La solución para Alcoa se llama SEPI

La música que estamos escuchando tiene un sonido familiar. «No nos sirve otra cosa que la continuidad de la planta de Avilés», sentenció la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, del  PSOE. Los presidentes de las dos comunidades afectadas por el cierre, Asturias y Galicia, anuncian que van a formar un frente común «para presionar» a la empresa y al gobierno central.

Todo el arco parlamentario se muestra unánimemente a favor de la continuidad de la empresa:

«Haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir evitar un cierre que supone un duro golpe para la comarca avilesina y para toda la región, y pedimos a las instituciones y agentes sociales el máximo empeño para lograr el mantenimiento de la actividad de la empresa», dice el PP.

Ciudadanos de Galicia añade: «pedimos a los grupos parlamentarios gallegos que se impliquen en la petición de soluciones para este caso al gobierno nacional», en la misma línea que los naranjitos de Asturias.

IU y Podemos en Avilés sacan una nota conjunta: «No estamos dispuestos a consentir el cierre de Alcoa», «…exigiremos a la alcaldesa de Avilés la celebración de un pleno extraordinario para manifestar una posición unánime de apoyo a la fábrica de Alcoa por parte del Ayuntamiento de Avilés y escuchar a los trabajadores».

El grupo parlamentario de IU en la Junta del Principado de Asturias pide a la empresa que reconsidere su postura y al Gobierno regional «una posición exigente de compromiso con la industria asturiana por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez».

Está claro que vamos sobrados de buenas intenciones y muestras de apoyo, pero se echa en falta algo más: propuestas concretas que permitan movilizarse por ellas a los trabajadores y a la población de las comarcas afectadas… Y, no señores: No al cierre de Alcoa no es una propuesta concreta.

Parece que quienes lo van viendo más claro son los propios trabajadores. Daniel Cuartas, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, le ha dicho a la Ministra de Transición Energética que «tiene dos soluciones, la primera buscar un comprador o la segunda nacionalizar las plantas de Avilés y la Coruña de Alcoa».

Es bastante dudoso que en el caso de las plantas de Alcoa amenazadas hay un inversor privado que, así sin más, quiera hacerse cargo de ellas. Debemos tener en cuenta que, en promedio, los inversores privados en los países occidentales están trabajando con rentabilidades mínimas del 6% y periodos de retorno de la inversión de dos años máximo. Esto significa que cualquier operación financiera que no cumpla esos requisitos no interesa. ¿Por qué van a invertir el dinero en una empresa productiva si la bolsa está dando rentabilidades mayores?

Los inversores chinos, sí podrían ser una alternativa, al ser menos exigentes en materia de rentabilidad, y trabajar con planes de inversión a 15 años. Y porque, además, China tiene en este momento un interés estratégico en comprar activos y meter el pie en la Unión Europea. Pero esto es un asunto complejo que habría que analizar aparte. Centrémonos en las posibilidades de nacionalización.

1. ¿Qué es exactamente una nacionalización?

La nacionalización es un proceso mediante el cual las instituciones públicas del estado se hacen con la propiedad de una activo, en este caso una empresa, o parte de una empresa con sus instalaciones correspondientes. El cambio de propiedad implica que las deudas y obligaciones se transfieren también, con todo el paquete, al nuevo propietario, en este caso el Estado.

2. ¿Es legal?

El artículo 128.2 de la Constitución Española, dice así: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.»

Ha habido casos en nuestra historia reciente de nacionalizaciones, el más sonado: Rumasa, aunque se dio en un contexto totalmente diferente, y por otros motivos.

Pero no solo debemos valorar el marco legal español, sino que debemos tener en cuenta que los tratados y acuerdos de la Unión Europea, forman parte del ordenamiento jurídico español.

La Unión Europea, en este momento, y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la mano, prohibe tajantemente el dar ayudas y subvenciones desde las instituciones públicas, a empresas, sean estas públicas o privadas. Solo algunos sectores considerados servicios públicos escapan a estas restricciones, como la sanidad, o el servicio postal. Y la tendencia es a «liberalizar» cada vez más toda la economía.

La idea que está en el fondo de todo esto es que las empresas deben competir entre ellas por el mercado sin intervención desde fuera, el éxito o fracaso de una empresa lo determinaría su capacidad para luchar en el mercado contra sus competidores: esta es la esencia de la «competitividad» que tanto repiten algunos sectores políticos. Es el neoliberalismo grabado a fuego en la legislación básica de la UE, una de las características más infames de la Unión.

Esto, en la práctica, significa que hay limitaciones a la capacidad de los Estados Miembros para intervenir en el tejido productivo empresarial. Pero limitaciones no quiere decir que no haya un cierto margen de actuación que se pueda aprovechar.

3. ¿No se puede simplemente subvencionar a las empresas?

El Estado no puede, en principio, dar ayudas o subvenciones directas a ninguna empresa, siempre que se ha intentado ha despertado las sospechas de las instituciones europeas que se encargan de la competencia. En ocasiones ha tenido que buscarse mecanismos «bajo manga» para inyectar fondos públicos en una empresa.

El caso de la subastas de interrumpibilidad para las industrias electrointensivas es una ejemplo claro de subvención «bajo manga». Fue la solución que el PP encontró para poder dar una serie de fondos a las empresas con el fin de que mantuviesen su actividad.  Alcoa, en concreto, ha llegado a recibir unos 1000 millones de € en fondos públicos por esta vía. Sin embargo este sistema ha estado desde sus inicios bajo la lupa de la UE, y no es más que una solución precaria y temporal, que apura al límite las posibilidades legales del marco normativo de la UE y España. Necesitamos una solución estratégica, a largo plazo.

4. La compra de participaciones (acciones)

Pero en ningún sitio de la legislación europea y española está escrito que las instituciones públicas no puedan actuar en el mercado como otro agente más, al mismo nivel que los inversores privados.

En este momento el Estado español es propietario de una de las mayores empresas del país: la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

También Navantia, el grupo de astilleros civiles y militares es una empresa propiedad del Estado. Enagás, que cotiza en bolsa, tiene una participación minoritaria del Estado. Red Eléctrica, también cuenta con el Estado español entre sus accionistas.

Airbus, Hispasat, Indra, Tragsa, Televisión Española, IAG (fusión de Iberia y British Airways), están participadas, al menos en parte, por las instituciones públicas españolas.

Podríamos buscar otros ejemplos fuera de España. En Francia, el estado es propietario de parte de Orange (antigua France Telecom). Alstom, el megagigante industrial de los ferrocarriles. En total, la República Francesa tiene intereses en 81 compañías, por un valor de 90.000 millones de euros, que dan de comer a 1,7 millones de trabajadores y trabajadoras.

En Alemania, y aprovechando que estamos hablando de Avilés, el gobierno de la región del Sarre, mantiene una participación al 50% con ArcelorMittal, en la mayor acería de la región.

Por si hubiese dudas, veamos lo que dicen los grandes ejecutivos. El pasado 2 de octubre, el CEO de Red Eléctrica (20% pública) respondía así a la propuesta de Pablo Iglesias (Podemos) de nacionalizar totalmente la empresa: “Si tienen 8.000 millones de euros y consiguen mayoría parlamentaria suficiente, que lo hagan”.

Es decir, el estado SÍ PUEDE comprar acciones de empresas privadas y a través de este sistema ganar influencia en las mismas, incluso tomar el control total. La SEPI es el instrumento para hacer esto.

5. ¿Qué puede hacer la SEPI?

Según la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es la entidad pública encargada de la gestión de los activos industriales propiedad del Estado, en su mayor parte acciones en empresas.

Impulsar y coordinar las actividades de las sociedades en las que participe en función de su grado de participación. Comprar y vender acciones de empresas privadas y públicas como otro agente más en el mercado.

Para la comprar de paquetes accionariales que supongan más del 10% de una empresa, o más de 1.000 millones de euros, debe contar con autorización del Gobierno.

La SEPI puede endeudarse hasta los límites establecidos en los presupuestos del Estado. Y además cuenta con las aportaciones que, vía presupuestos, el estado le asigne, que puede ser más o menos.

En general, y con ciertos límites, la SEPI no tiene un funcionamiento demasiado diferente al de cualquier fondo de inversión, con la salvedad de que requiere autorización del Gobierno para determinadas operaciones.

6. ¿Que significa esto?

Que, frente al discurso de los políticos neoliberales del PSOE y el PP, el estado puede perfectamente ser el ansiado inversor que los trabajadores suelen reclamar en este tipo de conflictos.

Que el estado intervenga no es una cuestión técnica, es una cuestión de pura voluntad política y ahí es donde hay que situar el debate y la reivindicación.

El Gobierno Español, Gallego y Asturiano, deberían de dar explicaciones de porqué no actúan de esta manera cuando cuentan con instrumentos legales para hacerlo.

7. En el caso concreto de Alcoa: ¿Qué hacer?

El Estado español debe abrir una negociación con la multinacional Alcoa, para desgajar los centros de trabajo afectados por el cierre en sociedades por acciones separadas del grupo principal. Después hacer una oferta de adquisición de acciones a través de la SEPI, para esos centros.

La participación del estado puede ser total, o parcial. En la negociación con Alcoa se puede valorar si a la multinacional y a otros inversores les puede interesar seguir manteniendo presencia accionarial en Avilés y A Coruña.

Una vez con la mano del estado dentro de esas empresas, se debe organizar con los trabajadores y las comarcas de la zona (sindicatos y ayuntamientos) un plan industrial de viabilidad a largo plazo.

8. ¿Esto soluciona el problema?

Los centros de Alcoa en Avilés y en A Coruña siguen teniendo problemas estructurales muy graves, requieren inversiones para modernizarse, está el importante problema de la tarifa eléctrica. El mercado internacional del aluminio, como otros productos industriales, está pasando por dificultades. Las políticas de austeridad también imponen límites presupuestarios. Parte de la patronal va a ver un peligro para sus intereses si el estado empieza a meter las narices en el mundo de los negocios.

A esto hay que añadir la situación económica general, donde todo apunta a una inminente entrada en recesión en la zona euro y en general en los países capitalistas occidentales.

NO, desde luego, la nacionalización parcial o total no es la panacea ni una solución milagrosa. Simplemente es una salida a corto plazo que da un mayor margen de actuación a los trabajadores y abre una ventana de oportunidad para evitar el cierre.

Es una reivindicación concreta, viable, legal, y que entra dentro de lo posible y lo deseable. Es una forma de unir a los trabajadores y a las comarcas afectadas en una lucha concreta por un objetivo. Es una forma de superar el ¡No al cierre!, de pasar de la denuncia de una situación, a una agenda de lucha que amplía el escenario de los trabajadores.

9. Post data

Hemos dicho ya en varias ocasiones que la situación económica general está empeorando. Muchas empresas grandes han tenido beneficios netos en los últimos años, que no se han trasladado a los trabajadores. Pero si analizamos la tasa de ganancia por euro de capital invertido, la cosa cambia.

En realidad, la economía productiva de nuestro entorno tiene cada vez más dificultades para darle una rentabilidad suficiente a los inversores. El dinero se va a la especulación y la bolsa, no se reinvierte porque no da rentabilidad. Si, como parece que va a pasar, la economía vuelve a entrar en recesión, podemos enfrentarnos a una avalancha de cierres en empresas importantes.

El contar con un mecanismo de intervención pública en la economía puede ser una forma de amortiguar el impacto de la recesión. Una gran conglomerado de empresas industriales públicas nos daría una oportunidad de actuación ante la crisis económica venidera. Un bastón de mando sobre la economía que este momento no tenemos.

Y además nos permitiría ir más allá, empezar a plantear un modelo económico alternativo, basado en la propiedad social de las grandes empresas, con participación de los trabajadores, con democracia en las empresas, con coordinación y planificación estratégica.

Aunque pueda parecer extraño, esto es bastante más realista que el sueño utópico de que aparezca un inversor privado que compre la fábrica. Esa cantinela ya la hemos escuchado otras veces y no ha dado resultado.

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