Son 4000 empleos directos e indirectos en la zona de Ezkerraldea (Margen Izquierda) en Bizkaia, los que están seriamente amenazados si cierra el histórico astillero de La Naval, ahora mismo en manos de un administrador concursal.
Ante esta situación los trabajadores han puesto sobre la mesa la posibilidad de que las instituciones del Estado (Gobierno de España y Gobierno Vasco) compren parte de las acciones de la empresa.
Pero los trabajadores están dándose de bruces con la negativa del PSOE y el PNV a actuar en beneficio de los trabajadores, sus familias y la comarca. Los dos partidos se escudan en la lógica neoliberal de no intervención pública en la economía, y alegan una supuesta ilegalidad, ante la normativa europea, de cualquier medida de adquisición de participaciones en la empresa por parte del Estado.
Para demostrar que esto es falso, los trabajadores han encargado un informe jurídico a una consultora, en el que han participado expertos en materia de competencia y europarlamentarios. Las conclusiones son claras:
Los gobierno vasco y central pueden comprar los activos empresariales de La Naval al administrador concursal, siempre que no implique transferencia de recursos a la empresa. Esta compra no sería una ayuda de estado y no va en contra del articulo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Naval, con parte de sus acciones en manos del Estado, actuaría igual que cualquier otro operador privado en una economía de mercado, y por lo tanto no vulneraría las normas de libre competencia europeas.
Sería necesario acompañar la compra con un proyecto empresarial y un plan de viabilidad y de negocio que permita funcionar a la empresa a medio y largo plazo y con una carga de trabajo para tres o cuatro años.
De hecho La Naval ya tiene disponible parte de esa carga de trabajo: «Tenemos un barco a medio hacer, con trabajo para 20 meses y empleo para más de 1.000 personas», señalan los representantes de los trabajadores.
El Comité señala en un comunicado que, frente a la retórica del PSOE y el PNV de que «no hay nada que hacer» y que «es imprescindible un inversor privado», «la necesidad de un inversor privado, no es determinante», y que los gobiernos «no pueden seguir poniendo excusas» y «deben poner en marcha la compra de los activos del astillero con o sin inversor de acompañamiento».
«Comprar La Naval ahora solo es cuestión de voluntad política».
Incluso se han ofrecido a aportar el dinero de sus indemnizaciones, unos 4 millones de euros, para adquirir el 40% de la empresa, si el Estado adquiere el 60$%.
Tras la reunión de ayer en la que constatamos que ni Gobierno Central ni Vasco han hecho nada por rescatar La Naval, ponemos sobre la mesa nuestras indemnizaciones como inversión privada. Ahora ya tienen carga de trabajo, plan de viabilidad e inversor privado. #LaNavalEzItxi pic.twitter.com/Ygzrvtp4zX
— LaNavalEzItxi (@LaNavalEzItxi) 14 de diciembre de 2018
La idea de que el Estado se convierta en inversor en la economía productiva, mediante la compra de participaciones o creación de nuevas empresas, se está abriendo camino poco a poco entre la clase trabajadora. Ya en el conflicto de Alcoa esta propuesta resonó con fuerza en el debate público y llegó a ser contestada de forma torticera por las autoridades del gobierno del PSOE con el clásico mantra: «No somos un país comunista» o el clásico «contradice la normativa europea».
En el caso de Alcoa, la situación se ha resuelto, por ahora, con un acuerdo que da 6 meses de respiro a la plantilla, a la espera de que un, más que dudoso, inversor privado caiga del cielo. Este acuerdo incluye prejubilaciones e indemnizaciones por encima de lo habitual, en el caso de que no aparezca ese inversor. Alcoa y el PSOE precipitaron este acuerdo, relativamente ventajoso para la plantilla, para cortar el debate social sobre la intervención del Estado.
Se confirma con esto, la tesis de que al PSOE (y los intereses económicos que defiende) y a la mayoría de los partidos de la burguesía, no les hace ninguna gracia que opciones alternativas al clásico «a ver si aparece un inversor privado», entren en el debate público y sean tenidas en cuenta como opciones reales para la clase trabajadora y el futuro económico del país.