Desde hace un año escuchamos de boca de la patronal, los partidos de la derecha y de sus voceros mediáticos la asociación entre subida del salario mínimo y la pérdida de competitividad de las empresas. Anunciaron una pérdida de empleo que no llegó, de momento, y, en su lugar, anunciaron una pérdida en la creación de empleo que no se ha constatado con certeza a día de hoy.
De una u otra forma, estas críticas desde la derecha y la patronal tienen un significado muy a tener en cuenta por los trabajadores, los sindicatos y los partidos que afirman representarles.
Los reproches del mundo empresarial pueden tener cierta razón, pero no deja de ser aparente. La subida de los salarios y del mínimo interprofesional supone un aumento de los costes salariales. Eso es cierto. Como también es cierto que la productividad ha crecido en las últimas décadas y los trabajadores no la hemos visto reflejada en nuestro poder adquisitivo, incluso al revés. Entonces, creamos mucha riqueza, pero la competencia capitalista nos deja a un lado en el reparto de la riqueza para que unos pocos empresarios y financieros amasen fortunas cada vez más inmensas y para que puedan controlar el mercado.
Aquí, los liberales y conservadores españoles advierten a los partidos con un mayor carácter social, con cierta razón, que una pérdida de competitividad y de rentabilidad de los empresarios, por medidas como las subidas del salario mínimo, puede provocar la huida de los inversores privados.
El problema de este debate es que los partidos de izquierdas juegan a dejar la economía plenamente en manos del libre mercado y de los inversores privados, pero dándole un toque social. Y en ese campo de juego tienen las de perder con los liberales y con fondos de inversión como Blackstone porque disputan un juego en el que las reglas son impuestas por otros.
Los programas sociales, al igual que el salario mínimo y los propios salarios, los derechos laborales e, incluso, los beneficios empresariales, se financian con la riqueza creada anualmente por los trabajadores. Esto no se puede perder de vista. Si no hay producción, no hay riqueza para financiar nada. Y si la riqueza creada en el país queda en manos de los empresarios, hay menos recursos para los ingresos de las familias trabajadoras y para financiar los programas sociales. Esta es una clave obvia que se suele responder con la política fiscal. Pero es insuficiente.
A esta contradicción también se une el gran poder económico que poseen los inversores privados. De esta manera, podrán ejercer presión para determinar las orientaciones políticas; he aquí quienes manejan las reglas del juego. Es decir, dicho desde la perspectiva de un gobierno progresista, ante cualquier medida social beneficiosa para los trabajadores, los empresarios tenderán a desinvertir y deslocalizar sus plantas. Aquí volvemos al inicio con las advertencias de la derecha liberal y conservadora con respecto a la subida del salario y del mínimo interprofesional, sobre todo en el ámbito de las PYMEs.
Pero la avidez de los empresarios por el máximo beneficio en el menor tiempo posible y la máxima rentabilidad no solo afecta a los derechos laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Toda la economía se resiente porque estos objetivos competitivos también lastran a la productividad por la falta de inversiones en desarrollo tecnológico. En España la productividad lleva más de una década casi estancada. Estamos en manos de las estrategias de inversión de un puñado de individuos con todo el capital bajo su propiedad.
Hemos visto ejemplos como el de ArcelorMittal en Rumanía, que adquirió plantas obsoletas, de las que únicamente le interesaba sacarle todo el beneficio a corto plazo con mano de obra a bajo coste y “abandonar” posteriormente una de ellas convertida en una chatarrería por no invertir en su modernización. Mañana puede suceder en España, como ya ocurrió con Alcoa. Esto ya es presente. Y pasado mañana puede suceder en Bélgica.
De esta manera, es un falso debate ceñirse a la mera cuestión del salario, política fiscal y laboral, etc., sin tocar el problema del modelo económico.
Decía Einstein que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Por tanto, la cuestión estriba en poner sobre la mesa un modelo diferente para obtener los resultados económicos y sociales que necesitan la sociedad española y, en particular, la clase obrera.
La desinversión y la consecuente desestabilización económica justifican, aparentemente y ante los ojos del conjunto de la sociedad de un determinado país, que la única fórmula válida es la liberal: contener costes salariales y ceder unas migajas para que la clase obrera no caiga en la extrema pobreza. Ponen en relación estas medidas con la canalización de inversiones y la creación de empleo, sin más matiz sobre su calidad y el nivel de vida que ofrece a los trabajadores. Y embarcan a la clase obrera hacia las filas del liberalismo económico, tumbando gobiernos progresistas y medidas que les benefician solamente en lo inmediato.
Por ello, el apoyo a una propuesta de salario mínimo debe llevar aparejado todo un programa económico completo donde la estrella de las medidas o acciones sea la inversión pública productiva. Esta generaría una columna vertebral económica que sostendría el país frente a la desinversión intencionada y a la congelación del desarrollo tecnológico. Este es el debate sobre el modelo económico que debe darse dentro de la izquierda y de los sindicatos porque puede proporcionar mayor fuerza a su acción y propuesta a nivel social.
Este modelo económico puede ser una realidad. No cabe duda de que, a juicio de la experiencia pasada y reciente, los estados europeos pueden y se disponen a intervenir en la economía cuando les interesa. La financian con fondos públicos, destinando miles de millones de € para ayudar y subvencionar a las empresas privadas en forma de: créditos a fondo perdido como el Plan Juncker (34.000 millones de € de la UE), rescates bancarios (65.000 millones de € de España), bonificaciones y desgravaciones f iscales (50.000 millones de € de España), fraude fiscal, etc. Con este dinero público, ¿cuántas empresas trascendentales para vertebrar la economía podrían estar participadas por el estado o ser creadas con un carácter público y beneficiar al conjunto de la sociedad? y ¿cuántas empresas podrían modernizarse para mejorar la productividad?
Democratizar la economía del país es estratégico, devolverla a manos de la gente con el fin de desarrollar la tecnología y la productividad y mejorar la calidad de vida de la población. Cada mejora de la productividad nos permite un salto en la mejora de los salarios, incluido el mínimo; una reducción de la jornada laboral, creando más empleo; una reducción de la carga de trabajo; la financiación de una amplia red de escuelas infantiles; la extensión de la baja por maternidad y paternidad hasta el año; una extensa mejora del transporte público; etc. Tenemos la posibilidad de tomar la soberanía económica en nuestras manos para hacer progresar a España y proporcionar una garantía de vida a las familias trabajadoras. Por eso los partidarios de la izquierda no podemos hablar solo de salario mínimo ni de salarios en general. Estamos obligados, también, a cuestionar el modelo económico predominante y a ofrecer soluciones si verdaderamente queremos cambiar a mejor la situación que vive la población. Y, después, tenemos que trabajar para que este modelo económico público basado en el bien común sea apoyado mayoritariamente y, por tanto, que se convierta en una realidad.