La huelga de los trabajadores de la EMT convocada para el pasado día 13, ha sido una de las acciones adoptadas por los propios trabajadores, en el contexto general del pulso que mantienen con el ayuntamiento, para que éste, se siente a dialogar. El seguimiento de la huelga convocada para el día 13 ha sido del 100%, respetándose los servicios mínimos acordados con la empresa, cifrándose estos en un 50%. Esta semana, hemos vuelto a ser testigos de una mañana y una madrugada dominada por el talante serio de una plantilla comprometida con la defensa de sus intereses, y del transporte público.
Ese es el principal trasfondo que sirve como marco para ambas convocatorias: los trabajadores de la EMT van a la huelga porque las políticas desarrolladas por el Partido Popular desde el ayuntamiento de Madrid, hacen imposible que se pueda prestar un servicio digno. Para nosotros, usuarios, se traduce en la reducción de frecuencias, masificación de los autobuses, o retrasos en nuestros compromisos diarios. Para los trabajadores, se traduce en el aumento de las “horas extraordinarias”, en el caos de los horarios laborales, en el aumento del estrés…
Pero esta situación, ¿en que se traduce para el gobierno de Almeida? Fundamentalmente, en dinero y favores que acabarán siendo devueltos no a los vecinos de Madrid o a los trabajadores de la EMT. Dinero y favores que a los madrileños nos van a costar el empeoramiento del transporte público, hasta que precisamente deje de serlo y se convierta en un negocio que beneficie a una minoría.
Tal y como lo señalamos en el reportaje que hicimos desde La Mayoría respecto a la pasada movilización del día 3 de diciembre, los trabajadores de la EMT tienen todas las razones para pensar que detrás de este empeoramiento del sistema de transporte publico de Madrid hay un interés por parte del ayuntamiento en privatizar el servicio de autobuses urbanos.
El mecanismo es sencillo:
- Si hay menos trabajadores (actualmente hacen falta más de 150 trabajadores según las estimaciones de las organizaciones sindicales), salen menos autobuses por turno (según los propios trabajadores, se quedan en las cocheras más de 100 autobuses diariamente).
- Si hay menos autobuses circulando por las calles de Madrid, la EMT en conjunto recorre menos kilómetros. Y si se recorren menos kilómetros, la empresa deja de recibir los ingresos necesarios para su mantenimiento, provenientes del Consorcio de Trasportes.
- De este modo, desde el ayuntamiento del PP se fomenta la creación de pérdidas, que de mantenerse durante dos años, acabarán desembocando en una privatización automática de la empresa, según lo dispuesto en la ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, más conocida como “Ley Montoro”.
Los trabajadores de la EMT no solo están preocupados por este descalabro económico. La privatización del sistema de transporte público madrileño supondría la pérdida y deterioro de un derecho básico, como es el de la movilidad. A los hechos, y a la naturaleza básica de los procesos de privatización nos referimos, ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de la privatización de Telefónica? ¿Quién ha acabado ganando más de la privatización de Gas Natural? ¿Estos procesos han beneficiado tanto a los usuarios como a sus trabajadores? Quienes han acabado ganando son los grandes inversores, directivos y por supuesto, aquellos que hicieron posible el convertir una empresa pública en un negocio privado. El modelo de gestión de un negocio de este tipo está orientado única y exclusivamente a la obtención de un beneficio económico, sin tener en cuenta las consecuencias de ello; y este modelo ya lo podemos ver en funcionamiento en las empresas públicas, azuzadas por el fantasma de la “Ley Montoro”.
Sin ir más lejos, tenemos el propio ejemplo de Madrid y la EMT: según un estudio realizado por la asociación de vecinos de Carabanchel, la línea 34 (que conecta su barrio con el centro de la ciudad) es la línea que más viajeros transporta a lo largo del año. Sin embargo, tiene menores frecuencias de paso que la línea 27, que circula a lo largo de varias de las zonas más ricas de la capital (Plaza de Castilla, Nuevos Ministerios…). ¿Qué supondría para los vecinos de Madrid que las líneas de autobuses urbanos comenzasen a seguir esta lógica? ¿Quedarían los barrios populares peor conectados entre sí o con el centro? Muy seguramente si, al ser líneas con menor margen de beneficio.
Es precisamente contra esta privatización de la EMT por lo que sus trabajadores están en pie de guerra. Y su objetivo a corto plazo, es la contratación de nuevo personal. Como nos ha señalado el portavoz del comité de huelga, Jesús Fraile (a quien ya tuvimos la oportunidad de entrevistar en La Mayoría), para evitar que todos los días se queden en sus cocheras en torno a 100 autobuses, es necesario que se contrate nuevo personal; algo que ya fue aprobado en el pleno municipal por el anterior gobierno de Más Madrid y que el actual gobierno del PP, solo se empeña en retrasar.
Para evitar que el ayuntamiento siga retrasándose con esta contratación, los trabajadores demandan que se calendarice la entrada de ese nuevo personal, y que se haga con el compromiso firme y legal del ayuntamiento. Por su parte, tanto desde la concejalía de movilidad (encabezada por Borja Carabante) como desde la gerencia de la EMT, se han negado en redondo a hablar con los trabajadores acerca de esta cuestión. El último caso, lo tenemos en la reunión mantenida entre el comité de huelga, y los representantes de la dirección; estos últimos se negaron a escuchar la propuesta de los trabajadores para solucionar del conflicto: la contratación de 145 nuevos conductores.
A pesar de que la empresa se niega a negociar, los trabajadores apuestan claramente por el diálogo; de hecho, han solicitado una nueva reunión con la empresa para este próximo lunes 16. Si la empresa continua rechazando el dialogo con los trabajadores, desde el comité de huelga no descartan volverse a reunir para plantear nuevos paros y nuevas movilizaciones una vez haya pasado este periodo vacacional navideño.
Esta situación, que poco ha cambiado desde el día 3 de diciembre, nos continúa empujando a reflexionar sobre la posibilidad de una mayor participación de los trabajadores a la hora de tomar decisiones en sus lugares y puestos de trabajo. Debería haber reformas legales en este sentido. Los trabajadores de la EMT están demostrando que son los propios trabajadores quienes mejor conocen las necesidades que acarrea la prestación de un servicio o la producción de un bien, manteniendo y primando otra serie de beneficios que no sean única y exclusivamente el económico, como el beneficio social, medioambiental… etc.
Para salvar los servicios públicos de la avaricia de una minoría, es necesario re-democratizar el sector público, para que vuelva a estar al servicio de las grandes mayorías sociales y no para que continúen siendo la gallina de los huevos de oro dispuesta a pasar de mano en mano en función del gobierno de turno. Y para evitar que esto sea flor de una legislatura, es necesario que sean los propios trabajadores quienes nos impliquemos en primer lugar, tal y como ha sucedido en el caso de la EMT. El pulso que mantienen los trabajadores con la directiva, se mantiene y desarrolla gracias a la fuerza que organismos como el comité de empresa, o el propio comité de huelga han logrado a base de unir en torno a ellos a los trabajadores, que son conscientes de que solamente a través de los sindicatos, van a poder defender algo tan básico como el derecho a un transporte público y un empleo dignos.