La EMT de Madrid irá a la huelga

Ha bastado medio año para que el gobierno municipal del Partido Popular, sostenido por Ciudadanos y Vox, haya vuelto a las andadas con el transporte público. Durante los largos años de la administración del PP en la capital, los trabajadores de la EMT fueron uno de los colectivos que más se opusieron a las políticas destinadas a destruir lo público para justificar las privatizaciones. Si Almeida insiste en seguir la misma vía, la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes ya ha anunciado que estará al frente de la defensa de lo público.

Es bien conocida la política practicada por las administraciones con aquellos servicios públicos que desean privatizar: un estrangulamiento progresivo, basado en la falta de inversión, de contratación y de gestión apropiada que tiene el claro objetivo de conducir a las entidades públicas así gestionadas a una situación de colapso.

Así, convierten una empresa o servicio sostenible, viable y que incluso puede generar beneficios económicos en un lastre ruinoso que no alcanzar a cubrir las necesidades de sus usuarios. Se registran pérdidas, se genera una percepción social de colapso – que al mismo tiempo sirve para reforzar el discurso neoliberal que presenta lo público como ineficiente e incompetente – y finalmente se da el paso para permitir el paso a los inversores privados. Si hablamos de una empresa pública, como Telefónica o Endesa, se lleva a cabo una privatización completa. Si hablamos de un servicio público, como es el caso de la sanidad, se externalizan cada vez más actividades y se incorpora a esos inversores a la gestión y administración.

Aunque no son ni mucho menos los únicos en poner en marcha esta estrategia – Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, sufre la misma campaña de acoso aún estando el PSOE en el gobierno -, quienes la practican con más fervor y de forma más extendida son los gobiernos del Partido Popular. Y pocas regiones han sufrido tan profundamente y durante tanto tiempo esa nefasta gestión, motivada por un claro programa político, como Madrid.

Para cualquiera que viva en la capital, la situación crítica del transporte público es evidente. Tanto es así que los trabajadores del sector convocaron una manifestación el pasado 19 de septiembre, secundada por las organizaciones sindicales del taxi, de Metro, de la EMT y de Cercanías Renfe. Aunque muchos de ellos comparten problemáticas, el caso más sangrante probablemente sea el de Metro. Trenes e instalaciones antiguas – que suponen incluso un peligro para la salud de sus trabajadores, como ha sucedido con el amianto -, averías constantes y una sangrante falta de personal, entre otros, han sido los motivos que han llevado al servicio al borde del colapso.

Hasta hace no mucho, la EMT atravesaba una situación similar. Durante los años en los que el Ayuntamiento ha estado en manos del PP, han sido frecuentes las huelgas, las manifestaciones y las constantes reivindicaciones por parte de los trabajadores de la empresa, que no sólo defendían sus derechos sino un servicio público, como son los autobuses municipales que millones de personas usamos a diario, que nos pertenece a todos. Los cuatro años durante los cuales la izquierda ocupó el Palacio de Cibeles fueron un pequeño respiro para la EMT, que vio como muchas de sus reivindicaciones eran atendidas y se alivaba así la presión sobre la plantilla al tiempo que mejoraba la calidad del servicio prestada. Ahora que el Partido Popular ha recuperado el bastón de mando de la capital, el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a la carga.

Después de que se celebrarán asambleas masivas en el día de ayer, con la asistencia de más de 4000 trabajadores de los 8000 que hay en plantilla, los trabajadores de la EMT han manifestado su compromiso de seguir defendiendo lo público convocando nuevas movilizaciones y preparándose para ir a la huelga a lo largo del mes de noviembre.

En una nota de prensa remitida en el día de hoy a los medios, firmada por el Comité de Empresa, los representantes de los trabajadores han explicado algunas de las decisiones del nuevo equipo de gobierno de la capital que les han llevado a tomar esta decisión. Así, denunciaban que, nada más hacerse con el control del Ayuntamiento, el Partido Popular frenó la contratación de conductores, lo que ha resultado en una media diaria de entre 50 y 100 autobuses por debajo de los necesarios para la prestación adecuada del servicio. Además, Almeida ha declarado ya que estudia la externalización de los servicios de BiciMAD y Teleférico, dos servicios que la gestión privada llevó a la ruina y que han sido recuperados por la iniciativa pública, representada por la EMT. Algo similar sucederá con la gestión de algunos aparcamientos utilizados por la empresa, que estaban en vías de ser remunicipalizados dado su estado deplorable y que ahora, por orden del Partido Popular, parece que volverán a manos privadas.

Como respuesta, la representación sindical ha anunciado un calendario de movilizaciones, con paros parciales que empezarán a finales de noviembre, alargándose durante las dos últimas semanas del mes como preparación para una gran jornada en defensa del transporte público, que tendrá lugar el martes 3 de diciembre con una huelga de jornada completa, que será acompañada por una concentración por la mañana y una manifestación por la tarde.

Todo parece indicar, por tanto, que vienen meses movidos para el transporte público madrileño. A las movilizaciones de los trabajadores de la EMT podrían sumarse, además, nuevas convocatorias por parte de la plantilla de Metro, que, a raíz de la experiencia unitaria de la manifestación del 19 de septiembre, parece dispuesta a plantear un frente común. De ser así, sería una gran noticia: en una ciudad como Madrid, el transporte colectivo juega un papel fundamental en el funcionamiento diario de toda la economía municipal. La organización de movilizaciones conjuntas, con paros coordinados y una hoja de ruta común, convertiría a los trabajadores del sector en una fuerza formidable que podría llegar a doblar el brazo al gobierno municipal.

Conviene añadir, por último, que este nuevo conflicto, a poco más de seis años de la vuelta del Partido Popular al gobierno municipal, refleja una firme voluntad por parte de las fuerzas neoliberales de seguir presionando contra los servicios públicos. Como ciudadanos y usuarios, nos corresponde responder a la llamada de la plantilla y defender juntos lo que es de todos.

Pero, más allá de las movilizaciones y protestas, es importante plantearnos una solución para este problema: es demencial que nuestras empresas públicas estén sujetas a cambios de gestión tan radicales con un simple cambio de gobierno, tanto para sus trabajadores como para quienes dependemos de ellas. Defender el transporte público frente a la amenaza de privatización es el primer paso, pero deberíamos empezar a preparar un plan propio para proteger los servicios públicos más allá de la próxima convocatoria electoral. Quienes están llamados a jugar un papel clave en ese proceso son sus propios trabajadores, que ya han demostrado ser los más comprometidos con la naturaleza pública de las empresas y servicios en los que trabajan. Las organizaciones políticas y sociales de la clase obrera harían bien en contar con ellos para algo más que pedirles un voto: las plantillas de las empresas públicas deberían tener algo que decir en la gestión y administración de las mismas.

La única manera de impedir que vivan bajo la amenaza constante de privatización es ponerlas en manos de sus trabajadores. Por mucho que cambie un gobierno, si los representantes de los trabajadores tienen voz y voto en la gestión y administración de las empresas públicas – ya sea la EMT, ya sea Correos o incluso nuestros hospitales -, podemos estar seguros de que lo público seguirá siendo de todos.

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