Unidas Podemos encara la recta final de la campaña la misma semana de las elecciones con sendos actos en Madrid – bajo el título «Por un Gobierno feminista», con la participación de la diputada nacional Irene Montero, la jueza Victoria Rosell y la portavoz del grupo de Unidas Podemos en el parlamento autonómico – y Alcorcón – donde el cartel lo encabezaban el también diputado nacional Pablo Echenique y el segundo teniente de alcalde del municipio, Jesús Santos. Hemos tenido la oportunidad de asistir a este segundo evento, un diálogo con la sociedad civil en el que, con un atractivo formato que invitaba a la participación, particulares y agentes sociales hemos podido hablar directamente y sin intermediarios con los cargos allí presentes.
En el encuentro, que ha durado cerca de dos horas entre cafés y tostadas, se han abordado un amplio rango de temas, desde la protección y defensa de unos servicios públicos amenazados por la lógica de mercado hasta el futuro de las pensiones públicas, pasando por el racismo o la omnipresente crisis catalana. Veamos algunas de las claves que se han situado.
Una fiscalidad justa para redistribuir la riqueza
En la política económica de los países occidentales, a falta de otras herramientas que han sido desechadas – al menos por ahora -, la fiscalidad se ha convertido en el principal caballo de batalla para diferenciar izquierda y derecha. Aunque recientemente algunos sectores de la izquierda parecen despertar del letargo en el que se sumieron a finales del siglo pasado, aún siguen siendo mayoritarios los partidarios de un «capitalismo de rostro humano» que asumen el marco del libre mercado como única opción. Es inevitable, por tanto, que gran parte del debate y de las propuestas electorales económicas giren en torno a la fiscalidad.
En el encuentro, más allá de estas cuestiones de fondo, Pablo Echenique situaba acertadamente una clave acerca de la cuestión impositiva: a pesar de que la fiscalidad progresiva está recogida en el artículo 31 de la Constitución, y de que prácticamente todos los políticos están de acuerdo con la idea que la motiva – que contribuyan más quienes más tienen -, lo cierto es que este principio no se cumple actualmente en España. Según exponía el diputado de Unidas Podemos para ilustrar esta triste realidad, en nuestro país una PYME paga alrededor de un 25% en concepto del Impuesto de Sociedades por apenas el 6% que pagan las grandes empresas. Para contextualizar algo más este brutal desequilibrio fiscal, incluso el famoso multimillonario Warren Buffet denunciaba indignado en 2007 – poco antes de la grave crisis que sacudió el mundo – que pagaba apenas un 18% de sus ingresos en materia de impuestos… ¡mientras que sus empleados estaban pagando de media un 32.9%!
La realidad es que hace años que la fiscalidad occidental no funciona con ese criterio progresivo. La idea de que las grandes empresas generan riqueza y empleo aún no ha sido criticada y desmontada con la contundencia necesaria por parte de la izquierda. La consecuencia inmediata es que se ha asumido que el dinero donde mejor está es a disposición de esas grandes empresas para, supuestamente, invertirlo y generar esa riqueza y ese empleo. Más allá de lo erróneo de ese dogma, lo cierto es que las empresas cada vez dedican una parte menor de ese dinero a la inversión productiva y un porcentaje creciente de a dividendos: es decir, al enriquecimiento de una minoría de accionistas. Según datos del economista belga Henri Houben, el porcentaje de ingresos destinado a dividendos ha aumentado de un 44.1% en el periodo 1950-1973 al 66,6% en la misma época en la que Buffet denunciaba la injusticia fiscal.1
Recuperar una fiscalidad realmente progresiva es una tarea pendiente para la izquierda. En Estados Unidos, dos de los principales candidatos en las primarias demócratas como Warren y Sanders se han comprometido a aprobar una tasa para superricos que empiece a resolver el problema. Por lo que Pablo Echenique dejó entrever, Unidas Podemos también hace propio ese objetivo.
Una transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática
La emergencia climática, que la comunidad científica lleva treinta años denunciando, se ha convertido en un problema político de primer orden. Las movilizaciones a nivel mundial que denuncian la dejadez de las administraciones públicas y exigen la toma de medidas urgentes y efectivas para hacer frente al cambio climático han ofrecido el contexto ideal para que nuevas y valientes propuestas se conviertan en la punta de lanza de un cambio profundo en nuestra forma de administrar y gestionar los recursos. La idea del Green New Deal promovida por la izquierda americana ha encontrado cierto eco en España: Más País ha hecho suyo el concepto, mientras que Unidas Podemos ha anunciado en alguna ocasión su intención de profundizar aún más en la revolución climática.
En ese sentido, Echenique planteaba esta mañana la importancia de la iniciativa pública como motor para impulsar esa misma revolución. El dato que ya hay sobre la mesa, y que manejamos todos los que intentamos construir un ecologismo político consecuente, es de una inversión de en torno al 2.5 – 3% del PIB, una cantidad ingente de recursos que requieren coordinación y planificación a gran escala – y a largo plazo – para poder hacer frente de forma efectiva a la emergencia climática. Aunque aún está pendiente definir la forma exacta en que va a dirigirse la revolución climática – desde Más País, por ejemplo, se centran en medidas de regulación y fiscalidad, mientras que Unidas Podemos plantea, por ejemplo, la necesidad de crear una eléctrica pública – lo que parece claro es que sin la iniciativa pública no va a ser viable. Y, si queremos que se haga de forma justa sin que terminen pagándola los trabajadores, también será necesario desarrollar mecanismos de participación y control democrático para todo el proceso.
Sea como fuere, la inspiración «rooseveltiana» del Green New Deal no es gratuita: no sólo se espera que detenga e incluso revierta la emergencia climática, sino que también deberá dinamizar la economía y generar cientos de miles de puestos de trabajo. El plan de Unidas Podemos, según situaba hoy su diputado, es que esta y otras iniciativas sean capaces de crear, en concreto, un millón de empleos. Sin embargo, aún está por explicar cómo van a crearse. ¿Los creará la iniciativa privada, espoleada por unas políticas de estímulo? ¿O serán empleos públicos?
Una revolución en la economía de los cuidados
El tercer eje planteado durante el diálogo entre cargos electos y sociedad civil ha girado en torno a lo que el propio Echenique ha denominado economía de los cuidados. En la revista hemos abordado esta cuestión en repetidas ocasiones23, y desde posiciones socialistas ya se ha situado la cuestión del trabajo reproductivo tanto a nivel teórico como práctico. El propio Pablo Echenique, de hecho, señalaba que el sistema que han tomado como ejemplo a la hora de afrontar esta cuestión ha sido el socialismo nórdico y su red de servicios públicos encaminados a la socialización de este trabajo normalmente invisibilizado.
Frente a la interpretación liberal, que se limita a buscar la forma de situar a la mujer en mejores condiciones para asumir la carga que conlleva el trabajo reproductivo para así permitir que los capitalistas sigan apropiándose del esfuerzo de millones de mujeres trabajadoras tanto en sus puestos de trabajo como en sus hogares, el feminismo socialista siempre ha entendido que el trabajo reproductivo debía ser reconocido como tal y socializado en consecuencia. Para ello es imprescindible generar una red de guarderías infantiles públicas y gratuitas, proveer de un sistema universal de asistencia a las personas y ampliar y mejorar la oferta de centros de día para personas mayores, entre otras medidas, y así lo ha planteado Echenique en lo que ha constituido un interesante aporte a la clarificación política de los objetivos del feminismo.
Más allá de las justas movilizaciones contra las insultantes sentencias que siguen minimizando las violaciones al calificarlas de «abusos», el feminismo tiene un catálogo de reivindicaciones mucho más amplio que es importante que empiece a visibilizarse. Y, al hacerlo, se empiezan a deslindar campos entre quienes quieren liberar realmente a las mujeres de la doble explotación que sufren y aquellos que únicamente quieren que el sistema actual sea más inclusivo y paritario.
La iniciativa pública y el futuro de la industria y el empleo
Por desgracia, los EREs se han convertido en el pan nuestro de cada día para los trabajadores, especialmente para los de la industria. Las sucesivas reformas laborales han convertido la destrucción de empleo en un trámite mucho más sencillo y asequible para las grandes empresas, de forma que lo que antes era una excepción ahora se ha convertido en la norma. Aunque llevan produciéndose de forma progresiva desde hace mucho tiempo, es cierto que últimamente hemos visto como ha aumentado tanto el número como la dureza de los mismos. Si a un poder desmesurado para los empresarios se le suma un contexto de desaceleración económica, el cóctel explosivo resultante genera la pérdida de miles de empleos. Y lo que es peor es que, como vimos en el caso de Vesuvius, incluso las plantas viables, modernas y funcionales corren el riesgo de enfrentarse a un ERE sin que la dirección de la empresa se moleste siquiera en negociarlo.
Preguntado por este contexto, y por las posibles herramientas para garantizar el empleo y la continuidad de la actividad económica de plantas como las de Alcoa o la propia Vesuvius, Echenique ha destacado en primer lugar que Unidas Podemos pretende imponer como condición a aquellas empresas que reciban ayudas o subvenciones públicas que garanticen que permanecerán al menos diez años en España, enfrentándose a posibles sanciones en caso de quebrantar dicho compromiso. Aunque desde la coalición aún no han concretado la forma de estas sanciones, según nos ha comentado el diputado morado en la formación estarían abiertos a evaluar la posibilidad de que consistieran en paquetes de acciones que pasarían a ser propiedad de fondos colectivos de trabajadores, a imagen y semejanza de los Fondos de Inversión Social que recientemente planteábamos desde esta revista.
Acerca de cómo garantizar la continuidad de las plantas, las palabras de Echenique parecían en cambio desestimar la posibilidad de que sea el Estado quien asuma su titularidad con el objetivo de crear un sector productivo público. Si bien no se cerraba a la posibilidad de una eventual intervención estatal, ha señalado que ésta sería temporal y constituiría un periodo de transición durante el cual la administración pública se encargaría de ayudar a los trabajadores a adquirir la planta por sí mismos, en forma de cooperativa. En una época de grandes cadenas de producción, con multinacionales que poseen plantas distribuidas por todo el planeta actuando de forma coordinada, es poco realista plantear que la continuidad de estos centros de trabajo vaya a poder garantizarse simplemente convirtiéndolos en cooperativas, pero esta perspectiva, aún con sus limitaciones, contibuye a cuestionar la fallida lógica del inversor-salvador de última hora enarbolada por el PSOE.
Por último, el diputado de Unidas Podemos ha querido recordar la importancia que muchas veces tienen este tipo de plantas en el contexto de la España vaciada, donde constituyen el eje de la actividad económica de comarcas enteras. En esos casos, garantizar la continuidad del empleo es fundamental para evitar que el cierre de la planta provoque una grave crisis que termine desembocando en una despoblación de la zona. Por ello, ha expuesto el compromiso de Unidas Podemos a que, en caso de que la opción de la cooperativa no salga adelante, se garantice que se creará un empleo nuevo por cada puesto de trabajo destruido.
Mayor contundencia han mostrado tanto el propio Echenique como el anfitrión del acto, Jesús Santos, a la hora de reafirmar el compromiso de Unidas Podemos con la defensa de la iniciativa pública en los denominados sectores estratégicos, ya sea en los servicios amenazados por una lógica de mercado como la sanidad, la educación, el tratamiento de residuos o el servicio postal, ya sea en los denominados sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, la electricidad o los puertos. Tanto en un caso como en otro, han coincidido en que estas actividades deben funcionar con un criterio de servicio social y no bajo una lógica de mercado, para lo cual es fundamental la implicación y participación activa de sus trabajadores tanto en la defensa como en la gestión de los mismos.
Notas
- El nuevo capital financiero. Henri Houben. La Mayoría
- La conciliación familiar y el derecho en disputa. La Mayoría
- ¿El socialismo y el feminismo no están a veces en conflicto? La Mayoría