En Bélgica ha estallado un escándalo en torno a las empresas públicas. El administrador del grupo Nethys, Stéphane Moreau, vinculado al Partido Socialista (PS), pretende vender las filiales VOO, Win y Elicio al sector privado, embolsándose de paso una buena cantidad por la operación.

El Partido del Trabajo de Bélgica (PTB) ha reaccionado rápidamente. Cansados de ver cómo las empresas públicas se gestionan igual que multinacionales, han presentado un plan para evitar la privatización de estas filiales, someterlas a gestión democrática y convertirlas en “un actor importante en la transición energética”.

“La indignación por el escándalo creado por la venta de las filiales de Nethys (VOO, Win y Elicio) y la presión ejercida sobre los partidos tradicionales han hecho posible cuestionar todos los acuerdos mafiosos organizados por Stéphane Moreau y sus acólitos. Pero la lucha por recuperar todos estos bienes públicos sigue sin resolverse, debido a que la posibilidad de vender las filiales al sector privado, sigue estando sobre la mesa para los partidos tradicionales», explica Damien Robert, diputado del PTB.

Para Robert hay “una oportunidad histórica de transformar Elicio, Voo y Win en tres modernas empresas públicas democráticas, a la vanguardia de su sector y al servicio de los ciudadanos y el interés general”.

En particular Elicio “es la empresa pública más importante en el campo de la energía eólica en Bélgica. Esta compañía produce electricidad para más de 500,000 hogares usando solo energía eólica.”, informa Damien Robert.

El PTB detecta muchas vacilaciones en los partidos tradicionales como PS y Ecolo. Con su plan quieren sentar las bases para la discusión sobre el futuro de las empresas públicas llevándolas en una dirección totalmente opuesta a la de la privatización y desindustrialización pública.

¿En qué consiste la idea?

Estamos acostumbrados a empresas públicas que son gestionadas por equipos de dirección elegidos por los gobiernos, o por las instituciones públicas de inversión (como la SEPI en España). Estos gestores suelen ser neoliberales que, o bien gestionan las empresas como multinacionales, presionando a la baja los derechos de los trabajadores, o bien buscan su privatización, deteriorando el servicio, y llevándolas a la ruina. En España Correos S.A. sería un ejemplo de la primera estrategia, la sanidad pública sería un ejemplo de la segunda.

Muchas de las empresas públicas que el Estado Español tuvo en el pasado fueron privatizadas, en gran medida, debido a que no había un contrapeso democrático en la toma de decisiones en esas empresas. Fueron la base de lo que hoy son grandes multinacionales de la energía o las telecomunicaciones (como Telefónica).

El Estado todavía mantiene participación importante en varias empresas, algunas de ellas, como Enaire, que gestiona el espacio aéreo del país, y sus infraestructuras, dan importantes beneficios al presupuesto anual del Estado: 530 millones de euros en concepto de dividendos.

Para terminar con esta dinámica es preciso democratizar la gestión de las empresas públicas, introduciendo y dando más peso en la toma de decisiones a los usuarios, los trabajadores y la ciudadanía.

En concreto, una empresa pública democrática (EPD) se caracteriza porque su consejo de dirección está controlado por:

• Una representación de los accionistas públicos. El estado a través de sus instituciones, como la SEPI en España.
• Los representantes de los trabajadores, designados por los sindicatos.
• La ciudadanía, a través de representantes electos.
• Los usuarios del servicio, a través de las asociaciones de consumidores, o de vecinos de las comarcas.

Estos representantes de los diversos grupos sociales interesados en la marcha de la EPD tienen una influencia determinante en la toma de decisiones en la empresa. Colectivamente tendrían el control efectivo de la empresa.

¿Qué ventajas tiene?

La primera de todas es que, al democratizar la gestión de la empresa, una EPD responde a los intereses colectivos de la población, no a los de los accionistas o el gobierno de turno.

Se contrarrestan las presiones privatizadoras. Preservando las empresas en manos públicas, se sigue teniendo capacidad de actuar de forma determinante sobre la economía de nuestro país y de nuestras comarcas. Por ejemplo: abriendo nuevos centros de trabajo, mejorando las condiciones laborales, dando estabilidad en el empleo y reinvirtiendo los beneficios en las comarcas.

Además, una EPD, al no estar sometida a las condiciones de alta rentabilidad a corto plazo exigidas por el capital privado, puede impulsar proyectos a largo plazo que tengan menor rentabilidad económica. El tipo de proyectos necesarios para que la transición ecológica sea justa se podrían impulsar con una EDP, con una privada no sería posible debido a la baja o nula rentabilidad.

Los beneficios que den estas empresas pueden ingresarse en las arcas del Estado y usarse para financiar inversiones y servicios públicos. Es lo que se conoce como dividendo social, que en vez de irse al bolsillo de los superricos, se usa para beneficio de toda la sociedad.

Por último, las EPDs pueden coordinarse entre sí, ayudándose mutuamente, colaborando entre ellas en grandes proyectos necesarios para el país. Así, se cambia la lógica de competitividad que está degradando tanto las condiciones de trabajo y vida de nuestras comunidades.

Conclusión

En un contexto en que nuestra economía está cada vez más dominada por grandes compañías privadas y multinacionales que extraen la riqueza, pero devuelven muy poco a los trabajadores y comarcas donde están instaladas, la creación de EPDs es un paso necesario en la creación de un contrapoder democrático en la economía.

La idea de que la iniciativa pública puede jugar un papel principal en nuestro país encuentra todavía mucha resistencia entre los trabajadores y en los sindicatos. “La idea es buena, pero a nosotros nos privatizó la SEPI” comentan escépticos los sindicalistas de ArcelorMittal. La idea de la democratización de las empresas públicas es vista con simpatía, pero todavía no tiene suficiente credibilidad, aunque el debate existe. También hay sectores en los sindicatos que, sin duda por desinformación, piensan que empresas como las EPDs serían ilegales en el marco normativo europeo y español.

Pero a favor de estas ideas tenemos la tozuda realidad: A día de hoy, no hay sobre la mesa ninguna alternativa realista que ofrezca estabilidad a largo plazo a los trabajadores. Ni las subvenciones a las empresas privadas, ni los aranceles, ni que las plantillas se apriesten el cinturón parecen dar resultado. Los empresarios siempre quieren más. Mientras sigamos sometidos a la lógica de la competitividad y la iniciativa privada “como única vía posible de iniciativa económica”, la presión sobre las condiciones de trabajo y el medio ambiente, y la amenaza de la desindustrialización serán omnipresentes. Que este debate deje de ser marginal, y ocupe una posición central en el debate público y sindical, es tarea de quienes creemos que otro mundo es posible, y necesario.