Después del intento fallido de formar un gobierno posterior a las elecciones generales del 28 de abril, y con la disolución de las Cortes y la posible repetición electoral en el horizonte, Unidas Podemos y el PSOE se sientan de nuevo a la mesa de negociación. Las probabilidades de llegar a un acuerdo, sin embargo, parecen escasas, con un PSOE cuya dirección sigue demasiado vinculada al IBEX35 y a los grandes poderes del país como para que un acuerdo con Unidas Podemos permita establecer una línea política clara para el ejecutivo. La idea que vienen denunciando Pedro Sánchez y su equipo – que la entrada de Unidas Podemos en el gobierno daría pie, en la práctica, a la formación de dos gobiernos paralelos – es un reconocimiento explícito de las profundas diferencias que existen hoy en día entre los programas de ambos partidos.
En su día, la formación encabezada por Pablo Iglesias ya dejó claro que si la preocupación del Gobierno era referida a Cataluña, desde Unidas Podemos acatarían las decisiones del Consejo de Ministros en relación a este asunto aunque pudieran no estar de acuerdo con ellas. La preocupación de Sánchez y el resto de dirigentes del PSOE, por tanto, tiene poco que ver con temas como la cuestión catalana, y mucho más que ver con la firme oposición por parte de la patronal a un eventual gobierno de coalición. Las diferencias fundamentales entre ambos partidos se concentran especialmente en el programa económico: en palabras del presidente de la CEOE el pasado julio, las medidas económicas defendidas por Unidas Podemos provocarían el retroceso de la economía. El propio PSOE lo reconocía en las negociaciones, negando el Ministerio de Trabajo a sus socios de izquierda porque son «inquietantes» para la CEOE.
Las presiones para evitar un gobierno de coalición se han venido repitiendo de forma pública y privada desde que se abrieron las urnas la noche del propio 28 de abril. Tampoco ha sido necesario un gran pulso para convencer a Sánchez y los suyos de que buscaran vías alternativas, como los constantes llamamientos a la abstención de Ciudadanos y Partido Popular: la desorganizada militancia socialista, que dejó claras sus preferencias la noche electoral, es por desgracia un pobre contrapeso para los estrechos vínculos entre la estructura partidaria del PSOE y el Estado profundo. Lo que resulta más difícil de comprender es el empeño de Unidas Podemos en formar, a toda costa, un gobierno de coalición; un empeño que les ha situado en una difícil posición – las encuestas indican que en caso de repetirse las elecciones, no habría demasiados cambios – y les ha llevado hasta el extremo de recurrir a la figura del rey para intentar convencer a Sánchez.
Sin entrar a considerar qué clase de gobierno de izquierdas se formaría a raíz de una intervención «divina» de Felipe VI, el esfuerzo constante de la coalición encabezada por Podemos e Izquierda Unida por entrar en el gobierno y ponerlo en marcha refleja un elemento político de fondo: la fe en las capacidades del Estado para impulsar su programa político y servir a los intereses de la mayoría social.
¿Tropezar cien veces con la misma piedra?
¿Cuando fue la última vez que este Estado funcionó para defender los intereses de la mayoría social? Los Presupuestos negociados entre el PSOE y Unidas Podemos, conocidos como los más sociales de la Historia, fueron tumbados por el Congreso. El ejecutivo, a través de decretos, consiguió sacar adelante algunos de sus aspectos principales como el aumento del SMI, pero el grueso de las medidas se han visto condenadas a coger polvo en un cajón. E incluso las medidas aprobadas, como el propio aumento del SMI, están siendo de dudosa aplicación: como denuncia Comisiones Obreras, las empresas se valen de todo tipo de tretas para esquivar el aumento salarial. La realidad es que no se puede garantizar la aplicación de muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno, por el Parlamento o por cualquiera de las instituciones democráticas, porque el Estado no dispone – o más bien, quienes dirigen el Estado han decidido prescindir de ellas – de las herramientas para garantizar su aplicación.
En ese contexto, falta por conocer cuál es la propuesta de Unidas Podemos para revertir esta situación… si es que la tiene. Por desgracia, la ausencia de este tema en el programa, proyecto y discurso de Pablo Iglesias parece indicar que no es un elemento prioritario dentro de sus planes. El afán por gestionar indica que en Unidas Podemos aún se mantiene la idea de que el actual Estado tiene la capacidad de actuar en defensa de la mayoría social, y que si no lo hace es únicamente por falta de voluntad: cambiando a los que mandan, a los que dirigen, puede cambiarse todo en política. Es el desarrollo lógico del planteamiento de blitzkrieg electoral que siempre ha enarbolado el «pablismo»: llegué, ví, vencí (las elecciones).
La historia es tozuda y se empeña en demostrar lo contrario. El último y más reciente ejemplo es el de Syriza, en Grecia, cuyo desastroso resultado es de sobra conocido – aunque parece que Alexis Tsipras, el hombre con el que todo el mundo quería fotografiarse en 2014, haya sido abducido, porque ya nadie se acuerda de él. Ganar las elecciones no es garantía de nada. Construir un contrapoder desde las instituciones es una estrategia que no ha funcionado nunca, y nada parece indicar que al enésimo intento la cosa vaya a cambiar.
El Estado y la institución en la táctica democrática
¿Y entonces qué? ¿Las instituciones no sirven de nada? ¿Las elecciones no tienen sentido? ¿Convocamos mañana mismo una huelga general indefinida? Ni tanto, ni tan calvo. La clave de esta cuestión está en lo que podemos denominar correlación de fuerzas. En nuestra sociedad hay dos grandes fuerzas contrapuestas que libran un pulso: una minoría social parasitaria (casta, burguesía, establishment… llámese como quiera), y una mayoría social trabajadora (el resto). La correlación de fuerzas determina hacia qué lado se está inclinando el pulso. Y a día de hoy, esa correlación es negativa para el campo de la mayoría social trabajadora: son los superricos los que nos están torciendo el brazo. Negarlo es absurdo.
La correlación de fuerzas es fundamental para adecuar la táctica a las circunstancias. Dependiendo de esa correlación, una misma táctica puede ser útil o ser contraproducente: todo depende de la fuerza que tengamos. El Estado y las instituciones que lo conforman son elementos en disputa dentro del pulso: quien tiene más fuerza, tiene más capacidad de inclinarlos hacia su lado. Y al mismo tiempo, quien puede inclinarlos hacia su lado tendrá más fuerza. La acumulación progresiva de fuerzas en un lado es lo que permite, llegado el momento, la ruptura. O lo que es lo mismo, ganar el pulso.
Por tanto, atendiendo a la correlación de fuerzas actual, es poco realista plantearse que los trabajadores, la mayoría social, tengamos la fuerza suficiente como para ganar el Estado y las instituciones. No estamos en esa fase: Unidas Podemos se equivoca al lanzar un órdago con la formación de un gobierno de coalición. Primero, porque es muy difícil que lo consiga, ya que no ha acumulado suficientes fuerzas como para forzar al contrario a asumir sus términos. Y segundo, porque incluso en el improbable caso de que lo consiga, sigue encontrándose en una situación de escasez de fuerzas, lo que limita profundamente su capacidad de utilizar el Estado para sus fines políticos, porque el Estado no es una entidad neutral. El Estado es un caballo bien adiestrado: cuando su dueño – el IBEX35, el gran capital, la minoría social – lo monta, puede ser dócil y servicial, pero cuando lo monta un desconocido – los trabajadores, la mayoría social -, más le vale ser un domador experimentado si no quiere acabar de bruces contra el suelo.
La fase de la lucha en la que nos encontramos actualmente no es la de domar al Estado1, la de intentar ponerlo al servicio de la clase trabajadora, sino la fase previa, la de acumulación de fuerzas. La tarea principal a la que se enfrenta el movimiento democrático y popular es la de la construcción de un contrapoder, mediante la creación de una organización de raíz, con un programa y una estrategia clara, con la capacidad y la fuerza de adaptar su táctica e ir superando etapas en la lucha. En esa fase, gestionar el Estado actual no sólo no ayuda, sino que puede ser hasta problemático. Principalmente, porque requiere una cantidad de cuadros y recursos ingente que se ven absorbidos por un trabajo técnico de gestión cuando son más necesarios en otras tareas, pero también porque va a ser imposible en las condiciones actuales – dada la correlación de fuerzas – conseguir que el caballo siga por el camino que nosotros queremos. Lo más probable, en efecto, es que acabemos tragando polvo.
¿Tan malo es el bloqueo institucional?
Visto lo visto sobre la cuestión de la correlación de fuerzas, la pregunta que se situaba al inicio del apartado anterior puede replantearse de la siguiente manera: ¿es posible en el actual contexto político conseguir que el Estado funcione para defender los intereses de la mayoría social? Todo parece indicar que no, mientras no cumplamos con los objetivos de la fase previa de acumulación de fuerzas y de construcción de una organización de raíz. En ese caso, ¿por qué tanto empeño por parte de cierto sector de la izquierda por hacer funcionar el Estado? ¿Tan malo es el bloqueo institucional?
En la fase actual de la lucha de clases – ese pulso que se libra entre superricos y trabajadores -, de hecho, nos interesa más prolongar todo lo posible ese bloqueo institucional. Hasta ahora, las instituciones han funcionado como un buffet a la carta para los superricos. La reforma constitucional que dio lugar al célebre artículo 135 es la prueba perfecta. Las dos reformas laborales también lo demuestran. Si las instituciones funcionan como un reloj, no lo hacen para defender a la mayoría social, sino más bien para suponer un peligro constante. Con las fuerzas actuales – el campo democrático popular, representado por Unidas Podemos, tan sólo tiene 42 escaños, un 12%, en el Congreso, y 6, un 2% en el Senado – es poco serio pensar que es viable definir la política general del país.
No sólo no debería preocuparnos el bloqueo institucional, sino que además deberíamos fomentarlo: no tiene sentido que colaboremos en el blanqueamiento de las instituciones de la minoría, corruptas y opacas. Tiene más sentido aprovechar toda ocasión para denunciarlas, y contraponer a estas una institucionalidad distinta, democrática, transparente, al servicio de la mayoría social. El bloqueo institucional es una situación hasta cierto punto beneficiosa: permite detener las reformas a la carta defendidas por la CEOE, el IBEX35 y sus agentes políticos, y al mismo tiempo ayuda a desenmascarar la naturaleza hipócrita y falsa de las actuales instituciones. Los intereses contrapuestos de la minoría y de la mayoría social son irreconciliables, y si las instituciones han funcionado hasta ahora es porque han servido sin oposición a los primeros. Dado que no podemos, en este momento, forzar al Estado a funcionar en defensa de la mayoría social, ¿qué interés tenemos en hacerlo funcionar?
Ahora que entramos en una semana crítica en que se decide la formación de Gobierno o la repetición electoral, las presiones se van a hacer más intensas que nunca. La estabilidad se va a convertir en el centro del debate público, y unos a otros van a culparse por bloquear las instituciones, probablemente ya en clave de pre-campaña electoral. Convertirse en los paladines del Santo Grial de la estabilidad no tiene sentido. Es absurdo competir con el PSOE, el partido del régimen, el que ha diseñado y construido la España moderna, la organización con más vínculos con el Estado profundo, por ser el partido de la gestión. El proyecto de la mayoría social no va a poder implementarse a través de la gestión del Estado actual: más nos valdría olvidarnos de la estabilidad, y dedicarnos a trabajar para construir el partido del cambio y el contrapoder de la clase trabajadora.
Notas
- Merece la pena detenerse un momento para reseñar brevemente la cuestión del Estado. Tácticamente, es posible domarlo durante un determinado tiempo para ponerlo al servicio de la mayoría social, pero nunca debemos perder de vista el sentido de clase de la administración, que, como se señalaba anteriormente, no es ni mucho menos neutral. El Estado actual ha sido construido por y para la minoría social, la clase dominante, a su medida y según sus mecanismos de trabajo. Hacerlo funcionar bajo una óptica diferente, democrática, social, sólo es posible con un gigantesco esfuerzo que es casi imposible sostener en el tiempo durante un plazo demasiado largo. El agotamiento es inevitable: si no se construye un Estado nuevo, un Estado de trabajadores, todo proyecto de cambio social tendrá fecha de caducidad.