A propuesta de Izquierda Xunida, el parlamento asturiano tuvo un debate monográfico los días 28 y 29 pasados. El objetivo de este pleno era abordar la situación de crisis de la industria regional y ver si era posible alcanzar consensos sobre las medidas a adoptar.
El enfoque del Gobierno
El Consejero de Industria, Enrique Fernández (PSOE), abrió el debate con la propuesta de llegar a varios grandes acuerdos sobre política industrial. Esto generó críticas desde la mayoría de los partidos. Por una parte, por el hecho de que no fuese el Presidente, Adrián Barbón, el que realizase la exposición en un asunto tan importante para la región. Y por otra, por lo genérico y poco concreto de las propuestas de acuerdo.
Lo cierto es que la música que sonaba en el discurso del consejero era la misma de siempre, no solo en este gobierno, sino en los precedentes desde los años 80: una política industrial soft-core y business-friendly, donde el papel de la administración del estado es hacer promoción de la inversión privada (atraer inversiones), apoyar la I+D (subvencionando la investigación privada), y agilizar los trámites burocráticos. La idea es que, quien quiera invertir en Asturias, y las empresas que ya están instaladas, tengan el mínimo de dificultades posibles: el capital privado sería el rey indiscutible.
En otro bloque de planteamientos estaría todo lo que tiene que ver con agilizar y exigir a las administraciones competentes la puesta en marcha de infraestructuras necesarias para la región, como la Variante de Pajares, la mejora de las cercanías, etc… A nadie se le escapará que en este grupo de infraestructuras podrían entrar algunas que están siendo cuestionadas desde posiciones de izquierda, como la regasificadora de El Musel. Es lo que pasa cuando se hacen declaraciones genéricas de buenas intenciones sin entrar en el detalle de la letra pequeña, una táctica parlamentaria que el PSOE controla muy bien.
Y, por último, sobre la problemática de la energía, el enfoque principal de Gobierno es la exigencia de la aprobación urgente del llamado Estatuto de la Industria Electrointensiva, que básicamente consistiría en subvencionar costes eléctricos para las industrias en cuya producción el precio de la energía sea un factor determinante. En La Mayoría ya hemos planteado algunos de los peros que se le pueden poner a este enfoque: siendo el principal de ellos que, en un mercado monopolista y cartelizado como es el eléctrico, los productores terminarían pactando precios y manipulando la producción para comerse la subvención. El apagado casual de algunas centrales en los días previos a que se realicen determinadas subastas en las que se espera alta demanda… es una muestra de esto.
Las réplicas
El día 29 se dieron las réplicas y propuestas de los distintos grupos parlamentarios y es aquí donde empiezan a verse cosas interesantes:
La primera de todas es que la discusión entre los partidos de la derecha (PP, VOX, Cs, Foro) y el Gobierno (PSOE-FSA) se centra en el grado de liberalismo económico que se aplica. Es decir, la derecha acusa al PSOE de ser poco neoliberal, y poco business-friendly. Todo esto aderezado con las clásicas críticas de atrezzo a una gestión poco eficiente, insinuaciones de corrupción, chiringuitismo, etc… lo de siempre. La intervención de VOX sería la expresión más en román paladino de esta posición.
En segundo lugar, en la izquierda del PSOE, Izquierda Xunida, reiteró su voluntad de llegar a consensos y alcanzar grandes acuerdos y presentó una resolución centrada en modular los tiempos y la intensidad del proceso de transición energética para que su impacto social sea el menor posible. Se trataría de que el Gobierno del Principado mantenga una actitud firme y exigente con el Gobierno de España y la UE en esta materia. Una posición en línea con las demandas más urgentes de los sindicatos.
Esta votación cosechó un respaldo casi unánime de la cámara, salvo por dos abstenciones de los escaños 60 y 61, los correspondientes a VOX.
El debate sobre la 4258
Más interesante fue lo que pasó con las propuestas de resolución del grupo de Podemos, que llevaba una batería de 13 propuestas sobre diversos temas relacionados, como la introducción de exigencias a las empresas de mantenimiento de la actividad y el empleo si reciben ayudas, medidas democratizadoras y de participación en los órganos competentes en materia de transición, impulso de las renovables, etc…
Algunas de estas propuestas, las más formales y que tenían menos impacto real, obtuvieron apoyo parlamentario. Mientras que las que comprometían y ataban más al Gobierno del Principado, fueron rechazadas. Solo Izquierda Xunida votó a favor de la gran mayoría de ellas.
Pero lo que más llama la atención es lo que pasó con la Propuesta de Resolución 4258, no tanto por el resultado de las votaciones, sino por las cosas que fueron pasando durante la discusión de la misma.
La diputada Lorena Gil, del grupo parlamentario de Podemos, había señalado, en su intervención del día 29 por la mañana, la necesidad de reformar el IDEPA para convertirlo en un fondo de inversión pública con capacidad para comprar acciones en empresas, que fuese ágil, que estuviese sometido al control social y democrático (sindicatos, ayuntamientos, principado, asociaciones de vecinos y usuarios, etc… en el consejo de administración).
Merece la pena ver el video de su intervención en este enlace. Fue, con mucha diferencia, el análisis más realista y con los pies más en el suelo de todo el debate, la única intervención que dijo algo diferente, novedoso y alejado de los tópicos habituales.
A partir del minuto 1:21:32, Lorena Gil empieza a señalar el hecho (ausente en el resto de discursos) de que la dinámica del capitalismo contemporáneo hace que las grandes industrias regionales estén controladas cada vez más por grandes inversores, cuyos centros de decisión están en el extranjero. Y a su vez, la rentabilidad de los activos financieros es superior a la de los activos productivos. Esto, dicho en lenguaje coloquial, significa que los capitalistas obtienen más rentabilidad metiendo el dinero en grandes fondos de inversión especulativos, que en empresas productivas. Y esto ejerce una enorme presión competitiva en las empresas que quieren retener a sus inversores y ampliar su capital. Presión que se traslada a la cadena de producción con reestructuraciones de plantilla, deslocalizaciones, aumentos de la intensidad del trabajo, automatización destructiva, etc… todos esos males que están sufriendo los trabajadores en las fábricas. Hay una explicación más detallada de este proceso en el artículo El Nuevo Capital Financiero, del economista Henri Houben.
A partir del minuto 1:23:19, la portavoz de Podemos, expone la única conclusión práctica lógica y realista que se puede extraer de esta dinámica, si lo que queremos es mantener y ampliar la industria, y asegurar y mejorar el empleo: el Estado debe poner en marcha mecanismos de inversión pública, pues puede operar con una lógica distinta al de estos fondos buitre, al ser capaz de llevar a cabo inversiones con tasas de rentabilidad más bajas que las exigidas por el capital privado.
En el minuto 1:25:18, Lorena Gil plantea que el IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, puede ser reformado para jugar ese papel de manera proactiva y con una gestión democratizada.
El Consejero pide aclaraciones
Luego vino la réplica del Consejero de Industria. En su intervención, llama mucho la atención el hecho de que pide aclaraciones sobre qué se está proponiendo exactamente sobre el tema del IDEPA. En el minuto 2:52:37 plantea la duda de si Podemos se está refiriendo a poner dinero público para rescatar empresas en modo pozo sin fondo. También pregunta qué pasa cuando esas empresas salen al mercado y se hunden porque están débiles. Esto es un indicio de qué es lo que el PSOE entiende por políticas intervencionistas y, seguramente, una parte mayoritaria de la población.
Pero acto seguido, al hablar de la relación del Estado Francés con las políticas de intervención, el Consejero dice que Francia está caminando en la dirección contraria a la que señala Podemos, y cito literalmente: “lo que está haciendo Francia es un camino en dirección contraria a lo que usted plantea que es la entrada pública masiva en el capital de las empresas”.
Lo que se ve aquí es que, lejos de necesitar aclaraciones, el Consejero Enrique Fernández ha captado bastante bien la idea o, más bien, las potencialidades y procesos económicos y sociales que se podrían activar si políticas del estilo de las que señala la diputada de Podemos empezasen a ponerse en marcha. Y es plenamente consciente de que a sus amigos de la patronal y de las multinacionales esa música no les gusta nada.
Lorena Gil dio la réplica y las aclaraciones que pedía el Consejero por la tarde, a la hora de presentar las resoluciones. Se puede ver el video en este enlace y en él se explica el sentido de la propuesta y se aclara de que no se trata de dar dinero a fondo perdido, sino de inversiones viables guiadas por criterios rigurosos y planes de viabilidad previos.
La “cosa” en sí
La Propuesta de Resolución 4258 dice exactamente esto:
La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a abordar la reforma del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) para que actúe como un fondo de inversión pública regional adquiriendo participaciones minoritarias en empresas así como a democratizar la toma de decisiones asegurando un peso suficiente de los representantes de los accionistas públicos, organizaciones sindicales, asociaciones de usuarios y consumidores, Universidad de Oviedo y sociedad civil en el Consejo Rector de tal forma que tengan capacidad de decisión sobre la cartera de inversiones a realizar y a tal fin considera oportuno que se cree una comisión especial de estudio por la vía del artículo 75 del Reglamento de la Cámara.
En resumen, lo que Podemos Asturies dice es “creemos una comisión para estudiar esta posibilidad. Hablemos de esto. Abramos el debate y estudiemos las posibilidades”. Sin más.
Las reacciones a la 4258
En las intervenciones del resto de grupos parlamentarios para señalar que propuesta de resolución se iban a apoyar y cuáles no, la derecha indicó que no iban a apoyar medidas intervencionistas, estatistas, etc… en clara referencia a la 4258.
Pero lo más interesante es lo que hizo el diputado del PSOE René Suárez Fernández, encargado de informar de los apoyos que iba a dar su grupo a las distintas propuestas. Hizo algunos comentarios críticos a la derecha, explicó lo que iban a votar en cada punto y el porqué, pero de la 4258 no dijo nada. Ni siquiera pasó de puntillas por el asunto. Actuó como si la 4258 no existiese. Mutis por el foro a pesar de que esta propuesta había sido objeto de petición de aclaraciones por el Consejero y Lorena Gil había centrado buena parte de su intervención de por la mañana en este asunto.
El resultado de la votación de la 4258 fue un bloque unitario del NO por parte de los partidos de la derecha junto a la FSA que se puede visualizar en esta imagen:
El Rubicón que no quieren que se cruce
La votación de la 4258 marca la línea de trincheras del neoliberalismo en el parlamento asturiano, señala los puntos en común entre partidos que son percibidos por la sociedad como distintos y enfrentados, lo que tienen en común el PP, VOX, Cs y el PSOE, se ve claramente reflejado aquí. A su vez nos da indicios sobre la orientación política que debe tener una política económica de corte alternativo.
La FSA no quiere ni oír hablar de este asunto. Pero sobretodo quiere evitar que se hable de este tipo de políticas de intervención en las empresas. Es vital, para el bloque neoliberal (en el que nos vemos obligado por lo hechos a incluir la FSA), evitar que los trabajadores de la industria vean este tipo de debates en las instituciones.
Si se crease una comisión de estudio para la reforma del IDEPA y su conversión en un fondo de inversión público y democrático, esto supondría un gran altavoz para esta política, ganaría credibilidad entre los trabajadores, el debate se desataría en los sindicatos y en las organizaciones sociales y vecinales, dejaría de ser marginal para convertirse en una política mainstream y es muy probable que esto obligase a la FSA a posicionarse. Y si se posicionase en contra, perdería bastante pluma entre su base social más vinculada al mundo sindical y la clase trabajadora de la industria. Casi con seguridad la próxima vez que la 4258 llegase a la Junta del Principado no lo haría solo de mano de un grupo parlamentario minoritario, sino de una movilización social en la que estarían participando activamente los sindicatos.
Personalmente creo que esto no debe ser más que el principio. La 4258 debe ser explicada en las fábricas, en los sindicatos, en los barrios de la gente trabajadora, en las comarcas que dependen de la industria. El tiempo corre de nuestro lado, tarde o temprano en los sindicatos se va a abrir este debate. El paradigma actual, basado en ser atractivos y competitivos para los inversores privados, muestra claros signos de agotamiento tras varias décadas de aplicación, y no va a quedar otra opción.
Políticas como la 4258 no solo son políticas deseables, son políticas imprescindibles. Debemos hacer que la gente de clase trabajadora interiorice esto cuanto antes.