Que Pedro Sánchez es un tipo muy preocupado por su imagen como presidente moderno y bien preparado es algo que resulta evidente. Ha basado gran parte de su carrera política en esos factores, y lo sigue haciendo ahora como Presidente del Gobierno. Ahora bien, lo que puede colar como estrategia de marketing político no puede constituir la base de una acción de gobierno. Y ese es, precisamente, el problema de muchas de las medidas planteadas por el ejecutivo del PSOE, entre las que se encuentra la supresión del impuesto a la generación eléctrica: que son poco más que operaciones de marketing, movimientos de cara a la galería pero que tienen poco o ningún impacto sobre la vida diaria y los problemas reales de la mayoría social del país.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba hace unos días, con gran boato, la decisión del Gobierno del PSOE de intervenir en la cuestión del precio de la luz mediante la supresión de un impuesto a la generación eléctrica. Esta medida se engloba dentro de un «Plan de Choque» que, según la ministra, está destinado a ayudar a las familias ante la realidad de unos precios disparados que no dejan de crecer. Pero, de acuerdo con Facua, si nada cambia para finales de septiembre el aumento registrado será del 15.8%; la eliminación del impuesto, que además era una medida reclamada por las propias eléctricas e incluso por el Partido Popular, que ya ha movido ficha presentando una proposición de ley con ese mismo objetivo, va a suponer, en cambio, un ahorro de poco menos del 2.5% en la factura del usuario medio. Es decir, poco más que el precio de un café.
Y eso si realmente el impacto termina repercutiendo en el usuario medio, cosa que es difícil asegurar. Las eléctricas, al igual que casi todas las grandes empresas, son rápidas a la hora de transmitir costes y gastos a los trabajadores y a los consumidores, como ya hicieron cuando se aprobó el susodicho impuesto de generación eléctrica, transmitiéndolo a la factura. Cuando se trata de compartir beneficios y ahorros, las cosas son bastante diferentes: el año pasado, cuando para la mayoría de los españoles aún colean los efectos de la crisis, las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) obtuvieron entre las tres un beneficio neto de 5.463 millones de euros. En 2008, sus beneficios fueron de más de 11.000 millones. En 2009, 7.449 millones de euros. En 2010, más de 8.000 millones de euros. Y la cuenta sigue y sigue durante los mismos años en los que los trabajadores vimos como nuestros salarios se congelaban o disminuían y nos acusaban sin pudor de «vivir por encima de nuestras posibilidades». Si en aquellas condiciones no tomaron ninguna medida para ayudar a las familias trabajadoras de nuestro país, ¿alguien cree que van a hacerlo ahora?
La cuestión de las eléctricas y el precio de la luz requiere mucho más que medidas estéticas. El precio de la luz ha alcanzado ya los 76 euros por MWh, convirtiéndose en el segundo precio más caro de la luz (el primero fue en 2008) desde 1998. En los últimos diez años, según los estudios realizados por Facua, se ha registrado una subida del 87%. Si echamos la vista un poco más atrás, hace 30 años, el aumento de precio es de un escandaloso 203%. Y todo lo que hace el Gobierno para combatir la amenaza que supone el aumento del precio de la luz es eliminar un impuesto que, en el mejor de los casos, nos va a ahorrar poco más de un euro al mes. Resulta inimaginable llevar a cabo una vida normal sin electricidad, y, sin embargo, la liberalización del mercado y la inoperancia de los gobiernos capitalistas ponen en riesgo ese derecho para sectores crecientes de la población. ¿Cuantos de nosotros no intentamos aprovechar al máximo la luz natural por miedo a la factura de la electricidad? ¿Cuantos no andamos pendientes de la hora que es para saber si podemos poner ahora la lavadora o es mejor esperar a otra franja horaria más barata?
Hemos probado a dejar este asunto en manos del libre mercado y, como era de esperar, este ha respondido convirtiendo la electricidad en un bien cada vez más privatorio. Maquillar la realidad con medidas estéticas no va a corregir la tendencia que venimos observando desde hace décadas, con Gobierno de todo signo, al encarecimiento de la luz: es necesario dar un paso más. La electricidad, como bien fundamental, como sector estratégico no sólo para la economía, sino también para la calidad de vida de la mayoría social de este país, no puede gestionarse en busca de beneficios y cuentas millonarias para unos pocos.
Las eléctricas deben ser nacionalizadas, y la electricidad debe gestionarse para garantizar el acceso sin privaciones para todo el mundo, así como para impulsar la actividad económica, y, en particular, la industria de nuestro país. Cualquier otra medida es poco más que una foto, una nueva estrategia de marketing político de un Gobierno aferrado a este tipo de artificios para esconder su debilidad argumental y programática de cara a la clase trabajadora, una clase trabajadora que, a pesar de sostener e impulsar el país, es maltratada y atacada constantemente. Si de verdad este Gobierno está del lado de los trabajadores, exijámosle que lo demuestre: hechos son amores, y no buenas razones.