Desde hoy las empresas españolas están obligadas a tener un registro de jornada diario individual, lo que popularmente se conoce como «fichar».
La medida, que no ha estado exenta de polémica, responde a una exigencia de la Inspección de Trabajo y los sindicatos para poder combatir el fraude en las horas extra.
Un millón de empleos en horas extras
Según los datos oficiales, en España se realizan más de 6 millones de horas extra al año. La mitad no se pagan. El total de empleos directos que dejan de ofertarse en el mercado de trabajo equivale a 180.000. En términos indirectos, estaríamos hablando de cerca de un millón de puestos de trabajo que los empresarios se están ahorrando. La realidad que está oculta y no se contabiliza es más grave aún.
Esto repercute, por la ley de la oferta y la demanda, en mayor precariedad, y mayor presión a la baja en los salarios: es aquello que Marx llamaba ejército de reserva industrial. Quien tiene un empleo fijo y bien remunerado, aunque no lo perciba directamente, también está afectado, pues su posición de fortaleza frente a la empresa se ve más amenazada. Es la mano invisible del mercado aplicada al trabajo: «Esto es lo que hay, si no te gusta tengo a 40 esperando en la puerta».
Preocupación en la pequeña patronal
La polémica no se ha hecho esperar, con comentarios apocalípticos de la pequeña patronal, especialmente la vinculada a la hostelería y el comercio. Es algo lógico y esperable, pues es en estos sectores donde se concentra la mayor parte del empleo en negro, el fraude en la contratación y las horas extras no pagadas.
Para muestra de ello las declaraciones Álex López, propietario de tres negocios hosteleros en Gijón, con una plantilla de 50 personas, que considera la medida «muy negativa» y que señala que, si el objetivo que persigue es crear empleo, «habría que cerrar la mitad de los bares y subir los precios para que saliera rentable». También, recuerda que «la hostelería vive al céntimo, no está para multas de 6.000 euros» ni tampoco puede asumir el coste de un sistema de control de jornadas laborales.
Álex está reconociendo implícitamente que su modelo de negocio se basa en el fraude masivo en la contratación, el trabajo gratuito, y las horas extra. Ya los sabíamos, es Vox Populi. Que muchos pequeños y medianos propietarios de negocios de hostelería anda por ahí en BMW, tiene tres o cuatro casas, y mandan a la niñas al colegio privado, también lo sabemos.
Una medida positiva pero a medias
Pero a pesar de que la nueva medida es un avance, su falta de concrección supone una gran debilidad. Para no confrontar demasiado, y sabedor de que el fraude en la contratación y el trabajo gratuito es parte esencial del modelo económico español, el PSOE ha dejado sin concretar los detalles de cómo se debe registrar la jornada laboral, qué tecnología hay que utilizar y la letra pequeña del asunto, abriendo con esto la posibilidad de que gran parte de los empresarios sigan robando a sus trabajadores.
Tal y como explican en el excelente blog Laboro, dedicado a la asesoría laboral de trabajadores, si un «empresaurio» (Manolo el del bar) le dice a su empleada (Toñi la camarera), que tiene que firmar «unas hojas» que rellena el mismo, y que si no lo hace la despide, Manolo estaría incurriendo en dos delitos: falsedad documental y coacción. Pero en la práctica, podemos imaginarnos miles de situaciones (miedo, ignorancia, deber favores, vulnerabilidad personal, etc…) en las que los empleados vayan a «sufrir en silencio» este sistema fraudulento de registro de jornada.
Al final, tal y como el PSOE ha planteado la medida, vamos a seguir dependiendo de «trabajadores y trabajadoras coraje» que se atrevan a denunciar al Manolo el del bar de turno, y a buscar en los tribunales la protección de sus derechos, cuando el estado podría protegerlos de oficio y sin ningún trámite judicial. Veamos cómo.
¿Sabes lo que es un tacómetro?
Lo primero que debe hacer el estado es publicar unas especificaciones técnicas homologadas de cómo debe ser el aparatito en cuestión que hay que tener en las empresas. Y también el sistema «en la nube» para los casos de teletrabajo, o empresas donde no haya centro de trabajo fijo.
El aparatito en cuestión debería ser algo parecido a un datáfono de los que tienen en las tiendas pera cobrar con la tarjeta. Tendría un lector de huella dactilar, y una conexión 4G con una SIM para enviar la información a unos servidores centrales del Ministerio de Economía, o de la Seguridad Social. Estaría precintado para que fuese difícil su manipulación, como los tacómetros y taxímetros. Si se acompaña con un sistema de autenticación de doble factor, mediante pin o sms, mejor todavía.
En el momento en que un trabajador se identifica, el sistema registra su inicio de jornada online en el servidor de la Seguridad Social. A la salida, el proceso es inverso.
La base de datos central registra entradas y salidas y proporciona información en tiempo real. Quién, dónde y cuándo un trabajador ha empezado o terminado su turno.
La ventaja de este sistema 100% público es que eliminamos la intervención del «empresaurio» en la gestión del registro de jornada de trabajo. La empresa y los empleados pueden acceder a su información en tiempo real (a través de una app, y un portal web), saber cuánto han trabajado en un determinado periodo de tiempo, y hacer cálculos con esa información para pagar las nóminas y comprobar que se les está pagando lo que corresponde.
Modelo estándar fabricado por empresas públicas
La implementación de un sistema de estas características se paga sola vía aumento de la recaudación en la seguridad social e IRPF. Se pueden comprar datáfonos móviles por menos de 300€.
El Estado podría tomar la iniciativa directa en la fabricación de estos terminales portátiles especiales para el registro de jornada, o llegar a un acuerdo con algunos fabricantes nacionales. La economía de escala y la contratación masiva permitiría una reducción significativa del precio y disponer de aparatos fiables y seguros que durasen mucho tiempo.
La clave está en obligar a las empresas a comprar unos modelos específicos homologados según las especificaciones del Estado. No es descabellado pensar que esto permitiría un abaratamiento considerable de los terminales. Un pequeño negocio no tendría que gastar más de 100-150€ en el sistema.
En el caso de teletrabajo y empresas sin centro de trabajo fijo, un pin personal del empleado, asignado por el Estado, permitiría hacer log-in en el sistema público de registro de jornada.
No se vayan todavía ¡aún hay más!
Pero si estamos ya metidos de lleno en la centralización en manos del estado de la información del registro de jornada (sin la intervención del empresaurio) ¿Por qué no vamos un poco más allá?.
Hay una información complementaria al registro de jornada que sería muy útil desde el punto de vista de la eliminación del fraude: los horarios y turnos de cada empleado cada día.
Con las tecnologías de la información e internet, sería perfectamente posible obligar a los empresarios a comunicar en tiempo real, al sistema de información del Estado, los horarios de trabajo que están asignados a cada trabajador, según funciones, categoría, y tipo de contrato.
Si esta información tuviese contradicciones con el registro de jornada, el sistema podría aplicar sanciones directamente, por ejemplo añadiendo penalizaciones en los pagos a la seguridad social o el IRPF. O embargando automáticamente las cuentas de la empresa e ingresando la cantidad adeudada en la cuenta del empleado.
¿Te ha pasado alguna vez que Google o Facebook te hacen recomendaciones de lugares parecidos a los que te gustan, o te preguntan si trabajas en algún sitio que visitas mucho? Es el resultado de una algoritmo de inteligencia artificial que analiza los datos que los gigantes de internet recogen sobre ti. La verdad es que suelen acertar en sus estimaciones.
La recogida masiva de datos de entrada y salida, el número de trabajadores y el cruce de estos datos con la facturación, el consumo eléctrico, el tipo de actividad, etc… , permitiría a un algoritmo de inteligencia artificial detectar cuándo en alguna empresa o centro de trabajo están pasando cosas raras. Avisando a la inspección de trabajo con un listado de empresas en las que se de una alta probabilidad de fraude.
¿Y porqué no ir aún más allá?
¿Por qué no unificar toda la facturación empresarial del país, publica y privada, en un solo sistema informático? Nada de Contaplús, y gestorías: todo centralizado en un sistema informático online del Estado, bueno, bonito y barato.
¿Por qué no digitalizar y centralizar los pagos y los cobros de las empresas en un sistema de banca pública? Nada de reclamaciones salariales en los juzgados: tantas horas trabajadas, tantas horas cobradas, automáticamente, sin mediación del empresario.
¿Por qué no la contratación de personal no-crítico en las empresas? Hay todo un universo por explorar ahí delante y que ofrece posibilidades de socavar el poder empresarial en las relaciones laborales.
Un cambio trascendental
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información se asocia en muchos casos con el aumento de la vigilancia, la manipulación y la represión de la discrepancia, incluso en las supuestamente abiertas y democráticas sociedades occidentales.
Pero la aplicación de las IT puede tener otra cara, depende de a favor de qué clase social se apliquen. En el caso de la gestión de las relaciones laborales, un sistema digital, público, cuasi-automático y centralizado, contribuiría a «expropiar» parcialmente y poner en manos de la mayoría social una de las herramientas más importantes que los propietarios de las empresas tienen para disciplinar a la clase trabajadora y someterla a su voluntad.
A pesar de su mala fama, muchos de los que hemos trabajado alguna vez tras la barra de un bar estaríamos más tranquilos si sabemos que el HAL 9000 del Ministerio de Economía está velando porque Manolo el del bar nos paga el salario que nos corresponde, y salimos del trabajo a nuestra hora.