El derecho a la conciliación familiar está recogido en la legislación laboral española desde hace años. La reivindicación por parte de los trabajadores de tener una vida más allá de su puesto de trabajo, formar una familia y poder tener tiempo para pasar con los hijos parece una demanda justa y lógica. Desgraciadamente, muchos empresarios no parecen compartir el espíritu de estas medidas. En las cuentas de resultados de accionistas y directivos, los trabajadores somos poco más que recursos que hay que explotar al máximo: cada hora de salario que nos pagan se la cobran con creces obligándonos a funcionar a ritmos extenuantes, en condiciones de estrés y constante presión que se hacen notar. Para ellos, el trabajador ideal es aquel que no tiene vínculos sociales o familiares de ninguna clase y que, por tanto, está disponible para trabajar a demanda de la empresa.
La degradación que vienen sufriendo las condiciones laborales desde la crisis de 2008 ha provocado que la flexibilidad se haya convertido en un concepto transversal para el trabajo: cualquier mínimo desacuerdo que tengamos con las jornadas que pretenden imponernos se convierte en un pulso con la empresa, a medida que las necesidades de la producción chocan con nuestras vidas personales. Y, a pesar de todo, las leyes establecen que en teoría tenemos derecho a unos horarios que permitan compaginar el trabajo con las necesidades familiares y personales.
La realidad es que, como tantos otros derechos, el derecho a la conciliación familiar es una pugna constante entre los trabajadores y la empresa. El reconocimiento legal de un derecho no implica, ni mucho menos, su cumplimiento. Más allá de los libros, las sentencias y las leyes, la realidad del trabajo se impone con dureza: el poder de los empresarios se ejerce de forma práctica y concreta con chantajes, amenazas veladas y el fantasma siempre presente de los miles de parados dispuestos a asumir nuestro puesto de trabajo por unas condiciones mucho peores. Y en ese pulso que libramos día a día, la ley es un arma con mucho potencial que se convierte en poco más que palabras bonitas si carecemos de la organización, de la fuerza colectiva, para garantizar su aplicación.
La conciliación a medida de la empresa
El pasado 1 de marzo, el Gobierno introdujo una modificación en la Ley del Estatuto de los Trabajadores mediante el Real Decreto Ley 6/2019, que concretaba el derecho a la conciliación familiar de manera que ésta no implique una reducción de jornada o de salario. Esta modificación, que se produce años después de que el derecho a la conciliación se reconociera legalmente, saca a la luz las profundas limitaciones de la legalidad.
Lo que estaba ocurriendo en muchas empresas de este país – si no en todas – es que, al reclamarse el derecho a la conciliación laboral, éste se concedía… con una reducción salarial o de jornada aparejada. Si nuestra vida personal y familiar interfería con las necesidades de la empresa, con la disponibilidad que ésta tenía planeada para nosotros, los directivos se encargaban de cobrárselo, obligándonos a elegir: conciliación a medida de la empresa, o más de lo mismo. Tendrás derecho a pasar tiempo con tu familia, siempre y cuando eso no interfiera con las necesidades de la producción.
Si interfiere, la reducción de jornada o salarial conlleva un mensaje claro. Para aquellos cuyos salarios no pueden permitirse recortes, directamente convierte el derecho en un imposible; para aquellos que sí pueden permitírselo, se convierte en un ejercicio de sumisión: es la empresa la que decide en qué terminos puedes ejercer ese derecho. Y, al mismo tiempo, vuelve a agitar el fantasma de la sustitución: me estás causando un problema, y si tú no estás disponible ahora, cuando yo te necesito, alguien lo estará. Son pocos los trabajadores que pueden ejercer el derecho que la ley les reconoce, y los que lo ejercen lo hacen amenazados, presionados. Para muchos, la conciliación familiar ha sido una ilusión a pesar de que hubiera una ley que reconociera ese derecho.
La modificación legal que introduce el Gobierno a principios de este año significa una leve mejora de la situación, al concretar algo más la forma en que debe aplicarse este derecho a la conciliación, pero el problema de fondo – el poder casi ilimitado de los empresarios, la falta de estructuras democráticas de supervisión y control por parte de los trabajadores – sigue sin abordarse. Los trabajadores seguirán sufriendo chantajes y amenazas, y la ley seguirá aplicándose sólo en la medida que la empresa esté dispuesta a hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de El Corte Inglés: a pesar de que el Real Decreto que introduce esta modificación data de marzo, ha sido necesario un largo proceso judicial para que una sentencia obligue al cumplimiento de este derecho. Sentencia que, por otra parte, sólo ha sido posible gracias a la denuncia de un trabajador y al trabajo de la sección de Sindicalistas de Base en el centro de Castellana, condiciones que no tienen por qué darse en otras empresas.
En muchos centros de trabajo no hay organización sindical. En aquellos donde existe, nada garantiza que otro compañero o compañera se vaya a atrever a denunciar. Y allí donde haya organización sindical y salga adelante una denuncia, aún tendrá que librarse una pelea judicial: contar con antecedentes, como el del juicio contra El Corte Inglés, concede más fuerza a la demanda, pero no asegura que la sentencia vaya en la misma dirección. Un derecho que se nos reconoce legalmente se convierte en una batalla constante y agotadora en cada centro de trabajo. Para evitarlo, la necesidad de reforzar las organizaciones colectivas de trabajadores, con los sindicatos en primera línea, es incuestionable. Pero también la necesidad de mirar más allá: ¿por qué tenemos que pelear derecho, en cada centro de trabajo? ¿Por qué incluso cuando ganamos tenemos que estar alerta para que esa victoria no se vuelva contra nosotros? El poder absoluto de los empresarios tiene que ser limitado: los centros de trabajo no pueden ser espacios ajenos a la democracia.
¿Derecho a conciliar o derecho a vivir?
El derecho a la conciliación familiar es una victoria indiscutible de los trabajadores, a pesar de todas sus limitaciones. Aún así, no deja de ser un derecho muy limitado y circunscrito al actual sistema de clases: se nos reconoce el derecho a tener una vida fuera del trabajo, pero ese derecho está fuertemente vinculado a la obligación de formar una familia. De reproducirnos. De garantizar que haya una próxima generación de trabajadores. Parece que aquellos que no tienen hijos tienen que asumir los horarios y las necesidades productivas de la empresa, porque la única razón que nos reconocen para no pasarnos el día trabajando es garantizar el suministro de trabajadores: que haya alguien que nos de el relevo cuando ya no seamos productivos para los capitalistas.
El derecho a vivir va mucho más allá. Se nos debe reconocer el derecho a tener tiempo libre y a disfrutarlo, a pasar tiempo con nuestros amigos o con nuestra pareja, con las personas que queremos, sin que esto suponga que estamos criando a los trabajadores del mañana. El derecho a la conciliación, en el fondo, no es más que el reconocimiento del trabajo reproductivo en la negociación laboral: no vas a realizar un trabajo productivo aquí, en tu puesto de trabajo, pero te vas a ir a casa a realizar un trabajo reproductivo para asegurar una nueva hornada de mano de obra. La relación entre trabajador y empresa se convierte en una relación social entre la clase trabajadora y la burguesía en la que, de una u otra forma, ya sea en la realidad concreta de una empresa o en la realidad colectiva de una sociedad, los trabajadores sólo somos concebidos como recursos, máquinas productivas.
Pero no somos máquinas. Somos personas. Y tenemos el derecho a tener ocio, a tener aficiones, a disfrutar de la vida y a pensar y existir más allá del trabajo. El derecho a la conciliación tiene que dar pie a una lucha más profunda por el derecho a vivir. La necesidad de adaptar los horarios para permitir que los trabajadores con hijos puedan criarlos tiene que desarrollarse y convertirse en una lucha para reducir colectivamente la jornada laboral para que todos, tengamos o no hijos, podamos disponer de nuestro tiempo libremente y construir una vida fuera del trabajo. Después de más de un siglo con la jornada laboral de ocho horas, va siendo hora de ajustemos el tiempo de trabajo a la nueva realidad de la producción: primero, las 35 horas. Y a partir de ahí, profundizar en la reducción hasta garantizar el derecho a vivir y el reparto del empleo y de la riqueza.
El derecho a vivir y el trabajo reproductivo
El trabajo reproductivo, aunque suela ocultarse, también es trabajo. Que nos adapten la jornada para conciliar, e irnos a casa a atender a nuestros hijos, a limpiar, a cocinar, a mantener un hogar, no nos libra de carga de trabajo, sino todo lo contrario. Una carga de trabajo que, además, tiene una clara connotación de género: quienes suelen asumir ese trabajo reproductivo suelen ser las mujeres. Plantear la necesidad de que el derecho a conciliar de paso al derecho a vivir no tiene sentido si no abordamos la cuestión del trabajo reproductivo.
Cuando reivindicamos el derecho a vivir, reivindicamos el derecho a desarrollarnos como personas, como seres humanos, más allá del trabajo. El trabajo cumple un papel fundamental en nuestro desarrollo personal, pero, si sólo nos desarrollamos a través del trabajo, éste termina ejerciendo un efecto negativo, de embrutecimiento. Debemos cultivar también nuestros aspectos creativos. Difícilmente lo estaríamos consiguiendo si nos limitamos a sustituir el trabajo productivo por trabajo reproductivo: la RCTT1, las 35 horas, nos obligan también a replantearnos el actual enfoque del trabajo de cuidados. Reivindicar la distribución equitativa de este trabajo entre hombres y mujeres es insuficiente e inviable: en la casa, en las tareas domésticas, la relación de clases se expresa con una dimensión de género en la que el capitalista indirectamente se apropia del trabajo reproductivo de la mujer en el hogar familiar.
Pretender acabar con la brecha de género sin replantear la organización social del trabajo reproductivo es tan absurdo como pretender acabar con la brecha de clase sin replantear la organización social del trabajo productivo. No basta con apelar o exigir una redistribución equitativa de las tareas domésticas y del trabajo de cuidados, sino que es necesario reivindicar su socialización para hacer efectivo el derecho a vivir para todos, hombres y mujeres, sin distinción. Este trabajo debe visibilizarse, reconocerse como tal, y gestionarse democráticamente. Eso implica, por ejemplo, aumentar la inversión pública en centros de día y cuidado de mayores; crear una red de guarderías públicas gratuitas; una empresa pública de lavandería, comedores, atención a domicilio y cuidados, con instalaciones en todos los barrios; o incorporar servicios como guarderías y comedores a los centros de trabajo.
Una vida que merezca la pena ser vivida
No es ningún secreto que la vida de los trabajadores, en una sociedad de clases construida a medida de los superricos, es muy dura. Las consecuencias negativas sobre nuestra salud son claras, y estadísticamente probadas. Vivimos una vida de privaciones, de inseguridad e incertidumbre, siempre amenazados, atados a un trabajo cada vez más precario e inestable, que podemos perder cualquier día. Las lesiones y dolencias físicas están a la orden del día, pero también los trastornos y enfermedades mentales. Tenemos que pelear cada palmo de tierra, ver como cargan todo sobre nuestras espaldas, recortándonos salarios y derechos, y apenas tenemos medios para garantizar que lo que hemos conquistado se cumple de forma efectiva. Por desgracia, parece que se ha sellado un pacto de silencio, y muchos cargan con sus problemas como si fueran un fracaso individual, un motivo de vergüenza. Lo cierto es que, lejos de ser problemas personales, no son más que el resultado de un sistema que nos destruye física y mentalmente.
La realidad es que no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué vivir sometidos por la empresa, anulados por el trabajo. Incluso en esta época de reflujo en la lucha de clases, en la que siempre amenaza tormenta, hemos demostrado que unidos y organizados tenemos más fuerza de la que creemos. La lucha de los trabajadores de CocaCola, sostenida durante años, contra viento y marea, con juicios de por medio, es la mejor prueba. No son superhéroes: sólo trabajadores unidos y organizados. No tenemos por qué soportar una conciliación a medida de la empresa. Es más, no tenemos por qué aceptar que la familia es la única razón por la cual podemos escapar de la tiranía corporativa. No tenemos por qué aceptar que las cosas son como son, inmutables, permanentes. Si nos organizamos, podemos cambiarlo todo.
No se trata de exaltar la lucha, de sostener una épica batalla constante; sería agotador hacerlo. Vivir siempre peleando es sobrevivir, y sobrevivir no es vivir. Para los trabajadores de CocaCola en Lucha, no fue fácil aguantar el pulso, y a muchos el proceso les ha dejado heridas profundas. Se trata, precisamente, de reivindicar una vida diferente, una en la que no tengamos que pelear cada derecho, en la que no tengamos que convertir en una batalla cosas tan básicas como el derecho a tener una vida fuera del trabajo. En definitiva, se trata de impulsar una transformación social profunda, que rompa con la lógica del capital y sitúe nuestras necesidades como personas por encima de las necesidades de la empresa y de los beneficios de los accionistas. El derecho a la conciliación, cuando se analiza con un poco de detalle, refleja un conflicto mucho más profundo: cada derecho es, en realidad, un hilo del que tirar, para descubrir que hay una vida diferente, una vida que merezca la pena ser vivida, y que no está tan lejos como creemos. Sólo tenemos que estar dispuestos a ganarla.
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