Derecho a la información de los trabajadores y Fake News patronales

Vodafone, John Deere, Alcoa, ArcelorMittal,…, son unas pocas de las muchas empresas que sufrieron, sufren y sufrirán los rigores de los ERE´s, la congelación salarial o el cierre por supuestos problemas económicos. ¿Cuánta información nos ocultan los empresarios?, ¿cuánta información es engañosa? y ¿cuánto nos han costado las medidas laborales aplicadas en nuestra contra en base a esa falta de información real de la empresa? Esto nos lleva a preguntarnos ¿hay que endurecer la legislación contra el empresario que incumple el derecho a información de los trabajadores?

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La información a los trabajadores dentro de la empresa no solo es un derecho sino que es vital. Esta expresión no es gratuita ni vacía sino que tiene un sentido para nuestras vidas. Manejar la información esencial sobre la situación real y la proyección de la empresa donde trabajamos nos permite no ser engañados, exigir e impedir determinadas acciones de los propietarios que nos causarán un grave perjuicio.

Este derecho vital a la información viene amparado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nuestros representantes tienen el derecho y la obligación moral de exigir que les sea entregada información clave en materia económica, de contratación laboral y de seguridad laboral que permite proteger nuestras vidas, la de nuestras familias y las de las familias trabajadoras de la región en la que está afincada la empresa.

Por ejemplo, ante las pésimas consecuencias sociales que tendría para las plantillas de ArcelorMittal tras los diferentes anuncios de la dirección de la empresa, el Comité de Empresa Europeo ha encargado un estudio económico sobre la situación real de la empresa y su proyección de mercado. Con ello muestran su desconfianza hacia los informes que ha aportado Mittal sobre la caída de la demanda y la propuesta de reducir la producción en las plantas europeas. Así, los representantes de los trabajadores se han puesto en marcha para evitar recortes de plantilla que afecten a varias o a todas las plantas.

Así, pues, el derecho a la información no es algo banal. Aún más, es algo de lo que dependen miles de millones de euros de las familias trabajadoras porque están en juego sus sueldos, su poder adquisitivo, sus puestos de trabajo y el futuro de empleos indirectos de una determinada comarca que vive al calor de una o varias empresas.

Y frente a esto, los empresarios anteponen su multimillonario beneficio personal al beneficio social. Su único plan para la empresa es maximizar el beneficio hasta agotar la empresa y la plantilla; para, luego, trasladar sus capitales a otro lugar con el fin de hacer lo mismo.

Es por ello que si los empresarios ofrecen información detallada y en forma adecuada a los trabajadores, verán dificultados sus movimientos egoístas que ponen nuestro futuro al borde del precipicio. De ahí que el derecho a la información de los trabajadores se vea violado de una forma u otra para que no puedan conocer el verdadero estado de la empresa.

Si bien la legislación vigente reconoce el derecho a la información de los trabajadores, es bastante laxa a la hora de sancionar las acciones en contra de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores para evitar que se repitan determinados comportamientos lesivos del empresariado.

Ahí tenemos el ejemplo de la sentencia contra la empresa Ingeniería Forestal, S.A. tras una demanda del sindicato FIRET. Tras vulnerar la libertad sindical y el derecho de información de la sección sindical para conocer la contratación, la situación de la empresa y las causas de un importante accidente laboral, la empresa únicamente ha sido obligada a aportar la información requerida y al pago de 6.000 € en concepto de daños morales.

Esta sanción nos llevaría a preguntarnos, ¿vale 6.000 € la vida de un trabajador que falleciese por repetición del accidente laboral al no haberse subsanado los problemas por la falta de información a la sección sindical? ¿Vale 6.000 € el recorte de 100, 200 o 300 € de salario o de poder adquisitivo a 1.000, 2.000 o 3.000 trabajadores durante años? ¿Para una familia trabajadora vale 6.000 € la pérdida de su empleo durante años?

El coste social es enorme y las sanciones no solo están descompensadas con respecto al coste para la clase trabajadora sino que son insuficientes para evitar que el empresario reincida en su incumplimiento del derecho a la información y vuelva a perjudicar a las trabajadoras y los trabajadores. Porque, ¿qué les impide volver a ocultar información clave sobre contratación, sobre un importante accidente laboral producido y sobre la situación económica de la empresa?

Para el empresario resultaría mejor seguir ocultando la información y obtener un enorme plus de beneficios que dar la posibilidad a los trabajadores de descubrir el engaño e impedir esas acciones tan perjudiciales e, incluso, reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

La protección de decenas, cientos, miles y millones de familias trabajadoras y el futuro de nuestro país valen mucho más que una sanción de un puñado de euros a los empresarios. La protección del derecho a la información debe ser realmente efectiva. No se trata de resarcir a los representantes de los trabajadores sino de resarcir al conjunto de la plantilla y de la clase obrera ante los numerosos atropellos que sufren sus derechos.

Pero la mejor forma de resarcir es lograr que no se vuelva a repetir, que ningún empresario vuelva a impedir que los trabajadores accedamos a una información vital para nuestro futuro laboral. Para ello, hay que endurecer la legislación. Esto es la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social y otras muchas leyes para la sanción al empresariado y para garantizar y expandir los derechos de los trabajadores.

El poder de sanción debe ser suficiente para proteger el derecho a la información de la clase trabajadora porque su objetivo es prevenir el daño a los trabajadores y sus familias en el futuro.

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