Una pequeña gran victoria de los trabajadores de Telyco-Telefónica

La presión de los trabajadores ha obligado a Telyco a dar marcha atrás en su plan de despedir a dos trabajadoras, delegadas sindicales, como parte de su campaña de represión anti-sindical. Por desgracia, este problema no se limita a una serie de casos aislados: es un fenómeno estructural. Y sólo los trabajadores podemos cambiarlo.

Concentración de apoyo al compañero Diego Foscaldi, contra la persecución anti-sindical en Telyco. Foto: @ccootelecomad

Esta historia ha tenido un final feliz: la dirección de Telyco ha tenido que dar marcha atrás en sus medidas de persecución y represión anti-sindical. El despido de dos compañeras sindicalistas de la empresa se ha echado atrás finalmente, ante la presión de los trabajadores organizados y la posibilidad de que se produjeran grandes movilizaciones de denuncia, que ya estaban siendo organizadas por los sindicatos. Una vez más, el caso de Telyco nos demuestra que si actuamos unidos y nos protegemos los unos a los otros, tenemos más fuerza de la que creemos. Somos capaces de alcanzar victorias de cualquier magnitud: desde poner freno a la represión anti-sindical como se ha conseguido en este caso, hasta proteger nuestros puestos de trabajo, amenazados por un ERE, como consiguieron los compañeros de CocaCola.

Por desgracia, los problemas de este tipo no se limitan a una serie de casos aislados. La persecución que sufren nuestros sindicalistas es un problema estructural, que se repite, tanto en el fondo como en la forma, en todas las empresas del país. En la propia Telyco, el compañero Diego, secretario de la sección, sigue sufriendo problemas de acoso por parte de la dirección. Sin ir más lejos, este jueves los trabajadores de la fábrica de PSA-Peugeot Villaverde se concentrarán en la puerta de la empresa para denunciar el despido del compañero Álvaro, un trabajador afiliado a CCOO que ha sido despedido de forma arbitraria por la empresa.

Una sencilla búsqueda en Internet arroja muchísimos más ejemplos. Sentencias que condenan a empresas de la magnitud de Bridgestone, Roca, la propia PSA (reincidente en este tipo de delitos…) o DHL. Y a pesar de todo, desde la esfera política no sólo se hace la vista gorda, sino que se refuerza y legitima la persecución sindical, criminalizando derechos sindicales básicos como los piquetes o facilitando los despidos con sucesivas reformas. Ya va siendo hora de que la voz de los trabajadores se escuche en el espacio público.

Basta de criminalización de la actividad sindical

En un artículo reciente denunciábamos todo el proceso de descrédito y acoso que sufren las organizaciones sindicales en nuestro país (aunque el fenómeno va mucho más allá de nuestras fronteras). Es un problema gravísimo, porque es un problema que ataca a un derecho democrático básico. Cuando entramos por la puerta de la empresa, los trabajadores dejamos atrás prácticamente todo vestigio de democracia. De puertas para dentro, millones de personas vivimos en la dictadura de los directivos y los capataces, que ejercen su poder prácticamente sin contrapeso. La única herramienta de la que disponemos para protegernos son los sindicatos.

Las organizaciones sindicales son el único espacio democrático en el seno de las empresas privadas. Espacios en los que se rinden cuentas, se eligen representantes, y en los que los trabajadores tenemos poder de decisión. Nada de esto podría trasladarse a día de hoy a un sólo Consejo de Administración o a una sola dirección de empresa. Ahí, en esos espacios, no somos más que números, herramientas de usar y tirar, fuentes de riqueza que explotar. Y sin embargo, los sindicatos son constantemente vilipendiados como organizaciones corruptas, anacrónicas y violentas. No estamos hablando de jefecillos «cuñados» en pequeñas empresas de la España profunda: estamos hablando de directivos empresariales de primera línea, como Marcos de Quinto, que ahora además da el salto a la política para trasladar sus difamaciones anti-sindicales al Parlamento.

Es normal, por tanto, que ese discurso repetido hasta la saciedad encuentre eco en las organizaciones políticas, y, a través de estas, en la sociedad. Una piedra angular de toda esta campaña anti-sindical es la crítica constante a la figura de los piquetes. Los «constitucionalistas» pican de la Constitución lo que les apetece, porque el hecho de que ésta reconozca los piquetes como un derecho fundamental vinculado al derecho a huelga no parece importarles tanto como los capítulos relativos a la unidad de España. Si piden cárcel y durísimas penas contra los independentistas, ¿qué deberían pedir para aquellos que atacan y persiguen a los piquetes? ¿La Constitución sólo hay que hacerla cumplir cuando ellos quieren?

La criminalización de la actividad sindical, tanto a través de la difamación y las falsas acusaciones, como a través de las medidas concretas de persecución de los trabajadores organizados, ya sea mediante el despido de activistas sindicales o mediante la persecución y detención de los que participamos en los piquetes, es antidemocrática. Los sindicatos no sólo deberían ser protegidos, sino que se les debería dotar de más capacidades y poderes en el seno de la empresa.

La democracia no puede acabar en la puerta de la empresa

Los sindicatos, como señalábamos antes, son los espacios más democráticos en la esfera de la empresa privada. Una sociedad democrática, en consecuencia, debería ofrecerles más capacidades, más libertades, más poder de decisión en las empresas.

El régimen dictatorial al que nos vemos sometidos los trabajadores durante ocho horas al día (cuando no más) nos causa problemas de salud y afecta a nuestra calidad de vida. Este ambiente hostil hacia el trabajo es comprensible si tenemos en cuenta dos elementos: el primero, que los trabajadores tenemos poca o ninguna capacidad de evitar que la empresa tome determinadas decisiones; el segundo, que hay niveles de la empresa en los que ni siquiera estamos representados. Es lógico que en esos niveles no piensen en nosotros como personas: ahí, donde de verdad se dirigen las empresas, sólo somos activos, recursos a disposición. Los trabajadores siempre hemos luchado por la democracia en casi todos los aspectos de la sociedad: es hora de que la exijamos en el espacio en el que aún perviven algunas de las relaciones más antidemocráticas. Y para ello, la mejor herramienta con la que contamos son los propios sindicatos.

Los Comités de Empresa deben disponer de más capacidades y recursos. Primero y principal, deben disponer de todo lo que necesiten para desarrollar su trabajo: espacios, materiales y, sobre todo, información. La transparencia que exigimos a las instituciones públicas tiene que exigirse también a las empresas. Cuando nos dicen que la sanidad y la educación pública son deficitarias e inviables, no nos lo creemos, y las defendemos. ¿Por qué sí creemos, a veces, cuando nos dicen que una empresa «necesita» un ERE, o tiene que aplicar recortes salariales, o flexibilizar los turnos? Hay empresas en las que ese tipo de decisiones se toman escondiendo o negando información a los representantes sindicales. Eso tiene que acabar.

También debemos ofrecer un papel más importante a los Comités de Empresa en la dirección y la toma de decisiones. Procesos tan importantes como los despidos, las reestructuraciones o las externalizaciones no deberían poder aprobarse sin el voto afirmativo del Comité de Empresa. Los puestos directivos deben contar con el refrendo democrático del Comité, para que los gestores respondan ante los trabajadores y no ante los consejos de accionistas. Incluso así, la gestión diaria de las tareas y procesos podría recaer en cuadros técnicos, pero las decisiones más importantes deberían tomarse de forma democrática. Si funcionamos así en todos los demás ámbitos de la sociedad, ¿por qué no en las empresas? ¿Por qué nuestras vidas laborales están en manos de personas a las que no hemos elegido y que no nos rinden cuentas de ninguna manera?

Los trabajadores necesitamos voz pública

Marcos de Quinto está detrás de uno de los EREs criminales más recientes de nuestro país. Un intento de despojar a centenares de familias trabajadoras de su medio de vida sólo para que un puñado de accionistas reciban un dividendo mayor en sus abultadas cuentas. Por suerte para nosotros, y por desgracia para él, se encontró enfrente a una organización sindical fuerte, que ha sostenido la batalla convencida de que podía ganarla. Y, al final, así ha sido. Pero Marcos de Quinto ha recibido su premio: ahora da el salto a la política para intentar que la agenda de la gran empresa se imponga allí donde todavía no lo ha hecho.

Si personajes como Marcos de Quinto juegan un papel importante en la política de nuestro país, la próxima vez que un colectivo de trabajadores se encuentre con una situación como la de CocaCola en Lucha, puede que el resultado sea diferente. Puede que la legalidad haya cambiado y el ERE, esta vez, sea legal. Puede que la represión contra los trabajadores sea más dura y más profunda. No es un panorama alentador, pero es lo que ocurre cuando son personajes como Marcos de Quinto los que determinan la dirección de la agenda política, ya sea directa o indirectamente.

Para contrarrestarles, necesitamos organizaciones políticas de trabajadores. Nuestra fuerza colectiva y organizada es superior a su poder, por muy grande que nos parezca: el caso de Telyco-Telefónica es el último ejemplo que sumar a una larga lista que nos demuestra que, aunque haya algunos empeñados en olvidarlo, esto no ha cambiado. No sólo necesitamos fortalecernos en las empresas, sino también fuera de ellas: dar la lucha contra las situaciones de injusticia que vivimos a diario en el trabajo es importante, pero también lo es presionar para que las leyes cambien, para que cambie lo que a efectos legales se entiende por «injusticia». Nosotros sabemos claramente qué es una injusticia, pero necesitamos que la ley lo reconozca también para que la justicia se vea obligada a actuar, para que no pueda mirar para otro lado.

Ya hay trabajadores que están dando un paso al frente y adquiriendo un papel político. Es el caso de la compañera Gema Gil, una de las espartanas de CocaCola en Lucha, candidata a la alcaldía de Leganés; o el del compañero Jesús Santos, trabajador de ESMASA, que lleva ya años trabajando en Alcorcón para situar las reivindicaciones obreras en la agenda. Son sólo dos ejemplos de una tendencia que debemos reforzar, tanto a nivel público como a nivel organizativo: los trabajadores tenemos mucho que decir y mucho que proponer para resolver los problemas y desafìos de nuestra sociedad. Siempre hemos encabezado la lucha por el progreso: hoy somos más necesarios que nunca.

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