En estos días, líderes políticos, gobernantes, empresarios, activistas del movimiento ecologista, y un ejército de lobistas y profesionales de las ONGs se reúnen en Madrid para discutir el problema del cambio climático y la agenda de medidas a tomar en el futuro.

La COP25 es la 25ª sesión de la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco sobre Cambio Climático. De estos encuentros han salido acuerdos importantes como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

El evento está organizado por la ONU. Esta vez, les tocaba a los chilenos ser los anfitriones pero la situación interna del país, con grandes y fuertes movilizaciones contra las políticas del régimen post-pinochetista, ha impedido la celebración en el país andino. Que el Reino de España se haya ofrecido a alojar la COP en estas circunstancias daría para muchos debates, no es el objeto de este artículo.

En la COP25 se da un festival de charlas, debates, ponencias, encuentros y conversaciones a distintos niveles, desde el ministerial, hasta el de activistas de a pie. También movilizaciones sociales. Pero el punto central de discusión, lo que realmente es importante en el debate, es si los gobiernos deben intensificar las medidas que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

La gran apuesta: El mercado de CO2

La más importante de estas medidas, con abrumadora diferencia, son los compromisos de establecer topes legales al volumen de emisiones. Ahora se está planteando reducir más ese volumen máximo de emisiones. Y a pesar de que los gobiernos están impulsando varias medidas para conseguir estos objetivos, la que es la reina indiscutida de la fiesta es el establecimiento de un mercado de derechos de emisiones. Una medida que sigue una lógica neoliberal e implica situar al mercado como el mecanismo fundamental para regular las emisiones de CO2.

La idea es sencilla. Establecer topes máximos de emisiones y a su vez crear un mercado de derechos de emisión. Las empresas obtienen gratis una cantidad determinada de derechos según unos criterios específicos, si superan su tope de emisión deben comprar derechos a otra empresa que no esté usando los suyos. Esto se hace con la esperanza de que emitir CO2 salga más caro en el mercado y las empresas se vean obligadas por razón de costes a transformar la base tecnológica energética.

Los mercados de emisiones, que llevan ya unos años en funcionamiento en varios países, están siendo un completo fracaso. Lo que se ha conseguido es crear una burbuja especulativa de derechos de emisión, donde las empresas más potentes de los países más industrializados, compran derechos a empresas de terceros países. También se introduce una lógica perversa en la que se está trasladando la carga económica y social a los trabajadores de muchas empresas, en el intento de los accionistas de recuperar la ganancia perdida. El caso de los trabajadores de las térmicas es paradigmático, donde lo que se les ofrece son cierres sin alternativa. En otros casos, algunos grupos empresariales entran de lleno en el mercado de derechos, especulando y obteniendo pingues beneficios.

El resultado de todo este desbarajuste es que los políticos pueden mostrarse ante la opinión pública como “guerreros contra el cambio climático”, las empresas siguen emitiendo CO2 como anteriormente, y los trabajadores y las comarcas industriales, así como los países en vías de desarrollo pagan la factura.

La otra cara de la moneda: las ayudas de transición

Como el experimento del mercado de derechos es un desastre, se están alzando las voces, incluso desde dentro del establishment, que reclaman medidas sociales compensatorias para la transición energética. Así, la nueva presidenta de la Comisión Europea anuncia un Fondo de Transición Justa dotado de 5.000 millones de euros, destinado a las regiones industriales más afectadas.

Dicho en román paladino: La idea es contar con fondos para que esas regiones puedan tomar medidas que mitiguen el impacto de cerrar fábricas. ¡Ojo! Dan por descontado que se van a cerrar fábricas.

La experiencia histórica con este tipo de fondos nos obliga a ser escépticos: ¿Qué se va a financiar? ¿Ayudas a empresas? ¿Obras públicas? ¿Cambios tecnológicos? ¿Cursillos para los desempleados?

¿O van a instalar nuevas fábricas basadas en energías limpias que den empleo a los trabajadores de las anteriores empresas?. Esto es: a empleo destruido, empleo creado. Acabar el viernes en una fábrica y empezar el lunes a primera hora en la nueva. Esto es lo que en mi pueblo entendemos por transición justa.

Cuesta mucho creer que los mismos dirigentes políticos que están apostando por situar al mercado en el centro del proceso de transición energética, vayan a apostar por un sistema de intervención y planificación pública a la hora de combatir el impacto del mercado en las espaldas de la clase trabajadora.

Greta Thunberg: ¿Matar al mensajero?

El papel de la activista sueca Greta Thunberg también está siendo cuestionado. Centro de atención del foco mediático, y cuidada por el poder político y un sector del gran capital interesado en tomar posiciones en las energías renovables, Thunberg ha tenido un papel importante a la hora de movilizar y concienciar a miles de personas jóvenes sobre la crisis medioambiental y la necesidad de actuar ya.

Pero Greta y su movimiento Fridays for Future solo hablan de síntomas. Señala los peligros y las consecuencias de que no actuar sobre el cambio climático, y punto. Cuando se la ha criticado por no plantear medidas concretas responde que “no es necesario, ya está todo en los informes de los científicos del cambio climático”. Quizá Greta cuenta con que la gente no se va a leer esos tediosos informes, porque si los leyesen verían que los científicos tampoco plantean medidas concretas para reducir las emisiones, simplemente señalan las causas y las consecuencias de no actuar.

No es necesaria ninguna teoría de la conspiración para explicar este curioso comportamiento, es pura técnica de comunicación política. El grupo de asesores políticos, activistas y profesionales de las ONGs que rodean a Greta saben perfectamente que si sobrepasan la línea roja que separa la denuncia de la propuesta, van a empezar a perder el foco mediático. También el apoyo político con el que cuentan entre líderes del establishment. Y, lo más importante, el apoyo del sector de la industria energética vinculado a las renovables, que son los que están pagando toda la fiesta.

¿Se imaginan lo que pasaría si un día Greta Thunberg saliera en la tele diciendo “hay que actuar ya sobre el cambio climático, y la única forma de hacerlo es con la intervención pública y la planificación económica a gran escala”? No hay más preguntas, señoría.

“Si queda alguna esperanza está en los proles”

Así escribía Winston, el protagonista de 1984, en su diario. Y en nuestro universo alternativo al de la novela de Orwell, podemos llegar a conclusiones similares.

Si tuviésemos que sintetizar en una frase en qué consisten las políticas frente al cambio climático que se están llevando a cabo desde las élites, podríamos resumirlas de la siguiente manera: ¿Quién va a pagar la factura del cambio climático? ¿Los de arriba o los de abajo?

Lamentablemente, da la impresión de que en los sindicatos esto todavía no se entiende bien, a pesar de los efectos de la transición energética ya se están dejando sentir. El debate gira más bien en torno al monto de las ayudas a la transición justa y en torno al ritmo de esta. Todo mezclado con exabruptos y mala baba hacia “los putos ecologistas que nos quieren joder”. El problema de esta actitud es que es como tirar con pólvora mojada, no sirve de nada.

Hay que dejarse de lamentaciones: La lucha contra el cambio climático no es posible sin la intervención directa del estado, la inversión a escala gigantesca de recursos (que la iniciativa privada no puede movilizar porque no da rentabilidad a corto plazo), la democratización de las empresas para tener control social sobre la toma de decisiones productivas y comerciales, la coordinación de las grandes empresas del país y la nacionalización del sector energético. La agenda necesaria, la agenda imprescindible, es esta y no la que nos quieren vender desde el establishment y el neoliberalismo verde.

Cuanto antes se den cuenta de esta realidad los trabajadores, y, sobretodo, los dirigentes políticos y sindicales del movimiento obrero, antes podremos ponernos manos a la obra para impulsar una transición dirigida por nosotros y en nuestro interés de clase.