Los habitantes de la #EspañaVaciada exigen soluciones a un Estado que debe asumir responsabilidades

La Revuelta por la España Vaciada, una movilización organizada por asociaciones y colectivos de estas provincias del interior del país que sufren el abandono y la despoblación, ha situado la cuestión de los desequilibrios territoriales en el debate público. Más allá de propuestas electoralistas sin mucho recorrido, necesitamos un plan de medidas contundentes, que sólo el Estado puede impulsar.

Los secretarios generales de las principales centrales sindicales del país, en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada. Foto: CCOO

El pasado domingo 31 de marzo, casi 100.000 personas venidas de varias regiones de España participaron en una manifestación en Madrid para denunciar los problemas que sufren determinadas regiones. Esta grave situación está provocando un proceso de despoblación que acentúa aún más esos problemas, entre los cuales destacan la escasa oferta de trabajo y las intolerables deficiencias en los servicios públicos. El panorama general en la España interior es desolador e impropio de un país desarrollado.

Ante la movilización ciudadana y con la perspectiva de las elecciones generales tan próxima, la protesta de la «España vaciada», tal y como se conocen estas provincias condenadas por la falta de inversión, ha servido para colocar el problema en la agenda. Los partidos políticos que se presentan a las elecciones no han dejado pasar la ocasión para buscar el voto recogiendo el descontento popular. Sin embargo, encontramos pocas novedades, y escasas propuestas que verdaderamente puedan servir para dar la vuelta a una situación tan crítica. Una vez más, nos encontramos con una tarea de tanta magnitud que la iniciativa privada, limitada y cortoplacista, no ha podido afrontar en el último siglo (hay zonas de Castilla y León o Extremadura donde aún no han llegado Internet o un servicio de tren en condiciones) ¿Cómo afrontar entonces el problema de la #EspañaVaciada? ¿Qué soluciones pueden dar la vuelta a las graves dificultades de las regiones interiores de nuestro país?

¿Qué regiones se ven afectadas por la despoblación?

Algunos casos son especialmente conocidos, porque la situación es crítica. Es, por ejemplo, lo que sucede con Soria. En 2011, la provincia castellana contaba con una población de 95.223 habitantes; para 2018, había perdido 6.623 habitantes, un 7%1. En ese período, la edad media de los habitantes de Soria ha aumentado de los 45,67 en 2008 hasta los 47,322 una década más tarde. Tres años más, por ejemplo, que la edad media de Madrid o la de Barcelona. 22.683 personas tienen 65 años o más; sobre una población total de 88.600 habitantes, suponen el 25,6%. La población con una edad inferior a 19 años, en cambio, es del 16,66%. La tendencia parece clara.

Pero hay más casos. En Castilla y León, por ejemplo, las provincias de Zamora y Ávila perdieron, respectivamente, 2.652 (-1,5%) y 1.606 (-1%) habitantes; la comunidad autónoma en su totalidad perdió 17.175 habitantes, un 0,71%34; en Castilla-La Mancha, Ciudad Real se hizo con el dudoso triunfo de ser la provincia con mayor pérdida de habitantes el año pasado, perdiendo un 1.1% de la población, con 5.388 habitantes menos. Extremadura también salió perjudicada el año pasado, perdiendo 6.919 habitantes, un 0,65%5. La edad media de los habitantes de Castilla y León ha aumentado hasta los 47,26 años, mientras que en el caso de Extremadura se sitúa en 44,03 años6; 5 y 2 años más que Madrid y Cataluña.

Eso supone que la población mayor de 65 años en Castilla y León representa un 24,3%, mientras que los habitantes que tienen 19 años o menos representan el 17,14%; en el caso de Extremadura, estos porcentajes se sitúan en el 19,98% y el 20,55%. La media nacional, en cambio, se sitúa en el 17.47% y el 19.96%. Vemos que en ambos casos, el porcentaje de personas mayores es superior al del conjunto de España, lo cual provocará que el proceso de despoblación se acentúe en los próximos años.

¿Por qué se marcha la gente de estas regiones?

La tasa de paro en Ávila, Cáceres y Badajoz, en el cuarto trimestre de 2018, fue de 18.85%, 21,2% y 28,64%7; a nivel nacional, en cambio, fue del 16,74%. En Madrid era del 13,4%, en Bizkaia del 12,61%, y en Barcelona del 11,55%.8 Esto nos ofrece una clave fundamental para entender las diferencias entre provincias: el trabajo. Es difícil formar una familia, llevar a cabo un plan de vida, si no hay trabajo. Muchas personas se ven obligadas a marcharse a otras regiones en las que puedan encontrar empleo. Es un fenómeno demográfico clásico, que lleva produciéndose desde el siglo XVII con la industrialización y la concentración de la población en las grandes ciudades.

Este proceso responde a una lógica de desarrollo capitalista: la concentración de la actividad económica en determinadas regiones, claves por los recursos naturales disponibles (como el carbón en Asturias) o por su posición geográfica (el Levante español, en especial Cataluña, o el País Vasco), fomentada mediante decisiones políticas y administrativas y determinados contextos históricos, responde a la lógica de máxima eficiencia de la producción al servicio del beneficio privado de los inversores y accionistas. El desarrollo demográfico del país no responde, por tanto, a un proceso calculado en función de las necesidades o del bienestar de la población, sino a una estrategia calculada por una minoría social que ha ejercido siempre, en mayor o menor grado, el control. Durante siglo XIX y el XX, por ejemplo, se produjo un éxodo rural tardío en España desde las regiones del interior, como las dos Castillas, Extremadura o algunas provincias de Andalucía, hacia regiones como Cataluña, Madrid o el País Vasco.

Otro factor a tener en cuenta son las infraestructuras y servicios públicos. En la manifestación del pasado 31 se denunciaba la situación de muchas comunidades en materia de educación o sanidad. Los colegios públicos cierran y apenas hay hospitales, obligando a los médicos a recorrer kilómetros y kilómetros de pueblo en pueblo para poder ofrecer consultas demasiado cortas y demasiado espaciadas en el tiempo. Tampoco hay sistemas de transporte público apropiados que faciliten la movilidad de una población muy dispersa con un amplio porcentaje de personas mayores, ni servicios de comunicación adecuados que permitan otros formatos de atención, como la telemedicina: el 20,8% de los hogares de Castilla y León y el 21,6% de los hogares extremeños no tienen acceso a Internet, por el 16,6% de media nacional. En relación a las infraestructuras del transporte, la deplorable calidad del servicio ferroviario de Extremadura es de sobra conocida, mientras que en Soria la falta de una autovía dificulta que la gran industria pueda instalarse en la provincia.

La industria es el motor de la economía

¿Pero por qué algunas provincias tienen el dinamismo económico del que carecen otras? Entre la industria y la construcción, Barcelona empleaba en 2018 al 22,8% de la población; Bizkaia, al 20,9%; Valencia, al 21%9. El caso de Madrid es distinto, sumando un porcentaje menor (13,4% de la población) en estos sectores, pero su capitalidad, al concentrar gran parte de la administración pública estatal, genera un efecto de atracción demográfico particular.

Comparemos estos datos con los de Ávila (18,8%, con la industria representando un 11,7%), Cáceres (14,3%, con la industria empleando a tan sólo el 6,5% de los habitantes) o Badajoz (12,6%, con un empleo industrial que supone el 7,6%) y podremos hacernos una idea. La industria es un factor económico diferencial, en la que se genera el valor añadido que luego se va distribuyendo entre otras ramas de la economía, y del cual los trabajadores perciben un porcentaje (cada vez menor) en concepto de salario.

También la industria está relacionada con la infraestructura. Las comunicaciones, como el acceso a Internet para contactar con los proveedores o desarrollar determinados procesos de fabricación, o el transporte, como las grandes autovías o los trenes que permitan la llegada de materias primas y la salida de mercancías rápidamente y en grandes cantidades, tienen una estrecha y clara vinculación con la industria. Regiones en las cuales este sector económico está prácticamente ausente o es significativamente menor en comparación con otras sufren, por tanto, la falta de infraestructuras. Los políticos tienen, desde luego, un cierto grado de influencia, pero en una sociedad que se rige en términos generales por las leyes del mercado, por la acumulación capitalista, también tienen ciertas limitaciones.

Si buscamos responsables para el abandono de la España interior, no sería procedente olvidar al mercado, y obviar el papel que el desarrollo capitalista ha provocado en generar estas claras desigualdades territoriales. La concentración de la industria en determinadas zonas, dejando a otras provincias del país prácticamente desiertas en lo relativo a esta actividad económica fundamental y básica, está más ligada a la lógica capitalista que a la gestión política o administrativa (aunque ésta, claro está, ha jugado su parte, plegándose a los intereses y actuando al servicio de aquella).

¿Acaso nos toman por imbéciles?

Al igual que el problema del cambio climático, los desequilibrios territoriales difícilmente se van a poder solucionar si confiamos su resolución a los mismos agentes que los han provocado. Una vez más, vemos como casi todos los partidos políticos coinciden, sin embargo, en ese punto: confiemos al mercado la resolución de los problemas que él mismo ha causado. Intentemos encaminar, plantean estos partidos, las fuerzas del capitalismo (que a sus ojos son incuestionables) para que buenamente resuelvan la situación crítica que se vive en muchas regiones de España. Para ello, proponen recurrir a la clásica y recurrente medida estrella de «los reguladores»: la fiscalidad.

Dicho de otro modo, la propuesta política para resolver los desequilibrios territoriales es la misma que para resolver el cambio climático, y la misma que para resolver todos los demás problemas: intentar atraer a la iniciativa privada ofreciendo las condiciones más favorables posibles. Quien sabe si, incluso, hasta el punto de que a los ciudadanos nos salga a pagar, como fue el caso de Amazon en el estado de Nueva York: 3.400 millones de dólares iba a costarle a las arcas públicas neoyorquinas, entre exencios fiscales y bonificaciones, la instalación de un centro de la gran multinacional de Jeff Bezos. En los últimos veinte años, la empresa de e-commerce y logística había recibido 2.438 millones de dólares en subsidios públicos.

La idea de los políticos españoles viene a ser la misma: básicamente, pagar miles de millones de euros a alguna empresa para que traiga algún centro o fábrica a estas provincias, y así «genere empleo». Es decir, que pretenden que paguemos a algún consejo de accionistas o a alguna junta directiva para que nos dejen trabajar. Todo para que, además, los beneficios vayan a parar a las manos de esta misma minoría social que se lo lleva crudo por todos lados. No es de extrañar, por lo tanto, que el beneficio agregado de las grandes multinacionales del Ibex sumara a principios de marzo de este año la friolera de 39.541 millones de euros. Normal que cada vez más parte del dinero que se mueve en España acabe en los bolsillos de un puñado de accionistas: ya son prácticamente uno de cada dos. El otro euro restante nos lo tenemos que repartir entre millones de trabajadores.

Esto no es una solución para los desequilibrios territoriales: esto es una tomadura de pelo. Un insulto a los españoles que viven y quieren trabajar en estas regiones y que sólo quieren tener la oportunidad de desarrollar una carrera profesional y crear una familia allí donde quieran, sin verse empujados a un exilio forzoso a Madrid, Cataluña, País Vasco o Valencia.

Un plan nacional de industria pública para corregir las desigualdades

La solución para la España interior sólo puede llegar por otra vía: si es el Estado quien asume la tarea de corregir estas dinámicas a gran escala y revertir las desigualdades, que se producen entre territorios del mismo modo que se producen entre géneros o clases sociales. Es necesario un gran plan nacional de industria pública para generar el dinamismo económico que sirva como base para la recuperación de las provincias de la «España vaciada», como un primer paso que permita dar pie al desarrollo de las infraestructuras y los servicios, para que sea viable emprender una vida en Soria, en Ávila, en Cáceres o en Badajoz, como lo es en Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia.

La industria pública es legal, y es viable. El Estado cuenta ya con una herramienta que puede emplear para adquirir empresas y asumir la dirección de estas. Cambiar la lógica de funcionamiento, y crear una industria pública nacional que no sirva a los beneficios particulares de los accionistas, sino que siga un criterio social: que genere actividad en las provincias que lo necesiten, aunque tenga que asumir pérdidas en los primeros años, a cambio de recoger un dividendo social en el futuro, tanto en forma de empleos como en forma de beneficios económicos que recibirían las propias arcas públicas. El Estado no necesita atraer inversores privados: no necesita seguir la lógica de la competitividad capitalista, del máximo beneficio. Puede funcionar siguiendo otras reglas, democráticas, de redistribución, basadas en la cobertura de las necesidades de la población.

En la práctica, ya se están tomando decisiones que perfectamente podrían servir como punto de partida para este plan nacional de industria pública. Aciturri, una empresa española, ha adquirido recientemente el 61,9% del capital de la empresa aeroespacial Alestis Aerospace, aumentando su participación hasta el 76%; el 24,05% restante lo tiene el Estado, a través de la SEPI. La administración pública podría perfectamente tomar el control de la empresa, haciéndose simplemente con el 51% de las acciones: tendríamos así una industria aeroespacial pública que bien podría seguir este criterio social de funcionamiento, abriendo sedes y generando empleo en estas provincias de la España interior… sin que tengamos que pagar nada a ningún inversor privado.

La SEPI podría contar con otras empresas, como Alcoa, que afronta un más que probable cierre, o La Naval, que también sufre una situación crítica. Si sumáramos a ello un sector energético público, que formara parte de un proceso de transformación económica sostenible, en un esfuerzo colectivo de lucha contra el cambio climático (algo así como el Green New Deal promulgado por los socialistas americanos), tendríamos los mimbres para un poderoso sector industrial público. Los beneficios serían incontables: desde detener y empezar a revertir el calentamiento global, hasta los dividendos sociales que obtendríamos de estas empresas, pasando, por supuesto, por todos los empleos creados, que bien podrían servir para empezar a insuflar actividad en las provincias de la España interior.

Sólo necesitamos cambiar de lógica. El tiempo de la anarquía productiva del libre mercado se está acabando: los retos que afrontan nuestras sociedades son cada vez más profundos y requieren medidas más profundas y a largo plazo para resolverse, que quedan fuera de la mentalidad cortoplacista del sector privado. La planificación democrática es una necesidad que no podemos seguir aludiendo: por la mayoría social, por el clima, por la España vaciada…

Notas

  1. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852
  2. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3199
  3. https://elpais.com/elpais/2018/06/25/media/1529946912_509745.html
  4. https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-encabeza-20181229130008-nt.html
  5. https://datosmacro.expansion.com/ccaa/extremadura
  6. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3198
  7. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3996
  8. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3996
  9. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3994

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