Después de los sucesivos avisos y recomendaciones de los expertos sanitarios sobre la necesidad de aislarnos y reducir al máximo todas las interacciones sociales como la mejor medida para ralentizar la propagación del COVID-19, la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno por fin parecía sentar las bases para una cuarentena a gran escala. Deteniendo el número de contagios, se espera ‘frenar la curva’ y evitar que se cruce el umbral de colapso del sistema sanitario, lo que podría tener graves consecuencias. Con mucho trabajo y esfuerzo para concienciar y convencer a la ciudadanía, este fin de semana nos dejaba imágenes históricas de calles vacías, plazas desiertas y negocios cerrados: el tipo de imágenes que ya habíamos visto con anterioridad en países como China o Corea del Sur, y que han sido clave para que ambos países hayan conseguido controlar la enfermedad.
Imágenes de un fin de semana que contrastaban con la cruda realidad de este primer lunes en Estado de Alarma. Todo el esfuerzo comunicativo, todo el sacrificio colectivo de la sociedad española durante estos últimos días, tirado por tierra de forma burda e impactante por los Cercanías abarrotados, las estaciones de metro repletas, y las grandes concentraciones de trabajadores en muchas empresas de este país que, a pesar de no ser imprescindibles, siguen funcionando como si nada. Quédate en casa, sí, cuando se trate de tu ocio, de tu vida personal, de tu tiempo libre. Pero cuando se trate de trabajar, te quiero ver puntual en la puerta del centro de trabajo. No es más que la confirmación, a gran escala y en un momento de shock, de algo que todos los trabajadores, en mayor o menor medida, intuimos y comprobamos día a día: que sus beneficios están por encima de nuestra salud. Lo que esta pandemia refleja es que ya no se trata sólo de que sus beneficios estén por encima de la salud de cada uno de nosotros, como individuos, sino sobre la salud pública, colectiva, de toda la sociedad.
Desde que empezó la crisis del coronavirus, los empresarios han demostrado por activa y por pasiva que no están dispuestos a asumir ni una mínima parte del esfuerzo social que es necesario para detener la pandemia. Su irresponsabilidad y su egoísmo han sido un factor importante a la hora de entender cómo, en apenas una semana, la situación pasó de un puñado de casos controlados y bien ubicados a un contagio generalizado y totalmente fuera de control. A pie de tajo, se ha ocultado una cantidad insultante de información: se ha obligado a trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo, con síntomas y en situaciones de riesgo, sin avisar a nadie ni tomar medidas de ningún tipo. No se han seguido los protocolos, ni se han tomado las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Se ha reaccionado tarde y mal: sólo ahora que la pandemia es una realidad, que miles de personas están infectadas, y que nuestro sistema sanitario empieza a dar muestras de agotamiento, se ha empezado a proveer de algunos materiales de protección (tan básicos como guantes y mascarillas) a los trabajadores. Y ni siquiera se ha hecho en todos los centros de trabajo: en muchos, directivos y accionistas pretenden que la producción siga como si nada. La actitud de estos directivos y accionistas refleja de una forma brutal, desnuda y sin artificios, hasta qué punto nos consideran prescindibles.
Cuando todo esto pase, será el momento de rendir cuentas. Y habrá que exigir responsabilidad al Gobierno por algunos errores, como, tal vez, haber tardado demasiado en tomar las medidas contundentes que necesitábamos. Pero a quien más responsabilidad habrá que exigir será a la empresa privada. A las que, antes de que todo estallara, cometieron actos de irresponsabilidad contra la salud pública. A las que, una vez declarado el Estado de Alarma, una vez reconocido el alcance gravísimo del problema, miraron para otro lado y obligaron a cientos y miles de trabajadores a amontonarse en el transporte público y en los centros de trabajo. Que no se olvide cómo, una vez más, antepusieron sus beneficios a la salud de los trabajadores y de toda la sociedad.
En el sector postal/logístico
El sector postal y logístico es, sin duda, uno de los que cumplen una función clave para intentar mantener una cierta normalidad incluso dentro de esta situación de crisis. Hasta ahí, es comprensible que se espere que se mantenga un trabajo como éste, que articula la sociedad, permite que la circulación de mercancías no se detenga – sobre todo en etapas como esta, en la que las compras online cobran importancia frente a la compra física presencial – y hace llegar información fundamental a los ciudadanos. El problema es que, a su vez, esa función clave se convierte en un factor de riesgo si no se toman las medidas preventivas necesarias. Miles de trabajadores ordenando y distribuyendo paquetes y cartas, y miles de carteros llevándolos, casa por casa, pueden acelerar la propagación de la enfermedad de forma exponencial.
Esas medidas, como era de esperar, no se están tomando, tal y como nos cuenta M.M.1, trabajador de un operador postal nacional. La falta de información volvió a ser una constante. Sólo empezó a haber respuesta cuando la situación empezaba a descontrolarse, y sólo se consiguió una respuesta después de una constante presión sindical. Y la respuesta fue, a pesar de todo, insuficiente. Protocolos laxos e insuficientes, con medidas sólo para los grupos de riesgo y mecanismos de flexibilidad horaria poco claros y mal explicados, que ni siquiera se han cumplido de forma estricta, y que no se han actualizado a pesar de los últimos acontecimientos.
El resultado es una exposición descontrolada de miles de trabajadores que, a su vez, pueden haberlo transmitido a compañeros y clientes por igual. Carteros que entregan paquetes y cartas a infectados por coronavirus sin ninguna medida de protección – ni mascarillas, ni guantes – viéndose cara a cara con un enfermo para después seguir repartiendo por todo el barrio. Centros de trabajo, tanto entre los operadores postales como en la principal empresa de logística de nuestro país, en los que se producen casos confirmados de coronavirus, que siguen en funcionamiento, que no se han desinfectado, y en los que los trabajadores siguen viéndose obligados a amontonarse, sin poder respetar la distancia de seguridad, y sin contar con los EPIs más básicos. Y, por si esto fuera poco, hay altos directivos que todavía se pasean de forma chulesca y soberbia por estos mismos centros de trabajo con una absoluta irresponsabilidad y una actitud desafiante, intentando reafirmar una gestión lamentable y desastrosa.
En el sector comercio
Muchas de las grandes superficies de comercio no cerraron prácticamente hasta la declaración del Estado de Alarma. A pesar de las recomendaciones médicas y de las medidas de prevención que habrían sido necesarias para detener la propagación del virus en un momento clave, en estas grandes superficies seguían concentrándose cientos de trabajadores y miles de clientes para vender productos no esenciales, sin que se ofrecieran equipos de prevención eficaces. R.F, trabajadora de una conocida cadena de establecimientos comerciales, nos comentaba que todo lo que recibieron los trabajadores para protegerse del coronavirus fueron botellas de limpiacristales y trapos.
El Estado de Alarma ha provocado el cierre de muchas de las secciones de estas grandes superficies, pero las negligencias y riesgos para la salud pública se siguen produciendo en las secciones abiertas – supermercados, parafarmacias, estancos – como si nada. Los EPIs necesarios para evitar el contagio se han empezado a repartir tarde, y aún así, siguen siendo muchos los trabajadores que carecen de ellos. Trabajadores que atienden en las cajas, o que se encargan de hacer físicamente las compras que los clientes realizan a través de la página web, apenas tienen mascarillas, y se ven obligados a usar como guantes de protección los endebles guantes de plástico que se usan en las secciones de frutería. La falta de instrucciones e información sigue siendo la tónica general, mientras los trabajadores de otras secciones son reubicados de forma atropellada en las secciones que siguen abiertas.
Y, por supuesto, los casos confirmados de coronavirus o no son comunicados, o directamente son rechazados por las direcciones. Trabajadores con síntomas, o con familiares cercanos que ya han dado positivo, han sido obligados a seguir asistiendo a sus puestos de trabajo, sin medidas de prevención, y sin que se comunique de ninguna manera al resto de la plantilla. Compañeros y clientes por igual se han visto expuestos por la irresponsabilidad de estas empresas, y han tenido que enterarse por boca de los propios enfermos.
En el sector industrial
Los centros de trabajo industriales son algunos de los que mayor concentración de trabajadores registran. Cientos y miles de obreros entran cada mañana por la puerta de las fábricas de nuestro país, y ocupan su lugar en líneas de producción en las que el contacto es constante. A pesar de que gran parte de la actividad industrial – toda aquella no relacionada con los bienes de primera necesidad – no es fundamental, las fábricas habrían hoy las puertas como si nada, amenazando con convertirse en uno de los principales focos de contagio.
Fábricas de automóviles, de electrodomésticos, acerías… llamaban a sus trabajadores para que se presentaran en las líneas de producción, una vez más, sin tomar prácticamente medidas preventivas de ningún tipo. Las distancias de seguridad no se respetan, y se rompen una y otra vez por las propias condiciones del trabajo. A.G., obrero en la fábrica navarra de una conocida empresa de electrodomésticos, nos explicaba que carecen de gel desinfectante, mascarillas o guantes. S.P., obrero en la fábrica de una empresa francesa de automoción, nos informaba de una situación similar, y nos cuenta también que, una vez más, se repite lo que parece ser una situación generalizada en las empresas de este país: con varios positivos por coronavirus, la dirección no informa ni advierte, ni toma las necesarias medidas de desinfección.
Con un más que previsible estancamiento de la actividad económica a corto-medio plazo, la continuación de la actividad industrial no vinculada a bienes de primera necesidad supone además una bomba de relojería, que puede provocar daños económicos que agraven aún más el daño sanitario y social que ya están produciendo. Si no se detiene la producción, y empiezan a amontonarse los stocks sin que se les pueda dar salida – ¿quien va a comprarse un coche, o un horno pirolítico, o una nevera con puerta de cristal, en mitad de una pandemia? – la sobreproducción puede alcanzar peligrosas dimensiones y producir un efecto rebote en forma de pérdidas. Las consecuencias de esta ceguera de los directivos industriales, azuzados por unos accionistas insaciables, pueden ser fatales tanto para la salud pública como para la economía.
¿Y qué podemos hacer?
Hay varios elementos de la legislación laboral actual que pueden servirnos como punto de partida para una respuesta obrera a la irresponsabilidad de la patronal. El artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:
(…)
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Ya se están produciendo casos como este. En algunos centros de Correos en Andalucía, donde la empresa no ha facilitado ‘las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores’, estos se han negado a trabajar. En la fábrica vasca de Mercedes, el Comité de Empresa ha parado la cadena, y la plantilla se ha negado a seguir produciendo. Como ocurre con todos los conflictos laborales, la legislación no es más que el marco en el que dos fuerzas en conflicto (la patronal y la clase trabajadora) libran una lucha por imponer sus condiciones. En algunas ocasiones, la legislación es insuficiente y favorece claramente al empresario; en otras, como ésta, es más favorable a nuestros intereses. En el primer caso, será más difícil; en el segundo más sencillo; pero en ambos casos, a través de la organización y la movilización colectiva podemos doblar el brazo a la dirección y obligarles a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar nuestros derechos.
Nos enfrentamos a una pandemia con graves consecuencias tanto a corto como a medio-largo plazo. En lo inmediato, las consecuencias para la salud pública y para el sistema sanitario, de no detenerse los contagios, pueden ser muy graves. Y pueden, además, agravar las consecuencias económicas y sociales a medio-largo plazo. Es fundamental que en este momento crítico la clase obrera imponga su sentido de la responsabilidad colectiva y del orden popular ante el caos y el egoísmo de los superricos. Ahora necesitamos medidas de choque, duras y contundentes, para que la recuperación sea más sencilla y más rápida. Cuanto más demoremos estas medidas, cuanto más tarde y peor reaccionemos, más difícil y prolongada será la recuperación. Los trabajadores, la mayoría social de este país, somos conscientes de ello. Los directivos y accionistas también, pero son prisioneros de un sistema rígido e incapaz de dar respuesta a ninguna situación de crisis, obcecado únicamente en garantizar que se mantiene y ensancha – da igual cómo – el flujo de riqueza desde la amplia base de la sociedad hacia la minoría que está en la cumbre.
Detengamos la actividad productiva no esencial. Garanticemos el cumplimiento de las medidas de protección necesarias en aquellos centros de trabajo que tengan que seguir funcionando para cubrir los servicios esenciales. Tomemos las medidas que sea necesario tomar, por traumáticas que parezcan ahora, para impedir que perdamos el control de la situación. Las autoridades tienen las herramientas necesarias para ello, más aún ahora que se ha declarado el Estado de Alarma. Es momento de anteponer la salud pública al beneficio privado.