La concentración de capitales es una tendencia propia del capitalismo que es bien conocida desde hace tiempo. Ya sea por una fusión, por una absorción o con algún tipo de alianza – como en el mercado eléctrico español – las grandes empresas buscan la forma de aumentar su control sobre el mercado, con el objetivo de terminar dominándolo de forma casi absoluta. Sin competencia, el poder de una empresa sobre el mercado que explota es incontestable: todo el que quiera adquirir ese bien o servicio, tendrá que aceptar sus condiciones… o quedarse sin adquirirlo. Aunque técnicamente existen legislaciones y regulaciones para evitar que las grandes corporaciones acaparen un poder así, lo cierto es que el mercado sigue estrechándose inevitablemente y los bienes y servicios que adquirimos son controlados por una oligarquía cada vez menor.
Estas supercorporaciones que consiguen controlar todo un mercado se conocen popularmente como monopolios, y son un problema incluso para el propio capitalismo. El poder que ejercen les permite alterar la misma ley de la oferta y la demanda e imponer precios de forma casi arbitraria. Esta tendencia a la concentración es una muestra más de la naturaleza contradictoria y explosiva del capitalismo: todas las empresas compiten entre sí, y han convertido la competitividad en un dogma de peligrosas consecuencias para los trabajadores, pero su objetivo no es, como intentan vendernos, mejorar la calidad del servicio que prestan. Su objetivo es devorarse unas a otras hasta ser la única superviviente, y convertirse así en un monopolio.
IAG – la aerolínea matriz de la compañía aérea de bandera, Iberia – ha dado hoy un importante paso para conseguirlo al anunciar la adquisición de AirEuropa. De este modo, el conglomerado multinacional encabezado por capitales españoles e ingleses acumula un poder cercano al de un monopolio que le permitirá por convertir a Madrid en el HUB de referencia a nivel europeo. Con la absorción de AirEuropa, IAG incorpora nuevas rutas y se consolida como lider indiscutible en el tráfico de pasajeros en el Atlántico Sur: si actualmente transportaba al 19% de los pasajeros que viajaban entre Europa y Latinoamérica, al sumar las rutas de AirEuropa el nuevo conglomerado concentrará el 26% de los pasajeros, imponiéndose a su principal competidor (Air France – KLM, con un 19%) y dejando muy atrás al resto. El poder de la multinacional es aún mayor si nos centramos en el mercado español: las aerolíneas que a partir de ahora integrarán IAG movieron el año pasado nada más y nada menos que el 72.3% de los vuelos nacionales. La operación, que por los datos que conocemos a día de hoy costará alrededor de 1.000 millones de euros, se cerrará presumiblemente en la segunda mitad del año que viene.
Una concentración tan grande en una única compañía debería llamar la atención de las regulaciones diseñadas por los capitalistas para impedir, precisamente, los monopolios. O, al menos, para aparentar que los impiden: en caso de verse afectada por los organismos reguladores, la penalización que tendrá que pagar IAG será de tan sólo 40 millones. Esta penalización supondría un sobrecoste del 0.04% que bien puede asumir una supercorporación de estas características a cambio de hacerse con casi el 40% de todo el tráfico aéreo a nivel mundial.
Según el acuerdo, la aún compañía del Grupo Globalia mantendrá su marca bajo el paraguas de la estructura de Iberia: es decir, será dirigida por Luis Gallego desde sus oficinas en Madrid. No obstante, cabe plantearse qué puede llegar a suceder con las líneas que se solapen entre AirEuropa e Iberia, y si el grupo AIG dará prioridad a una compañía u otra en caso de que esto suceda significando con ello una presumible reducción en los requerimientos operativos con los que las aerolíneas trabajan. En otras palabras, de compartirse una ruta como puede ser Nueva York, ¿se mantendrán las operaciones o los directivos valorarán los diversos costes sacrificando la línea menos rentable?
Los trabajadores de estas aerolíneas harían bien en empezar a organizarse y anticiparse a los previsibles movimientos de la empresa, visto el ejemplo de otros grandes grupos como puede ser PSA-Peugeot en el sector automovilístico. La marca francesa, que recientemente ha hecho un movimiento similar al fusionarse con Fiat, es conocida por poner a competir a sus plantas entre sí, trasladando la producción de las menos rentables a aquellas que les ofrecen mayores beneficios. La lógica de IAG será muy similar: no es descabellado pensar que pronto empiecen a poner a competir a rutas entre sí con tal de presionar al límite las condiciones de trabajo de aquella que sobreviva, mientras se deshacen de la otra.
Es bien sabido que las privatizaciones, las fusiones o las adquisiciones de compañías siempre vienen acompañadas por un plan económico integral para que el accionariado resultante obtenda los mayores beneficios posibles: sólo así pueden garantizar que seguirán recibiendo las inversiones que necesitan para seguir concentrando poder sobre el mercado, ya sea absorbiendo o aplastando a sus competidores. Lamentablemente para la clase obrera, los inversores y su cortoplacismo suelen poner la diana sobre los trabajadores y sus derechos: de ahí el surgimiento de una preocupación sobre lo que pueda suceder entre los trabajadores de AirEuropa durante los próximos meses. Es más… ¿qué sucederá con los gtrabajadores del handling de AirEuropa ahora que se sabe que Groundforce quedará fuera de la operación?
El hecho de formar un monopolio privado en un sector estratégico es alarmante. Con esta adquisición por parte de IAG, decisiones como a qué destinos o en qué condiciones pueden viajar quienes inicien su ruta o hagan escala en España dependerán en buena medida de lo que decida el pequeño núcleo de inversores que dicte las reglas en esta nueva supercorporación. Y, evidentemente, para ellos primarán los beneficios por encima de la necesidad de los españoles, nativos o residentes.
Desde Marx a Theodore Roosevelt, personas muy diferentes han tenido claro que los monopolios son un problema gravísimo, y un peligro para todos. La misma idea de la empresa privada, el hecho de que decisiones que afectan a nuestra vida diaria – ya sea como trabajadores o como usuarios o consumidores – sean decididos por un pequeño grupo de inversores cuya única legitimidad proviene del dinero y que no rinden cuentas a nadie, es problemática para una democracia. Pero, a pesar de todo, el poder de las empresas privadas está limitado por las leyes de mercado y por las regulaciones y legislaciones. Los monopolios, en cambio, concentran tanto poder que son capaces de imponerse incluso sobre estos límites.
Un poder tan grande, sobre la vida de tantas personas, no sólo es problemático para la democracia: es que es directamente incompatible ella. No parece que a los capitalistas les importe demasiado, con multas tan mínimas como la que pueden imponer a IAG. La lucha contra los monopolios, que es una lucha por la democracia, recae sobre los hombros de los trabajadores: frente a la concentración del poder en manos de unos pocos, nuestra organización colectiva. Frente a la dictadura del monopolio, la gestión democrática de la planificación.