A pesar de los últimos logros sindicales y políticos en materia salarial, aún estamos lejos de recuperar el poder adquisitivo existente hace más de una década; aún estamos lejos de recuperar los índices de empleo que existían en aquella época; aún estamos lejos de reducir a mínimos la precariedad que traen los empleos temporales y a tiempo parcial; etc. Las reformas laborales de 2010 y 2012 han tenido mucha responsabilidad en todo esto. Y el golpe que recibimos en aquellos años fue muy fuerte, perdimos mucho. Eran los años del “hay que trabajar más por menos” de la CEOE.
Esa época nos dejó en una posición de debilidad y de exposición a la pobreza ante una nueva crisis. El colchón de los trabajadores para amortiguar la caída es bastante más fino que en 2008; sin embargo, las empresas y los inversores financieros han generado sus multimillonarios y gruesos colchones a nuestra costa. La desigualdad queda así representada en la diferencia que hay entre las familias trabajadoras y las familias adineradas para soportar otra recesión. No es lo mismo perder el empleo sin tener o disponer de escasos ahorros que ver reducidos los beneficios con un multimillonario patrimonio.
Por esto mismo, en estos momentos la disputa no está en la recesión en sí misma sino en qué leyes y reformas de leyes va a promover el gobierno para afrontar la posible tormenta y a quiénes van a favorecer y a perjudicar.
Desde 2008 los diferentes gobiernos gestionaron la crisis aplicando medidas para proteger a los empresarios bajo un sinfín de reformas y medidas que aumentasen su competitividad y sus beneficios. Aplicaron un reguero de abaratamientos del despido, flexibilizaciones laborales, bonificaciones a la Seguridad Social que dejaron seca la caja común, recortes salariales, recortes de servicios públicos, etc., que dejaron tras de sí otro reguero de millones de parados y de millones familias trabajadoras al borde de la pobreza o con un poder adquisitivo muy mermado. Por tanto, la experiencia nos ha demostrado que si en la crisis económica se protege al empresario, el trabajador siempre queda desprotegido y sufre las duras consecuencias.
El FMI no ha perdido el tiempo. Desde hace un año viene generando una corriente de opinión a favor de que los gobiernos de España y de los demás estados europeos apliquen medidas para flexibilizar aún más el mercado laboral, abaratar el despido y recortar el gasto público. Quieren aplicar la misma receta de duras medidas para cargar la factura de la recesión a los trabajadores y proteger a las empresas y sus beneficios.
Entonces, si el FMI ha trazado un plan preventivo para proteger los intereses de los empresarios, los trabajadores debemos prepararnos con nuestro propio plan preventivo para protegernos de los efectos negativos de la recesión.
Desde la izquierda siempre nos hemos movilizado cuando ya nos han golpeado. Cuando ya poco se puede hacer frente a los despidos o las reformas. ¿Por qué no hacerlo antes de que se produzca? Aún más, ¿por qué no hacerlo para aumentar la protección legal al mundo del trabajo? Tenemos la oportunidad de adoptar medidas preventivas encaminadas a proteger los derechos de los trabajadores antes de que los efectos negativos se manifiesten. Podemos hacer realidad un programa de medidas urgentes para la protección económica y laboral de los trabajadores.
En este sentido, la derogación de la reforma laboral del gobierno del Partido Popular es un paso. Pero también es necesario derogar la reforma laboral de 2010 para retrotraer el marco de protección a las condiciones previas a la crisis económica para contener los despidos. Sin embargo, esto no es suficiente, en 2009 y 2010 sufrimos una oleada de despidos a pesar de existir una mayor protección y a pesar de que las empresas aún resistían con beneficios y dinero líquido para afrontar los costes. Por ejemplo, el grupo ACS, perteneciente al sector más afectado por la crisis económica, presentaba un 18% más de beneficios en 2009; a pesar de ello, puso en marcha varias oleadas de despidos dejando a miles de familias trabajadoras en el paro y sin apenas ingresos en sus hogares.
El despido no puede ser una herramienta en manos de los empresarios para maximizar constantemente sus beneficios; esta concepción impera hoy día. Desde su origen los sindicatos entendían que el despido era el último recurso por parte del empresario para evitar el cierre del centro de trabajo en caso de pérdidas insostenibles. Debemos recuperar esta concepción y trasladarla a la legislación que regula el mercado laboral, porque es de lógica y protege a los trabajadores y sus familias por encima del enriquecimiento de una minoría.
Esto se debe plasmar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en el que se restrinja el despido a casos excepcionales de pérdidas anuales verificadas y de ausencia de liquidez. Esto es un estatuto que proteja en mayor medida a los trabajadores de lo que lo hacía antes de la crisis económica de 2008 e incluso en la década de los 90 del siglo pasado. Una protección financiada con los beneficios presentes y del pasado que acumulan las empresas.
En el caso extremo del despido debido a unas pérdidas insostenibles, hay que completar la legislación laboral con una derogación de las reformas de la Ley General de la Seguridad Social por la que, entre otros, se reducían las prestaciones por desempleo. Hay que recuperar y ampliar la protección en caso de desempleo a unos niveles suficientes para que las familias trabajadoras puedan vivir en unos estándares normales entretanto recuperan el puesto de trabajo. En la actualidad, cientos de miles de familias trabajadoras no tienen cobertura alguna mientras esperan para encontrar un empleo. Ninguna familia debe quedarse en situación de riesgo de pobreza.
En el conjunto de nuestro país hay recursos económicos de sobra para financiar la ampliación del sistema de Seguridad Social. Por ello, se deben anular las rebajas de impuestos a las grandes empresas y aumentarlos a las rentas más altas. Quienes más se han aprovechado de las riquezas de nuestro país ahora deben aportar más para sostener a quienes las producen y se puedan quedar en el paro en caso de estallido de la recesión, este es el sentido de la progresividad impositiva. En los últimos coletazos del crecimiento económico es momento de generar una caja de resistencia frente a la recesión.
Hay tiempo, pero apremia preparar la movilización para protegernos
Como indicaba más arriba, el colchón que tenemos los trabajadores a día de hoy es más fino que en 2008, el golpe puede dejar a muchas familias en la UVI económica. Esto exige poner en marcha la maquinaria de la movilización, la cual no empieza por salir a la calle. Primero hay que ir por cada centro de trabajo, por cada barrio, por cada provincia, por cada comunidad autónoma, explicando la necesidad de proteger los puestos de trabajo y los ingresos. Explicando que, en el caso de recesión, esto se consigue de forma más sencilla si hay un marco legal que nos ampare, que nos evitará muchos quebraderos de cabeza.
Estamos en un momento clave en el que debemos responder con agilidad y responsabilidad para garantizar nuestro futuro. La inestabilidad política es un momento de oportunidad para presionar al programa de gobierno en una determinada dirección. Ya no existen mayorías de un solo partido. Los pactos y las concesiones son una obligación para mantener votos también. La CEOE lo sabe muy bien y ha metido presión tras las elecciones para frustrar un gobierno de coalición PSOE-UP. Tienen claro que deben sacar de esa ecuación a UP y meter a C´s y a Albert Rivera porque con este último podrán poner en marcha la agenda de reformas del FMI.
Frente a la CEOE los trabajadores debemos exigir la aplicación de un programa de medidas urgentes para la protección económica y laboral de los trabajadores. Es la oportunidad de que se haga valer la fuerza de los 20 millones de trabajadores que somos en España; de que en esta ocasión no seamos nosotros los que recibimos el golpe de la crisis económica porque nos hayamos construido un buen escudo.