¿Qué podemos hacer cuando el empresario nos amenaza con un ERE o cierra la empresa?

Un problema de actualidad permanente y que arroja un futuro incierto para las familias trabajadoras.

Movilización de los trabajadores de Alcoa. Avilés. 12 de enero de 2019. Foto: Alisa Guerrero.

La pérdida del empleo es a lo que más miedo tenemos porque supone que nuestros hogares dejarán de ingresar el dinero suficiente para poder vivir y nuestras familias padecerán las calamidades que implica esto. Tal pesadilla no solo puede proceder del despido. También podemos sufrirla como consecuencia de la congelación o la reducción del salario como mal menor ante el chantaje de los propietarios de la empresa. Nos colocan contra la espada y la pared: “si no se despide a unos cuantos o si no hay reducción de salarios, la empresa no es viable y habrá que cerrar”, nos dicen.

Sabedores de la fuerza de este chantaje, los empresarios lanzan constantes campañas para doblegar nuestra voluntad. Nos despertábamos en 2019 con las noticias de que la banca y las grandes empresas afincadas en España iban despedir a más de 8.000 trabajadores mediante expedientes de regulación de empleo (ERE) en sectores como el de la banca, en el metal o en de las telecomunicaciones.

En todas ellas hay un nexo en común para que el chantaje tenga el efecto deseado. La Dirección de la Empresa presenta unos resultados negativos y responsabiliza a la plantilla de estos datos económicos o algún contratiempo ajeno a los trabajadores. “Los costes no son asumibles”, nos dicen. Esto mismo es lo que dijeron a los trabajadores de Nissan para aplicar un ERE a 600 compañeros y a Alcoa para cerrar las plantas de Avilés y La Coruña, así poder llevar sus capitales a otros sectores donde pueden obtener más beneficios.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer ante una situación en la que el futuro de los puestos de trabajo, e incluso de toda una región, está en juego?

Es imposible confiar en los empresarios, dado que su objetivo es conseguir el máximo beneficio posible para competir y enriquecerse. Nuestra experiencia en el día a día lo evidencia. Contratan a abogados y economistas cuya función esencial es encontrar formas para reducir los costes y así aumentar los beneficios empresariales. Se refleja en el constante tira y afloja que tenemos todos los días hasta para lo que es de sentido común. Nos disputan los días de vacaciones, el incremento del salario con respecto al IPC, las bajas por lesiones en el trabajo, etc.

Los trabajadores necesitamos toda la información del estado de la empresa. El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores nos da ese derecho gracias a las conquistas históricas que hemos alcanzado. Gracias a este derecho democrático podemos acceder a los datos sobre la situación económica de la empresa, la evolución probable de sus actividades, la evolución general del sector, etc., y conocer el balance y la cuenta de resultados. Y podemos exigir que la información sea real, fidedigna, y no un engaño. Que sean los datos en bruto, y no filtrados por el empresario.

Desde nuestros sindicatos tenemos juristas y economistas que pueden digerir la información y nos pueden ayudar a construir un Plan de los Trabajadores para el Futuro de la Empresa. Sabemos cómo funciona, trabajamos todos los días allí, y sabemos cómo se puede gestionar para que tenga un futuro para nosotros, nuestras familias y nuestras comarcas.

Los propietarios de la empresa ponen sobre la mesa el plan que quieren implantar para cumplir sus intereses, para enriquecerse. Y frente a ese plan, nosotros ponemos el nuestro, que hace viable a una empresa a la que le damos vida con nuestro trabajo y que da vida a nuestras familias y a la región donde vivimos.

Las trampas de la Dirección de la Empresa quedan al descubierto, como así nos lo mostraron nuestros históricos compañeros de la John Deere en el 81. Ni la empresa se estaba viendo arrastrada por la crisis económica de la época, incluso crecía en cuota de mercado; ni se estaban importando a España más tractores frente a los fabricados en nuestro territorio; ni estaba saturado el mercado interno. Los trabajadores lanzaron una propuesta para cambiar la política de gestión de la empresa, con el apoyo del Gabinete Económico de CC.OO., que finalmente lograron implantar con su tenaz lucha.

La Dirección de John Deere se resistió, tenía otros planes tras esas trampas. Trató de imponer la fuerza de su propiedad para dejar a 202 trabajadores y sus familias sin empleo. Pero la plantilla se vio forzada a convocar una huelga que duró 46 días.

El control democrático de los trabajadores en la empresa para defender sus intereses está incompleto solo con la información. Es necesario que lo complementemos con la huelga u otras tácticas de lucha que dobleguen la resistencia de los empresarios en la mesa de negociación, para que acepten nuestro plan, ese plan que beneficia más a los trabajadores, a sus familias y a la región. Es la base de la capacidad de presión estructural de los trabajadores en la empresa, la capacidad de parar la producción.

Un control exhaustivo de la situación económica de la empresa y de su proyección, así como de la estrategia y la gestión de la Dirección, son una salvaguarda ante los males menores y los males mayores que tanto daño hacen a los trabajadores de nuestro país a diario. Y no solo en negativo, también es esencial cuando la carga de trabajo y los beneficios de la empresa crecen pero, sin embargo, nos niegan una subida salarial cuando la reclamamos.

Por ello, tanto en los tiempos de crisis y recesión, como en los de crecimiento económico, la información y la presión estructural para hacer efectivos nuestros intereses son esenciales. El control democrático de la empresa por los trabajadores es una gran herramienta que debemos usar y potenciar legalmente para mejorar nuestras vidas y nuestro futuro.

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