La situación que se está viviendo estos días en muchos domicilios y en centenares de oficinas de Correos de todo el país a raíz del voto por correo es un síntoma más de los graves problemas que atraviesa la mayor empresa pública de nuestro país. En esta revista hemos avisado ya en varias ocasiones sobre el alcance del problema, analizando sus raíces y explicando por qué una empresa con más de 50.000 trabajadores y más de 300 años está en peligro tal y como la conocemos.
Tal es el grado de inoperancia programada al que han llevado a Correos sus directivos, con un claro plan de privatización que han compartido gobiernos de uno y otro signo, que se está llegando a poner en riesgo el derecho democrático al voto: hay hogares a los que todavía no han llegado las papeletas, algunos en los que han llegado con retraso, largas colas de horas bajo la lluvia de espera frente a las oficinas… Muchos ciudadanos están teniendo que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder votar. Y eso a pesar de que no se ha producido un aumento excepcional de las solicitudes: 1.300.000 electores han solicitado ejercer ese derecho, casi 130.000 menos que en las elecciones de 2016.
Cabría esperar que una empresa con tantos años de servicio, y después de tantas elecciones en las que se ha podido votar por correo con total normalidad, estuviera preparada para afrontar las circunstancias relativas al 28-A. Por mucho que desde la dirección se escuden en la Semana Santa, los puentes y fiestas para justificar el panorama bochornoso, lo cierto es que los motivos que explican estos problemas son mucho más prosaicos.
Por un lado, una falta de personal flagrante. Mientras que en 2001 Correos contaba con 63.946 empleados, hoy esa cifra se ha reducido a los 51.2051: una caída de casi el 20%. Por si fuera poco, gran parte de esos trabajadores son eventuales, que van y vienen dependiendo de la etapa del año, por lo que en la práctica hablamos de una plantilla aún menor. Y, además, esta plantilla afronta una sobrecarga de trabajo provocada por el aumento de los ritmos impuesto por la dirección a base de látigo y maltrato, que, por ejemplo, ha provocado en las Unidades de Servicios Especiales (USEs) de Madrid un aumento de los ratios de reparto de 30 a 55 paquetes por trabajador en unos meses. Prácticamente el doble. Los 4.500 contratos no han bastado y es que mucho de ellos (dato que suele omitirse) son a jornada parcial.
Por otra parte, la transformación de Correos de un servicio público en una empresa servil vinculada a Amazon, encargada del reparto de los paquetes del gigante del e-commerce. Desde hace tiempo, se viene operando en Correos un cambio de lógica por el cual el Servicio Postal Universal (que incluye, entre otros factores fundamentales para el correcto funcionamiento de la Administración, lo relativo al voto por correo) es una actividad «poco productiva» y se sitúa el futuro de la empresa, precisamente, en la paquetería.
Dentro de ese plan de negocio que ya está en marcha, esto de las elecciones viene a ser un «pufo» que Correos se tiene que comer… por ahora. Su dirección trabaja incansablemente para impulsar la privatización que de lugar a una nueva empresa de reparto, inserta en el último eslabón de la cadena del comercio electrónico. Esta empresa, que se apropiaría de todo el aparato logístico y operativo de Correos, pagado con dinero público, se desentendería de ese «marrón» que es el Servicio Postal Universal porque bueno, ya saben, los servicios públicos no permiten hacerse millonario (o al menos limitan la magnitud de las ganancias, porque el señor Cuesta Nuín, antiguo presidente de Correos, se embolsó 1,2 millones de euros).
La bochornosa imagen que está dando Correos estos días sirve, además, para reforzar el discurso que allana el terreno para la privatización. Es una operación que ya hemos visto en marcha en otras ocasiones: primero, se reducen al mínimo posible los recursos a disposición de la empresa o empresas públicas objetivo; en el caso de Correos, esto se ha conseguido laminando a la plantilla, reduciendo las partidas y anotándose multas multimillonarias por malas prácticas. Esto, evidentemente, tiene un impacto sobre la calidad del servicio prestado. Una vez conseguido eso, basta con sentarse a esperar a que el estrangulamiento económico de sus frutos – quizá, si se quiere acelerar el proceso, se puede contar con la ayuda de algún medio de comunicación o «experto» que ayude a generar alarma social. Cuando ya hay un claro consenso social en torno al problema, entonces basta con salir a la palestra y pronunciar las palabras mágicas, que más o menos vienen a sonar así: «El Estado es un mal gestor. Si queremos salvar este servicio, debemos confiárselo a la iniciativa privada».
Es el discurso que se ha agitado desde hace años contra la sanidad y la educación públicas, que ya han dado como resultado un importante aumento del sector privado en ambos campos.2 Y es el discurso que ya están oyendo los trabajadores de Correos, y que pronto empezaremos a escuchar también los usuarios. Si sólo prestamos atención a la calidad del servicio que recibimos, y a escándalos como el de estas elecciones, puede que nos dejemos llevar por los cantos de sirena. Craso error: si la situación ya ha sido complicada ahora, imagínense qué oportunidades tendremos para votar por correo si finalmente el SPU queda relegado a una empresa pública residual, después de que la mayor parte de los activos de Correos queden en manos de la nueva sociedad privada que planean crear.
En Asturias CGT ha convocado paros durante los días 22, 23 y 24 precisamente para protestar contra la imposición del destajo en el desempeño del trabajo diario y la contratación precaria. No puede permitirse en ninguna empresa (y menos aún en la pública) que el maltrato laboral se imponga como receta para sacar adelante la sobrecarga de trabajo.
La calidad del servicio no está en manos de los trabajadores de Correos: si de ellos dependiera la gestión y administración de la empresa, el resultado sería muy diferente. Más de 50.000 trabajadores se esfuerzan día a día, sufren cargas ingentes de trabajo, ritmos insoportables, arriesgando incluso su vida (con dos compañeros muertos el pasado año durante el reparto), para que el Servicio Postal Universal siga haciendo funcionar este país. Pero las fuerzas tienen un límite, y las horas sólo tienen 60 minutos – algo que a los jefes no parece importarles, porque para suplir la falta de trabajadores han ampliado los horarios en muchas oficinas hasta las 12 de la noche teniendo que recurrir a la realización de horas extra, lo que evidencia la insuficiencia de contratación para abordar el proceso.
Quienes ponen palos en las ruedas de Correos son sus directivos: y lo peor es que no lo hacen por simple incompetencia, sino en base a un plan perfectamente calculado que les permita convertirse en millonarios, sin importar el coste que trabajadores y ciudadanos tengamos que pagar por ello. En una de las largas colas, después de que hubiera personas que llevaban más de cinco horas esperando bajo la lluvia para poder votar, Carlos García, subdirector de Oficinas de Correos, salía a la calle para pedir disculpas a los ciudadanos. Un buen gesto: una lástima que fuera hipócrita y falso. Esas disculpas tendrían que llegar no sólo a los usuarios, sino también a los trabajadores.
Y, seguidamente, tendría que llegar su carta de dimisión; la suya, y la de toda la directiva en pleno de Correos. La empresa pública más grande de este país, con más de 300 años de historia, no se merece que la despiecen una pandilla de buitres avariciosos. Nuestra Administración no puede permitírselo. Correos es necesaria y tiene un futuro, pero eso requiere que la dirección responda a los intereses de sus trabajadores y de los ciudadanos, y no a los de Amazon: la mejor forma de garantizarlo es blindando su carácter público e impulsando medidas de control obrero.
Notas
- Datos extraídos de El Confidencial, «Correos emplea por primera vez a más trabajadores eventuales que a funcionarios», https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-10/correos-precariedad-empleo-funcionarios-contratos_1561299/
- Los usuarios de la sanidad privada sumaron en 2019 10,3 millones, un 4,3% más que en 2017. En el caso de la educación privada, casi un tercio (32,7%) de los estudiantes no universitarios matriculados en 2018 lo estaban en centros privados, con un aumento de 26.000 alumnos; si nos vamos al ámbito universitario, el porcentaje aumenta hasta el 40%(
[…] que favorezca la supuesta necesidad de privatización”, añade. Un artículo publicado en el periódico La Mayoría relaciona el “caos electoral” tanto con el déficit de personal como con el giro hacia […]