¿Cuándo debemos luchar los trabajadores?

En las últimas semanas, hemos visto colectivos de trabajadores en lucha movilizándose para defender sus derechos: CocaCola en Lucha se concentró frente al Congreso para seguir reclamando el cumplimiento de la sentencia que obliga a la multinacional a reabrir Fuenlabrada como centro productivo; los sindicatos de Amazon, agrupados en el colectivo Amazon en Lucha, organizaron y llevaron a cabo exitosamente una huelga contra la empresa del hombre más rico del mundo, que atenta contra la salud de los trabajadores con durísimas condiciones de trabajo; los trabajadores de Ryanair se han declarado también en huelga, ante la mala praxis de la empresa que los contrata, independientemente de su lugar de trabajo y residencia, como trabajadores irlandeses; también los taxistas de Barcelona han convocado una huelga de 48 horas para protestar contra la competencia desleal que realizan empresas de VTCs como Uber o Cabify…

Todas estas movilizaciones tienen un elemento en común: ha sido la parte empresarial la que ha dado el primer paso, la que ha roto la baraja y ha provocado una situación insostenible para la parte social, la clase trabajadora. Quizá persista aún la idea de que esto se debe a que los jefes y directivos de estas empresas son especialmente cabrones, una idea sobre la que ya invitamos a reflexionar en otro artículo, que cuenta con cierto predicamento, especialmente en los medios de comunicación: todos conocemos la fama de listo – en el sentido negativo de la palabra – que tiene el presidente de Ryanair, Michael O’Leary. Vemos, sin embargo, que problemas similares a los que tienen los trabajadores de Ryanair los están teniendo compañeros de otras muchas empresas. ¿Acaso son todos los jefes unos cabrones? Resultaría simplista e infantil intentar explicarlo así: algo tiene que haber detrás.

En cualquier caso, la responsabilidad de la parte empresarial en todos estos conflictos resulta evidente. Como consecuencia, es difícil para muchos, prácticamente imposible, quitar legitimidad a estas movilizaciones, hasta el punto de que, en casos como el de los trabajadores de Ryanair o los de Amazon, apenas se han escuchado quejas más allá de los interesados dueños y directivos de ambas empresas. Incluso en el caso de los taxistas, que suelen tener asociada una imagen negativa en el imaginario popular – que es, como todas las generalizaciones carentes de datos que las soporten, completamente injusta –, hemos visto cierta simpatía por parte de algunos agentes públicos, como el presentador de Al Rojo Vivo y director de La Sexta, Antonio García Ferreras, poco dados a la solidaridad con las causas obreras.

Por supuesto, esto no ha sido algo unánime: no es necesario recordar las campañas de intoxicación que otros programas han organizado, sin ir más lejos, contra los propios taxistas. A pesar de ello, al margen de algunas descaradas palmeras mediáticas del neoliberalismo, en general parece que hay un cierto consenso social en torno a la legitimidad de estas movilizaciones y el derecho – e, incluso, la necesidad – de los trabajadores de defenderse cuando los empresarios se propasan. Una visión muy en consonancia con el idealizado “Estado de derecho”: hay unas leyes, unas reglas, que todos tenemos que respetar, y por tanto, es injusto que una parte las incumpla en perjuicio de la otra; el hecho de que, en el conflicto trabajadores – empresarios, la capacidad de unos y de otros para imponer y modificar leyes es completamente desigual es una nimiedad que queda fuera de este análisis idílico, pero tampoco vamos a detenernos en este aspecto.

Lo que debe hacernos reflexionar es comparar estas movilizaciones con otros conocidos conflictos obreros que han tenido lugar recientemente. Pongamos, por ejemplo, el caso de los controladores aéreos, quienes se pusieron en huelga, en 2010, también para reclamar sus derechos legítimos: la campaña de ataques y descrédito contra este colectivo de trabajadores aún queda en la memoria de muchos de nosotros, hasta el punto de que, en el eventual caso de un nuevo conflicto laboral, los trabajadores parten de una posición de desventaja motivada por la imagen tremendamente negativa que se construyó interesadamente en torno a ellos. Sin irnos tan lejos, podemos recordar también el conflicto de los estibadores en 2017, que siguió un patrón similar, con una campaña mediática en su contra igual o más dura que la que sufrieron los controladores. Todo ello sin mencionar al colectivo de trabajadores que, por excelencia, parece tener prohibida la huelga: los funcionarios.

¿Por qué se producen estas diferencias tan evidentes entre unos conflictos y otros? ¿Por qué a unos se les concede legitimidad, y otros parecen terroristas y criminales por ir a la huelga? De entrada, nos encontramos con una diferencia clara entre colectivos de trabajadores, lo que los medios clasifican rápidamente y sin tapujos de trabajadores privilegiados. Según parece, ganar un salario por encima de la media, incluso uno que te permita vivir cómodamente, y hacerlo únicamente con tu fuerza de trabajo, sin robar a nadie, es una especie de crimen. Aquí solo pueden ser privilegiados los empresarios, los que viven del trabajo ajeno: si vives de tu trabajo, lamentablemente, te tienes que joder y aguantar una vida de mierda. Y eso asumiendo que estos colectivos de trabajadores sean realmente “privilegiados” – es decir, que tengan unas condiciones de trabajo algo más cómodas que las de la media –, porque aquí se ha acusado de privilegiados hasta a los mineros cuando se pusieron en huelga en 2010, y estamos hablando de un sector de trabajo con un índice de incidencia de accidentes laborales que prácticamente es diez veces superior a la media¹.

Es decir, que la primera idea relacionada con estas diferencias entre actitudes con respecto a conflictos obreros es la idea del privilegio, que, inmediatamente, nos lleva a plantearnos una cuestión: si una persona tiene un privilegio, es que posee algo que le sitúa por encima del resto, de los comunes. Dicho de otro modo, que está por encima de donde debería estar.  Parece ser, por tanto, que tenemos asumido que un trabajador tiene que estar hundido en la miseria, y que, si no lo está, es un privilegiado. En el otro extremo nos encontramos a los trabajadores especialmente jodidos, a los que se clasifica rápidamente de explotados, como si la explotación sólo se produjese cuando hubiesen condiciones de trabajo especialmente duras, y fuese una especie de maltrato selecto que sólo afecta a los trabajadores más empobrecidos, a los más precarios, y a los que trabajan en las condiciones más insoportables. Para los marxistas, el concepto de explotación es algo distinto, y consiste en la apropiación del fruto de nuestro trabajo que llevan a cabo los empresarios. Todos los trabajadores estamos explotados, en tanto en cuanto nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para que los capitalistas la alquilen apropiándose a cambio de todo lo que producimos, y devolviéndonos únicamente una parte (salario).

Un pequeño experimento podría mostrarnos esta naturaleza y extensión de la explotación: cada trabajador, en cada empresa, debería realizarse dos preguntas: ¿me siento explotado en mi puesto de trabajo? E, inmediatamente después, ¿me siento un privilegiado? Las respuestas sorprenderían a más de uno, y nos daríamos cuenta de que, como no puede ser de otra forma, prácticamente todos los trabajadores de todas las empresas se han sentido explotados (porque lo están siendo), y que pocos se sienten privilegiados (porque no lo son). ¿Cómo te vas a sentir privilegiado, si trabajas ocho o más horas al día, en un espacio donde se espera de ti que calles, obedezcas y trabajes para otra persona? Pensar que se es privilegiado por tener una nómina de más de 1000 euros es como si un esclavo romano pensara que es un privilegiado porque le ha comprado un senador en vez de un triste artesano, y le van a dar más y mejor comida: absurdo.

Por tanto, la primera idea  que sale a la luz al analizar estas diferencias entre conflictos, y que hay que combatir en el seno de la clase trabajadora, que constituye la mayoría social, es la del trabajador privilegiado. Por supuesto, no somos una clase homogénea, y las condiciones de un rider de Deliveroo serán seguramente peores que las de otro trabajador, pero eso no supone una diferencia a efectos de intereses entre ambos. Todos los trabajadores tenemos una única y justa aspiración, vivir mejor, y siempre se puede mejorar: que el rider tenga mucho más por mejorar que otro trabajador no quita que los dos compartan un mismo objetivo, el de mejorar, el de conseguir mejores condiciones laborales, sociales y políticas para sí, como integrantes de un conjunto mayor, la clase trabajadora. Nos han enseñado a mirar para abajo, introduciéndonos la idea de no debemos quejarnos “porque hay gente peor” ¿Por qué tiene el rider que despreciar a otro trabajador que vive mejor que él? ¿Por qué tiene otro trabajador que conformarse con sus condiciones de vida sólo porque el rider viva peor que él? Sobre todo, cuando resulta que tienen un enemigo común: ese tipo que posee la empresa y que se enriquece a costa de ambos. Quizá sea el momento de que, en lugar de tanto mirar hacia abajo, empecemos a mirar hacia arriba.

Y esto nos lleva a la segunda reflexión, la segunda diferencia entre unos conflictos y otros: mientras que en los casos de Amazon, Ryanair o los taxistas, estamos hablando de conflictos para defender nuestros derechos (el empresario de turno agrede al trabajador lesionando sus derechos, y éste se ve obligado a defenderlos), en otros casos, como los de los controladores o los de los estibadores, la lucha puede adquirir un carácter de conquista de nuevos derechos (hay conflicto entre trabajadores y empresarios, y los primeros disponen de la ideología y la organización suficientes no sólo para exigir el cumplimiento de sus derechos, sino para arrancar algunos nuevos). El hecho de que unos y otros conflictos tengan repercusiones diferentes también resulta bastante esclarecedor: mientras que los conflictos de defensa de nuestros derechos son más difíciles de descalificar o atacar, con los conflictos de conquista de nuevos derechos no hay hueco suficiente para todos los que están dispuestos a mentir, descalificar y deslegitimar a los trabajadores en lucha.

La razón por la que sucede esto es clara: vivimos en una sociedad construida por y para los empresarios, por y para los que poseen y acumulan la riqueza. Cuestionar su posición social inmediatamente te convierte, en el mejor de los casos, en un “iluso utópico”, cuando no directamente en un criminal. Y resulta que los conflictos de conquista de nuevos derechos no hacen otra cosa que precisamente cuestionar la posición de la parte empresarial, arrancarle derechos y concesiones que el empresario no quiere dar. Poner al poderoso, al que está acostumbrado a mandar sin que nadie le rechiste, en una posición de debilidad, obligándole a hacer algo a lo que no está acostumbrado: ceder. No salirse con la suya. Esto, para los capitalistas y sus palmeros, es algo intolerable, una herejía, un crimen imperdonable: por eso, cuando un conflicto adquiere un carácter de conquista de nuevos derechos, todos cierran filas en torno al “sentido común”, la “estabilidad”, la “viabilidad de la empresa”… y los trabajadores que pretenden mejorar sus condiciones de vida se convierten automáticamente en una turba de irresponsables y agitadores dañinos que no conocen límites y que están dispuestos a anteponer sus intereses al bien común de la empresa, que no es más que una mentira descarada para ocultar los intereses del empresario.

¿Cuándo debemos, por tanto, luchar los trabajadores? Con estos elementos de reflexión, la respuesta es siempre. Debemos defendernos cuando nos agredan y responder con movilizaciones de defensa de nuestros derechos, pero también tenemos el derecho de exigir, el derecho de mejorar, y, si nos vemos con la fuerza suficiente para ello, organizar movilizaciones para conquistar nuevos derechos. En los últimos años, hemos visto que los indicadores macroeconómicos indican que la crisis ha acabado, que se recuperan las ganancias ingentes de las grandes empresas y la economía vuelve a crecer. Pero, si miramos a nuestro alrededor, encontramos sobre todo movilizaciones defensivas, casos en los que los empresarios presionan no para “recuperar” sus beneficios de antes de la crisis, sino para aumentarlos. Nos obligaron a ceder y aceptar congelaciones salariales, precariedad, aumentos de jornada, de la edad de jubilación… durante la época de crisis, y siguen presionándose para arrebatarnos aún más derechos. Una cantidad de derechos que no vamos a recuperar si no se los arrancamos mediante la lucha: defenderse es legítimo, pero uno no avanza si sólo se dedica a mantener el terreno. Durante la crisis, retrocedimos: ahora nos toca avanzar. Y no sólo hasta la posición que teníamos antes, sino también más allá.

Por tanto, nos corresponde a todos los trabajadores, en pro de nuestros intereses comunes, defender y apoyar toda movilización obrera. Apoyemos, acompañemos y ayudemos a los trabajadores que se defienden de los ataques empresariales, de la misma forma que lo hacemos con los trabajadores que consiguen nuevos derechos, porque, en el fondo, tanto en unas luchas como en otras se juegan también nuestros intereses: si los compañeros que se defienden pierden, pronto veremos como se reproduce en la empresa en la que trabajamos un ataque similar por parte del empresario; si los compañeros que atacan ganan, nos darán argumentos y fuerzas para exigir lo mismo en las empresas en las que trabajamos.

Formamos parte de un mismo sujeto social, la clase trabajadora, diversa, heterogénea, con infinidad de realidades sociales y laborales, pero con un nexo común: que somos los que generamos la riqueza de la sociedad, y sin embargo somos los que cada vez sufrimos peores condiciones y nos vemos presionados constantemente en nuestros centros de trabajo por los empresarios para empobrecernos y aumentar nuestra explotación. En común tenemos también nuestro objetivo fundamental: cambiar esta situación, ir recuperando progresivamente lo que nos pertenece, la riqueza que nos arrebatan, hasta conseguir recuperarla en su totalidad, para lo cual necesitamos, en primer lugar, organizarnos políticamente. Sólo entonces podremos darle un sentido y una dirección, una táctica y una estrategia, a nuestra lucha, para poder vencer.

1. Según el Informe Anual de Accidentes de Trabajo en España en 2016, la incidencia de accidentes en el sector de la minería del carbón fue de 35.574,6 mientras que la incidencia total fue de 3.364. Este índice relaciona la cantidad de accidentes laborales con baja por cada 100.000 trabajadores: dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada tres mineros sufrió un accidente laboral con baja en 2016. http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20anuales%20de%20accidentes%20de%20trabajo/Ficheros/Informe%20Anual%202016.pdf