Un modelo económico para los trabajadores olvidado por la izquierda

Si la iniciativa privada fracasa en mantener la economía a flote, la iniciativa pública y democrática debe tomar las riendas. Y solo la clase obrera tiene el poder para impulsar esa política.

Movilización contra el ERE de Vesuvius, el 2 de octubre. Foto: La Mayoría.

La aún persistente amenaza de cierre de Alcoa, el cierre de Vesuvius, el intento de cierre de Vestas León, la reestructuración de turnos en Ford y Renault, los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Nissan, Día o Vodafone, el incremento de los ERE´s desde 2018 y especialmente en 2019, etc. Todos estos hechos son síntomas que anuncian la llegada de los fuegos artificiales.

La desaceleración económica en España, en la Unión Europea y en todo el mundo ya es una realidad. Es el preludio de una nueva Gran Recesión, que aún no tiene fecha pero que los medios de comunicación la colocan muy próxima.

Los economistas burgueses discuten entre ellos cómo evitar o cómo navegar la tormenta económica. Todos coinciden en la razón por la que creen que se produce. Buscan circunstancias coyunturales como el Brexit, la guerra comercial de EE.UU. contra China o una hipotética guerra con Irán. Pero ninguno quiere o puede señalar el problema de fondo que existe y que ha conducido a EE.UU. a aplicar una política de aranceles contra la UE, China o México, por ejemplo.

En sus interpretaciones sobre lo que sucede estos economistas pueden discrepar en el momento de aplicar las medidas para relanzar la economía. Pero todos ellos coinciden en que dichas medidas se deben dirigir a mejorar la competitividad y los beneficios de los empresarios. Simplemente quieren subvencionar con bajos intereses o invirtiendo al estilo del fracasado Plan E de Zapatero y recortar aún más los derechos laborales.

Pero ni los estímulos lanzados por el BCE ni la ausencia de estos serán capaces de sacar a la economía de la recesión. La Economía del Beneficio Individual muestra graves signos de agotamiento porque desde 2014 las empresas han vuelto a producir más de lo que podemos consumir, lo que ha generado incertidumbre. Por ejemplo, el consumo de los hogares españoles ha descendido un 6% en 2018 con respecto a 2008; en el ciclo post-burbuja inmobiliaria consumimos menos. Y, sin embargo, la producción española ha seguido creciendo, pasando de 1,11 a 1,20 billones de €. Y los acontecimientos actuales, como el Brexit o la guerra comercial, han aumentado la incertidumbre.

Los empresarios y accionistas se están planteando congelar o retirar sus inversiones porque a medio plazo no ven salida a los productos en un mercado sobresaturado y la rentabilidad es insuficiente. En el momento del estallido de la recesión su reacción será más abierta con la retirada masiva de sus inversiones. Esto significa despidos individuales y colectivos, cierres de empresas o plantas de producción, reducciones salariales, precarización del empleo, mayor disciplina en la organización del trabajo, etc.

Para los trabajadores y la economía en general será un desastre porque los accionistas anteponen la fría y cortoplacista rentabilidad económica y acumulación de riquezas al mantenimiento de los puestos de trabajo y la producción de bienes y servicios necesarios para nuestro país. La economía en lugar de colocarse al servicio de las necesidades de la población se coloca al servicio del parasitismo de los accionistas y fondos financieros.

En una situación de recesión, la táctica de buscar inversores para evitar el cierre no funciona, salvo alguna excepción. Si durante el ciclo de crecimiento en muchas ocasiones liquidan la empresa tras la compra, es aún más difícil dar un futuro a los puestos de trabajo en el ciclo de crisis. El PSOE querrá tomar este camino para tapar que nos dejan, una vez más, a los pies de los caballos del libre mercado, de que priorizan el beneficio de los accionistas de las empresas. Por ello, durante el gobierno de Zapatero la sangría de despidos fue incesante, al igual que lo fue durante el gobierno de Rajoy.

Así pues, llegados al punto del estallido de la Gran Recesión de la economía internacional y española y de la amenaza de despidos masivos, los trabajadores tenemos que poner cordura a la situación económica. Debemos actuar con agilidad para evitar que millones de familias trabajadoras sean arrojadas al arroyo de la pobreza por las políticas de austeridad y de competitividad que pretendan imponer el PSOE, C´s y PP. Pretenderán convencer a toda la clase trabajadora de que es inevitable. Pero no es así.

Si los accionistas y demás inversores privados no invierten porque no encuentran suficiente rentabilidad como para enriquecerse lo antes posible, los trabajadores sí queremos generar bienes y servicios y puestos de trabajo para nosotros. Tenemos la iniciativa e inversión pública para hacerlo.

Que el mercado esté saturado porque no haya posibilidad de consumo no quiere decir que no haya necesidad de producir esos productos. Lo que está expresando es que no toda la población puede acceder a ellos por su situación económica. Hay margen para el crecimiento si ponemos la producción al servicio de la población trabajadora y se pone en marcha de manera lógica y planificada para satisfacer sus necesidades. Se trata de construir una Economía para Beneficio de la Mayoría Social.

El desarrollo de un extenso sector público productivo, cuyo criterio es la rentabilidad social, significa garantizar millones de puestos de trabajo directos e indirectos con el que viven las familias trabajadoras; alcanzar unos niveles salariales que permitan a dichas familias el acceso a los bienes y servicios producidos para vivir; aumentar la inversión en el desarrollo tecnológico que facilite la producción y nuestras vidas en el futuro; y, entre otros, aumentar los ingresos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios para mantener y ampliar unos servicios públicos de calidad lejos de los recortes.

Debe primarse la inversión pública, cuyo carácter es paciente para construir un país, a la inversión privada, de carácter cortoplacista y especulativa que desangra la economía de los países.

Las sociedades de participaciones del Estado y de las comunidades autónomas deben empezar a invertir en empresas estratégicas para nuestra economía con el fin de evitar, preventivamente, sus cierres.

Pero no podemos descartar que, en caso de pretensión de cierre de las empresas por parte de los accionistas privados, el Estado deba adoptar acciones más decididas y drásticas. Ha de anteponer la economía de nuestro país y la seguridad de los trabajadores a los intereses privados. Esto supone la aprobación de una Ley para la apropiación estatal de toda empresa viable que haya sido o vaya a ser abandonada por los propietarios originales y para la incorporación al accionariado en la misma proporción de las ayudas aportadas a toda aquella que requiera de apoyo estatal.

A la vista de las acciones que llevaron a cabo los gobiernos del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy en la pasada crisis de 2008 y de sus programas electorales, no parecen muy dispuestos a dejar en manos públicas las empresas estratégicas para mantener la producción y los puestos de trabajo. Se podría decir que todo lo contrario, venderán las pocas empresas públicas que nos quedan a los inversores privados que tanto paro, pérdida salarial, etc., provocó en aquel momento. Por ello, la forma de conseguirlo es la presión al gobierno para que ponga en marcha cuantas empresas públicas sean necesarias con el fin de producir los bienes y servicios.

Pero hay otra idea que nos ha de quedar clara. Si tenemos un Estado y un gobierno de los trabajadores, todo es más sencillo de conseguir. Es más sencillo implantar programa de medidas urgentes para la protección económica y laboral de los trabajadores y es más sencillo poner en marcha empresas públicas productivas para proteger el empleo, las condiciones de vida de los trabajadores y la economía de nuestro país. Desde esta fortaleza generamos un marco legal de paz y calidad de vida para la clase obrera.

La protección de la economía no solo afecta a los trabajadores. También permite la supervivencia de los pequeños productores y comerciantes sosteniendo unas comarcas vivas económicamente con las empresas públicas. De esta forma, los trabajadores nos ponemos al frente de la protección de toda la población, que con su esfuerzo construye un país próspero. Traemos el orden económico frente al desorden económico y la pobreza desatados por los empresarios.

Por eso, la acción política de los trabajadores, unidos bajo nuestros propios intereses de clase, es más eficiente que quedarse únicamente en las luchas de cada centro por separado resistiendo los golpes de cada ERE, cierre y recorte de derechos, lo cual no quiere decir que no sea necesario. Podemos moldear la sociedad como queremos si nos agrupamos en un partido político propio, arrebatando las herramientas a un empresariado unido que ya lo hace utilizando a sus partidos políticos para que apliquen reformas laborales, ratificando ERE´s y cierres empresariales, etc.

A pesar de que somos muy superiores en número, el empresariado maneja la sociedad para sus intereses. Podemos vencerles si nos activamos y unimos políticamente. Hay que dar el salto porque nuestro objetivo es salvaguardar la economía para el beneficio social, los puestos de trabajo y los ingresos para todos los trabajadores en España.

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