19 de Julio de 2007. Día de la Revolución Sandinista. Foto: Ainhoa Sánchez Sierra. https://www.flickr.com/photos/ainhoasanchez/
19 de Julio de 2007. Día de la Revolución Sandinista. Foto: Ainhoa Sánchez Sierra. https://www.flickr.com/photos/ainhoasanchez/

Este artículo busca corregir el registro, describir lo que está sucediendo en Nicaragua y por qué. Mientras escribimos esto, el golpe parece estar fallando, la gente se ha unido para la paz (como demostró esta marcha masiva por la paz del sábado 7 de julio) y la verdad está saliendo a la luz (por ejemplo, el escondite de armas descubierto en una iglesia católica el 9 de julio). Es importante entender lo que está ocurriendo porque Nicaragua es un ejemplo del tipo de golpe de estado violento que Estados Unidos y los ricos utilizan para poner en marcha gobiernos neoliberales dominados por el mundo de los negocios. Si la gente entiende estas tácticas, serán menos efectivas.

Mezclando los Intereses de la Clase

En parte, los expertos estadounidenses están obteniendo su información de medios de comunicación como La Prensa de Jaime Chamorro-Cardenal y El Confidencial, de la misma familia oligárquica, que son los elementos más activos de los medios golpistas. Repetir y amplificar su narrativa deslegitima al gobierno sandinista y presenta la rendición incondicional de Daniel Ortega como la única opción aceptable. Estos expertos dan cobertura a los infames intereses internos y externos que se han propuesto controlar el país más pobre y, a la vez, rico en recursos naturales de Centroamérica.

El intento de golpe a sacado a la luz pública las divisiones de clase en Nicaragua. Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua, dueño de todas las operaciones nacionales de Western Union y de una compañía agroquímica, se trasladó personalmente el primer día de protestas a la Universidad Politécnica de Managua para alentar a los estudiantes a seguir protestando, prometiendo su apoyo continuo.

La oligarquía terrateniente tradicional de Nicaragua, liderada políticamente por la familia Chamorro, publica continuamente ultimátums al gobierno a través de sus medios de comunicación y financia los bloqueos que han paralizado al país durante las últimas ocho semanas.

La Iglesia Católica, aliada desde hace mucho tiempo con los oligarcas, ha usado todos sus recursos para crear y sostener acciones antigubernamentales, incluyendo sus universidades, escuelas secundarias, iglesias, cuentas bancarias, vehículos, tweets, sermones dominicales y un esfuerzo unilateral para condicionar el Diálogo Nacional. Los obispos han amenazado de muerte al presidente y su familia, y se ha filmado a un sacerdote supervisando la tortura de sandinistas. El Papa Francisco ha pedido un diálogo de paz e incluso ha llamado al cardenal Leonaldo Brenes y al obispo Rolando Álvarez a una reunión privada en el Vaticano , lo que desencadena los rumores de que los monseñores nicaragüenses estaban siendo regañados por su evidente participación en el conflicto en el que oficialmente están mediando. La iglesia sigue siendo uno de los pocos pilares que mantienen vivo el golpe.

Un reclamo común es que Ortega se ha alineado con la oligarquía tradicional, pero la realidad es lo contrario. Este es el primer gobierno desde la independencia nicaragüense que no incluye a la oligarquía. Desde la década de 1830 hasta la década de 1990, todos los gobiernos nicaragüenses, incluso durante la Revolución Sandinista, incluyeron personas con “apellidos” de la élite, como los de Chamorro, Cardenal, Belli, Pellas, Lacayo, Montealegre, Gurdián. El gobierno desde 2007 ya no lo hace, por lo que estas familias están apoyando el golpe.

Los detractores de Ortega denuncian que su diálogo a tres bandas, que incluye a los sindicatos, los capitalistas y el Estado es una alianza con las grandes empresas. De hecho, ese proceso ha generado la mayor tasa de crecimiento en América Central y el salario mínimo anual aumenta el 5-7% por encima de la inflación, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y sacando a las personas de la pobreza. El Proyecto Borgen contra la pobreza informa que esta disminuyó en un 30 por ciento entre 2005 y 2014.

El gobierno liderado por el FSLN ha puesto en marcha un modelo económico basado en la inversión pública y en el fortalecimiento de la red de seguridad para los pobres. El gobierno invierte en infraestructura, transporte público, mantiene el la agua y electricidad dentro del sector público y mueve los servicios privatizados, por ejemplo el cuidado de la salud y la educación primaria, al sector público. Esto ha asegurado una estructura económica estable que favorece a la economía real sobre la economía especulativa. La mayor parte de la infraestructura en Nicaragua se ha construido en los últimos 11 años, algo comparable a la era del New Deal en EE.UU. incluidas las plantas de energía renovable en todo el país.

Lo que los comentaristas liberales e incluso izquierdistas pasan por alto es que, a diferencia del gobierno de Lula en Brasil, que redujo la pobreza a través de pagos en efectivo a familias pobres, Nicaragua ha redistribuido el capital productivo para desarrollar una economía popular autosuficiente. El modelo FSLN se entiende mejor como un énfasis en la economía popular sobre el Estado o las esferas capitalistas.

Mientras el sector privado emplea alrededor del 15% de los trabajadores nicaragüenses, el sector informal emplea a más del 60%. El sector informal se ha beneficiado de 400 millones de dólares en inversiones públicas, muchas de las cuales provienen de los fondos de la alianza ALBA para financiar microcréditos para pequeñas y medianas empresas agrícolas. Las políticas para facilitar el crédito, el equipo, la capacitación, los animales, las semillas y el combustible subsidiado respaldan aún más a estas empresas. Los pequeños y medianos productores de Nicaragua han llevado al país a producir 80-90% de sus alimentos y terminar su dependencia de los préstamos del FMI.

Como tales, los trabajadores y campesinos, muchos de los cuales trabajan por cuenta propia y accedieron al capital productivo a través de la Revolución Sandinista y las luchas subsiguientes, representan un tema político importante del desarrollo social estable de posguerra en la última década, incluidos los cientos de miles de campesinos que han recibido el título de propiedad de la tierra y casi la cuarta parte del territorio nacional que ha recibido el título colectivo como territorio de naciones indígenas. Los movimientos sociales de los trabajadores, los campesinos y los grupos indígenas fueron la base del apoyo popular que llevó al FSLN de nuevo al poder.

La titulación de tierras y la asistencia a pequeñas empresas también han enfatizado la igualdad para las mujeres, lo que que ha dado como resultado que Nicaragua tenga el nivel más bajo de desigualdad de género en América Latina y que ocupe el 12º lugar entre 145 países en el mundo, justo detrás de Alemania.

Con el tiempo, el gobierno del FSLN ha incorporado a este sector masivo sector de empleados por cuenta propia, así como a los trabajadores de las maquiladoras (es decir, los trabajadores textiles de las plantas de propiedad extranjera ubicadas en zonas de libre comercio creadas por gobiernos neoliberales anteriores) en el sistema de salud y pensiones, provocando que los compromisos financieros para crecer requieran una nueva fórmula para garantizar la estabilidad fiscal. Las reformas propuestas para la Seguridad Social fueron el disparador para el las protestas estudiantiles y del sector privado del 18 de abril. El lobby empresarial llamó a la movilización cuando Ortega propuso aumentar las contribuciones del empresario a la seguridad social en un 3,5%, mientras que solo aumentó ligeramente las contribuciones de los trabajadores en un 0,75% y transfirió el 5% del dinero de los pensionistas al fondo de asistencia médica. La reforma también puso fin a una laguna jurídica que permitía a las personas de altos ingresos declarar unos ingresos bajos para acceder a los beneficios de salud.

Esta fue una contrapropuesta a la propuesta del FMI que pretendía elevar la edad de jubilación y duplicar la cantidad de semanas que los trabajadores tendrían que cotizar en el fondo de pensionea la seguridad social para poder acceder a sus beneficios. El hecho de que el gobierno se sintiera lo suficientemente fuerte como para negar las exigencias de austeridad del lobby empresarial y del FMI era una señal de que la fuerza de negociación del capital privado había disminuido, ya que el impresionante crecimiento económico de Nicaragua, un aumento del 38% en el PIB 2006-2017, ha sido liderado por pequeños productores y gasto público. Sin embargo, la oposición utilizó anuncios manipuladores de Facebook que presentaban la reforma como una medida de austeridad, y fake news sobre la muerte de un estudiante el 18 de abril, para generar protestas en todo el país el 19 de abril. Inmediatamente, la maquinaria del cambio de régimen se puso en movimiento.

El Diálogo Nacional muestra los intereses de clase en conflicto. La opositora Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia tiene como figuras clave a: José Adan Aguirre, líder del lobby empresarial privado; Maria Nelly Rivas, directora de Cargill en Nicaragua y jefa de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM); los estudiantes de las universidades privadas del Movimiento 19 de Abril; Michael Healy, gerente de una corporación azucarera colombiana y jefe del lobby de la agroindustria; Juan Sebastián Chamorro, que representa a la oligarquía disfrazada de sociedad civil; Carlos Tunnermann, ex ministro sandinista de 85 años y ex-rector de la Universidad Nacional; Azalea Solís, directora de una organización feminista financiada por el gobierno de EE.UU.; y Medardo Mairena, un “líder campesino” financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que vivió 17 años en Costa Rica antes de ser deportado en 2017 por trafico de seres humanos. Tunnermann, Solís y los estudiantes del Movimiento 19 de abril están todos asociados con el Movimiento de Renovación del Sandinismo (MRS), una pequeña rama del partido sandinista, que sin embargo merece una atención especial.

En la década de 1980, muchos de los cuadros de alto nivel del Frente Sandinista eran, de hecho, los hijos de algunas de las famosas familias oligárquicas, como los hermanos Cardenal y parte de la familia Chamorro, a cargo de los ministerios de Cultura y Educación del Gobierno Revolucionairo y sus medios de comunicación respectivamente. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, los hijos de la oligarquía organizaron un éxodo del partido. Junto con ellos, algunos de los cuadros intelectuales, militares y de inteligencia más notables dejaron y formaron, con el tiempo, el MRS. El nuevo partido renunció al socialismo, culpó a Daniel Ortega de todos los errores de la Revolución y con el tiempo se tomo el control de la esfera de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, incluidas las organizaciones feministas, ecologistas, juveniles, de los medios de comunicación y de derechos humanos.

Desde 2007, el MRS se ha vuelto cada vez más cercano con la extrema derecha del Partido Republicano de los Estados Unidos. Desde el estallido de la violencia en abril, muchas, si no la mayoría de las fuentes citadas por los medios occidentales (incluida, inquietantemente, Democracy Now de Amy Goodman), provienen de este partido, que cuenta con el apoyo de menos del 2% del electorado nicaragüense. Esto permite a los oligarcas arropar su violento intento de reinstalar el neoliberalismo en el discurso de tintes izquierdistas de antiguos sandinistas críticos con el gobierno de Ortega.

Es una farsa afirmar que los trabajadores y los campesinos están detrás de los disturbios. La Vía Campesina, el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Trabajadores Rurales, el Frente Nacional de Trabajadores, la indígena Nación Mayangna y otros movimientos y organizaciones han sido inequívocos en su exigencia de poner fin a la violencia y su apoyo al Gobierno de Ortega.

Este malestar es una operación de cambio de régimen a gran escala llevada a cabo por oligarcas mediáticos, una red de ONGs financiadas por el gobierno de los EE.UU., elementos armados de familias de terratenientes de élite y la Iglesia Católica, y ha abierto la puerta a que los cárteles de la droga y el crimen organizado consigan pongan el pie en Nicaragua.

El elefante en el cuarto

Lo que nos lleva a la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe violento.

Como Tom Ricker informó al principio de esta crisis política, hace varios años el gobierno de EE.UU. decidió que, en lugar de financiar a los partidos políticos de oposición, que han perdido enorme legitimidad en Nicaragua, financiaría el sector de las ONG. National Endowment for Democracy (NED) asignó más de 700.000$ para construir la oposición al gobierno en 2017, y ha otorgado más de 4.4 millones desde 2014. El objetivo principal de esta financiación ha sido “proporcionar una estrategia coordinada y una voz en los medios para los grupos de oposición en Nicaragua”. Ricker continúa:

“El resultado de esta construcción y financiación consistente de los recursos de la oposición ha sido crear una cámara de resonancia que sea amplificada por comentaristas en los medios internacionales – la mayoría de los cuales no tienen presencia en Nicaragua y dependen de estas fuentes secundarias”.

El padre fundador de la NED, Allen Weinstein, la describió como la CIA abierta cuando dijo: “Mucho de lo que hacemos hoy se hizo de manera encubierta hace 25 años por la CIA”. En Nicaragua, más que a la derecha tradicional, la NED financia a las organizaciones afiliadas al MRS que plantean críticas izquierdistas al gobierno sandinista. Los activistas del cambio de régimen usan eslóganes, canciones y símbolos sandinistas incluso cuando queman monumentos históricos, pintan sobre las señales rojas y negras de los mártires caídos y atacan físicamente a los miembros del partido sandinista.

De los grupos opositores en el Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea Solís y la organización campesina de Medardo Mairena se financian a través de subvenciones de la NED, mientras que los estudiantes del 19 de abril se alojan en hoteles y hacen viajes pagados por Freedom House, otra organización para la promoción de operaciones de cambio de régimen financiada por la NED y la USAID. La NED también financia Confidencial, el grupo de medios de comunicación de Chamorro. Las subvenciones de la NED financian el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuyo Director Ejecutivo, Félix Maradiaga, es otro cuadro del MRS muy cercano a la Embajada de los Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue acusado de dirigir una red criminal llamada Viper que, desde el campus ocupado de la UPOLI, organizó robos de automóviles, incendios y asesinatos para crear caos y pánico durante los meses de abril y mayo.

Maradiaga creció en los Estados Unidos y se convirtió en miembro del Aspen Leadership Institute, antes de estudiar política pública en Harvard. Fue secretario en el Ministerio de Defensa del último presidente liberal, Enrique Bolaños. Es un Joven Líder Global en el Foro Económico Mundial y en 2015, el Consejo de Asuntos Globales de Chicago le otorgó la Beca Gus Hart, entre los que la tuvieron en el pasado se incluyen los disidentes cubanos Yoani Sánchez y Henrique Capriles Radonski, el líder de la oposición venezolana que atacó a la embajada cubana durante el intento de golpe de estado de 2002.

Sorprendentemente, Maradiaga no es el único líder del intento de golpe que es parte de la Red Mundial de Liderazgo de Aspen. Maria Nelly Rivas, directora en Nicaragua del gigante corporativo estadounidense Cargill , es uno de los principales portavoces de la opositora Alianza Cívica. Rivas, quien actualmente también dirige la Cámara Americana de Comercio Nicaragua (AMCHAM), está siendo promocionada como una posible candidata presidencial en las próximas elecciones. Debajo de estos líderes promocionados por los Estados Unidos, hay una red de más de 2.000 jóvenes que han recibido capacitación con fondos de la NED en temas tales como gestión de redes sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de guerreros de las redes sociales pudo dar forma inmediatamente y controlar a la opinión pública en Facebook en los cinco días del 18 al 22 de abril, lo que provocó protestas violentas espontáneas en todo el país.

Sobre la violencia

Una de las formas en que las noticias sobre Nicaragua han ido más allá de la verdad es al etiquetar a la oposición como “no violenta”. El guión de la violencia, inspirado en las protestas de las guarimbas venezolanas de 2014 y 2017, es organizar ataques armados contra edificios gubernamentales, provocar a la policía para enviar escuadrones antidisturbios, participar en enfrentamientos filmados y publicar videos online editados alegando que el gobierno está usando la violencia contra manifestantes pacíficas.

Más de 60 edificios gubernamentales han sido quemados, escuelas, hospitales, centros de salud atacados, 55 ambulancias dañadas, al menos 112 millones de dólares en daños a la infraestructura, pequeñas empresas han sido cerradas y 200.000 empleos perdidos causando un impacto económico devastador durante las protestas. La violencia ha incluido, además de miles de lesiones, la muerte de 15 estudiantes y 16 policías, así como más de 200 sandinistas secuestrados, muchos de ellos torturados públicamente. Las violentas atrocidades de la oposición han sido presentadas al público internacional como represión gubernamental. Si bien es importante defender el derecho del público a protestar, independientemente de sus opiniones políticas, es poco coherente ignorar que la estrategia de la oposición requiere y se alimenta de violencia y muertes.

Las noticias nacionales e internacionales reclaman muertos y heridos debido a la “represión” sin explicar el contexto. Los medios de comunicación ignoran los cócteles molotov, los lanzadores de mortero, las pistolas y los rifles de asalto utilizados por los grupos de oposición, y cuando los simpatizantes sandinistas, la policía o los transeúntes son asesinados, son cuantificados falsamente como víctimas de la represión estatal. Se ha demostrado que las denuncias escandalosas de la oposición, como las masacres de niños y los asesinatos de mujeres, son falsos, y los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales no se han corroborado con pruebas o el debido procedimiento.

Si bien hay evidencia que apoya la denuncia de la oposición de francotiradores asesinando manifestantes, no hay una explicación lógica para que el Estado use francotiradores para aumentar el número de muertos, y los contramanifestantes también han sido víctimas de fuego de francotiradores, lo que sugiere la intervención de un “tercer actor” provocador en la violencia desestabilizadora. Cuando toda una familia sandinista fue quemada en Managua, los medios de la oposición citaron a un testigo que afirmó que la policía había prendido fuego a la casa, a pesar de que la casa se encontraba en un vecindario cerrado al acceso policial.

La Policía Nacional de Nicaragua ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por su modelo de policía comunitaria (en contraste con la policía militarizada en la mayoría de los países centroamericanos), su relativa falta de corrupción y que la mayoría de sus altos mandos son mujeres. La estrategia de golpe de Estado ha tratado de destruir la confianza pública en la policía a través del uso sin disimulo de fake news, tales como las informaciones falsas sobre asesinatos, palizas, torturas y desapariciones en la semana a partir del 17 al 23 de abril. Varios jóvenes cuyas fotos fueron mostradas en manifestaciones de la oposición como víctimas de la violencia policial han resultado estar vivos y bien.

La policía ha demostrado ser totalmente inadecuada y no estar preparada para los enfrentamientos armados. Los ataques a varios edificios públicos en la misma noche y los primeros grandes ataques incendiarios llevaron a los trabajadores del gobierno a vigilar con barriles de agua y, a menudo, palos y piedras, para defenderse de los atacantes. La oposición, frustrada por no lograr más conflictos con la policía, comenzó a construir barricadas en todo el país y a quemar las casas de los sandinistas, incluso disparando y quemando vivas a las familias sandinistas en atroces crímenes de odio. En contraste con la versión de los hechos de La Prensa, los nicaragüenses han sentido la falta clara de presencia policial y la pérdida de seguridad en sus barrios, mientras que muchos fueron blanco de la violencia.

Desde mayo, la estrategia de la oposición ha sido construir barricadas armadas en todo el país, paralizando el transporte y atrapando a las personas. Los barricadas, generalmente construidos con grandes adoquines, están controladas por entre 5 y 100 hombres armados con pañuelos o máscaras. Mientras que los medios informan sobre jóvenes idealistas que levantan barricadas, la gran mayoría de los bloqueos de carretera están controlados por hombres a sueldo que provienen de una trayectoria en la delincuencia común. Cuando grandes áreas de ciudades y pueblos están aisladas de las fuerzas gubernamentales y policiales, las actividades relacionadas con las drogas se intensifican, y las bandas de narcotraficantes controlan ahora muchas de las barricadas y pagan los salarios.

Estos cortes de carreteras han sido focos de violencia, a los trabajadores que necesitan pasar por los controles a menudo se les roba, golpea, insulta y, si se sospecha que son sandinistas, se les ata, desnuda, tortura, son pintados en azul y blanco, y algunas veces so asesinados. Hay tres casos de personas que han muerto en ambulancias que no pueden atravesar los cortes de carretera, y un caso de una niña de 10 años secuestrada y violada en el bloqueo de Las Maderas. Cuando los vecinos organizados o la policía despejan los bloqueos de carretera, los grupos armados huyen y se reagrupan para quemar edificios, secuestrar o herir a personas como venganza. Todas las víctimas que produce esta violencia son contadas por los medios de comunicación como víctimas de la represión, una falsedad total.

El gobierno nicaragüense se ha enfrentado a esta situación en gran medida mantiendo a la policía fuera de las calles, para evitar encuentros y acusaciones de represión. Al mismo tiempo, en lugar de simplemente arrestar manifestantes violentos, lo que sin duda le habría dado a la oposición las muertos en combate que anhela, el gobierno pidió un Diálogo Nacional, con la Iglesia Católica como mediadora, en el que la oposición pueda presentar cualquier propuesta en materia de derechos humanos y reforma política. El gobierno creó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y lanzó una consulta independiente del Ministerio Público.

Con la policía fuera de las calles, la violencia de la oposición se intensificó a lo largo de mayo y junio. Como resultado, se desarrolló un proceso de autodefensa vecinal. Las familias que han sido desplazadas, los jóvenes que han sido golpeados, robados o torturados y los veteranos de la insurrección de 1979 y de la Guerra Contra, mantuvieron vigilias alrededor del cuartel general del Frente Sandinista en cada pueblo. En muchos lugares, construyeron barricadas contra los ataques de la oposición y han sido falsamente etiquetados como fuerzas paramilitares en los medios de comunicación. En las ciudades que no cuentan con barricadas organizadas por la comunidad, el costo humano de la violencia de la oposición es mucho mayor. La Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses ha sido un destacado blanco de la violencia de la oposición. En junio, un estudiante delegado del Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue secuestrado, tiroteado en el abdomen y arrojado a una zanja para morir, para sabotear el diálogo y castigarlo por desafiar el derecho de los estudiantes del Movimiento 19 de Abril a hablar en nombre de todos los estudiantes nicaragüenses.

Desde abril, se han realizado cuatro manifestaciones principales de la oposición, dirigidas a movilizar a los nicaragüenses de la clase media-alta que viven en los suburbios entre Managua y Masaya. Estas manifestaciones se asemejaron a un photocall de la alta sociedad, incluyendo reinas de la belleza, propietarios de negocios y oligarcas, así como estudiantes universitarios del Movimiento 19 de Abril, la reserva espiritual de la oposición.

Tres meses después del conflicto, ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa. Todas proceden de las clases populares de Nicaragua. A pesar de las denuncias de represión total, la burguesía se siente perfectamente segura al participar en las protestas públicas por el día, aunque la última manifestación diurna terminó en un ataque caótico de manifestantes contra ocupantes ilegales en una propiedad de, curiosamente, Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua. Los ataques armados nocturnos generalmente han sido llevados a cabo por personas que provienen de vecindarios pobres, muchos de los cuales reciben de dos a cuatro veces el salario mínimo diario por cada noche de destrucción.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos son financiadas por la NED y controladas por el Movimiento para la Renovación Sandinista (MRS). Estas organizaciones han acusado al gobierno nicaragüense de dictadura y genocidio durante la presidencia de Ortega. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han sido criticadas por sus informes unilaterales, que no incluyen ninguna información proporcionada por el gobierno o personas que se identifiquen como sandinistas.

El gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una entidad con sede en Washington notoriamente hostil a los gobiernos de izquierda, a investigar los violentos sucesos de de abril y determinar si la represión había tenido lugar. La noche de una polémica escaramuza en la carretera a las afueras de la Universidad Agraria de Managua puso fin a una tregua negociada de 48 horas, el director de la CIDH, Paulo Abrao, visitó el sitio para declarar su apoyo a la oposición. La CIDH ignoró la violencia generalizada de la oposición y solo informó sobre la violencia defensiva del gobierno. No solo fue categóricamente rechazado por el canciller nicaragüense Denis Moncada como un “insulto a la dignidad del pueblo nicaragüense”, una la resolución de la OEA para aprobar el informe de la CIDH fue respaldada solo por 10 de 34 países.

Mientras tanto, el Movimiento 19 de Abril, compuesto por estudiantes universitarios actuales o anteriores que están a favor del cambio de régimen, envió una delegación a Washington y logró alejar a gran parte de la sociedad nicaragüense sonriendo ante las cámaras acompañados de miembros de la extrema derecha intervencionista del Congreso de los Estados Unidos, incluida la representante Ileana Ros Lehtinen, el senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz. Los líderes de M19 también aplaudieron las belicosas advertencias del Vicepresidente Mike Pence de que Nicaragua está en la lista de países que pronto conocerán el concepto de libertad de la Administración Trump, y se reunieron con el partido ARENA de El Salvador, conocido por sus vínculos con los escuadrones de la muerte que asesinaron al teólogo de la liberación, Arzobispo Oscar Romero. Dentro de Nicaragua, la masa crítica de estudiantes dejó de manifestarse hace semanas, las grandes protestas cívicas de abril y mayo han menguado, y los mismos viejos rostros familiares de la política de derecha nicaragüense se quedan con la factura por el daño material masivo y la pérdida de vidas.

¿Por qué Nicaragua?

Ortega ganó su tercer mandato en 2016 con un 72,4 por ciento de los votos y con un 66 por ciento de participación, muy alto en comparación con las elecciones en los Estados Unidos. Nicaragua no solo ha establecido una economía que trata a los pobres como productores, con resultados notables que han elevado su nivel de vida en 10 años, sino que también tiene un gobierno que rechaza consistentemente el imperialismo estadounidense, aliándose con Cuba, Venezuela y Palestina, y pide apoyo para la independencia puertorriqueña y una solución pacífica a la crisis coreana. Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), una alternativa latinoamericana a la OEA, que no incluye a EE.UU. ni a Canadá. También se ha aliado con China para un proyecto de canal entre el Pacífico y el Caribe y con Rusia para la cooperación en seguridad. Por todas estas razones, Estados Unidos quiere instalar un gobierno nicaragüense amistoso con Estados Unidos.

Más importante es el ejemplo que Nicaragua ha supuesto para un modelo social y económico exitoso fuera de la esfera de dominación estadounidense. Generando más del 75% de su energía a partir de fuentes renovables, Nicaragua fue el único país con autoridad moral para oponerse al Acuerdo Climático de París por ser demasiado débil (posteriormente se incorporó al tratado un día después de que Trump retirara a EE.UU., declarando que “nos oponíamos Acuerdo de París sin responsabilidad, los Estados Unidos se oponen por irresponsabilidad”). El gobierno del FMLN en El Salvador, aunque menos dominante políticamente que el Frente Sandinista, ha tomado el ejemplo de buen gobierno de Nicaragua, prohibiendo recientemente la minería y la privatización del agua. Incluso Honduras, el bastión eterno del poder de Estados Unidos en Centroamérica, mostró signos de un giro a la izquierda hasta el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009. Desde entonces, ha habido una represión masiva de activistas sociales, unas elecciónes claramente robadas en 2017, y Honduras ha permitido la expansión de las bases militares de EE.UU. cerca de la frontera nicaragüense.

En 2017, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense (NICA Act), que si es aprobada por el Senado obligará al gobierno de EE.UU. a vetar los préstamos de las instituciones internacionales al gobierno nicaragüense. Este imperialismo de Estados Unidos dañará la capacidad de Nicaragua de construir carreteras, actualizar hospitales, construir plantas de energía renovable y hacer la transición de una ganadería extensiva a sistemas integrados de silvicultura, entre otras consecuencias. También puede significar el final de muchos programas sociales populares, como la electricidad subsidiada, las tarifas estables de autobuses y el tratamiento médico gratuito de enfermedades crónicas.

El Poder Ejecutivo de EE.UU. ha utilizado la Ley Global Magnitsky para apuntar a las finanzas de los líderes de la Corte Suprema Electoral, la Policía Nacional, el gobierno de la ciudad de Managua y la corporación ALBA en Nicaragua. Los agentes de policía y los funcionarios de la salud pública han recibido el aviso de que sus visados estadounidenses han sido revocados. La cuestión, por supuesto, no es si estos funcionarios han cometido o no actos que merecen su reprimenda en Nicaragua, sino si el gobierno de EE.UU. debe tener la jurisdicción para intimidar y acorralar a los funcionarios públicos de Nicaragua.

Mientras la sádica violencia continúa, la estrategia de los golpistas para expulsar al gobierno ha fracasado. La resolución de la crisis política vendrá a través de elecciones, y es probable que el FSLN gane esas elecciones, excepto que se produzca una nueva ofensiva dramática e improbable por parte de la oposición de derecha.

Una guerra de clases al revés

Es importante comprender la naturaleza de los golpes estadounidenses y oligárquicos en esta era y el papel del engaño de los medios y las ONG porque se repite en múltiples países de América Latina y otros continentes. Podemos esperar un ataque similar contra el recientemente elegido Andrés Manuel López Obrador en México si impulsa los cambios que ha prometido.

Estados Unidos ha tratado de dominar Nicaragua desde mediados del siglo XIX. Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno del gobierno aliado de Estados Unidos desde que los sandinistas subieron al poder. Este golpe fallido no significa el final de sus esfuerzos o el final de la desinformación de los medios corporativos. Saber lo que realmente está ocurriendo y compartir esa información es el antídoto para derrotarlos en Nicaragua y en todo el mundo.

Nicaragua es una guerra de clases patas arriba. El gobierno ha elevado los niveles de vida de la mayoría empobrecida a través de la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y los Estados Unidos, incapaces de instalar el neoliberalismo a través de las elecciones, crearon una crisis política, destacada por la cobertura engañosa de los medios de comunicación para obligar a Ortega a renunciar. El golpe está fallando, la verdad está saliendo a la luz, y no debe ser olvidada.

*Kevin Zeese es un abogado que codirige el sitio Popular Resistance de Estados Unidos. Nils McCune está en el equipo técnico de IALA Mesoamérica (Instituto Agroecológico de América Latina en Nicaragua) y es becario de investigación en la Universidad de Michigan.

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