La patronal de las grandes industrias protesta porque el sistema de comercio de emisiones europeo pone en peligro la tan cacareada competitividad. La posición queda bien reflejada en la carta que 76 CEOs de la patronal europea del acero enviaron a la instituciones en mayo del año pasado. El escrito en cuestión tiene más carga ideológica que la Biblia y se resume en dos párrafos:
- “…evitar sobrecargar el sector con altos costes que oprimirán la inversión, que aumentarán el riesgo de pérdidas de empleos y cierres de las plantas en la UE.”
- “En su forma actual, [el sistema de comercio de emisiones] favorece claramente las importaciones de acero competidores de terceros países que no tienen estos costes y que, sin embargo, tienen una huella de carbono mucho mayor que el acero producido en la UE.”
Los empresarios de la gran industria europea piden protección de los poderes públicos ante sus competidores de otros países que, en su opinión, no operan con las mismas limitaciones. O lo que es lo mismo: protección frente a la llamada “mano invisible del mercado”… pero no la de ellos, sino la de los Chinos, y otros países en desarrollo.
Valorar si el proteccionismo es o no, una opción beneficiosa para los trabajadores en su conjunto en la etapa actual, es un debate que escapa a las posibilidades de este artículo. Sin embargo cabría preguntarse por qué esta misma lógica no opera “por abajo”: en la parte de los salarios y las condiciones laborales. Casualmente… ¡Protección es lo mismo que están pidiendo los trabajadores de toda Europa frente a los capitalistas! Pues mientras los propietarios de las grandes empresas piden orden en las relaciones comerciales, promulgan la desregulación (el desorden) en las relaciones laborales entre patronos y trabajadores.
Así, hacen lobby ante la UE y los gobiernos de los países miembros para que aprueben reformas legales que a la larga reducen los salarios y crean inestabilidad vital a los trabajadores. Inducen el miedo entre las plantillas a la deslocalización, otra vez con el objeto de obtener concesiones de los trabajadores, presionan para obtener todo tipo de subvenciones y bonificaciones sin contrapartida que pagamos todos y que no se nota en el empleo ni en las comarcas donde operan estos empresarios. Se las arreglan, a través de una maraña de relaciones políticas para que los poderes públicos hagan la vista gorda a la hora de que se cumpla la legislación laboral y medioambiental.
En la lógica patronal, esta dialéctica de la competitividad y el proteccionismo sólo opera en un sentido, en el de garantizarles una determinada tasa de ganancia mínima, por debajo de la cual se llevan el capital a otra parte: a otro sector económico que de esas ganancias en un momento dado, o incluso a esos países que tanto critican.
La pregunta del millón es: ¿Qué aportan estos grandes inversores al conjunto de la sociedad? ¿Por qué debemos pagar el peaje de sus beneficios para que haya empleos y se produzca lo que la sociedad necesita?
La patronal trata de llevar el debate a su terreno, a su lógica y su forma de ver las cosas. La forma en que se enfoque un problema también orienta las posibles soluciones al mismo. Con el problema del medioambiente, los empresarios intentan convencernos de que solo hay un camino: aquel en el que ellos sigan maximizando la cuenta de beneficios. Esto es, en definitiva, lo que hay que poner en cuestión, pues no se trata de un problema técnico, sino de la orientación de las políticas económicas.
Las grandes empresas multinacionales podrían operar con menos beneficios si fuesen públicas y su actividad estuviese sujeta al control democrático de los trabajadores y la sociedad. Eso daría margen para mantener el empleo, a la vez que se cumplen los compromisos ambientales.
Se pueden impulsar políticas en esta dirección y se puede hacer hoy mismo… si hay voluntad política para hacerlo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué no se impulsan? Quizá la respuesta está en que, los poderes públicos, los partidos del establishment y los grandes empresarios, aunque a veces se envíen cartas de protesta y tengan roces entre ellos, en el fondo están en el mismo barco. Y están de acuerdo en una cosa fundamental: la propiedad de los accionistas es intocable y quien se tiene que apretar el cinturón ante los problemas es la clase obrera: la de Avilés, la de Villadangos del Páramo, la de la Bahía de Cádiz, y la de la China Popular.
Y esa idea no tiene nada de técnico, sino que es pura ideología y pura política.
Hay un camino diferente para abordar los problemas sociales, ambientales y económicos, pero para caminar por él debemos quitarnos de los ojos las lentes de la patronal, y empezar a avanzar con las gafas de la mayoría social. Es preciso un cambio de lógica.