El acuerdo para los PGE que han firmado el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos adolece de muchas limitaciones, siendo la principal que va a requerir una política valiente y decidida para garantizar su aplicación, algo que, conociendo el historial de los socialdemócratas españoles, es un riesgo considerable. A pesar de ello, incluye medidas positivas y que pueden servir para mejorar las condiciones de la mayoría social trabajadora en nuestro país. Sin ser medidas especialmente duras, a la patronal española y sus representantes políticos les ha faltado tiempo para anticipar el apocalipsis y el caos económico.
Y, como la cabra tira al monte, los reaccionarios españoles han corrido a buscar ayuda para imponer su programa allí donde la encuentren. Fernando VII se fue a la Francia de la restauración borbónica, una de las potencias absolutistas europeas de la época, a pedir un ejército de 100.000 hombres para librarse de los «molestos liberales». Franco se fue a Alemania e Italia, países fascistas de la Europa del siglo XX, a pedir tanques, aviones y soldados para librarse del «contubernio masónico comunista». Y el señor Pablo Casado se ha ido a la Unión Europea, baluarte del neoliberalismo en la Europa del siglo XXI, a buscar una intervención para librarse de los «populistas e independentistas que quieren romper España».
Todos estos buenos «patriotas» se envuelven en la bandera para tapar sus vergüenzas, pero no dudan ni un segundo en violar la soberanía nacional española para frenar las medidas progresistas que los propios españoles decidimos adoptar, sin importarles un ápice el daño o el perjuicio que puedan causar a la mayoría social trabajadora del país por el camino. Nunca les ha importado que se destruyera o saqueara España, si a cambio ellos podían gobernar sobre las ruinas.
Lo que está en juego hoy es mucho menor: ni las medidas aprobadas en estos PGE tienen el contenido progresista que tuvieron el Trienio Liberal y la II República, ni la posible intervención de la UE en las cuentas españolas tiene el contenido reaccionario que tuvieron las invasiones de España en 1823 y 1936. Pero nos permiten identificar tendencias: la primera, una lección histórica, que los «patriotas» sólo lo son en tanto en cuanto «patria» y «negocio» sean sinónimos.
La segunda, más importante, que la Unión Europea se revela de nuevo como guardiana y protectora del proyecto neoliberal de la burguesía europea, representada por los lobbies entorno a los que se agrupan los grandes empresarios y banqueros, las verdaderas autoridades que dirigen la política de la UE desde Bruselas. Según parece, la Comisión Europea podría tirar abajo las cuentas del gobierno italiano; sin que los progresistas podamos identificarnos con el proyecto italiano, nos permite hacernos a la idea de lo que puede suceder si se presentan ante la Unión Europea proyectos que difieran de la línea oficial. Unos presupuestos verdaderamente sociales, que impliquen medidas de control democrático de la economía, intervención estatal en los sectores clave, y políticas que se desmarquen de la línea que marcan los lobbies provocarán una intervención similar, e incluso mayor, por parte de las autoridades europeas. La Unión Europea vuelve a mostrarse como un obstáculo insalvable para impulsar políticas populares y democráticas, y sitúa de nuevo como elemento clave para cualquier proyecto serio de izquierdas la necesidad de la ruptura.
Y la tercera, que, de nuevo, el PSOE se encuentra ante una disyuntiva: o plegarse a las posibles exigencias y modificaciones que Bruselas plantee ante los PGE 2018, o mantenerse leal al proyecto que ellos mismos han firmado. Con la firme identificación que el PSOE mantiene con el ideario de la UE, y con los interminables ejemplos de anteriores ocasiones en los que se ha retractado o ha reculado sobre sus propias posiciones, es muy real la posibilidad de que estos PGE no sean más que la enésima cortina de humo por parte de los herederos de Felipe González y Alfonso Guerra.
En cualquier caso, los trabajadores de este país volvemos a comprobar que los únicos garantes de un proyecto social y democrático en España somos nosotros mismos, con nuestras organizaciones sindicales y políticas a la cabeza. A la amenaza de la intervención extranjera, aclamada una vez más por la derecha, se une a la amenaza de claudicación por parte de determinados sectores de la izquierda, representados por el PSOE. Los 100.000 hijos de Pablo Casado no han puesto aún un pie en España, pero, si queremos construir un proyecto político progresista, democrático y popular, podemos irnos preparando para su llegada.