El anuncio del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos en el día de ayer ha despertado todo tipo de reacciones. Los mismos voceros y analistas de la derecha que justificaban el apoyo de la ultraderecha para la regeneración democrática en Andalucía – increíble pero cierto – ya pululan por columnas periodísticas, tertulias televisivas y programas de radio acusando a Sánchez de «traidor» y anticipando las diez plagas bíblicas que asolarán España si finalmente se entrega el gobierno a los «enemigos de la nación». Paralelamente, el IBEX35 experimentaba una fuerte caída al poco de anunciarse el acuerdo, que se convertía en munición para la derecha. Con la desaceleración económica ya sobre la mesa, y con la sombra de una más que probable recesión, la desconfianza de los mercados es una amenaza real para España.
No hacen ni veinticuatro horas que se anunció el acuerdo de Gobierno, con un programa de minimos que se puede resumir en diez puntos recogidos en dos páginas, y ya se ha desatado una campaña de acoso y derribo contra las fuerzas sociales y políticas que lo defienden. Al PSOE se le ha acusado de traidor y se le ha exigido un sentido de Estado – apelando a una Gran Coalición con el PP y Ciudadanos – del que conservadores y liberales han carecido por completo a la hora de normalizar, legitimar e incluso replicar el discurso de la nueva extrema derecha. Contra Unidas Podemos ha vuelto a agitarse la sarta de habituales calificativos de los reaccionarios patrios – comunistas, bolivarianos, etarras… – con tal de situarles al margen del sistema democrático. Esas veinticuatro horas han bastado para ilustrar a la perfección la comprensión que tiene la derecha de la democracia: un sistema que nunca han entendido como propio, que les fue impuesto gracias a la lucha de esclavos, siervos y trabajadores durante siglos, y que sólo asumen mientras se respeten los equilibrios de poder. Es decir, mientras nada cambie.
Los estándares democráticos de nuestra derecha son preocupantemente bajos. Es algo que siempre hemos sabido, siendo como son los dos principales partidos a día de hoy herederos directos de las familias franquistas – el Partido Popular que traza su orígen a los tecnócratas aperturistas vinculados al Opus Dei, y Vox que reivindica sin tapujos al bunker tardofranquista. Una campaña como la que han lanzado hace parecer al gobierno de coalición como una suerte de Frente Popular dispuesto a avanzar hacia el socialismo, cuando la realidad, tristemente, parece muy diferente. El PSOE tiene un largo, larguísimo, historial al servicio de los superricos. A falta de concretarse la distribución del ejecutivo, sigue sonando con fuerza la figura de Nadia Calviño, austericida de línea dura, como vicepresidenta económica. Las contradicciones internas sobre asuntos tan importantes como la derogación de las reformas laborales o el problema de la vivienda son difíciles de superar. A día de hoy, desde luego, las dos organizaciones llamadas a encabezar ese ejecutivo tienen posiciones abiertamente contradictorias sobre muchas de estas cuestiones: una de ellas – está por ver cuál – tendrá que renunciar a su programa.
Pero, para nuestra derecha, todo eso da igual. El simple hecho de que se puedan llegar a cuestionar determinados consensos – impuestos sobre el silencio forzado de quienes no estaban de acuerdo – supone para ellos un agravio de proporciones incalculables. Vox puede cuestionar el derecho a la libertad sexual, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la protección social y todo tipo de conquistas democráticas, y entra dentro del juego democrático. Que un gobierno de izquierdas pueda plantearse cuestionar otros consensos – el déficit democrático que arrastra nuestro país desde la Transición, la desigualdad galopante o la infalibilidad del libre mercado – supone en cambio pervertir y traicionar la democracia… y eso que todavía no se han llegado a cuestionar de forma clara y concreta.
La derecha, especialmente la española, nunca ha entendido la democracia como una herramienta de transformación social. Para ellos, es una concesión que tuvieron que hacer por pura presión histórica, pero esa concesión no implica que la mayoría social pueda llegar a imponer una determinada agenda, un programa. Significa, sencillamente, que acceden a someter la gestión de los de siempre a una suerte de escrutinio público, de cierto control. Se les puede supervisar, se les puede criticar, y se pueden plantear alternativas, pero en última instancia sólo ellos tienen derecho a gobernar, a ejercer el poder, y sólo aceptarán las críticas y las alternativas si las consideran apropiadas. La política democrática nunca puede conllevar una alteración de las relaciones de poder, porque entonces se convierte en traición, en comunismo, en desorden… Es la naturaleza de una democracia construida sobre las cesiones de la clase dominante, y no sobre el empoderamiento de la mayoría social.
Un Gobierno de izquierdas, por tanto, estará continuamente sometido a una tutela por parte de la clase dominante. Política y mediáticamente, esa misma derecha limitará agresivamente – como ya lo está haciendo – las decisiones y medidas que pueda tomar. El poder mediático de la reacción desestabilizará de cualquier manera al ejecutivo, dando voz a agitadores profesionales disfrazados de analistas, manipulando y mintiendo si es necesario. Esa presión, que al fin y al cabo es pura lucha de clases, es posible contrarrestarla con nuestras propias organizaciones de masas. Sindicatos y partidos políticos de izquierda podemos librar esa batalla, y ganarla. La tutela económica, en cambio, es un problema mucho más complejo de resolver. La derecha política y mediática no es más que la fuerza de choque de una clase dominante que ejerce su poder al controlar la economía del país. Unos y otros se retroalimentan en campañas destinada a derrocar, por cualquier medio, a cualquier Gobierno que pueda enfrentarse a sus intereses.
Los superricos del IBEX35 ya han dado un aviso, y la derecha se ha lanzado a la yugular en cuanto ha olido sangre, anticipando poco menos que un colapso económico del país. La realidad es que viene una crisis económica, y que no tiene nada que ver con la gestión de la izquierda – básicamente, porque hasta ahora ha diferido poco de la de la derecha – sino con las propias contradicciones internas del capitalismo. Sobreproducción, ultraespeculación, ganancias a la baja… son los factores que de verdad pueden llevarnos a un colapso económico, y que deberían ser afrontados por un Gobierno de izquierdas… con políticas de izquierdas. Está por ver si este ejecutivo las toma.
No obstante, lo que si es cierto es que, si no se afronta el control de la economía por parte de una minoría reaccionaria, la guerra económica contra un Gobierno de izquierdas es una opción preocupantemente viable. Lo vimos en Chile cuando gobernaba Allende, con los cierres patronales. Lo hemos visto en Venezuela, con la escasez generada artificialmente por la destrucción o acumulación de mercancías. Y podemos verlo en cualquier otro proceso democrático en el que se lleguen a poner en cuestión las actuales relaciones de poder. Para un Gobierno que aspire a impulsar un programa de cambio social, es fundamental desarrollar un poder democrático también en la economía, para que la empresa pública democrática pueda hacer frente a la especulación y el chantaje de la empresa privada oligárquica, del mismo modo que sindicatos y partidos políticos obreros pueden hacer frente a la derecha política y mediática. Es inviable plantear un proceso de transformación social profundo sin plantear un proceso de transformación económica que lleve al empoderamiento de la mayoría trabajadora.
Todos estos son supuestos que, al menos de entrada, parece difícil alcanzar en España. Por mucho que los reaccionarios hayan puesto el grito en el cielo, el PSOE no es una fuerza del cambio. Muchas de sus bases pueden ser honestamente de izquierdas, pero como organización, su aparato íntimamente vinculado con las redes del poder en nuestro país le sitúa inequívocamente en el campo de la clase dominante. Sin embargo, es la primera vez en la historia reciente de nuestro país en que una fuerza de izquierda alternativa, como es Unidas Podemos, puede llegar a ejercer cierto poder institucional. Eso nos obliga por necesidad a cambiar nuestra táctica en relación al Gobierno y las instituciones: es ridículo, y demuestra un nivel político preocupantemente bajo, enfocar del mismo modo un ejecutivo del PSOE en solitario y uno en el que también participe la izquierda alternativa.
A falta de un debate más profundo sobre cómo afrontar la legislatura en caso de que finalmente se concrete el Gobierno de coalición, por ahora la experiencia nos deja ya algunas lecciones que nunca está de más recordar. En contra de lo que muchos creen – que, casualmente, suelen ser los mismos que enfocan del mismo modo un ejecutivo del PSOE en solitario y uno en el que también participe la izquierda alternativa – las lecciones históricas de la lucha obrera no son innatas a los trabajadores. Prácticamente todo lo que el movimiento obrero aprendió sobre el Estado desde 1850 a 1950 lo ha olvidado desde 1950 hasta hoy. No nos corresponde echárselo en cara, sino acompañarles en el proceso de reaprendizaje.
En la historia hay años en los que pasan días, y días en los que pasan años. El día que ha transcurrido desde el anuncio del Gobierno de coalición hasta hoy concentra años y años de lecciones sobre la naturaleza imperfecta de la democracia liberal. Más allá de lo que pueda o no pueda hacer finalmente un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, la brutal campaña desatada por la clase dominante contra el Pacto del Abrazo es una ocasión perfecta para que todos comprendamos qué es en realidad el sistema democrático capitalista: una democracia tutelada por la clase dominante, por los superricos, en el que cualquier conquista por parte de los trabajadores va a exigir de nosotros mucho más que el voto. Va a exigir organización, movilización y presión en la calle, para poner en marcha medidas que debiliten a la clase dominante y empoderen a la mayoría social: la democracia liberal, tutelada e imperfecta, debe ser superada por la democracia socialista, en la que los trabajadores podamos ejercer libremente, sin supervisores ni amenazas, todos nuestros derechos.