Socialismo por la puerta de atrás

Los Fondos de Riqueza Social son una fórmula para limitar el poder del capital privado en la toma de decisiones, en las empresas y en la economía nacional. Pero también abren una rendija por la que vislumbrar un mundo diferente, socialista.

Manifestación en Estocolmo en 1968.
Manifestación en Estocolmo en 1968.

Una empresa en una comarca de Asturias informa al Comité de Empresa de sus intenciones de cerrar la planta y derivar la producción a Polonia, los trabajadores hacen movilizaciones y cortes de carretera, poco más pueden hacer. Una importante multinacional de las telecomunicaciones en Madrid anuncia un ERE de 1.700 personas, afirma que los resultados económicos son malos, pero los sindicatos dudan de la veracidad de los datos. Otra compañía del sector químico en Euskadi incumple sistemáticamente la normativa medioambiental y de salud laboral, pero las autoridades públicas actúan con prudencia ante las infracciones, temen que la empresa cierre sus instalaciones si le presionan demasiado.

No le será dificil al lector pensar en algún ejemplo real parecido a estos que señalamos. Todos tienen en común dos cosas: la extrema debilidad de la plantilla en la relación de poder en la empresa y la pasividad o incapacidad de las administraciones públicas para actuar. Es uno de los rasgos de la economía en que vivimos.

Desde los años 80 del pasado siglo, en España, pero también en toda la UE, la actitud de los distintos gobiernos con respecto a las empresas se ha basado en la política business-friendly (amistosa con los negocios): la creación de un marco jurídico y económico favorable a los intereses de los capitalistas. Esto incluye apoyos fiscales, facilidades de inversión, desregulación laboral y, como no, dar seguridades a los empresarios, en petit comité, sobre que el Estado no va a ser demasiado estricto en la aplicación de las distintas regulaciones sociales, fiscales y medioambientales.

El resultado es que en el periodo histórico reciente, la balanza de poder en las empresas entre trabajadores, instituciones públicas y capitalistas, nunca ha estado tan inclinada a favor de estos últimos.

En el reciente conflicto de Vesuvius, en Asturias, los trabajadores denunciaban que la Reforma Laboral del 2012 era la causa última de su cierre. Se referían con esto a que prácticamente no existían contrapesos legales que permitiesen paralizar los planes de la multinacional británica: Por ejemplo, la autorización administrativa de los EREs, eliminada en la Reforma del 2012, habría permitido ejercer presión política a los sindicatos, para obligar a la administración a, por lo menos, retrasar el proceso de cierre.

Esta situación, además, permite que los dirigentes del PP y el PSOE (que son los partidos que más responsabilidad tienen en la implantación en España de las políticas business-friendly), puedan hacer piruetas discursivas. De tal forma que, por una parte, muestran “apoyo y solidaridad” para con los trabajadores, y por otra, pueden decir que están atados de pies y manos, y que no cuentan con medios de presión. Estas afirmaciones, aunque matizables, son ciertas en gran parte.

La solución que dan estos partidos (y en general otras organizaciones políticas vinculadas al capital), es la de intentar mediar entre los trabajadores y las empresas, abrir mesas de negociación, intentar sentar a los directivos en ellas y, en un momento dado, abrir algún tipo de línea de ayudas públicas, de forma que la empresa tenga algún incentivo económico o fiscal para mantener la actividad. Este ha sido, a grandes rasgos, el paradigma que ha reinado hasta ahora en los conflictos laborales más recientes en la industria y las grandes empresas afectadas por cierres y deslocalizaciones.

Parece lógico pensar que derogar la Reforma Laboral del 2012 es un objetivo prioritario, especialmente en todo lo relacionado con el debilitamiento del poder sindical en la negociacion colectiva y las reestructuraciones empresariales. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Podemos plantear algo más? A fin de cuentas, antes del 2012, incluso antes de la crisis del 2008, también había EREs y también había cierres de empresas.

La toma de decisiones en las empresas

En última instancia, las empresas privadas, sean estas industriales, de servicios, financieras, o de otro tipo, son instituciones cuyo fin es dar rentabilidad a las personas o instituciones (fondos, bancos, otras empresas) que tienen su dinero invertido en ellas, y que en virtud de esto son titulares de parte del capital, propietarios de parte de la empresa.

La titularidad de las acciones otorga derechos de voto: a más acciones, más peso en la toma de decisiones. Estas decisiones se suelen forjar en los despachos de los ejecutivos y se votan en una especie de parlamento de capitalistas que conocemos como consejos de administración. En la empresa privada, el criterio a la hora de tomar unas decisiones u otras, en última instancia, tiene que ver con que el resultado final de esas decisiones arroje más ganancia para los propietarios de las acciones. En caso contrario, los accionistas tenderán a retirar su capital e invertir su dinero en otras empresas que arrojen más ganancia.

La tendencia actual, además, es mucho más extrema. Desde el último cuarto del siglo XIX los bancos han estado presentes en las juntas de accionistas de las grandes empresas, pero a partir de la década de 1980, los fondos de inversión han tomado el papel protagonista. Así, de lo beneficios que generan las empresas se observa una tendencia cada vez más fuerte a destinarlos en una propoción cada vez mayor a pagar dividendos, a remunerar a los accionistas, no a reinvertirlos en la empresa.

Como señala el economista Henri Houben: “En los Estados Unidos, esta parte de los dividendos en relación a los beneficios netos de las empresas pasó del 44.1% entre 1950 y 1973, al 37.1% de 1973 a 1980, después a un 65.5% en los años 80, aumentando hasta el 75.1% en la década siguiente, para caer levemente a un 66.6% entre 2000 y 2007 . Se observa el giro de 1980: anteriormente, la mayor parte de los beneficios se reinvertían; después, se distribuyen principalmente entre accionistas, lo que evita que puedan reinvertirse, eventualmente, como capital para las empresas.”1

Estas instituciones financieras son auténticos depredadores de sudor obrero, que aumentan aún más la presión sobre las empresas en la búsqueda de ganancias, a toda costa. Esto significa que los trabajadores no podemos hacernos muchas ilusiones sobre la posibilidad de que aparezcan empresarios buenos, que no exploten demasiado a la plantilla en su búsqueda de ganancia.

Pero la posibilidad de tener la pata social metida en los consejos de administración de las empresas es demasiado jugosa como para no tenerla en cuenta. Las acciones no solo pueden ser propiedad de una entidad privada, también es posible que instituciones públicas, semipúblicas o sociales tengan porcentajes de control (51%) o la totalidad de las acciones de una empresa. Casi todos los países del mundo tiene porcentajes de participación del estado en empresas, en mayor o menor grado. España no es la excepción: a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Gobierno mantiene presencia en varias sociedades. Y en algunos casos hasta está ingresando dinero a las arcas del Estado en forma de dividendos.

Esto nos lleva a preguntarnos si no sería deseable buscar alguna fórmula que permitiese fortalecer este mecanismo de presencia pública y social en las empresas. Empezemos por un esbozo de la que quizá fue la experiencia histórica más radical de socialización de empresas en una economía capitalista.

El Plan Meidner de la socialdemocracia sueca

El Plan Meidner fue una propuesta de los economistas socialdemócratas de los sindicatos suecos Rudolf Meidner y Gösta Rehn. Se basaba en el principio de formación colectiva de capital: un “proceso de acumulación gradual de capital en diversas empresas a nombre de los trabajadores para su beneficio colectivo y gracias al cual van accediendo a una fracción creciente de la propiedad corporativa”.2

Este tipo de procesos se concretan en la creación de un fondo de inversión donde se deposita el capital acumulado.3 Los fondos de pensiones públicos (como nuestra Seguridad Social) o sindicales son algunos de los ejemplos más conocidos. Pero también se ha experimentando con Fondos de Inversión de los Asalariados.

El Plan Meidner original, concebido en los años 70, combinaba dos patas: una legislación laboral muy avanzada, que incluía mecanismos de cogestión en las empresas, y los fondos de inversión de los asalariados.

Su funcionamiento se regía por cuatro reglas básicas, tal y como nos explica Mario del Rosal Crespo4:

  1. Todas aquellas empresas con más de cincuenta empleados estarían obligadas a emitir cada año acciones nuevas por un importe equivalente al 20% de sus beneficios brutos.
  2. Dichas acciones –y los ingresos derivados de su titularidad– serían propiedad de los sindicatos locales mientras no llegaran a copar más de la quinta parte del capital total de la empresa. Al superar esa cifra, las acciones pasarían a un fondo de inversión gestionado conjuntamente por representantes de los trabajadores y los empresarios. En todo caso, no serían nunca títulos de carácter individual, sino colectivos.
  3. Las nuevas acciones emitidas, que no podrían venderse ni reembolsarse, pasarían a formar parte de la red nacional de fondos de inversión de los asalariados.
  4. Los dividendos obtenidos con estas acciones se dedicarían en partes aproximadamente iguales a ser reinvertidos en títulos de la propia compañía y también a financiar programas de formación en gestión empresarial para los trabajadores.

En teoría, de haberse aplicado este plan, se habría producido la transferencia de la propiedad y la socialización de la mayor parte de las empresas suecas en un periodo de tiempo no muy grande. Los cálculos teóricos, para porcentajes de propiedad del 50%, eran los siguientes:

Tomado de: Mario del Rosal Crespo. La democracia económica y los fondos de inversión de los asalariados. Posibilidades y contradicciones.

Es decir, cuanto mayor fuese la tasa de beneficio de las empresas, más se aceleraba su socialización.

Finalmente, el Plan Meidner no se aplicó en su concepto original, sino que acabó poniendose en marcha, en 1984, una versión descafeinada debido a las presiones en contra de la patronal, la derecha y los sectores conservadores del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP) (El propio Olof Palme no estaba muy convencido), y fueron desmantelados sin pena ni gloria en 1990.

El Plan Meidner, fracasó debido a sus propias contradicciones y a la falta de una correlación de fuerzas sociales que lo mantuviese a flote, pero no por ello deja de ser una idea llamativa e interesante.

Y también poderosa, a juzgar por la fuerte resistencia de la patronal. En la época en que se estaba debatiendo no fueron pocas las voces de alarma que acusaban al Plan Meidner de ser un «programa socialista ideado por economistas marxistas de la Confederación de Sindicatos de Suecia», de provocar el “fin de la economía de mercado”, o que de aprobarse «podría ser la primera vez que un país votará libremente pasarse al otro lado del Telón de Acero»5.

¿Qué está a nuestro alcance?

Proponer la aplicación de un plan de la escala del Plan Meidner en España requeriría, para empezar, un estudio jurídico a fondo. Personalmente tengo dudas de que con la normativa europea actual fuese posible aplicar medidas como la obligatoriedad de emitir acciones para los empleados y que estas vayan a parar a fondos de inversión controlados por los sindicatos y el Estado.

Pero lo que sí está a nuestro alcance es que una institución pública (por ejemplo la SEPI actual) pueda comprar y vender acciones en el mercado de la misma forma y con las mismas capacidades y limitaciones que lo haría un agente privado. Un informe jurídico de Carlos Aymerich, profesor de la Universidad de La Coruña, escrito a raíz de la crisis de Alcoa, explica los pormenores de esta posibilidad6.

Pero no se trata solo de que la SEPI, en un momento dado, decida comprar participaciones en una empresa por los motivos que sea. Si estamos hablando de construir un sistema de intervención pública en la economía privada, necesitamos democratizar la toma de decisiones en la entidad pública que realiza esas inversiones. Y eso también está a nuestro alcance.

Reformar la SEPI para que en su consejo de administración entren los sindicatos, los ayuntamientos de las comarcas donde hay centros de trabajo, las organizaciones sociales más importantes y que todas ellas tengan el peso suficiente para decidir dónde, cómo y cuándo se hacen las inversiones, ya sería un avance importante con respecto a la situación actual.

Si a esta reforma le añadimos el refuerzo de la autonomía de la SEPI con respecto al Gobierno de turno (algo parecido a como funciona la Agencia Tributaria), estaríamos mejorando la capacidad de resistir a tensiones reprivatizadoras.

En la constitución de esta nueva SEPI bajo control social, habría que definir y limitar con mucho rigor los criterios de inversión, al igual que hacen los fondo privados. Para que las inversiones que se realicen no sean ruinosas. No queremos volver al INI de Franco o a la HUNOSA de los fondos mineros. Queremos un organismo que crezca, que vaya acumulando dividendo, vaya ampliando su cartera y que en un momento dado pueda crear nuevas empresas directamente.

Excepción a esto sería el caso de que, si las cuentas cuadran y hay una necesidad social, se pueda sostener una sociedad participada deficitaria con los beneficios de otras que sean rentables. Lo importante aquí es definir unos criterios claros y unos límites que aseguren la viabilidad global del proyecto a largo plazo.

Recapitulemos. El esquema básico sería la reforma de la SEPI con los siguientes condicionantes:

  1. Democratización, dando un peso decisivo a los sindicatos, los trabajadores y a las comarcas.
  2. Autonomía con respecto al gobierno de turno.
  3. Normas y limitaciones estrictas para asegurar la viabilidad a largo plazo.

Este modelo sí es posible aplicarlo en el contexto español actual mediante un decreto ley y por parte de un gobierno con voluntad para ello. Las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda no neoliberal deberían adoptar este planteamiento como uno de los ejes centrales de la política económica alternativa.

¿Reformismo por la puerta de atrás?

Habrá quien diga que este tipo de propuestas no son más que otro intento de vestir la vieja idea de la reforma gradual del capitalismo. Depende de cómo lo enfoquemos.

Creer que vamos a cambiar el capitalismo hasta convertirlo en un modelo de economía socialistas, simplemente a base de comprar acciones en empresas privadas, es ingenuo. La resistencia de las élites se va a dar desde el primer momento.

Incluso una propuesta muy descafeinada de reforma de la SEPI como la que planteo en el punto anterior va a ser atacada desde todos los frentes. “¡Qué vienen los rojos!”, sería el grito de batalla más probable de la derecha.

¿Qué dirían ante propuestas más radicales como el Plan Meidner original? ¿O ante propuestas de nacionalización directa más agresivas y clásicas?

Pero también es cierto que un planteamiento como la reforma de la SEPI ganaría simpatías entre amplios sectores de la clase trabajadora, que ve como les cierran las empresas sin alternativa. Por no hablar de la población de las comarcas que se ven afectadas por la desindustrialización y la falta de empleo y perspectivas económicas.

Este tipo de ideas apuntan en la dirección de que la sociedad y los trabajadores pueden tomar las riendas de sectores importantes de la economía y pueden ponerlos a funcionar para el beneficio colectivo. No es imprescindible un accionistas privado en Wall Street que hace y deshace desde una oficina.

En un contexto en que la ideología hegemónica, incluso entre los trabajadores, es “no hay alternativa” al capitalismo, introducir propuestas “socializantes” es abrir una pequeña rendija por la que vislumbrar una forma diferente de hacer las cosas.

En la actualidad hay islas de socialismo dentro de nuestra sociedad capitalista. La Seguridad Social, la sanidad y educación pública, servicios como el transporte público y muchas infraestructuras, aunque en constante ataque privatizador, son pequeños destellos de otra lógica diferente basada en el beneficio colectivo, no privado. Y a nadie se le pasa por la cabeza dejarlas caer, salimos todos los días a la calle a defenderlas.

¿Por qué no aplicar la misma lógica a la intervención del Estado en las empresas?

¿Por qué no plantear las cosas de forma que los trabajadores vean, no solo que es posible dar esta batalla, sino que también es posible ganarla?

Notas

  1. El nuevo capital financiero. Henri Houben. La Mayoría
  2. Mario del Rosal Crespo. La democracia económica y los fondos de inversión de los asalariados. Posibilidades y contradicciones.
  3. Ibidem.
  4. Ibidem.
  5. Matt Bruening. Social Wealth Fund for America
  6. Carlos Aymerich. Universidade da Coruña. Informe xurídico sobre a adquisición pública das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés

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