La sentencia del Tribunal Supremo, por la que han decretado que los hipotecados son los responsables de pagar el impuesto, no ha dejado a nadie indiferente. Ciertamente pocos son los que se han pronunciado a favor. Y una mayoría se ha enfurecido ante tal atropello en favor de la banca y en contra de la gente. Especialmente ha generado rechazo por parte de las familias trabajadoras, hipotecadas y con mayores dificultades económicas, dado que era a estas a las que mejor les venía recuperar una importante suma de dinero que les aliviase en esta época. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha optado por beneficiar a las entidades bancarias, las cuales amasan miles de millones de euros en patrimonio y beneficios.
Todos los partidos políticos han señalado, de una u otra forma, la injusticia, por miedo a perder votos ante el clamor popular, pero ninguno cuestiona el fondo del problema. Algunos se han atrevido a señalar que los jueces benefician a la banca. Y no cabe duda de que el Poder Judicial se encuentra al servicio de las grandes empresas y de los grandes bancos que dominan nuestro país con la fuerza de su dinero y con la fuerza de su influencia, para poner a unos y quitar a otros.
El Poder Judicial actúa, sin lugar a dudas, como vasallo de los bancos, los cuales se han visto beneficiados con la sentencia en relación a las hipotecas. Podremos decir que están en nómina de los bancos, que están alineados con los intereses de los bancos porque defienden, con un carácter marcadamente ultraconservador, la estabilidad de la banca, mejor dicho, la estabilidad de sus multimillonarios beneficios. Es un compromiso ideológico que tienen con la banca y con el sistema que tanto les beneficia.
Sin embargo, el problema es más profundo que una simple respuesta en este sentido; o, mejor dicho, la solución es más profunda. Este caso ha sacado a la luz toda la podredumbre existente en el Poder Judicial, en tanto en cuanto impone la ley de la banca por encima de la democracia y por encima de la gente. Los sucesivos cambios de criterios y una endeble justificación, argumentando que la ley no es clara, marca claramente que al final han decidido interpretar la ley, con sus lagunas, del lado de quienes se benefician de las hipotecas.
El problema democrático en el Poder Judicial está ahí desde siempre. También lo sufrieron los trabajadores de Coca-Cola al encontrarse con un cambio de juez en la Audiencia Nacional, que reinterpretó la sentencia del anterior juez permitiendo que los propietarios de Coca-Cola siguieran incumpliendo la sentencia y, por tanto, no reincorporara a los trabajadores a su mismos puestos de trabajo dado que había desmantelado la planta.
De esta manera, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿Quién controla a los jueces? ¿Ante qué voluntad responden? Está claro que no cumplen con la voluntad democrática de la mayoría de la población de España. Entonces, ¿cómo son elegidos para cargos tan importantes como el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial? La respuesta es sencilla. Los miembros del Tribunal Supremo son elegidos por el CGPJ y por el propio Rey. Y el CGPJ son elegidos por los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular y el PSOE copan el total de los nombramientos y la lógica de los lobbies de presión campa a sus anchas por sus despachos. Tanto es así que esa misma banca que se ha visto beneficiada por la sentencia es la que financia a crédito las campañas electorales de estos partidos políticos. Y, como viene sucediendo desde hace décadas, esta deuda es condonada. Además estos partidos reciben donaciones12. Aquí se cierra el círculo. Es el «yo te pago para que trabajes para mí y coloques a gente en buenos puestos para que trabajen para mí».
¡Entonces es absolutamente hipócrita que el Partido Popular y el PSOE critiquen la sentencia! Son los jueces que han colocado en el famoso tribunal los que se han visto obligados a modificar su criterio con respecto al impuesto de las hipotecas cuando la banca ha visto que debía devolver 4.000 millones de €. Esta ha movido sus hilos.
Así pues, la furia que ha desatado esta sentencia hay que trasladarla a asestar un golpe al control dictatorial que la banca y las grandes empresas ejercen sobre el Poder Judicial. Hay que arrebatárselo y sujetar al Poder Judicial a la voluntad democrática de la población. Hay que quitarles el poder y dárselo a la gente.
Por ello, los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los miembros del Tribunal Supremo deben ser elegidos directamente por la población. Y deben ser revocados y expulsados sin miramientos de estos órganos del Poder Judicial cuando no respondan a la voluntad de la gente. ¿Qué habría pasado si la forma de elegirlos fuese directa? O bien no se habría atrevido a sentenciar en contra de la población, o bien hoy ya estaría siendo expulsados de sus puestos por mandato democrático de la gente. Está claro que la Justicia debe ponerse al servicio de la mayoría social.
[…] parcial como parte de un Estado capitalista, y el problema democrático que supone, ya hemos reflexionado recientemente, planteando como una cuestión fundamental la elección directa de los miembros del CGPJ y el […]