La sociedad en que vivimos se basa en una red de servicios accesibles a los ciudadanos, con un mayor o menor carácter público y diferentes formas de propiedad pública y privada. El carácter público de dichos servicios hace que se establezcan unos flujos económicos entre ellos, de tal forma que mediante una combinación de impuestos y beneficios extraídos de algunos se consigue la financiación (o así debería ser) para otros. En esta segunda categoría podemos incluir aquellos que, si bien cubren necesidades sociales variadas de la población, no están directamente relacionados con la cadena de producción del valor. No obstante, tampoco están aislados de esta, ya que, en su raíz, forman parte del entramado de «trabajos de cuidado» destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo: es decir, de los trabajadores.
La sanidad es un claro ejemplo de ello, como también pueden serlo los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos o el servicio de bomberos de una ciudad. Hablamos, por tanto, de que la salud es una cuestión colectiva. Desde una perspectiva técnica, la enfermedad que sufren los individuos de mi entorno repercute en mi salud, así como en la sociedad de la que todos formamos parte. Por tanto, la sistematización de la sanidad poblacional lleva aparejada una responsabilidad directa por parte de los Gobiernos.
Históricamente, la mayor operación de salud pública llevada a cabo, y que ha permitido salvar un mayor número de vidas humanas, fue la potabilización de las aguas, seguida por las campañas de vacunación a nivel mundial. Rara vez son las acciones individuales de los médicos las que crean una escuela que, a escala planetaria, permita tener un impacto en la mortalidad o morbilidad de los ciudadanos, de forma que resulta obligatorio ligar la salud individual a la colectiva, e intervenir sobre esta con medidas poblacionales a cargo de entidades estatales.
En este sentido, Canadá desencadenó en el siglo pasado una revolución de la medicina mundial a raíz del conocido como Informe Lalonde. El ministro que le dio nombre llegó a la conclusión de que la mayoría de enfermedades tenían una causa o al menos un condicionamiento puramente socioeconómico, de forma que las intervenciones sanitarias de la Salud Pública habrían de estar encaminadas a la prevención de las mismas, actitud que ha demostrado tener una mejor relación coste-efectividad que el tratamiento de las mismas. Cuatro años después, los responsables a nivel sanitario de llevar a cabo dicha prevención poblacional, los médicos de atención primaria, se reúnen bajo la organización de la OMS y UNICEF en la ciudad kazaja de Alma-ata para reafirmar que la medicina está entrando en la dinámica de la prevención, pasando a concebir definitivamente la medicina como una cuestión socioeconómica a cargo del Estado, en comparación con el modelo tradicional de enfermedades aisladas de individuos con médicos y cirujanos independientes que los han de curar.
Es por ello que quienes defendemos que la enfermedad se trata de forma colectiva, y que el ente gestor de dichas medidas debe ser el Estado o sus organismos, abogamos por algo tan banal como que éste sea el foco, el objetivo, de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, las dinámicas privatizadoras que estamos viendo en la mayoría de sistemas sanitarios públicos del mundo occidental (entre ellos, por supuesto, el sistema sanitario español) suponen un cambio de lógica. Introduciendo el factor mercado en la sanidad, la consecueción de unos beneficios para repartir entre los inversores pasa a ser el factor principal.
Podemos obtener una aproximación acertada al estudiar un metaanálisis publicado en la NEJM en 2004, a raíz de presiones al gobierno de Canadá para privatizar su gestión sanitaria. A partir de dicha comparativa entre los modelos canadiense y estadounidense, se deduce que la sanidad privada supone al Estado un precio más elevado que la sanidad pública, debido según concluye a “la necesidad de generar ingresos suficientes para los inversores, un requerimiento ausente en los hospitales sin ánimo de lucro»1. Este aumento del gasto, según este estudio, fue del 6%.
¿Supone esto una carga excesiva para el país? Tomemos ahora el caso de España. La sanidad pública española invierte el equivalente a un 9.5% del PIB en el sistema sanitario. Por otra parte, en EEUU se invierte un 17.4% sin que esto de lugar a un aumento de la eficiencia: por el contrario, nos encontramos con que se deja a un 15% de la población fuera de su sistema sanitario2. Para los márgenes en los cuales los sistemas sanitarios se mueven, un aumento del 6% del coste, junto con la introducción del criterio de obtención de beneficios, marketing y gastos administrativos, supondría colocarnos en un entorno sanitario similar al de EEUU, en el que los asegurados normalmente contratan una oferta de servicios sanitarios aparejada a sus contratos laborales.
Pese a estas evidencias, la experiencia personal de los ciudadanos que vivimos en nuestra piel el sistema sanitario, unida a la falta de financiación (calculada y aplicada con un claro criterio político) y a las campañas de deslegitimación de los servicios públicos, nos inclina a pensar que éste no es sostenible. Parece que prácticamente los hospitales se caen a trozos y las listas de espera no tienen fin. En efecto, hay mucho que mejorar, y la crítica es el mejor criterio para la mejora. No obstante, la sanidad española consigue alcanzar tasas de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil mejores que la media de los países de la OCDE3 pese a recibir 3.067€ por habitante y año de gasto, frente a la media europea de 3.361€. Al tratarse de un servicio, y no de un negocio, depende de la financiación pública.
La sostenibilidad del sistema sanitario español está, por tanto, estadísticamente probada, y avalada por la experiencia adquirida durante décadas, al conseguir mejores resultados que los de su entorno incluso con una menor inyección de capital público. Las potenciales mejoras tanto a nivel estructural como incluso del salario de los trabajadores del sistema público de salud pasan por tanto por la inversión pública en la medida de lo posible, pues la experiencia demuestra que la solución privada, mirándonos en el espejo de EEUU, no sólo no conlleva una mejora en la eficiencia ni en la calidad del servicio, sino que en realidad comporta un encarecimiento de la gestión y un modelo inicuo que, desde luego, no interesa a la amplia mayoría de beneficiarios de nuestro sistema público y social de salud.
Notas
- Woolhandler S, Himmelstein DU. Costs of care and administration at for-profit and other hospitals in the United States. N Engl J Med 1997;336(11):769-74.
- Angell M. Privatizing health care is not the answer: lessons from the United States. CMAJ October 21, 2008 179 (9) 916-919
- Our World in Data Organization
[…] UCIs y de prácticamente todos los servicios médicos. Incluso desde un punto de vista económico, desde una perspectiva de coste-beneficio, la opción pública se revela hoy en día como una necesidad inexcusable de cualquier sociedad […]