¿Y de lo nuestro qué, Sr. Zorita?

Cuando al empresariado español se le olvida todas las ventajas que les han dado los sucesivos gobiernos mientras que los trabajadores sufrímos paro y pérdida de poder adquisitivo. Ahora quieren más para su lujosa vida.

Asamblea de delegados de empresas auxiliares de ArcelorMittal al finalizar una concentración. Foto: Alisa Guerrero
Asamblea de delegados de empresas auxiliares de ArcelorMittal al finalizar una concentración. Foto: Alisa Guerrero

Recientemente El Confidencial ha publicado un artículo bajo el título “Y de lo mío qué…”, firmado por el presidente del Grupo Zima, Miguel Zorita. El autor expone una serie de supuestos agravios hacia los propietarios de las PYMEs, buscando la generación de empatía y lástima hacia ellos, entre los trabajadores, para que asumamos como propio su discurso.

La falta de concreción del autor, quien se ha erigido como representante de los empresarios de las PYMEs a pesar de que su grupo cuenta con 2800 empleados y factura más de 175 millones de euros al año, hace pensar que, en realidad, no es tal la situación que viven las PYMEs y que el empresariado está ocultando sus verdaderas intenciones. Por ello, hace falta arrojar algo de luz sobre esto.

El representante de los empresarios argumenta en su artículo que no han recibido ayuda ni apoyo alguno desde el gobierno para beneficiar a sus negocios. Sin embargo resulta paradójico dado que el empresariado disfruta de todo tipo de ventajas a través de diversas reformas aprobadas desde que estalló la crisis económica en 2007, e incluso desde antes.

En el ámbito laboral las reformas de 2010 y 2012 trajeron consigo el abaratamiento del despido, pasando de 45 días por año trabajado a los 33 y a los 20 días por año trabajado. Además del debilitamiento de la capacidad de presión sindical en las negociaciones de los EREs. Esto tuvo como consecuencia el abaratamiento de los costes laborales, de un lado por una reducción de la indemnización y de otro la reducción del salario por el aumento de la competencia de los trabajadores para acceder a un empleo debido al elevado paro existente. Fue una medida intencional para intervenir en los salarios.

Además, las reformas trajeron consigo, con los nuevos contratos, las innumerables bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social, de las que tanto se han beneficiado todo tipo de empresas. Aparentemente no nos repercute en la nómina; sin embargo sí que nos repercute en nuestra vida diaria, debido a que estas bonificaciones suponen que las empresas dejan de pagar una parte de nuestra Seguridad Social. Menos dinero exige recortes en la sanidad pública, reformas de las pensiones para alargar la vida laboral o reducir la cuantía que percibimos en el momento de nuestra jubilación, etc.   

El trato fiscal que reciben también es objeto de queja. El mediano empresariado español olvida (quiere hacernos olvidar) que el tipo de gravamen del impuesto de sociedades actualmente es del 25%, pero que, gracias a las múltiples ventajas que han conseguido de los gobiernos, el tipo efectivo del impuesto de sociedades que pagaron, por ejemplo en 2017, fue de tan solo el 10,47%1. Cualquier trabajador podría constatar el agravio comparativo si observa la retención de IRPF aplicada en su nómina. Igual sucedería a los autónomos.

La elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 €/mes parece que ha escamado a una parte del empresariado español, en particular a las PYMEs, que habitualmente viven de las parcelas de negocio que les dejan las grandes y que, en su pretensión de vivir como lo hacen los grandes industriales y los financieros, someten a sus trabajadores a salarios bajos y condiciones laborales que rozan la ilegalidad. Por ejemplo,  a día de hoy los trabajadores de Telepizza se encuentran en huelga ante la negativa de la empresa a aplicar la subida del SMI. De esta forma, para seguir sobreviviendo a las grandes y enriquecerse (al nivel que puede) necesitan derogar los avances en los derechos de los trabajadores, como ha sido esta subida del SMI, el cual ha venido a redistribuir una parte de la riqueza creada en nuestro país.

Para terminar de comprender lo falso de las quejas del empresariado español debemos tener en cuenta que la riqueza de nuestro país no la crean las PYMEs ni las grandes empresas, ni los llamados emprendedores. La riqueza de España, y de cualquier país del mundo, la generan los trabajadores y trabajadoras con su trabajo, con su esfuerzo diario para producir automóviles, electrodomésticos, acero, viviendas, carreteras, etc.

En concreto, con nuestro trabajo España generó 1,208 billones de € en 2018, de los cuales cerca del 45% queda en manos de los empresarios españoles e internacionales. Este porcentaje no ha parado de crecer desde hace décadas y, en base a la exigencia de competitividad, pretenden que siga creciendo en perjuicio nuestro. El sistema económico del empresariado establece los salarios para obtener beneficio2. Por tanto, hay y se crea mucha riqueza, pero el empresariado quiere quedarse con una porción mayor del pastel.

Al final, bajo la manida reclamación de la competitividad se esconde el enriquecimiento para los empresarios y en el empobrecimiento de los trabajadores.

Así pues, lo que el empresariado español nos quiere decir con este artículo es que quieren enriquecerse aún más a costa de la riqueza que nosotros creamos. Están viniendo a decir que el gobierno debe poner en marcha nuevas reformas que deroguen buena parte de los derechos logrados por la clase trabajadora y sus sindicatos, trayendo consigo consecuencias negativas hacia los asalariados, una vez más.

Los trabajadores y trabajadoras creamos riqueza suficiente para que todos y todas vivamos bien. Tenemos potencial para hacer crecer la economía, repercutiendo positivamente en nuestras vidas y en las de nuestras comunidades. Es posible poner todo el tejido productivo al servicio de la población trabajadora.

Entonces, ahora a la clase trabajadora nos toca preguntarnos: ¿Qué hay de lo nuestro?

Para empezar a responder a esta pregunta debemos poner sobre la mesa el debate sobre un nuevo modelo productivo que permita la reindustrialización de nuestro país aportando ese empleo de calidad que no ofrecen los inversores privados y que, a la luz de los cierres de plantas como las de Alcoa o los problemas que atraviesa Duro Felguera, parece no interesarles. Es por ello que, para garantizar la industria española y su expansión, es necesario que entre a participar en ella el sector público para acometer las inversiones necesarias. El gobierno del Partido Popular no tuvo reparos en perder 40.000 millones de € del dinero de todos y todas para rescatar a unas cajas públicas que posteriormente privatizó. Hay recursos del Estado para poner en marcha la industria española, y esta vez para beneficio de la población trabajadora mediante la mejora de las pensiones, de los salarios, de los servicios públicos, de la industria y las infraestructuras de nuestro país, etc… lo que pasa es que están mal repartidos.

Notas

  1. Informe anual de recaudación para el año 2017 de la Agencia Tributaria.
  2. Robo legal ¿Cuánto y por qué hay que subir los salarios en España?

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