Convocada por las organizaciones de pequeños agricultores (COAG y UPA) y apoyada por CCOO y UGT, esta gran manifestación trascurrió esta mañana entre el estadio Benito Villamarín y el Palacio de Santelmo y la Plaza de España, sedes de la Junta y el Gobierno de España en la capital andaluza, respectivamente.
Las reivindicaciones centrales de la movilización han girado en torno a la exigencia de tomar medidas eficaces para poner coto a la especulación que se está dando en el sector del aceite, que hunde los precios en origen. El Secretario General de COAG Andalucía, Miguel López, lo expone así: «el precio del aceite ronda los dos euros, cuando debería estar en tres» y añade que esto significa «1.500 millones de euros «que se están quedando en «la industria, las envasadoras y la distribución». Con otras cifras y otros nombres, podría estar hablando de gran parte de los sectores de producción agrícola en España (y probablemente en el resto de la UE).
Las medidas que proponen los convocantes son del tipo regulación «light» del mercado, actualizar los umbrales de referencia para el almacenamiento privado y poner en marcha mecanismos de autoregulación, para limitar la oferta de aceite y contener la caída de precios. Y también aumentar las medidas de control de la calidad en las aduanas y la trazabilidad del producto, para evitar que se venda aceite del extranjero como español. Medidas que, sin duda, son necesarias y ayudarían a mejorar las condiciones en el sector.
Las posiciones políticas
La lógica de la competitividad está grabada a fuego en los tratados de la UE y la PAC. Y los partidos políticos del sistema, como PSOE, PP y C´s están todos de acuerdo en esto y en que el libre mercado es la forma fundamental de regular los intercambios. VOX también, aunque, a diferencia de sus primos políticos, cuestiona ciertos aspectos del mercado único europeo, sin renunciar a el. Por ello, aunque de cara a la galería se lleven a matar, son todos parte de un mismo partido: el neoliberal, el de los ricos, el de los peces grandes.
Lo vemos claramente en las declaraciones de algunos de los políticos presentes en la movilización:
- Antonio Pradas, Secretario de Medio Rural, Agricultura y Pesca del PSOE-A: «El aceite representa ahora mismo la punta de lanza de las exportaciones y de la industria agroalimentaria de Andalucía y de España», «…hay que estar todos unidos para defender con uñas y dientes el precio del aceite», «Estamos contra los movimientos especulativo que por parte de algunos grupos inversores se están haciendo apostando por olivar intensivo frente al olivar tradicional y de montaña» y pide modificar la PAC para que se favorezca el olivar tradicional.
- Enrique Moreno, Marián Adán, y Mar Hormigo: «Ciudadanos siempre va a ser un aliado del sector del olivar», «exigimos más sensibilización y medidas concretas«, «Tenemos que seguir luchando y reivindicando unos precios justos»
El PSOE propone pequeñas modificaciones en la PAC sin cambiar la lógica general, es decir, microgestión de algunos problemas para corregir las imperfecciones del sistema, sin cuestionarlo.
Ciudadanos… bueno… no va más allá de jugar la carta de la simpatía con los manifestantes sin proponer ninguna medida concreta, y es que los precios, en el mercado, no se fijan en base a criterios de justicia, sino en base a la ley de la oferta y la demanda.
Si leemos entre líneas más allá de las declaraciones de simpatía, vemos que estos partidos neoliberales no están proponiendo más que «dejar hacer al mercado» y que sobreviva el más fuerte. Como mucho plantean algún retoque a la normativa (como es el caso del PSOE), pero no actúan sobre el núcleo del asunto: el increíble y aplastante poder que tienen los grandes grupos distribuidores sobre la fijación de precios en origen.
Las propuestas desde la izquierda
María García Bueno e Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía, fueron más allá en la concreción, señalando que «no es suficiente con declaraciones de buenas intenciones, hacen falta medidas que garanticen precios justos» y que «no solo estamos para cosechar el aceite, también queremos distribuirlo, comercializarlo y aumentar el tamaño del valor añadido que se genera y que se quede en Andalucía». Ahí empiezan a caminar por el camino correcto.
Las diputadas de Adelante Andalucía aciertan al señalar que es necesario localizar y fijar al territorio una mayor parte de la cadena de valor. Es decir, que se embotelle aquí, que se produzcan los derivados aquí, y que se venda desde aquí.
Pero ¿cómo conseguir esto en un marco de grandes mercados globalizados y donde el factor dominante de la cadena de valor son los grandes grupos empresariales, que dominan el sector de la distribución?
Y además ¿Cómo asegurarnos que esa «cadena de valor localizada» no acaba en manos de los mismos que ahora la controlan desde fuera de los centros de producción en origen?
Es ahí donde Adelante Andalucía se detiene, y donde entran propuestas como la del Partido del Trabajo Democrático, cuyos militantes estuvieron haciendo acciones informativas en los últimos días.
La SEPI agraria del PTD
El PTD propone una medida que cumple varios requisitos previos:
- Que no vulnere la normativa europea en materia de competencia.
- Que genere inversiones estables, con criterio social, pero que no sea deficitaria ni necesite inyecciones periódicas de capital público.
- Que se rija por mecanismos de participación social en la toma de decisiones de inversión y gestión, de forma que no dependa enteramente del gobierno de turno. Y que cuente con la participación de la población de las comarcas y regiones y con los sindicatos y organizaciones agrarias, y sea muy difícil de privatizar y desmantelar.
- Que genere la suficiente rentabilidad y acumulación de capital para poder convertirse con el tiempo en un actor determinante en el mercado y en la fijación del precio, de forma que se haga una transferencia de valor desde el punto de venta, hasta el punto de origen.
Esta propuesta, que llaman SEPI 2.0 Agraria, y que es una evolución de una idea que surgió inicialmente para las grandes industrias amenazadas de reconversión, desmantelamiento y deslocalización, se basa en la intervención del estado en la economía productiva directamente, como un actor que compita en el mercado.
Al contrario que los planes de ayudas y subvenciones a empresas o sectores, esta propuesta plantea que sea una empresa del estado la que asuma directamente la distribución y puesta en el mercado.
Al ser una entidad pública y no depender de accionistas privados que reclamen altas tasas de rentabilidad, puede funcionar con una tasa de rentabilidad menor, y transferir parte de los beneficios a los productores de origen, vía precios de compra más ventajosos que los que ofrecen las distribuidoras privadas.
Realmente, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tal y como está organizada a día de hoy, se podría ya empezar a caminar en esta dirección. Hacer las inversiones inciales, que no serían muy grandes, y llegar a un acuerdo de compra con los productores. Hay una empresa de la SEPI, el Grupo Mercasa, que serviría como semilla inicial para este fin. Pero serían necesarios pequeños cambios en la organización de la SEPI y sus empresas para asegurar el control social.
Este control social se conseguiría a través de porcentajes de participación de las organizaciones de agricultores, de los sindicatos, de los ayuntamientos de las comarcas y de Estado central y la Junta de Andalucía. Representantes de estas organizaciones y sectores sociales deberían tener voz y voto mayoritario en la toma de decisiones estratégicas, tanto comerciales como de inversión. Esta es la forma de evitar que un gobierno de turno, desmantele o privatice la empresa pública.
Como se trata de ser un actor dominante en un mercado libre, la escala de la empresa es determinante. Cuanto más grande, mejor. Si en vez de hacer una empresa distribuidora pública para el aceite de oliva, podemos hacer un megagigante público de toda la industria agropecuaria y la alimentación, mejor.
En el PTD lo racionalizan así: «No es la solución definitiva, ni la panacea. Este tipo de iniciativas van a ser combatidas con uñas y dientes por los grandes capitalistas del sector: sin lucha de clases, sin movilización, sin presión, estas cosas no salen adelante.
Pero un macroproyecto nacional de esta escala sería un gran avance a la hora de equilibrar la balanza de poder en la toma de decisiones económicas, en este caso en la agricultura. Los grandes grupos privados tendrían enfrente un rival capaz de imponer sus propias condiciones, exactamente como hacen ellos, pero que estaría influenciado en sus decisiones comerciales por los intereses de los de abajo: los pequeños productores, los trabajadores, y la población de las comarcas.»
¿Se puede ir todavía más allá? Sí, en la UE existe la posibilidad de constituir lo que se llama una Societas Europaea, y también puede ser pública o tener una participación de instituciones públicas. Airbus es un ejemplo de esto. Una iniciativa de esta escala continental implicaría llegar a acuerdos con productores y trabajadores de la agricultura de toda la UE. Por supuesto, la lucha de clases puede abrir camino, como siempre nos ha mostrado la historia. Ahí lo dejo.
A grandes problemas, grandes soluciones: #PonLaSEPIaTrabajar