Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la propia Unión Europea (UE) aplauden una recuperación que esconde tras de sí una dura realidad. Esta se manifestará en toda su plenitud, para nuestra desgracia, cuando estalle la nueva crisis económica. Esos datos gruesos y vacíos que ofrecían han escondido un crecimiento fundamentado en sectores de bajo valor añadido y de condiciones laborales precarias. Este fue nuestro sacrificio para que las empresas afincadas en España fueran competitivas y obtuvieran millonarios beneficios.
Los datos oficiales ofrecidos en este período atestiguan un empobrecimiento de la mayoría trabajadora y un enriquecimiento de una minoría. Es una injusticia, pero aquí se trata de conocer los motivos por los que esta tormenta de la crisis vuelve otra vez a arrasar al economía española dejando un reguero de carestía de vida tras de sí entre los trabajadores.
Numerosos expertos economistas buscan una explicación a la crisis que se avecina en España en el fatigado sector del turismo, por la recuperación de otros destinos turísticos más competitivos en precios, los cuales vieron perder afluencia por la inestabilidad social. Pero este hecho podría explicar una crisis coyuntural en España, sin embargo la crisis que se está fraguando es a nivel internacional, como alertan desde diferentes organizaciones financieras que dirigen el rumbo de las economías, como el propio FMI. Por tanto, la caída del sector turismo en España no puede explicar el estallido de la próxima crisis.
La que se avecina es tan internacional como que reconocen el hecho de la ralentización de la economía en los demás países europeos. Este hecho ha motivado que los expertos economistas traten de explicar la crisis que sacudirá nuestro país en la reducción de las exportaciones hacia dichos países europeos. Teniendo en cuenta que el 65% 1de las exportaciones españolas se dirigen al resto de la UE podríamos decir que resultaría una causa de la desaceleración económica en nuestro país. Pero en el mismo argumento que emplean se esconde un fenómeno más cercano a la causa de la crisis. La reducción de la demanda de productos fabricados en España significa la reducción del consumo en estos países. Pero esto es efecto, no causa. Aún es necesario indagar más hacia el fondo.
El consumo doméstico, es decir, el consumo de la población es el objetivo de la producción. Una minoría social utiliza esta necesidad con el fin de enriquecerse, tal y como se lo permite el capitalismo. El consumo depende de los ingresos que obtiene la población. Es algo muy sencillo y que todos conocemos: si tenemos más dinero tenemos más capacidad de consumo y a la inversa. No obstante, este consumo incluso puede sostenerse de manera artificial mediante el crédito, pero tarde o temprano hay que pagar. El problema surge cuando no tenemos para pagarlo, o que para pagarlo debemos recortar el gasto en nuestros hogares. Esta es la dinámica que se ha asentado desde el estallido de la crisis en 2008.
En un primer momento los trabajadores perdimos los empleos y, en el mejor de los casos, percibimos la prestación por desempleo. Esto provocó que no dispusiéramos de ingresos suficientes, o menores en cantidad con respecto a la época con empleo. Y, como es evidente, redujo enormemente la capacidad de consumo. Pero, en un segundo momento, en el de la recuperación, esos empleos perdidos con mayores sueldos no regresaron sino que volvimos a la actividad laboral bajo unas condiciones laborales peores. Se volvió a extender la temporalidad, se ampliaron los empleos a tiempo parcial, lo salarios resultaron menores o simplemente se estancaron perdiendo poder adquisitivo, como sucedió en PSA. El sector hostelería, destacado por los voceros del régimen por su papel en la economía española en los últimos tiempos, es el que más empleos ha creado con estas pésimas condiciones laborales; recordemos a las “kellys”. En el resto del mundo no ha sido muy diferente.
Así pues, como queda indicando más arriba, si se reducen o pierden los ingresos en los hogares de las familias trabajadoras, la mayoría en el país, se extiende la pobreza y se deja de consumir. Con lo que menos capacidad de consumo significa menos mercado para la producción. Con ello nos acercamos a exponer la causa de la crisis que está por venir.
A pesar de la generalización de este empleo precario y pobre, desde el año 2014 el crecimiento ha caracterizado a la evolución de la economía, al menos en lo que respecta a los datos del PIB y a los beneficios de las empresas. Este se ha producido al calor de los bajos precios de financiación por intereses crediticios cercanos al cero o, incluso, negativos. Así se mantiene el Euribor a día de hoy. Igualmente, los bajos precios del petróleo han permitido a las empresas reducir costes, relanzando la carrera por copar el mercado. El efecto ha sido el aumento de la producción y de la productividad para ser competitivos y derrotar a sus oponentes. Y estos bajos precios han permitido a las familias consumir algo más con el mismo o menos sueldo.
Pero esto era un espejismo en el desierto de la crisis económica, que viene sacudiendo nuestro país y al mundo entero desde el año 2008. Este período de crecimiento económico, con una producción disparada, ha hecho que el problema estructural creciera. Si bien la crisis de 2008 vino de la mano de una excesiva producción de viviendas, que arrastró a todos los demás sectores, ahora puede venir por otro sector o por todos en general.
Además, el consumo de los hogares se resiente por los bajos salarios y precarias condiciones laborales. En concreto, el consumo de los hogares ha pasado de tasas intertrimestrales en torno a al 0,7% a un 0,2%. Este hecho puede dar la puntilla a la economía.
La carrera competitiva de las empresa vuelve a arrojar un exceso de producción que no tiene salida en el mercado. Las máquinas deben ralentizarse de nuevo, e incluso parar. Despidos, cierres de centros de trabajo, etc., y el colapso de la economía con un incremento de los índices de pobreza entre la población trabajadora que llevará a la desesperación a muchas familias. Otra vez la misma historia. Veremos la magnitud y el colchón que hay para que el «golpazo» que los trabajadores nos llevaremos duela más o menos.
Son significativos los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social. En el mes de agosto se han destruido 203.000 empleos, lo que se constituye como el peor dato desde hace muchos años. Aunque de momento se quede en un dato aislado, parece haber un punto de inflexión en cuanto a la evolución del mercado laboral que podría anunciar el inicio de la crisis económica.
Así pues, igual que ocultan la realidad del tipo de crecimiento económico que hemos vivido hasta ahora, también desvían la atención de las verdaderas causas de la crisis económica. Esto lo hacen por un interés de clase, como se podrá comprobar a continuación analizando las propuestas de sus expertos economistas frente a las crisis y contraponiendo la nuestras.
A pesar de que el problema del sistema económico es estructural, las acciones de los gobiernos, el FMI y los expertos de la economía capitalista pasan la factura a los trabajadores en pro de la competitividad de las empresas. Una competitividad que cada día deja menos margen de vida a las familias trabajadoras.
¿Qué plantean?
Para empezar, el propio FMI reconoce que la población trabajadora española realizó esfuerzos difíciles para evitar el colapso del país en lo peor de la crisis de 2008. Pero, acto seguido, insiste en que serán necesarias medidas para fortalecer la “economía española” (léase la competitividad de las empresas afincadas en España) ante la próxima crisis, aunque algunas medidas sean impopulares. Ya avisan: “va a llover sobre mojado, en los hogares obreros”.
En la última crisis económica se ha consumido buena parte del “colchón” que había. Supuso una flexibilización sin precedentes de los empleos, un aumento de la deuda hasta llegar al 100% del PIB, un aumento del peso de los impuestos, especialmente a la población trabajadora, mientras las empresas gozaban de bonificaciones, y una ola de recortes a los servicios públicos.
La receta preventiva que ahora proponen para salvaguardar de la próxima crisis a la economía española (léase para salvaguardar los beneficios de las empresas para ser competitivas), sigue siendo la misma.
Las reformas laborales de los años 2010 y 2012, aprobadas por el gobierno de Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP) respectivamente, facilitaron los despidos. Así pues, la primera consecuencia fue una oleada de trabajadores que acabaron en el paro. Mientras tanto, las cuentas de resultados de las empresas, se mantuvieron en números positivos e, incluso, retomaron el alza. Una nueva flexibilización del mercado laboral, como piden, solo puede traer las mismas consecuencias.
La necesidad de recudir el déficit presupuestario del Estado y la deuda pública, supuso una sangría de recortes en los servicios públicos. Los más significativos fueron los que recayeron sobre la educación y la sanidad, que aún hoy en día, lastran estos servicios, fundamentales para la gente. Una nueva crisis económica supondría una fatalidad para los servicios públicos, a los que les darían la puntilla con una nueva oleada de recortes. Están en juego unos servicios que benefician principalmente a la población trabajadora y que se pagan con las riquezas creadas por esta a través de diferentes impuestos. Se podría decir, que nos están robando lo que nos pertenece.
Finalmente, un fuerte balance de la banca supone que esta obtenga más beneficios para soportar la tormenta que se avecina. Al no ser un sector productivo, debe obtener de algún modo esos fuertes balances. Y lo hace a costa de estrujar a la población en general a través del crédito, incluidos los pequeños, medianos y grandes empresarios. Esto requiere, de un lado, incrementar los tipos de interés de los créditos, lo que va a lastrar, aún más si cabe, la capacidad de consumo de los hogares, por ejemplo con un alza de las hipotecas. Y, también puede requerir, una elevación de las comisiones bancarias, que se han hecho famosas a lo largo de estos últimos años.
Así pues, no quieren resolver el problema de la crisis y sus consecuencias, solo quieren achicar aguas en su barco, que se está hundiendo, y abajo estamos los trabajadores. Todas las acciones van en dirección de aumentar el beneficio de los empresarios y banqueros, más colchón para ellos. Pero, si pones en un lado, debes quitar de otro. Y he aquí donde los que perdemos colchón para amortiguar la caída, somos los trabajadores. Por ello han comenzado con la propaganda, para que asumamos medidas impopulares que van a empobrecer a la población trabajadora para que los ricos sigan obteniendo más beneficios. El golpe que van a dar va a ser aún más duro para las espaldas de los trabajadores.
Aquí es posible observar, en todo su esplendor, la manera en que las medidas ante la próxima crisis, se dirigen a favorecer a las empresas y entidades bancarias, exponiendo a la mayoría de la población al deterioro económico. Sin embargo, es necesario adoptar medidas en otra dirección, la de proteger a la población trabajadora. Este es el otro interés de clase que nos debe mover a todos.
¿Qué se debemos hacer para proteger las condiciones de vida de los trabajadores y la economía de nuestro país?
En primer lugar, hay que establecer una legislación laboral que reduzca los casos para el despido, de manera que si las empresas siguen manteniendo beneficios no sea posible expulsar de sus empleos a los trabajadores. No olvidemos que los trabajadores son quienes producen el más de un billón de € anual que representa nuestro PIB.
En segundo lugar, las empresas estratégicas para la economía española deben ser consideradas de interés general, de manera que si sus propietarios optan por el cierre o la deslocalización, el Estado intervenga de inmediato para hacerse con su propiedad y mantenerlas activas con toda su plantilla, sin opción de reprivatizarla en el futuro.
En tercer lugar, el incremento de los ingresos del Estado para reducir el déficit y la deuda pública no puede recaer sobre las espaldas de quienes no son responsables de los desmanes del pasado para el enriquecimiento de las constructoras y la banca. Por ello, esta reducción no puede fundamentarse en recortes de servicios públicos ni aumento indiscriminado de impuestos que dañan a quienes menos tienen, sino que debe obligarse a las empresas y a la banca a que paguen lo que les corresponde eliminando bonificaciones y otros instrumentos, aumentando el impuesto de sociedades hasta recuperar la cota del 35% y estableciendo un impuesto especial a la banca. Hay que actuar de manera decidida para salvar a la población del castigo de la crisis.
Y en cuarto lugar, la banca es una herramienta fundamental para la financiación de los proyectos económicos que tanto las empresas como los hogares de los trabajadores usan para acceder a lo que necesitan para subsistir y sostener el consumo de los hogares. La banca privada se ha enriquecido desde su nacimiento mediante la usura contra la mayoría de la población. Es por ello que, resultando un sector estratégico, la banca debe ser un instrumento público para el progreso del conjunto del país y, en particular, de la población trabajadora.
No obstante, esto no dejan de ser medidas que suavizan o paran el golpe de la crisis sobre la población trabajadora, y lo hacen recaer sobre quienes más riquezas poseen: los empresarios y los banqueros. Pero no resuelve el problema de fondo: el caótico mercado capitalista en el que compiten una sucesión de empresas, por hacerse con el control de una rama, un sector o de toda la economía. Estas empresas causan el descontrol del mercado y de la economía, extendiendo la pobreza con especial crueldad entre quienes menos tienen, entre los trabajadores, en forma de desahucios, dificultades para acceder a una alimentación adecuada, dificultades o impedimento para acceder a numerosos bienes y servicios esenciales para sus vidas, etc. Este caos económico simboliza que algo no funciona, porque no garantiza la vida de la población trabajadora.
Pero no se trata de poner orden al propio mercado capitalista, que por esencia es caótico, sino de poner orden a la economía con un nuevo modelo de producción fundamentado en los planes estatales de las necesidades de la población y de la producción, y en una economía de propiedad pública que pueda llevar a cabo dicha planificación sin impedimentos. La economía debe tener por principio garantizar la mejor vida posible en cada momento para la población. Y con estas acciones propuestas es la única vía para que así sea.
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