprendido ese camino conjuntamente desde hace años, pero sí que viene a reforzar la evidencia de que Correos busca la opción más rentable para sus ejecutivos.

No obstante, las medidas adoptadas contra la plantilla por parte de la Jefatura no son algo reciente. En Correos no podemos decir que exista un conflicto coyuntural sino que se trata de un proceso que como ya hemos observado tiene su extensión en el tiempo y responde a una planificación por parte de la dirección saliente.

La destrucción de los puestos de trabajo ha sido una dinámica sostenida y gradual. Se ha conseguido a partir de no cubrir los puestos libres a razón de jubilaciones, movilidad interministerial, etc, del cierre de unidades y, por supuesto, de las famosas reestructuraciones que se han traducido en la eliminación de numerosas secciones de reparto con la consiguiente ampliación de las que sí han permanecido. Así la empresa consigue reducir la plantilla (ahorrándose esos salarios y acrecentando la masa de parados) y elevar la carga de trabajo de la plantilla en activo que ahora trabaja más por el mismo sueldo, lo que supone un aumento de la explotación laboral. Ellos lo llaman redimensionamiento…

El tratamiento de las bajas es otro de los puntos donde la empresa ha desplegado medidas encaminadas contra la salud de los trabajadores. A pesar de que Correos se pavonea de una gran política en lo relativo a la Prevención de Riesgos Laborales y obliga a hacer al conjunto de la plantilla cada cierto tiempo algunos cursos poco útiles y de cara a la galería, las lesiones musculoesqueléticas y las enfermedades crónicas motivadas por los altos ritmos y cargas de trabajo son la norma en la cotidianidad de Correos. Así lo reflejaba una de las filtraciones recientes, en la cual, la propia dirección de RRHH corrobora que la mayoría de las bajas son por enfermedades de origen laboral.

En relación a esto, algunos de los cursos puntuables para la bolsa de empleo de 2017 introducían elementos relacionados con el estrés, con algunas afirmaciones dignas de mención: «el estrés no tiene tanto su origen en las cosas que nos ocurren, como en nuestra manera de afrontarlas». En otras palabras, si te estresas es tu culpa que no sabes gestionar la presión.

Este plan perfectamente diseñado, lógicamente, necesita toda una serie de herramientas y medios para llevarse a cabo, entre ellas, la capacidad de desplegar una política de miedo y presión sobre la plantilla que la haga sentir constantemente caminando sobre el alambre. Por ejemplo, Correos ha ido aumentando progresivamente el número de mandos intermedios bien adiestrados en comportarse como auténticos capataces prepotentes y látigo en mano. Al mismo tiempo, ha fracturado la plantilla en una enorme cantidad de diversos tipos de contrato: Funcionarios, laborales fijos, fijos discontinuos, eventuales en bolsa, fuera de ella, a jornada completa, a jornada parcial, por días, etc, etc.

Mediante toda esta presión se esconde la búsqueda de incrementar la competencia entre trabajadores y de la cual solo salen ellos victoriosos. El maltrato sistemático que sufre la plantilla es un elemento desestabilizador que la dirección no quiere que se vuelva en su contra. Así pues, dispone a unos contra otros, lo que solemos llamar: competir el último contra el penúltimo y viceversa. Mientras compañeros cargan contra el «invulnerable» funcionario no se percatan de que si su figura desaparece el nivel de derechos descenderá, mientras eventuales veteranos recelan de los nuevos parecen olvidar que un día también fueron novatos y entraron sin estar en las bolsas. La táctica del «divide y vencerás» es casi tan vieja como la humanidad; ya es hora de que aprendamos a enfrentarla. Y para ello la unidad y la organización son los elementos fundamentales.

Si el empleo es un derecho y si, además, la mayoría de la sociedad somos asalariados que sólo podemos vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder vivir, nuestros problemas no provienen del compañero de al lado sino de quienes tienen licencia, por ser los mandatarios (y en otros casos los propietarios), para manejar la arquitectura de las relaciones laborales establecidas entre capital y trabajo.

¿Por qué ha actuado así la Dirección de Correos S.A.?

El porqué de las cosas es siempre la pregunta más importante pues se adentra en sus causas, en otras palabras, es el interrogante que va a la raíz del problema. Necesitamos dar una respuesta que no se quede en «el campo de las vísceras» y de la simplicidad, sino que nos aporte elementos útiles para entender el proceso que vive esta empresa.

Apoyándonos en elementos materiales vamos a intentar proyectar una perspectiva más ajustada a la realidad.

En Correos se han destruido más de 15.000 puestos de trabajo, la eventualidad ya supera el 30% del total de la plantilla, las cargas de trabajo no paran de aumentar (y con ello las enfermedades con origen laboral) y el salario base sigue muy por debajo del SMI, además del ya mencionado recorte del presupuesto para cubrir el SPU se ha reducido a menos de la mitad en pocos años.

Estos datos negativos (silenciados en gran medida) contrastan con otros, como por ejemplo, que la cifra de negocio alcanzase en el primer trimestre del año los 1880 millones de euros, un 6% más de lo presupuestado en 2017.

Mientras la plantilla ha visto como su sueldo ha ascendido un 1% en la última década, el  ex-presidente de Correos ha resultado ser el ejecutivo del sector público que más dinero ha ingresado durante la «etapa Rajoy» con la friolera de 1,2 millones de euros brutos de retribución acumulada desde su nombramiento en marzo de 2012, con 191.052,58 euros de sueldo en 2017. Declaran pérdidas y transmiten la sensación de «bancarrota de lo público» pero las cuentas evidencian que para los directivos sí hay suculentas ganancias.

Y aquí nos vamos acercando al meollo de la cuestión. La hasta ahora dirección de Correos ha descubierto todo un lucrativo negocio en el mundo de la paquetería y e-commerce, donde los volúmenes de distribución de artículos y mercancías no paran de crecer. Es un mercado al alza donde la competencia es absolutamente salvaje y donde existen monstruos como Amazon, gigante mundial y actual nº 1 en el ranking del sector, donde los trabajadores del centro de San Fernando en Madrid están llevando una lucha ejemplar para intentar frenar las fortísimas agresiones contra sus derechos por parte de la empresa. A esto hay que sumar la gran cantidad de empresas pequeñas y medianas de paquetería con unas condiciones laborales a la baja. ¿Cómo competirá Correos en este sector? Pues teniendo en cuenta la dinámica empresarial en nuestro país, probablemente, tirando para abajo las condiciones laborales de la plantilla para así disminuir la inversión en costes.

Esta es la línea de desarrollo empresarial que se fijó en el anterior Plan Estratégico conocido como «Plan 100-300-1500 días». Un giro de 180º en la esencia de Correos, donde «lo público» se convierte en un estorbo para las ambiciones de los ejecutivos (aunque luego sí que se afanen en reclamar el ascenso de la partida presupuestaria asignada para el SPU). Quieren el dinero pero no el servicio; y eso a pesar de que, como hemos dicho más arriba, la cifra de negocio roce los 1900 millones de euros.

Una vez más, se revela la gran mentira que supone considerar que «a mejor le vaya a los empresarios mejor nos irá a los trabajadores». Siendo ellos quienes controlan las decisiones en la empresa y cuyo único interés es incrementar sus ganancias, parece iluso esperar que repartan la riqueza de una forma más ventajosa para la plantilla. Desde luego, empresarios y trabajadores asalariados no estamos en el mismo barco.

Pero cambiar la actividad de una empresa también supone «adaptar» a la plantilla a la nueva realidad, donde la rentabilidad, la productividad y la competitividad lo son todo. Y por eso hablamos de un giro radical: se pasa de centrarse en satisfacer una necesidad social a apostar por la distribución de mercancías, sobre todo, de las grandes empresas.

Los trabajadores de los servicios públicos realizan una actividad indispensable para sostener la sociedad, cosa que no interesa a los mandamases de Correos pues se han decantado por un sector actualmente atractivo desde el punto de vista empresarial en el que los trabajadores están supeditados a las leyes del mercado y la competencia entre capitalistas.

Eso es lo que explica el aumento de la eventualidad, la exclusión de buena parte de las y los veteranos de la plantilla y la promoción de una mano de obra nueva, sin afinidad por lo público que asuma con más facilidad la nueva orientación. En estas coordenadas se encuadran también las últimas pruebas de «consolidación de empleo». Desde 2008 hasta 2016 Correos no realizó proceso alguno para acceder a personal laboral fijo (hasta entonces seguía una dinámica de consolidar cada 2 años aproximadamente). En junio del año pasado lograron plaza 1606 trabajadores (una parte considerable en puestos de jornada parcial) y en unos meses cerca de 2300 personas tendrán una nueva  oportunidad. Estas pruebas comparten la injusta esencia de las últimas bolsas de empleo y se encuadran en el mismo «plan renove» de plantilla quedándose, además, muy lejos de reponer una tasa del 90% del empleo destruido desde el inicio de la crisis a la que la empresa se comprometió en 2015 a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Correos no está consolidando empleo, sino «purgando» a la parte de la plantilla que no responde a su idea de futuro, a pesar de que en la empresa hay trabajo de sobra⁷ y podrían efectuarse incorporaciones graduales generando reparto de empleo con derechos y calidad.

Los beneficios de unos pocos están desplazando a marchas forzadas a las necesidades y condiciones laborales de unos muchos como elemento central en la actividad de Correos S.A.

¿Qué se puede hacer ante esta situación?

Una parte de los trabajadores de Correos llevan años en lucha por defender sus derechos laborales así como un servicio postal público de calidad. La idea de que «a mejores condiciones de trabajo mejor servicio» está grabada a fuego al menos en una parte de las organizaciones sindicales y plataformas en lucha.

En nuestra opinión, estos son los hitos más relevantes a tener en cuenta:

1) El cambio de Gobierno y la elección de un nuevo Presidente para Correos. Por más que Correos no forme parte ya de la Administración Pública sigue perteneciendo a este sector, su capital es 100% público y depende directamente del Ministerio de Fomento, cartera que ha recaído en el hombre fuerte de Sánchez, José Luis Ávalos. Por tanto, el Gobierno central juega un papel en la hoja de ruta del Grupo Correos.

En la oposición, el PSOE ha sido muy crítico con el rumbo seguido bajo el mandato del PP. Diversos cargos públicos han hecho declaraciones públicas en defensa del servicio postal y en contra del desmantelamiento de los servicios y empresas públicas. Ahora están en condiciones de actuar.

Para ser consecuentes con las posiciones mantenidas hasta la fecha tendrán que poner el acento en la línea que algunas organizaciones sindicales como CGT, Correos en Lucha o las Plataformas de Eventuales (entre otras) están señalando y que grosso modo giran alrededor de: Garantizar el sostenimiento de Correos como empresa pública (lo que implica poner fin al proceso privatizador de forma inmediata), recuperar los puestos de trabajo destruidos y revertir las políticas de aumento de la explotación y la precariedad (subida salarial, medidas reales de prevención laboral, etc).

Hasta la fecha, el PSOE ha removido ya al ex-presidente Javier Cuesta Nuín, pero hay otros nombres de la Junta Directiva, como es el caso de Jefa de Recursos Humanos, Lourdes Fernández de la Riva con participación y responsabilidad directa en las políticas de degradación de la situación laboral de la plantilla y del servicio postal.

2) La aplicación del nuevo Plan Estratégico empresarial. Una vez finalizado el plan 100-300-1500 días, han iniciado el siguiente plan donde todo apunta a que será la fase final del Correos que conocemos. Aunque aún no se conoce este documento de forma íntegra, las dos filtraciones citadas más arriba muestran que la destrucción y la precarización del empleo así como privatización son al menos dos de los ejes fundamentales de dicho plan. A su vez, ya se conoce que el lapso de tiempo de este nuevo plan empresarial abarca de 2017 a 2021. Es decir, que no hay margen de espera.

3) La negociación del IV Convenio (sigue vigente el III Convenio desde 2011 debido a la ultraactividad). Si la nueva directiva mantiene el rumbo de la anterior, va a pugnar por conseguir unas condiciones laborales que le sean favorables de cara a esta nueva fase estratégica de la reconversión de Correos en una macroempresa de paquetería y e-commerce. Este convenio, a la luz de todo lo expuesto, va a dirimir las relaciones laborales en el momento más crucial de la historia de Correos.

Sin un movimiento sindical vibrante, con unas propuestas bien definidas en base a las necesidades de los trabajadores y la defensa del servicio público y de calidad, con las organizaciones bien pegadas a la realidad de la plantilla organizándola en torno a una plataforma reivindicativa se antoja difícil torcer el brazo a una empresa que, convenio tras convenio, ha ido recortando derechos y restando poder a los trabajadores.

Desde el Partido del Trabajo Democrático consideramos que existen algunas propuestas que pueden ser útiles para encauzar la lucha, teniendo los derechos laborales y la calidad del empleo y del servicio en el centro de las mismas:

• Un Plan estratégico basado en la cobertura del SPU. Esa y no otra debe ser la prioridad de Correos como empresa pública y no la demencia (también compartida por algunos sindicatos⁸) por un plan competitivo para tener una buena posición en el marcado de la distribución y las telecomunicaciones. Para ello, es necesario exigir al nuevo Gobierno una partida suficiente para prestar el SPU y una línea de actuación del Presidente Juanma Serrano diametralmente opuesta a la seguida por Cuesta Nuín. Dicho plan debe contener medidas urgentes con el fin de revertir la precarización del empleo, la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de oficinas y unidades de reparto especialmente en el mundo rural. Algunas de las más relevantes son:
  • Garantizar la existencia de Correos como empresa pública que se dedique principalmente a satisfacer las necesidades postales de la población.
  • Conversión los contratos eventuales y como fijos discontinuos en indefinidos.
  • Bolsas de empleo públicas y transparentes controladas por las Comisiones Provinciales de Contratación.
  • Corregir la política reestructuraciones que permitan dimensionar el trabajo diario en base a las capacidades de la plantilla sin perjudicar nuestra salud.
  • Readaptaciones y evaluaciones de riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo.
  • Reapertura de unidades cerradas.
• De cara a la negociación del próximo Convenio hay que pelear por:
  • Imposibilitar la aplicación de la Reforma Laboral (aunque lo adecuado sería que el PSOE derogase las últimas reformas a la mayor brevedad).
  • Establecimiento de las 35 horas semanales.
  • Subida salarial en relación al incremento del IPC con el fin de recuperar al menos parte del poder adquisitivo perdido en la última década.
  • Presencia en las comisiones principales de toda la representación sindical existente en Correos y no únicamente de los sindicatos firmantes.
  • Control democrático por parte de los trabajadores sobre las decisiones fundamentales de la empresa.

Conclusión

Como ya hemos dicho, el desmantelamiento de Correos viene de largo. Ha sido toda una secuencia de pasos con la privatización y el lucro como horizonte. Y somos conscientes de que toda esta degradación se ha dado a pesar de estar en el ámbito de «lo público». Esto debe servirnos como muestra de que sin la participación directa de las y los trabajadores en las decisiones fundamentales que afectan al conjunto de la plantilla y al devenir de la empresa, la financiación pública no garantiza la protección de su trabajo y el Servicio Postal Universal. En el presente artículo hemos dado suficientes pruebas de ello.

Siendo una empresa pública Correos ha dejado de ser parte de la Administración del Estado y se ha sumergido en una lógica propia del capital privado. Tampoco debe sorprendernos. Si al frente del Gobierno de nuestro país se han colocado los partidos que representan los intereses de los empresarios y banqueros, y se ha aplicado la hoja de ruta de liberalización y privatización que en el resto de la UE, es de entender que el camino seguido por Correos haya sido alejarse de la satisfacción de las necesidades de la comunidad para poner al servicio de los grandes magnates tanto su plantilla como su capacidad logística.

Confiar en un cambio profundo de la agenda programada por la antigua dirección de Correos tras la llegada del nuevo Presidente, no sería la mejor de las opciones para los trabajadores. A estas alturas de la película se ha hecho evidente que sólo una mayoría organizada y luchadora es capaz de poner freno a las ambiciones empresariales y, por qué no, recuperar derechos.

La resistencia en Correos no tiene más opción que tener una fuerte «vocación de mayoría», es decir, no conformarse con ser un núcleo aguerrido de unos cientos muy dispuestos en una plantilla de más de 50.000 trabajadores. Organizar una red en el país de plantilla coordinada y trabajando en una misma dirección no es tarea sencilla, pero en una realidad laboral tan atomizada como la de Correos no hay otra opción para luchar contra la fragmentación y la temporalidad. Puesto que la dinámica que sigue Correos es la de la mayoría de sus homólogos europeos la coordinación a esa escala también debe tenerse en cuenta. La realidad estatal es constantemente rebasada por instituciones, normativas y políticas que no pueden obviarse formando parte de la Unión Europea.

Así pues, la garantía de avanzar en la dirección de la defensa de los derechos de la plantilla y la prestación de un servicio público y de calidad  tendría que venir de la mano del control obrero de la empresa. Con una plantilla profesional que conoce bien las tareas a realizar no sería difícil controlar la actividad de la nueva dirección y así asegurar que no obran en contra de los intereses de los trabajadores y de la población. Estamos hablando de aplicar un control democrático por parte de los  trabajadores sobre el uso de las partidas económicas y el resto del capital que posea la empresa, sobre el Plan Estratégico y la toma de decisiones en base a las prioridades laborales y sociales.

Para colocar las necesidades humanas en el centro de la actividad económica de nuestro país (y del resto del mundo) hay que comenzar a entender el papel que la clase trabajadora jugamos en la sociedad. A pesar de ser los productores de todas las riquezas y los encargados de mover el planeta, son los grandes empresarios quienes valiéndose de la propiedad de las empresas y los recursos (y del control de muchos de los gobiernos) imponen sus intereses privados a las demandas de la mayoría social trabajadora.

Si queremos que eso cambie no vale mirar para otro lado buscando  más protagonistas pues la única fuerza social capaz de forzar grandes cambios es el movimiento obrero organizado. Construir democracia en las empresas es una cuestión que no puede divorciarse de nuestra lucha política.

1. El pasado 19 de junio hubo acciones simultáneas en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona (donde además iniciaron unos paros parciales durante algunas jornadas) en solidaridad con los despedidos y excluidos de las bolsas. Unas semanas antes la mayoría de sindicatos protestaron por el recorte presupuestario.
2. En el sector, se gestionaron un 6,5% menos de envíos tradicionales (cartas, tarjetas postales, publicidad directa, cartas certificadas y notificaciones) en 2016 respecto al año anterior, según el último estudio al respecto de Competencia (CNMC). En cambio, los envíos de paquetería subieron un 18,1%.
3. La falta de control democrático sobre la contratación genera que la empresa tenga un poder ilimitado a la hora de llamar a gente de fuera y dentro de las bolsas a su arbitrio. Incluso algunos compañeros que han quedado fuera de las mismas están siendo avisados para trabajar en esta temporada. La incertidumbre del personal eventual es máxima.
4. En uno de ellos denominado “Habilidades de personales” podemos encontrar este escandaloso enunciado a colación de las situaciones de cambio: «A  pesar de la incomodidad que provoca la incertidumbre, hay circunstancias en las cuales la gente debe enfrentarse a lo desconocido. Los líderes de las democracias emergentes de Europa Oriental están descubriendo que el cambio hacia la economía de libre mercado puede ser disruptivo, amenazante y costoso, pero no existe otra alternativa.»
5. Si hacemos las cuentas del número de plazas que han salido, por ejemplo, en Madrid vemos que: de 8061 plazas totales, 2242 son a tiempo parcial y 1832 para trabajar los fines de semana y festivos, sumando la escalofriante cifra de 4074 plazas (más del 50%).
6. En la noticia publicada por Eldiario.es el pasado 28 de junio se recogía que “Otro de los ejes estratégicos propuestos es la autorización de la  adquisición de compañías «para acelerar el liderazgo en paquetería», la creación de «la estructura financiera necesaria (caja, monetización de activos, y deuda)» para financiar el plan, cuyo coste estima entre 1.200 y 1.400 millones de euros «incluyendo entre 600 y 700 millones de euros de adquisiciones». Entre otras cosas, recalca que Correos dispone de «sesenta edificios emblemáticos en grandes ciudades» y de unos 2.100 inmuebles en ciudades medianas y pequeñas sin utilizar o utilizados parcialmente.”
7. Que se lo pregunten a los carteros que reparten con los “diplocarros”, a los clasificadores trabajando a destajo en las enormes naves o al personal de Atención al Cliente convertido en comercial, vendedor y lotero.
8. CCOO Correos aboga por «Apostar por Correos, también, como empresa viable y competitiva. Decidir si el actual encuadramiento de Correos (Hacienda-SEPI, propietario, Fomento, regulador) es el más adecuado. Desactivar la alianza anti-Correos entre lobbies paqueteros, CNMC y el Minist de Economía. Poner en marcha un Plan Estratégico (puede servir de base al bloqueado por el PP) que cambie la estructura de ingresos de Correos con una verdadera diversificación (disputar el crecimiento de la logística-e-commerce (+20%), potenciar los servicios bancarios.»